El alcalde citó como prueba la atención con recurso propio a colonias sin servicio de Interapas, en el marco del plan de desincorporación que anunció la semana pasada

Por: Redacción

Juan Manuel Navarro Muñiz, alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, afirmó que el municipio ha demostrado que puede atender por su cuenta las fallas del servicio de agua en colonias donde el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Interapas) no responde, como argumento a favor del proceso de desincorporación que anunció la semana pasada.

El alcalde dijo que, ante colonias donde Interapas “nada más no responde”, el Ayuntamiento atiende el problema desde el inicio de su administración con pipas, desazolves y reparación de drenajes con recurso propio. Puso como ejemplo la colonia San Antonio, donde dijo que ya se sustituyen calles casi en su totalidad para reparar drenajes colapsados.

Navarro Muñiz explicó que, para el abasto de agua en colonias sin servicio, el municipio aprovecha que las escuelas están de vacaciones

para redirigir hacia esas colonias las pipas que normalmente atienden a los planteles escolares.

“Lo hemos demostrado que sí podemos… y eso lo hacemos con recurso propio”, afirmó el alcalde, quien sostuvo que, si el organismo de agua que planea crear Soledad llegara a generar ingresos propios por el cobro del servicio, el municipio podría atender aún más necesidades.

El alcalde también reportó buen funcionamiento del colector pluvial de la zona de Privadas tras las lluvias de la semana pasada, lo que dijo confirma que la infraestructura hidráulica construida por su administración “está jalando”. Navarro anunció el 3 de julio que Soledad tiene listo un plan para desincorporarse de Interapas, aunque no ha precisado una fecha para formalizar la salida.

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La obra más codiciada y más maldita de la capital potosina ha tenido tres intentos fallidos en tres administraciones distintas. En cada uno, fluyó dinero público sin que se moviera un solo metro cúbico de tierra. En el fondo de la historia hay dinero público pagado sin obra ejecutada, recursos que nadie recuperó, y una comunidad que lleva ocho años protegiendo lo suyo.

Por: Redacción

El paso a desnivel de El Saucito es, a estas alturas, más que una obra pública. Es un espejo. Cada administración municipal que se ha asomado a él ha mostrado lo mismo: la ambición por un megaproyecto vial, la incapacidad para concretarlo, y —en más de un caso— la tentación de cobrar antes de construir. Ocho años después del primer intento, la licitación sigue bloqueada, los vecinos acaban de obtener su tercer amparo federal y el alcalde Enrique Galindo Ceballos advierte que si no se liberan las bases pronto, la obra más importante de su gobierno podría morir antes de nacer. De nuevo.

El primer intento: la obra que arrancó con una perforadora y terminó en una investigación

Todo comenzó en febrero de 2018, cuando el entonces alcalde Ricardo Gallardo Juárez se plantó en la avenida Fray Diego de la Magdalena, en el corazón del barrio del Saucito, y anunció el inicio de obras preliminares para un paso inferior vehicular. La inversión prometida: 234 millones de pesos para 1.3 kilómetros de obra. La narrativa era la del alcalde que resolvía el caos vial del norte de la capital. Lo que nadie esperaba era la respuesta del barrio.

El mismo día del arranque, una joven del lugar se abrazó de la perforadora que ya había comenzado a horadar el pavimento. Los vecinos les dijeron a los operadores: “o la paras o te quemamos con todo y máquina.” No era retórica. La gente del Saucito lleva generaciones organizando fiestas patronales, procesiones y rituales alrededor de una iglesia y un cementerio que son, para ellos, identidad. La posibilidad de que una obra de infraestructura los borrara o los dañara no

Los comerciantes y vecinos que se opusieron recibieron avisos de que sus permisos y licencias podrían no renovarse. La presión no funcionó. Para finales de marzo de 2018, el Juzgado Sexto de Distrito concedió suspensión definitiva en el amparo 248/2018, ordenando que no se ejecutara la obra en los tramos donde se ubican la capilla, la iglesia del Señor del Saucito y el cementerio municipal, todos catalogados como monumentos históricos. En abril, los vecinos marcharon con cohetes, danzantes y banda por la avenida Carranza hasta Palacio Municipal. “¡Qué viva el Señor del Saucito!; ¡No nosvamos a rendir!”

El primer intento había fracasado. Pero lo más grave no era el fracaso de la obra. Era lo que se había pagado por ella.

Al terminar el trienio, el gobierno de Xavier Nava Palacios descubrió que de los 130 millones de pesos del Fondo de Fortalecimiento Financiero federal destinados al proyecto, se habían erogado 106 millones 153 mil pesos en pagos que no correspondían a ninguna obra ejecutada: 55.7 mdp en materiales que jamás se entregaron, 42.3 mdp en subcontratos, más de un millón y medio en pagos de ISR inexistentes y liquidaciones indebidas al personal técnico. Nava Palacios resumió el caso con una frase: “fue una obra pagada, no ejecutada.”

Cuatro empresas, de las 18 involucradas, devolvieron 55.7 mdp mediante convenios con el nuevo gobierno. Más de 50 millones adicionales quedaron sin recuperar.

Cuando Enrique Galindo asumió la alcaldía en 2021 y se le preguntó si su administración daría seguimiento al caso, respondió con brevedad: “no me toca propiamente estar en ello.” El expediente no volvió a aparecer en la agenda municipal.

El “no me toca” que lo persigue

Con esa respuesta, Galindo cerró la puerta a cualquier posibilidad de que el Ayuntamiento recuperara los recursos que quedaron sin reintegrar. Las empresas que no habían devuelto el dinero continuaron operando sin consecuencias desde el flanco municipal.

En política, los cálculos que se hacen en el primer año de gobierno con frecuencia cobran factura en el tercero. Galindo gobernaba en tensión permanente con el estado, y abrir un frente en ese momento tenía un costo político claro. Fue una decisión. Las consecuencias, como suele ocurrir, llegaron después.

El segundo intento: Galindo repite el patrón

Para noviembre de 2021, Galindo había lanzado “Vialidades Potosinas” con El Saucito como pieza central: un paso inferior vehicular que prolongara la avenida Salvador Nava en línea recta hasta empalmar con la carretera a Zacatecas. “Vamos por el tercer intento para hacer esa obra y yo no pienso fracasar”, declaró. Lo que siguió tiene un parecido incómodo con lo que ocurrió en 2018.

Entre enero y agosto de 2023, el Ayuntamiento emitió 10 licitaciones distintas relacionadas con el proyecto integral, por un monto total de 378 millones 348 mil pesos. Y comenzó a pagar anticipos: para agosto de ese año, ocho constructoras ya habían recibido 161 millones 131 mil 921 pesos —el 43 por ciento del total—, aunque el proyecto seguía enfrentando el rechazo de una parte de los vecinos y, lo más grave, no existía certeza jurídica de que la obra pudiera ejecutarse.

Porque en mayo de 2023, mientras los pagos fluían, el Juzgado Segundo de Distrito

había concedido suspensión definitiva a vecinos en el juicio 363/2023-III-A, por considerar que desarrollar la obra causaría “perjuicios de difícil reparación”. El Ayuntamiento pagó 161 millones con una suspensión judicial vigente.

El paral elo con lo que ocurrió en 2018 no pasa desapercibido: en aquel caso, se pagó obra que nunca se ejecutó; en este, el Ayuntamiento argumentó que los recursos podían reasignarse. Galindo sugirió que el dinero podría ir al Paseo Esmeralda

en la calzada de Guadalupe, o al desnivel de Himalaya. En todo caso, el patrón —comprometer recursos públicos antes de tener condiciones para construir— se repitió.

El tercer intento: el Saucito contra todos

Con el inicio de su segundo período, Galindo retomó el proyecto en octubre de 2025, esta vez con más precauciones: firmó convenio con el Grupo Universitario del Agua de la UASLP para estudios geológicos y geotécnicos, abrió mesas de diálogo con el INAH, las organizaciones vecinales y los comerciantes. Para abril de 2026 declaraba que el 70 u 80 por ciento de la comunidad apoyaba el proyecto. “Si hay algún riesgo, no lo voy a hacer”, prometió.

En febrero de 2026, el Cabildo aprobó en la Gaceta Municipal 261 el acuerdo que vincula los recursos de la subasta de predios municipales con el proyecto del Saucito, aunque con una condición: el paso inferior del Saucito es el último en el orden de prioridad. Antes deben concluirse la obra de la salida a Guadalajara, el conector Río Españita-Salvador Nava y la rehabilitación de la Unidad Básica de Rehabilitación de Maravillas.

Y desde el 21 de marzo de 2026, la licitación lleva bloqueada en la plataforma de la Contraloría Estatal, que no ha emitido respuesta. La plataforma, según el alcalde, permanece “ni sí ni no, simplemente inactiva.” En junio, la UASLP presentó observaciones geológicas que pausaron también el proceso técnico: si no se reactiva pronto, la licitación tendría que reiniciarse desde cero. El INAH dictaminó y pidió una certificación de daños adicional. “Ya todo eso es exagerado”, dijo Galindo.

En ese contexto, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona señaló públicamente que el costo de la obra no se justifica: aseguró que vale 150 millones de pesos, mientras el municipio solicita autorización para gastar más de 300 millones. Galindo respondió con un dato de archivo: cuando Gallardo Juárez licitó esta misma obra en 2018, la proyectó en 240 millones y terminó gastando 120 sin entregar nada. “Él decía de 150 millones de pesos, pero cuando el alcalde anterior al anterior licitó El Saucito, lo licitó en 240 millones de pesos y se gastaron 120”, afirmó.

El nuevo amparo y la Contraloría como árbitro inesperado

El 16 de junio de 2026, mientras la disputa sobre el presunto sobrecosto llenaba las páginas de los medios locales, el Juzgado Sexto de Distrito concedió una nueva suspensión provisional en el amparo 821/2026-III. El Ayuntamiento promovió recurso de queja. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito lo declaró infundado: la medida cautelar se mantiene.

El fundamento es el mismo que en 2018: sin permiso previo del Centro INAH San Luis Potosí, ejecutar una obra en inmediaciones de un monumento histórico es ilegal.

El 3 de julio, los vecinos dieron un paso inusual: notificaron formalmente a la Contraloría General del Estado —la misma que lleva meses sin responder la solicitud de licitación del Ayuntamiento— sobre la existencia de la suspensión provisional y la sentencia del Tribunal Colegiado.

Pidieron que la Contraloría tuviera presentes las medidas cautelares “en cualquier actuación relacionada con procedimientos de revisión, control interno, licitación, contratación, fiscalización, autorización, o seguimiento del proyecto.” El movimiento convierte a la Contraloría, paradójicamente, en el árbitro entre el Ayuntamiento que quiere licitar y los vecinos que tienen una suspensión federal en la mano.

Lo que está en juego

El 6 de julio, Galindo fue directo: “La que nos va a hacer trascender es la del Saucito, y esa sigue sin autorizarse la licitación.” El alcalde describió la obra como su legado. El Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) la calificó como “urgente” el 1 de julio, aunque su titular Javier Ernesto Flores Navarro advirtió que la infraestructura sola no resolverá los problemas de movilidad si no mejora también el transporte público —materia que corresponde al gobierno estatal.

Al día de hoy la situación es esta: la licitación lleva bloqueada desde el 21 de marzo en la Contraloría Estatal. Existe una suspensión provisional federal vigente, avalada por un Tribunal Colegiado. Los vecinos están organizados, tienen asesoría jurídica y acaban de ganar otro frente legal. Y Galindo, con su segundo período en la recta final, advierte que el proyecto está en riesgo si no se liberan las bases pronto.

En ocho años, tres alcaldes han querido hacer esta obra. Ninguno la ha construido. Dos de ellos comprometieron dinero público antes de tener condiciones legales para hacerlo.

Lo único constante en toda esta historia es El Saucito: el barrio, la iglesia, el cementerio, los vecinos que llevan casi una década diciéndole al poder que ese espacio no se toca sin su permiso. Han ganado tres veces en los tribunales. Y siguen ahí.

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Documentos de Reporte Índigo lo señalan ahora como líder de una operación de huachicol fiscal por más de mil 100 millones de dólares

Por: Redacción

La Fiscalía General de la República (FGR) determinó este año el no ejercicio de la acción penal en dos carpetas de investigación contra Gerardo Sánchez Zumaya, empresario potosino y aspirante a la gubernatura de San Luis Potosí, al considerar que no había elementos suficientes para acreditar los delitos denunciados. Pese a ello, nuevos documentos consultados por Reporte Índigo lo señalan como presunto líder de una red de lavado de dinero, defraudación fiscal y extracción ilícita de hidrocarburos de instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La primera carpeta, derivada de señalamientos de 2024 sobre un presunto saqueo de hidrocarburos a Pemex, y la segunda, radicada en Tabasco por lavado de dinero, facturación de operaciones inexistentes y portación de arma de fuego, concluyeron sin acción penal por insuficiencia probatoria.

Estas indagatorias no son nuevas: desde noviembre de 2024 se conoce una denuncia penal presentada ante la Fiscalía de Tabasco que acusaba a Sánchez Zumaya —dueño de Petrogesa, contratista de Pemex entre 2021 y 2024— de lavado de dinero y fraude fiscal mediante una red de empresas y prestanombres que facturaron más de 15 mil millones de pesos entre 2022 y 2024. Días después, diputados del PAN exigieron en la Cámara que la FGR investigara esos nexos.

Ninguna de esas resoluciones impidió que su nombre reapareciera en documentos que lo vinculan con una operación de mayor escala. Una investigación de Reporte Índigo, basada en comprobantes fiscales, relaciones societarias y documentos financieros, sostiene que el empresario habría encabezado una organización identificada como Grupo GESA, dedicada a lavar dinero, defraudar al fisco y ocultar la extracción, transporte y comercialización ilícita de hidrocarburos y petroquímicos desde instalaciones de Pemex.

El documento describe un mecanismo similar al ya conocido: al menos 15 personas físicas

—entre ellas familiares y medios hermanos del empresario— habrían emitido esos comprobantes para dificultar el rastreo del dinero, sin infraestructura ni capacidad económica para respaldarlas. Cita casos atípicos: un joven de 24 años y otro de 25 habrían facturado mil 800 y más de mil 200 millones de pesos, casi sin gastos reportados.

La investigación sostiene además que la red logró ingresar a instalaciones estratégicas de Pemex —entre ellas la Terminal Marítima de Dos Bocas, la refinería de Salina Cruz, el Complejo Cantarell, la refinería Lázaro Cárdenas y el Complejo Petroquímico Independencia— sin registros oficiales de entrada o salida ni contratos que justificaran la presencia de particulares.

El expediente ubica el destino final de los recursos en cuatro empresas constituidas en Texas: Concordia Chemical LLC, Smart Logistics Commerce LLC, Espada Group LLC y Catros Intech LLC, que habrían recibido comprobantes fiscales por más de mil 100 millones de dólares entre 2019 y 2024, luego de que las operaciones pasaran por un segundo grupo de empresas en Nuevo León y Coahuila asociado al empresario Salvador Vigil Jordán.

Los nuevos señalamientos ocurren mientras Sánchez Zumaya busca la candidatura a la gubernatura de San Luis Potosí para 2027. Fuentes de Morena confirmaron que su registro como aspirante a la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación no prosperó debido a las investigaciones y expedientes federales que mantiene abiertos; se inscribió entonces ante el Partido del Trabajo (PT), que no aplica ese filtro. Apenas el mes pasado, el empresario tuvo que ampararse para evitar ser detenido después de que trascendiera que pesaba sobre él una orden de aprehensión.

El empresario ha rechazado cualquier participación en actividades ilícitas relacionadas con Pemex y ha sostenido que enfrenta una campaña política en su contra. Hasta el momento, ninguno de los nuevos señalamientos cuenta con una resolución judicial definitiva.

Con información de Reporte Índigo.

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