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Comerciantes de Carranza denuncian acoso por parte de trabajadores del Ayuntamiento
Les han exigido dinero por… ¿hacer su trabajo?
Por: Ana G Silva
Propietarios y propietarias de locales ubicados en avenida Venustiano Carranza, contaron a La Orquesta que son víctimas de acoso por parte de elementos de la Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH) a cargo del Ayuntamiento de San Luis Potosí.
“Esto es una cacería de brujas por parte del municipio. Llegaron y de la nada nos quitaron los letreros de varios locales y nos dijeron que tenemos que pagar para tenerlo y que además deben medir 1.75 m”, denunció uno de los afectados, quien además agregó “la cosa no es pareja por tú ves el letrero muy elegante y gigante de la Nueva Parroquia, pero a ellos no les dicen nada”.
Otro locatario afirmó que le parece injusto que les exijan de manera agresiva el pago de la licencia de funcionamiento, cuando la contingencia y las obras que ha implementado el Ayuntamiento de San Luis Potosí en dicha avenida ha provocado que sus ventas bajen:
“Cada semana vienen diciendo que tengo que pagar licencia de funcionamiento, casi les miento la madre, y les respondo ‘¿qué funcionamiento?’, al menos mi giro estuvo cerrado de marzo a septiembre, que porque no es de primera necesidad, qué quieren que hagamos, yo tengo una hija que mantener; además con esto de la ciclovía no tenía ni tengo clientes, no hay dónde se estacionen y por eso no vienen, para poner esto hicieron un polvadero y olía feo; esta obra se me hace una estupidez y de verdad estamos muy molestos con la Unidad de Gestión porque estamos en una situación horrible y todavía vienen a molestarnos”.
La propietaria de un negocio de comida indicó que con sus ventas no logra cubrir el costo de la renta de su local, además de los pagos de agua, luz y teléfono:
“Mi venta del día de hoy fue de puros refrescos, según ellos (el Ayuntamiento) nos iban a apoyar, el jueves no vendí nada, el miércoles 170 pesos, martes nada, el lunes pasado 120. ¿Ayuda? no es ayuda, no deberían de cobrar la licencia de funcionamiento de este año y si sigue esto así ni el año que entra. A mí me están obligando a que cierre, de hecho, solo espero a que se me acabe mi contrato y me voy”.
Detalló que le han exigido otro tipo de pagos que no corresponden a su negocio:
“El árbol de afuera tiene ratas y tiene hoyos porque el bote de basura no lo cambian seguido, ya hablé a Parques y Jardines del Ayuntamiento para que hicieran algo al respecto y me dijeron que me cobraban 500 pesos por rebajar algunas ramas o que donara un árbol, pero ese árbol está en vía pública no en mi casa”.
También agregó: “La seguridad está muy mal, hace poco me abrieron mi tienda y me robaron y dicen que las cámaras de afuera nunca funcionan, que las tienen apagadas, las pusieron de adorno; jalaron los cables y dejaron un cable de alta tensión afuera de mi local, pegaba en la pared y daba el chispazo, 
Describió que debido al constante acoso y a la falta de recursos, al menos siete locales de esa cuadra se han visto obligados a cerrar definitivamente.
“Pero si vienen para hacer disque censos, solo vienen a cobrar para la campaña de Nava porque no le veo otra explicación, cuando me quitaron mi anuncio dije ‘voy a pintar en el pizarrón que tengo sistema de apartado’ y me querían multar por eso, porque puse con marcador eso, y me dijeron que eso no debe estar ahí, entonces cómo le hago, solo ven cómo nos perjudican”.
No es el primer caso de acoso a comerciantes
El pasado 27 de agosto una vendedora de flores fue agredida por inspectores de la Dirección de Comercio y posteriormente detenida, el hecho fue grabado por personas que circulaban por el lugar.
Mediante redes sociales, cibernautas denunciaron cómo los funcionarios municipales intentaron despojar de una caja con las mismas a la trabajadora, presuntamente por no tener un permiso para realizar la comercialización.
La joven de 20 años, oriunda de Orizaba, Veracruz, refirió que en la caja tenía alrededor de 50 plantas, de las cuales más de 20 fueron tiradas al piso y quebradas por el personal del gobierno municipal.
Indicó que los trabajadores municipales pretendían multarla por no tener permiso (pese a tener el mismo) para vender sus productos, sin embargo, no le iban a dar ningún folio por el concepto de la multa.
Cinco días después, el Ayuntamiento capitalino envió un comunicado en el que aseguró que comerciantes informales agredieron y causaron lesiones de consideración a una inspectora de que trabaja en la Unidad de Gestión del Centro Histórico.
Explicó que inspectores le informaron a la vendedora de flores que estaba fuera de área autorizada y la conminaron cumplir con el reglamento, tras lo cual, presuntamente, vendedores informales iniciaron agresiones verbales y físicas a la inspectora.
Tanto la trabajadora del Ayuntamiento como la vendedora de flores fueron detenidas por acusaciones mutuas de agresiones y añadió que se presentarán las denuncias ante la Fiscalía General del Estado para deslindar responsabilidades.
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El pasado 3 de julio el padre de “Chuy” Nava fue detenido por agresiones contra una mujer, sin embargo fue liberado a las pocas horas; no sería la primera carpeta en su contra por este delito
Por: Redacción
A casi un mes de la detención de J. Santos “N”, padre del presidente municipal de Cerro de San Pedro, Jesús “Chuy” Nava, perteneciente al PRI, el caso se ha convertido en un asunto con implicaciones políticas que amenazan con marcar el futuro del grupo que actualmente gobierna el municipio.
A través de redes sociales, habitantes del municipio han externado sus dudas sobre la actuación de las autoridades, los señalamientos de un posible tráfico de influencias, las versiones sobre presuntas presiones para que la víctima otorgara el perdón y el antecedente de otras investigaciones por hechos similares han colocado al gobierno municipal en el centro de una controversia que trasciende el ámbito judicial y comienza a impactar la imagen del proyecto político de la familia Nava.
La madrugada del 3 de julio comenzaron a difundirse en redes sociales reportes ciudadanos sobre la presunta detención de J. Santos “N”, identificado como padre del alcalde de Cerro de San Pedro.
De acuerdo con las versiones difundidas por vecinos, el hombre habría sido asegurado tras un incidente en agravio de una mujer identificada como Mayra “N”. También trascendió que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento de los hechos.
La información señalaba que el detenido fue trasladado a las celdas preventivas mientras se definía su situación jurídica. Sin embargo, horas más tarde comenzaron a circular publicaciones que afirmaban que había recuperado su libertad el mismo día.
Las críticas por el hecho se dirigieron hacia el presidente municipal, al considerar que su parentesco con el señalado podía influir en el desarrollo del procedimiento.
Durante los días posteriores, diversos usuarios en redes sociales exigieron que el caso fuera investigado sin privilegios, mientras reclamaban que la ley se aplicara de la misma manera que en cualquier otro asunto de violencia contra las mujeres.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha explicado públicamente cuál fue el seguimiento jurídico del caso.
No se ha informado cuáles fueron las actuaciones ministeriales derivadas de la detención, si la investigación continúa abierta, ni bajo qué circunstancias se determinó la situación jurídica del señalado. Tampoco existe una postura oficial que responda a los cuestionamientos surgidos entre la población respecto al procedimiento.
Fuentes cercanas al caso consultadas por este medio aseguraron que la víctima habría sido presionada para otorgar el perdón al presunto agresor. Aunque esta versión no ha sido confirmada por la Fiscalía General del Estado ni por otra autoridad competente, representa uno de los principales cuestionamientos que rodean el caso, debido a que pondría en entredicho las condiciones en las que se desarrolló el procedimiento.
De acuerdo con información obtenida por este medio, esta no sería la primera carpeta de investigación relacionada con presuntos hechos de violencia que enfrenta J. Santos “N”; pues hay dos más en los años 2019 y 2020.
La dimensión política comenzó prácticamente desde el primer día. Diversas publicaciones ciudadanas en Facebook cuestionaron que el padre del alcalde recuperara su libertad pocas horas después de su detención y señalaron un posible uso de influencias para favorecerlo.
Incluso algunos mensajes compararon el caso con otros procesos de violencia contra mujeres que sí derivaron en condenas penales, argumentando que la aplicación de la justicia parece variar cuando los involucrados mantienen vínculos con el poder político.
El caso también coincide con el momento en que distintos grupos políticos comienzan a preparar la sucesión municipal.
Fuentes cercanas a la vida política de Cerro de San Pedro señalaron a este medio que integrantes de la familia del actual presidente municipal buscan mantenerse como un grupo con influencia dentro del gobierno local una vez concluida la administración encabezada por Jesús “Chuy” Nava.
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La buena noticia es que, comparado con junio de 2025, el indicador bajó 12.3 puntos porcentuales, lo que refleja una mejora respecto al año pasado
Por: Ana G Silva
La percepción de inseguridad entre los habitantes de San Luis Potosí aumentó durante el segundo trimestre de 2026, en contraste con la tendencia nacional, que registró una disminución. Sin embargo, al comparar los resultados con el mismo periodo del año pasado, la entidad muestra una mejora importante de más de 12 puntos porcentuales.
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicada este 24 de julio por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reveló que el 62.5 por ciento de la población de 18 años y más en la ciudad de San Luis Potosí considera que vivir en la capital es inseguro, frente al 57.6 por ciento reportado en marzo de este mismo año.
Este incremento ocurre mientras que, a nivel nacional, la percepción de inseguridad siguió una trayectoria opuesta. En el conjunto de las 91 ciudades evaluadas por la ENSU, el porcentaje de personas que consideran insegura su ciudad pasó de 61.5 a 59.8 por ciento, lo que representó una disminución estadísticamente significativa respecto al trimestre anterior.
Aunque el aumento registrado en San Luis Potosí no fue señalado por el INEGI como un cambio estadísticamente significativo, sí coloca a la capital potosina por encima del promedio nacional, pues casi dos de cada tres habitantes continúan percibiendo a la ciudad como un lugar inseguro para vivir.
La comparación anual muestra un panorama distinto
Pese al incremento observado entre marzo y junio de este año, el comportamiento cambia al revisar el comparativo anual.
En junio de 2025, 74.8 por ciento de los habitantes de San Luis Potosí afirmaba sentirse inseguro en la ciudad. Para junio de 2026, esa cifra disminuyó a 62.5 por ciento
Esta reducción coloca a San Luis Potosí entre las ciudades que lograron mejorar su percepción de seguridad respecto al año anterior. De acuerdo con la ENSU, 23 ciudades del país registraron disminuciones significativas en la percepción de inseguridad durante el último año, mientras que únicamente seis presentaron incrementos.
A nivel nacional también se observó una mejora anual, al pasar de 63.2 por ciento en junio de 2025 a 59.8 por ciento en junio de 2026.
A pesar de la mejora anual, la capital potosina continúa ubicándose ligeramente por encima del promedio del país en percepción de inseguridad.
Mientras el promedio nacional se ubicó en 59.8 por ciento, en San Luis Potosí alcanzó 62.5 por ciento, una diferencia de 2.7 puntos porcentuales, lo que refleja que la percepción ciudadana sobre la seguridad aún no logra alinearse con la tendencia nacional de recuperación.
La ENSU mide trimestralmente la percepción de seguridad de la población de 18 años y más en 91 ciudades del país, con el objetivo de generar información sobre la forma en que la ciudadanía evalúa las condiciones de seguridad pública y aportar elementos para el diseño de políticas públicas en esta materia.
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La Fiscalía potosina, en coordinación con fuerzas estatales y federales, detuvo a un presunto involucrado en la agresión ocurrida la mañana de este domingo
Por: Redacción
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informa que, tras la agresión a la Guardia Civil Estatal ocurrida esta mañana en la comunidad de Cerrito de la Cruz, en la delegación de La Pila, de esta capital, y en la que fallecieron dos elementos de dicha corporación, la Policía de Investigación, la Guardia Civil Estatal y el Ejército Mexicano aseguraron a un presunto involucrado en estos hechos.
El operativo de rastreo y búsqueda interinstitucional se activó justo después de que los números de emergencia reportaran esta mañana la agresión a policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, mientras que personal de la Vicefiscalía Científica recupera indicios en el lugar para fortalecer las investigaciones
La FGESLP agregó que, conforme avancen las diligencias, se dará a conocer la actualización correspondiente a través de los canales institucionales, con el fin de no afectar el desarrollo de la investigación.
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí refrenda su compromiso de trabajar con probidad, profesionalismo y justicia a favor de las y los potosinos.
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