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Comerciantes de Carranza denuncian acoso por parte de trabajadores del Ayuntamiento
Les han exigido dinero por… ¿hacer su trabajo?
Por: Ana G Silva
Propietarios y propietarias de locales ubicados en avenida Venustiano Carranza, contaron a La Orquesta que son víctimas de acoso por parte de elementos de la Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH) a cargo del Ayuntamiento de San Luis Potosí.
“Esto es una cacería de brujas por parte del municipio. Llegaron y de la nada nos quitaron los letreros de varios locales y nos dijeron que tenemos que pagar para tenerlo y que además deben medir 1.75 m”, denunció uno de los afectados, quien además agregó “la cosa no es pareja por tú ves el letrero muy elegante y gigante de la Nueva Parroquia, pero a ellos no les dicen nada”.
Otro locatario afirmó que le parece injusto que les exijan de manera agresiva el pago de la licencia de funcionamiento, cuando la contingencia y las obras que ha implementado el Ayuntamiento de San Luis Potosí en dicha avenida ha provocado que sus ventas bajen:
“Cada semana vienen diciendo que tengo que pagar licencia de funcionamiento, casi les miento la madre, y les respondo ‘¿qué funcionamiento?’, al menos mi giro estuvo cerrado de marzo a septiembre, que porque no es de primera necesidad, qué quieren que hagamos, yo tengo una hija que mantener; además con esto de la ciclovía no tenía ni tengo clientes, no hay dónde se estacionen y por eso no vienen, para poner esto hicieron un polvadero y olía feo; esta obra se me hace una estupidez y de verdad estamos muy molestos con la Unidad de Gestión porque estamos en una situación horrible y todavía vienen a molestarnos”.
La propietaria de un negocio de comida indicó que con sus ventas no logra cubrir el costo de la renta de su local, además de los pagos de agua, luz y teléfono:
“Mi venta del día de hoy fue de puros refrescos, según ellos (el Ayuntamiento) nos iban a apoyar, el jueves no vendí nada, el miércoles 170 pesos, martes nada, el lunes pasado 120. ¿Ayuda? no es ayuda, no deberían de cobrar la licencia de funcionamiento de este año y si sigue esto así ni el año que entra. A mí me están obligando a que cierre, de hecho, solo espero a que se me acabe mi contrato y me voy”.
Detalló que le han exigido otro tipo de pagos que no corresponden a su negocio:
“El árbol de afuera tiene ratas y tiene hoyos porque el bote de basura no lo cambian seguido, ya hablé a Parques y Jardines del Ayuntamiento para que hicieran algo al respecto y me dijeron que me cobraban 500 pesos por rebajar algunas ramas o que donara un árbol, pero ese árbol está en vía pública no en mi casa”.
También agregó: “La seguridad está muy mal, hace poco me abrieron mi tienda y me robaron y dicen que las cámaras de afuera nunca funcionan, que las tienen apagadas, las pusieron de adorno; jalaron los cables y dejaron un cable de alta tensión afuera de mi local, pegaba en la pared y daba el chispazo, 
Describió que debido al constante acoso y a la falta de recursos, al menos siete locales de esa cuadra se han visto obligados a cerrar definitivamente.
“Pero si vienen para hacer disque censos, solo vienen a cobrar para la campaña de Nava porque no le veo otra explicación, cuando me quitaron mi anuncio dije ‘voy a pintar en el pizarrón que tengo sistema de apartado’ y me querían multar por eso, porque puse con marcador eso, y me dijeron que eso no debe estar ahí, entonces cómo le hago, solo ven cómo nos perjudican”.
No es el primer caso de acoso a comerciantes
El pasado 27 de agosto una vendedora de flores fue agredida por inspectores de la Dirección de Comercio y posteriormente detenida, el hecho fue grabado por personas que circulaban por el lugar.
Mediante redes sociales, cibernautas denunciaron cómo los funcionarios municipales intentaron despojar de una caja con las mismas a la trabajadora, presuntamente por no tener un permiso para realizar la comercialización.
La joven de 20 años, oriunda de Orizaba, Veracruz, refirió que en la caja tenía alrededor de 50 plantas, de las cuales más de 20 fueron tiradas al piso y quebradas por el personal del gobierno municipal.
Indicó que los trabajadores municipales pretendían multarla por no tener permiso (pese a tener el mismo) para vender sus productos, sin embargo, no le iban a dar ningún folio por el concepto de la multa.
Cinco días después, el Ayuntamiento capitalino envió un comunicado en el que aseguró que comerciantes informales agredieron y causaron lesiones de consideración a una inspectora de que trabaja en la Unidad de Gestión del Centro Histórico.
Explicó que inspectores le informaron a la vendedora de flores que estaba fuera de área autorizada y la conminaron cumplir con el reglamento, tras lo cual, presuntamente, vendedores informales iniciaron agresiones verbales y físicas a la inspectora.
Tanto la trabajadora del Ayuntamiento como la vendedora de flores fueron detenidas por acusaciones mutuas de agresiones y añadió que se presentarán las denuncias ante la Fiscalía General del Estado para deslindar responsabilidades.
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La secretaria Deisy López afirmó que el trámite administrativo ante la SEGE ya concluyó, aunque la Fiscalía mantiene abiertas más de veinte carpetas
Por: Redacción
Deisy Maribel López Sierra, secretaria de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), afirmó que el trámite administrativo del caso de la Universidad Potosina ante su dependencia “ya quedó concluido”.
El caso se originó por la denuncia de 48 exalumnos de la carrera de Medicina de la Universidad Potosina, en Carranza, quienes acusaron a la institución de operar sin el Registro de Validez Oficial de Estudios (REVOE), lo que les impidió obtener título profesional o realizar prácticas clínicas. La Fiscalía General del Estado (FGE) documentó al menos 31 denuncias contra la institución y su entonces rector, Arturo Segoviano García.
Pese al cierre administrativo que reporta la SEGE, la vía penal permanece activa: para julio de 2026 existían al menos 23 carpetas de investigación abiertas desde junio de 2024, y los denunciantes se preparaban para promover un amparo por la lentitud en el avance de las audiencias, de acuerdo con reportes de Astrolabio Diario Digital
El abogado de los exalumnos, Jaime Soria Osornio, ha acusado además una posible colusión entre funcionarios de la propia SEGE y el exrector Segoviano, a quien atribuye una protección institucional que, según él, rebasa la competencia estatal del caso.
La actual administración de la Universidad Potosina se deslindó formalmente de la gestión de Segoviano y opera bajo otra razón social, en un domicilio distinto al plantel señalado por la falta de registro.
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En 2025, los migrantes de la Huasteca potosina enviaron cuatro veces el dinero que el gobierno federal destinó a infraestructura en la región, en El Naranjo, la brecha llega a 27 a uno
Por: Carlos Ruíz
La Huasteca potosina opera con un presupuesto paralelo que ningún instrumento de gobierno controla: en 2025, sus migrantes enviaron 341 millones de dólares desde Estados Unidos, cuatro veces el dinero federal destinado a infraestructura social en la región ese mismo año.
El Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), principal mecanismo del gobierno federal para obra en municipios de alta marginación— distribuyó 1,555 millones de pesos entre los 20 municipios de la Huasteca en 2024.
Las remesas del mismo período equivalen a aproximadamente 6,550 millones de pesos al tipo de cambio promedio de 2025. Por cada peso del FISM, los migrantes mandaron 4.2. Los datos provienen del Banco de México (serie CE166) y del Periódico Oficial del Estado.
El extremo más pronunciado es El Naranjo. El municipio serrano tiene el segundo índice de intensidad migratoria más alto de la región, pues el 11.44% de sus hogares recibe remesas, según el Consejo Nacional de Población (CONAPO), y aun así recibe el FISM más bajo de toda la Huasteca: 23 millones de pesos al año. En 2025, sus migrantes enviaron el equivalente a 626 millones de pesos. 27 veces el monto del FISM.
La brecha no es homogénea. En los municipios del norte y centro de la región: Ciudad Valles, El Naranjo, Tamuín, Xilitla, Tanquián de Escobedo, Tamasopo, las remesas superan al FISM en proporciones de entre 5
El flujo va en aumento. En el primer trimestre de 2026, la Huasteca recibió 73.8 millones de dólares —el dato trimestral más alto desde que existen registros desagregados por municipio, y el 16% del total estatal, la mayor participación histórica. La tendencia coincide con los debates sobre un posible impuesto de 3.5% a las remesas en Estados Unidos propuesto por la administración de Donald Trump. Si esa medida se aplicara, la Huasteca perdería alrededor de 12 millones de dólares al año, más de lo que el FISM asigna a tres de sus municipios juntos.
El FISM calcula sus asignaciones con base en índices de pobreza y rezago social, no en flujos migratorios. En El Naranjo (donde el dinero de los migrantes supera 27 veces al presupuesto federal), la asignación fue la mínima de toda la Huasteca.
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Tras encontrar nuevos animales muertos esta semana, anunciaron que presentarán una denuncia formal y exigirán acciones para protegerlos
Por: Redacción
Locatarios del mercado San Luis 400, en la calle Coronel Romero 139, sospechan que un vecino o personal de la Ciudad Judicial —ubicada a un costado del inmueble— está detrás del envenenamiento de los gatos que rondan el lugar, luego de que esta semana aparecieron varios felinos muertos.
Esta semana, los comerciantes hallaron varios gatos sin vida: unos, según creen, por consumir alimento envenenado, y otros con lesiones que atribuyen a los perros que acompañan a los lavacoches que se posesionan de la zona.
Los locatarios ya habían denunciado ante las autoridades la matanza de gatos dentro y fuera del mercado, pero aseguran que la práctica continúa sin que ninguna autoridad intervenga, pese a tener conocimiento del caso.
Hace un par de semanas comenzaron a registrar la muerte de varios gatos que rondan las instalaciones del mercado.
Confirmaron entonces que los gatos estaban siendo envenenados, lo que motivó una protesta ante las autoridades. Indicaron que, al comunicarse vía telefónica con personal del Centro Integral de Bienestar Animal, la respuesta fue que no podían intervenir. Al paso de los días dejaron de detectar irregularidades, hasta el hallazgo de esta semana.
Ante ello, los locatarios esperan presentar una denuncia formal ante las autoridades y solicitar la construcción de una barda o, al menos, una cerca de malla ciclónica para proteger el estacionamiento y los accesos al centro de abasto.
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