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Comerciantes de Carranza denuncian acoso por parte de trabajadores del Ayuntamiento
Les han exigido dinero por… ¿hacer su trabajo?
Por: Ana G Silva
Propietarios y propietarias de locales ubicados en avenida Venustiano Carranza, contaron a La Orquesta que son víctimas de acoso por parte de elementos de la Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH) a cargo del Ayuntamiento de San Luis Potosí.
“Esto es una cacería de brujas por parte del municipio. Llegaron y de la nada nos quitaron los letreros de varios locales y nos dijeron que tenemos que pagar para tenerlo y que además deben medir 1.75 m”, denunció uno de los afectados, quien además agregó “la cosa no es pareja por tú ves el letrero muy elegante y gigante de la Nueva Parroquia, pero a ellos no les dicen nada”.
Otro locatario afirmó que le parece injusto que les exijan de manera agresiva el pago de la licencia de funcionamiento, cuando la contingencia y las obras que ha implementado el Ayuntamiento de San Luis Potosí en dicha avenida ha provocado que sus ventas bajen:
“Cada semana vienen diciendo que tengo que pagar licencia de funcionamiento, casi les miento la madre, y les respondo ‘¿qué funcionamiento?’, al menos mi giro estuvo cerrado de marzo a septiembre, que porque no es de primera necesidad, qué quieren que hagamos, yo tengo una hija que mantener; además con esto de la ciclovía no tenía ni tengo clientes, no hay dónde se estacionen y por eso no vienen, para poner esto hicieron un polvadero y olía feo; esta obra se me hace una estupidez y de verdad estamos muy molestos con la Unidad de Gestión porque estamos en una situación horrible y todavía vienen a molestarnos”.
La propietaria de un negocio de comida indicó que con sus ventas no logra cubrir el costo de la renta de su local, además de los pagos de agua, luz y teléfono:
“Mi venta del día de hoy fue de puros refrescos, según ellos (el Ayuntamiento) nos iban a apoyar, el jueves no vendí nada, el miércoles 170 pesos, martes nada, el lunes pasado 120. ¿Ayuda? no es ayuda, no deberían de cobrar la licencia de funcionamiento de este año y si sigue esto así ni el año que entra. A mí me están obligando a que cierre, de hecho, solo espero a que se me acabe mi contrato y me voy”.
Detalló que le han exigido otro tipo de pagos que no corresponden a su negocio:
“El árbol de afuera tiene ratas y tiene hoyos porque el bote de basura no lo cambian seguido, ya hablé a Parques y Jardines del Ayuntamiento para que hicieran algo al respecto y me dijeron que me cobraban 500 pesos por rebajar algunas ramas o que donara un árbol, pero ese árbol está en vía pública no en mi casa”.
También agregó: “La seguridad está muy mal, hace poco me abrieron mi tienda y me robaron y dicen que las cámaras de afuera nunca funcionan, que las tienen apagadas, las pusieron de adorno; jalaron los cables y dejaron un cable de alta tensión afuera de mi local, pegaba en la pared y daba el chispazo, 
Describió que debido al constante acoso y a la falta de recursos, al menos siete locales de esa cuadra se han visto obligados a cerrar definitivamente.
“Pero si vienen para hacer disque censos, solo vienen a cobrar para la campaña de Nava porque no le veo otra explicación, cuando me quitaron mi anuncio dije ‘voy a pintar en el pizarrón que tengo sistema de apartado’ y me querían multar por eso, porque puse con marcador eso, y me dijeron que eso no debe estar ahí, entonces cómo le hago, solo ven cómo nos perjudican”.
No es el primer caso de acoso a comerciantes
El pasado 27 de agosto una vendedora de flores fue agredida por inspectores de la Dirección de Comercio y posteriormente detenida, el hecho fue grabado por personas que circulaban por el lugar.
Mediante redes sociales, cibernautas denunciaron cómo los funcionarios municipales intentaron despojar de una caja con las mismas a la trabajadora, presuntamente por no tener un permiso para realizar la comercialización.
La joven de 20 años, oriunda de Orizaba, Veracruz, refirió que en la caja tenía alrededor de 50 plantas, de las cuales más de 20 fueron tiradas al piso y quebradas por el personal del gobierno municipal.
Indicó que los trabajadores municipales pretendían multarla por no tener permiso (pese a tener el mismo) para vender sus productos, sin embargo, no le iban a dar ningún folio por el concepto de la multa.
Cinco días después, el Ayuntamiento capitalino envió un comunicado en el que aseguró que comerciantes informales agredieron y causaron lesiones de consideración a una inspectora de que trabaja en la Unidad de Gestión del Centro Histórico.
Explicó que inspectores le informaron a la vendedora de flores que estaba fuera de área autorizada y la conminaron cumplir con el reglamento, tras lo cual, presuntamente, vendedores informales iniciaron agresiones verbales y físicas a la inspectora.
Tanto la trabajadora del Ayuntamiento como la vendedora de flores fueron detenidas por acusaciones mutuas de agresiones y añadió que se presentarán las denuncias ante la Fiscalía General del Estado para deslindar responsabilidades.
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Se darán hasta 8 años de prisión a agresores
Por: Redacción
El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó este lunes reformas al Código Penal estatal para tipificar como delito la violencia vicaria, una forma extrema de agresión de género que utiliza a las hijas e hijos como herramientas para dañar a las mujeres. La iniciativa, promovida por la diputada Roxanna Hernández Ramírez, fue avalada por unanimidad durante la sesión ordinaria del pleno.
Con la adición del Capítulo VIII “Violencia Vicaria” al Título Sexto del Código Penal y la incorporación del Artículo 207 Ter, se establece que comete este delito cualquier hombre que, con intención dolosa y de manera directa o a través de terceros, cause daño a una mujer con la que haya tenido una relación —ya sea por parentesco, matrimonio, concubinato o convivencia— utilizando a sus hijos o hijas como medio para hacerlo.
Las sanciones contempladas para este delito van de dos a ocho años de prisión, además de una multa de 140 a 200 unidades de medida de actualización (UMA). También se faculta a las autoridades judiciales para aplicar otras penas complementarias, como la pérdida de la patria potestad, custodia, derechos hereditarios y pensión alimenticia, así como la prohibición de acudir a ciertos lugares. Además, el agresor deberá participar en servicios de reeducación y recibir tratamiento psicológico, sin exceder el tiempo impuesto en prisión. Cuando la violencia vicaria se comete mediante una persona intermediaria, la pena podrá aumentarse hasta en una tercera parte.
Durante la presentación de la reforma, la diputada Hernández Ramírez subrayó que la violencia vicaria representa una de las formas más crueles y despiadadas de violencia de género
“El objetivo del agresor es destruir emocional y psicológicamente a la mujer, ejercer un dominio absoluto sobre ella y mantener una relación de poder basada en la desigualdad”, denunció la legisladora. La aprobación de esta iniciativa representa un avance histórico para el marco legal de protección a las mujeres y sus hijas e hijos en San Luis Potosí, alineándose con las demandas de colectivos feministas y expertos en derechos humanos.
Con esta medida, el Congreso del Estado busca dar respuesta a una deuda legislativa pendiente y garantizar el acceso a la justicia de mujeres que han sido invisibilizadas dentro del sistema judicial por no contar con un tipo penal específico para sancionar este tipo de violencia.
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Alejandro Henriquez realizaba la defensa de habitantes de “Cooperativa El Bosque”, sitio donde se pretende un desalojo; UASLP calificó la detención de “arbitraria”
Por: Redacción
Elementos de la Policía Nacional Civil de El Salvador detuvieron esta mañana a Alejandro Antonio Henriquez Flores, abogado salvadoreño, egresado de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y asesor de “Ecos El Salvador”, una organización dedicada a la preservación del medio ambiente en aquel país.
De acuerdo a medios de comunicación locales, habitantes de la Cooperativa El Bosque –comunidad localizada en el cantón El Triunfo, de Santa Tecla, La Libertad– realizaron una manifestación pacífica el día de ayer, para evitar el desalojo (considerado como ilegal) de unas 300 familias de esa zona. Sin embargo, la Policía Nacional Civil detuvo a cinco líderes comunitarios de esta Cooperativa, en una detención que califican como arbitraria.
El portal Bálsamo Radio TV dio a conocer el momento en que Alejandro Henriquez fue llevado por elementos de la misma corporación, y que pudiera estar relacionado con las mismas acciones cometidas el día de ayer, luego de darse a conocer que Henriquez Flores funge como abogado de la Cooperativa en el litigio legal que sostienen, y en el que ha acompañado a las familias, presumiblemente reprimidas el día de ayer.
Junto a él, ha sido detenido el presidente de la Cooperativa El Bosque, José Ángel Pérez
La Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, emitió un comunicado en el que condenó la detención del abogado, quien es egresado de este programa de estudios. Así mismo, se mostraron preocupados por el contexto de persecución política contra activistas y defensores de los derechos humanos, los pueblos y la tierra en El Salvador.
Habitantes de la Cooperativa El Bosque se han visto presionados ante el intento de desalojo de sus viviendas, en un proceso que consideran como fraudulento, pues se trata de un sitio con tierras fértiles y recursos hídricos. El desalojo fue decretado por mandato judicial emitido por el Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla con fecha límite del 22 de mayo de este mes.
Esta tarde se prevé una manifestación frente al consulado de El Salvador, ubicado en la capital de San Luis Potosí, para exigir la liberación inmediata del abogado y defensor de derechos humanos.
También lee: ¿Falta información sobre cómo votar este 2 de junio?
El magistrado Arturo Morales aseguró que sí hay interés por participar, pero se necesita mayor claridad sobre el procedimiento
Por: Redacción
A menos de un mes de las elecciones del 2 de junio, el
En entrevista, Morales Silva señaló que en el contacto que ha tenido con distintos sectores de la población ha detectado una preocupación recurrente respecto al número de boletas que se entregarán y el
“Sí existe una necesidad de que se explique un poco más cómo se va a votar. Las personas con las que he hablado coinciden en que tienen muchas dudas de cómo será el proceso el 1 de junio”, afirmó.
El magistrado explicó que cada votante recibirá seis boletas para elegir a integrantes del Poder Judicial Federal, así como por lo menos tres boletas adicionales para cargos del fuero común, lo cual representa una logística electoral más compleja de lo habitual.
Pese a ello, destacó que sí percibe un genuino interés ciudadano por acudir a las urnas, por lo que hizo un llamado a las autoridades electorales para reforzar la difusión y orientación sobre el proceso electoral.
“Si se trabaja un poco más en ese rubro, creo que las personas podrían ejercer su derecho al voto con mayor facilidad”, concluyó Morales Silva.
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