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Comerciantes de Carranza denuncian acoso por parte de trabajadores del Ayuntamiento
Les han exigido dinero por… ¿hacer su trabajo?
Por: Ana G Silva
Propietarios y propietarias de locales ubicados en avenida Venustiano Carranza, contaron a La Orquesta que son víctimas de acoso por parte de elementos de la Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH) a cargo del Ayuntamiento de San Luis Potosí.
“Esto es una cacería de brujas por parte del municipio. Llegaron y de la nada nos quitaron los letreros de varios locales y nos dijeron que tenemos que pagar para tenerlo y que además deben medir 1.75 m”, denunció uno de los afectados, quien además agregó “la cosa no es pareja por tú ves el letrero muy elegante y gigante de la Nueva Parroquia, pero a ellos no les dicen nada”.
Otro locatario afirmó que le parece injusto que les exijan de manera agresiva el pago de la licencia de funcionamiento, cuando la contingencia y las obras que ha implementado el Ayuntamiento de San Luis Potosí en dicha avenida ha provocado que sus ventas bajen:
“Cada semana vienen diciendo que tengo que pagar licencia de funcionamiento, casi les miento la madre, y les respondo ‘¿qué funcionamiento?’, al menos mi giro estuvo cerrado de marzo a septiembre, que porque no es de primera necesidad, qué quieren que hagamos, yo tengo una hija que mantener; además con esto de la ciclovía no tenía ni tengo clientes, no hay dónde se estacionen y por eso no vienen, para poner esto hicieron un polvadero y olía feo; esta obra se me hace una estupidez y de verdad estamos muy molestos con la Unidad de Gestión porque estamos en una situación horrible y todavía vienen a molestarnos”.
La propietaria de un negocio de comida indicó que con sus ventas no logra cubrir el costo de la renta de su local, además de los pagos de agua, luz y teléfono:
“Mi venta del día de hoy fue de puros refrescos, según ellos (el Ayuntamiento) nos iban a apoyar, el jueves no vendí nada, el miércoles 170 pesos, martes nada, el lunes pasado 120. ¿Ayuda? no es ayuda, no deberían de cobrar la licencia de funcionamiento de este año y si sigue esto así ni el año que entra. A mí me están obligando a que cierre, de hecho, solo espero a que se me acabe mi contrato y me voy”.
Detalló que le han exigido otro tipo de pagos que no corresponden a su negocio:
“El árbol de afuera tiene ratas y tiene hoyos porque el bote de basura no lo cambian seguido, ya hablé a Parques y Jardines del Ayuntamiento para que hicieran algo al respecto y me dijeron que me cobraban 500 pesos por rebajar algunas ramas o que donara un árbol, pero ese árbol está en vía pública no en mi casa”.
También agregó: “La seguridad está muy mal, hace poco me abrieron mi tienda y me robaron y dicen que las cámaras de afuera nunca funcionan, que las tienen apagadas, las pusieron de adorno; jalaron los cables y dejaron un cable de alta tensión afuera de mi local, pegaba en la pared y daba el chispazo, un señor me dijo que me lo amarraba para que no hubiera un accidente; nunca barren, solo recogen los papeles grandes; y en esta esquina no deben de girar y ha habido alguno atropellados, cuando lo quise reportar me dijeron que tengo que enviar una carta a tránsito para que pongan la señalética, también otra al del árbol, y otro a la basura, los reportó, pero no vienen”.
Describió que debido al constante acoso y a la falta de recursos, al menos siete locales de esa cuadra se han visto obligados a cerrar definitivamente.
“Pero si vienen para hacer disque censos, solo vienen a cobrar para la campaña de Nava porque no le veo otra explicación, cuando me quitaron mi anuncio dije ‘voy a pintar en el pizarrón que tengo sistema de apartado’ y me querían multar por eso, porque puse con marcador eso, y me dijeron que eso no debe estar ahí, entonces cómo le hago, solo ven cómo nos perjudican”.
No es el primer caso de acoso a comerciantes
El pasado 27 de agosto una vendedora de flores fue agredida por inspectores de la Dirección de Comercio y posteriormente detenida, el hecho fue grabado por personas que circulaban por el lugar.
Mediante redes sociales, cibernautas denunciaron cómo los funcionarios municipales intentaron despojar de una caja con las mismas a la trabajadora, presuntamente por no tener un permiso para realizar la comercialización.
La joven de 20 años, oriunda de Orizaba, Veracruz, refirió que en la caja tenía alrededor de 50 plantas, de las cuales más de 20 fueron tiradas al piso y quebradas por el personal del gobierno municipal.
Indicó que los trabajadores municipales pretendían multarla por no tener permiso (pese a tener el mismo) para vender sus productos, sin embargo, no le iban a dar ningún folio por el concepto de la multa.
Cinco días después, el Ayuntamiento capitalino envió un comunicado en el que aseguró que comerciantes informales agredieron y causaron lesiones de consideración a una inspectora de que trabaja en la Unidad de Gestión del Centro Histórico.
Explicó que inspectores le informaron a la vendedora de flores que estaba fuera de área autorizada y la conminaron cumplir con el reglamento, tras lo cual, presuntamente, vendedores informales iniciaron agresiones verbales y físicas a la inspectora.
Tanto la trabajadora del Ayuntamiento como la vendedora de flores fueron detenidas por acusaciones mutuas de agresiones y añadió que se presentarán las denuncias ante la Fiscalía General del Estado para deslindar responsabilidades.
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¿Por qué hay tan pocas mujeres en las preliberaciones de SLP?
Las mujeres representan una fracción menor de la población carcelaria en San Luis Potosí, lo que se refleja en los números de cada evento de preliberación
Por: Redacción
Nohemi Proal Huerta, secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, aclaró que las preliberaciones en San Luis Potosí no se otorgan con cuotas de género ni se concentran en un solo centro penitenciario: el criterio es exclusivamente la situación procesal de cada persona privada de libertad (PPL).
La funcionaria respondió así a cuestionamientos sobre si existirían eventos de preliberación exclusivos para el penal femenino de Xolol, donde la presencia de mujeres beneficiadas ha sido notoriamente baja en ejercicios anteriores.
“No nos basamos en que sean más hombres o más mujer es. De hecho, la población femenina dentro de los centros es mucho menor a la de los hombres
“, afirmó Proal Huerta.La secretaria explicó que cada evento de preliberación aplica al universo total de PPL en todos los centros del estado — no a un penal en específico — y que el beneficio se otorga a quienes cumplen los requisitos de acuerdo a su proceso, independientemente del género.
Sobre el evento más reciente, Proal Huerta reconoció que las mujeres fueron la menor parte de las beneficiadas, aunque sostuvo que el resultado fue “mucho más equilibrado que otros”.
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Guardia Civil actuó por orden judicial en desalojo de Tampamolón: Jesús Juárez
Desalojos de este tipo —ordenados por jueces civiles y mercantiles— ocurren dos o tres veces al día en la entidad, según el funcionario responsable de seguridad estatal
Por: Redacción
Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, afirmó que la participación de la Guardia Civil Estatal en el desalojo de familias indígenas en el predio La Peña de Tampamolón fue realizada como “apoyo” a una orden judicial de restitución de inmueble emanada de un juzgado civil, y que la corporación actúa conforme a “fundamento legal” sin conocer los expedientes específicos de cada caso.
En respuesta a cuestionamientos sobre la intervención de la corporación en el desalojo, que circuló en redes sociales con denuncias de agresiones, detenciones y daños, Juárez Hernández precisó que la Guardia Civil no fue convocada de oficio sino mediante solicitud formal de la autoridad judicial. “No fuimos convocados mediante oficio para apoyar nada más”, dijo durante la entrevista.
El funcionario sostuvo que la corporación cumple un rol limitado en estos operativos: ejecutar la orden sin intervenir en la evaluación de los expedientes civiles que la originan. “No conocemos el expediente, solamente cumplimos con el ordenamiento”, afirmó Juárez Hernández, al reiterar que desconoce el trasfondo específico del desalojo en Tampamolón.
Según el titular de Seguridad, los desalojos con apoyo de fuerzas públicas —ya sean municipales, estatales o de la Policía de Investigación— son procedimientos recurrentes en la entidad. “Son de recurrentes, dos o tres diarias “, indicó. Precisó que la mayoría corresponde a restituciones civiles de inmuebles: conflictos donde un juez civil resuelve en favor de una de las partes y ordena el desalojo del predio ocupado.
Juárez Hernández justificó la presencia de fuerzas de seguridad en estos actos como medida preventiva ante posibles conflictos entre los actores involucrados. “Precisamente por eso es necesaria la presencia de la fuerza pública para evitar que los actores entren en conflicto“, comentó, aunque aclaró nuevamente que la corporación no revisa ni participa en la decisión judicial que origina el desalojo.
El contexto del desalojo en Tampamolón incluye denuncias en redes sociales de presuntas agresiones, detenciones y daños a viviendas, según reportaron habitantes de la comunidad que identificaron a las familias desalojadas como indígenas náhuatl y tének. La participación de la fuerza pública en estos conflictos agrarios ha generado cuestionamientos sobre represión y supervisión de las corporaciones.
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Ciudad
Valladares promete plan hídrico de largo plazo para San Luis Potosí
El legislador afirmó que la falta de agua es su prioridad y prometió trabajar en una solución de corto plazo, además de un plan hídrico de mediano y largo plazo para la capital y el estado.
Por: Redacción
Juan Carlos Valladares, diputado federal, se comprometió a resolver el problema de abasto de agua en su distrito en el corto plazo y a impulsar un plan hídrico de largo plazo para San Luis Potosí.
El legislador regresó a su distrito con “buenas noticias” y proyectos en marcha y aprovechó para reiterar que el agua es una prioridad que no data solo de campaña.
“Es un tema que ha generado muchísima problemática y obviamente frustración y hartazgo de la población”, reconoció Valladares, quien sostuvo que existe una solución “en el corto plazo”.
El diputado llamó a construir una visión estructural. “La capital, el estado tiene que tener proyectos muy importantes en cuestión hídrica y creo que tenemos que trabajar en ello”, afirmó.
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