Congreso del Estado
Comisiones aprobaron dictamen para expedir la ley de salud y asistencia social en SLP
Se modificarán las lineas de acción para la prestación de asistencia social a las dependencias con algún tipo de servicio relacionado con las personas con discapacidad
Por: Redacción
En reunión de Comisiones Unidas de Salud y Asistencia Social; Derechos Humanos, Igualdad y Género y Puntos Constitucionales, fue aprobado el dictamen que expide la Ley de Salud y Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, así lo informó la diputada Yolanda Josefina Cepeda Echavarría.
La legisladora comentó que el Sistema Estatal de Asistencia Social contará para su funcionamiento y coordinación, con un Consejo Estatal de Asistencia Social, que emitirá opiniones, recomendaciones, así como las líneas de acción para la prestación de servicios de asistencia social en todas aquellas dependencias de la Administración Pública Estatal que presenten algún tipo de servicio relacionado con las Personas con Discapacidad.
Cepeda Echavarría comentó que el Congreso del Estado considera viable que sea el DIF Estatal, la autoridad que vigile que las dependencias y entidades de la administración pública del Estado y municipios, realicen los ajustes razonables con la finalidad de garantizar la accesibilidad a los derechos humanos en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad.
La legisladora argumentó la Asistencia Social no sólo aborda el tema de las personas con discapacidad, también se incluyeron a personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad que la hace sujeta de la misma, en este sentido, esta nueva Legislación de Asistencia Social, armoniza diversos dispositivos normativos con las reformas relacionadas con las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y Defensa de las Personas Adultas Mayores.
Finalmente, dijo que en el momento del análisis legislativo se detectó y modificó el lenguaje que discriminatorio, incluyéndose además el enfoque de género a fin de no actualizar patrones que reiteren la discriminación de los operadores de la norma.
El dictamen será discutido en los próximos días por el Pleno del Congreso del Estado y sometido a votación.
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Congreso del Estado
Guajardo exhortará a municipios a crear sistemas de justicia cívica
El legislador panista busca que los ayuntamientos incorporen el sistema en su presupuesto de 2027
Por: Redacción
Rubén Guajardo Barrera, diputado local del PAN, presentará este miércoles ante la comisión permanente del Congreso del Estado un exhorto a 56 municipios de San Luis Potosí que aún no operan el sistema de justicia cívica, previsto en la ley aprobada por el Legislativo estatal en el cuarto periodo.
La ley no obliga a los municipios a operar el sistema, pero sí exige que los ayuntamientos que ya cuenten con uno propio se adecuen al nuevo marco normativo estatal. Actualmente solo tres municipios lo tienen en funcionamiento: San Luis Potosí, Rioverde y Ciudad Valles.
Guajardo, integrante de la primera Comisión de Hacienda Municipal, planteó que julio y agosto son el momento idóneo para que los 56 municipios restantes incorporen el gasto del sistema en su Ley de Ingresos y Egresos de 2027, antes de presentarla al Congreso del Estado.
El diputado sostuvo que la justicia cívica permitiría resolver conflictos menores —ruido, maltrato animal, acumulación de basura y choques leves— sin que lleguen a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí
. “Imagínense cuántas carpetas de investigación tenemos en la Fiscalía General del Estado con este tipo de problemas”, advirtió.La nueva ley, dijo, también fijó requisitos para los jueces cívicos que antes cada ayuntamiento definía a su libre albedrío: ahora deben ser abogados y acreditar cierta experiencia. Guajardo sostuvo que el sistema, además de aligerar la carga de la Fiscalía, contribuiría a una mejor convivencia y a la seguridad pública en los municipios, al tratarse de un mecanismo preventivo.
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Congreso del Estado
Se busca nueva ley para garantizar detección y tratamiento oportuno de cáncer infantil
El cáncer infantil y adolescente constituye una de las principales causas de mortalidad en menores de 18 años en México
Por: Redacción
Con el objetivo de establecer disposiciones en apego a los ordenamientos normativos generales en materia de salud y de detección del cáncer, la diputada Frinné Azuara Yarzábal propuso una iniciativa para expedir la Ley para la Detección y Tratamiento Oportuno e Integral del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia del Estado.
Con esta nueva legislación, se busca coordinar de mejor manera la estrategia para canalizar los recursos materiales y humanos que requieren los menores de edad en el tratamiento de este padecimiento, de acuerdo con su condición física, garantizando con ello el derecho a la salud, del interés superior de la niñez y a la vida.
Indica que que el cáncer infantil y adolescente constituye una de las principales causas de mortalidad en menores de 18 años en México, con predominio de leucemias, linfomas y tumores del sistema nervioso central.
Además, señaló que la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, establece derechos y obligaciones que deben ser replicados y fortalecidos en el ámbito estatal.
Congreso del Estado
Propone Sara Rocha iniciativa para mejorar Ley de Atención a Víctimas
Se busca subsanar una deuda histórica de protección en materia de violencia de género, al incluir explícitamente el delito de feminicidio
Por: Redacción
Con el fin de garantizar el acceso a asesoría jurídica especializada, visibilizar el feminicidio y los derechos de las personas integrantes de comunidades y pueblos indígenas, y la población afromexicana, la diputada Ma. Sara Rocha Medina propuso una iniciativa para reformar disposiciones de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí.
Explicó que con estas reformas, se busca una armonización con lo establecido en la Ley General de Víctimas, en lo relacionado con la ampliación de las garantías procesales en cuanto al acceso efectivo a la justicia, la debida diligencia y el acompañamiento humanitario de las víctimas; así como dotar de mayor inclusión, visibilización y enfoque diferencial en las políticas públicas de atención a las personas de las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanas.
Asimismo, se busca subsanar una deuda histórica de protección en materia de violencia de género, al incluir explícitamente el delito de feminicidio en el catálogo de supuestos que exigen esquemas prioritarios de protección estatal.
Esta adición armoniza nuestra legislación con las obligaciones suscritas por el Estado Mexicano en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)
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