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Comerciantes de Carranza denuncian acoso por parte de trabajadores del Ayuntamiento
Les han exigido dinero por… ¿hacer su trabajo?
Por: Ana G Silva
Propietarios y propietarias de locales ubicados en avenida Venustiano Carranza, contaron a La Orquesta que son víctimas de acoso por parte de elementos de la Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH) a cargo del Ayuntamiento de San Luis Potosí.
“Esto es una cacería de brujas por parte del municipio. Llegaron y de la nada nos quitaron los letreros de varios locales y nos dijeron que tenemos que pagar para tenerlo y que además deben medir 1.75 m”, denunció uno de los afectados, quien además agregó “la cosa no es pareja por tú ves el letrero muy elegante y gigante de la Nueva Parroquia, pero a ellos no les dicen nada”.
Otro locatario afirmó que le parece injusto que les exijan de manera agresiva el pago de la licencia de funcionamiento, cuando la contingencia y las obras que ha implementado el Ayuntamiento de San Luis Potosí en dicha avenida ha provocado que sus ventas bajen:
“Cada semana vienen diciendo que tengo que pagar licencia de funcionamiento, casi les miento la madre, y les respondo ‘¿qué funcionamiento?’, al menos mi giro estuvo cerrado de marzo a septiembre, que porque no es de primera necesidad, qué quieren que hagamos, yo tengo una hija que mantener; además con esto de la ciclovía no tenía ni tengo clientes, no hay dónde se estacionen y por eso no vienen, para poner esto hicieron un polvadero y olía feo; esta obra se me hace una estupidez y de verdad estamos muy molestos con la Unidad de Gestión porque estamos en una situación horrible y todavía vienen a molestarnos”.
La propietaria de un negocio de comida indicó que con sus ventas no logra cubrir el costo de la renta de su local, además de los pagos de agua, luz y teléfono:
“Mi venta del día de hoy fue de puros refrescos, según ellos (el Ayuntamiento) nos iban a apoyar, el jueves no vendí nada, el miércoles 170 pesos, martes nada, el lunes pasado 120. ¿Ayuda? no es ayuda, no deberían de cobrar la licencia de funcionamiento de este año y si sigue esto así ni el año que entra. A mí me están obligando a que cierre, de hecho, solo espero a que se me acabe mi contrato y me voy”.
Detalló que le han exigido otro tipo de pagos que no corresponden a su negocio:
“El árbol de afuera tiene ratas y tiene hoyos porque el bote de basura no lo cambian seguido, ya hablé a Parques y Jardines del Ayuntamiento para que hicieran algo al respecto y me dijeron que me cobraban 500 pesos por rebajar algunas ramas o que donara un árbol, pero ese árbol está en vía pública no en mi casa”.
También agregó: “La seguridad está muy mal, hace poco me abrieron mi tienda y me robaron y dicen que las cámaras de afuera nunca funcionan, que las tienen apagadas, las pusieron de adorno; jalaron los cables y dejaron un cable de alta tensión afuera de mi local, pegaba en la pared y daba el chispazo, 
Describió que debido al constante acoso y a la falta de recursos, al menos siete locales de esa cuadra se han visto obligados a cerrar definitivamente.
“Pero si vienen para hacer disque censos, solo vienen a cobrar para la campaña de Nava porque no le veo otra explicación, cuando me quitaron mi anuncio dije ‘voy a pintar en el pizarrón que tengo sistema de apartado’ y me querían multar por eso, porque puse con marcador eso, y me dijeron que eso no debe estar ahí, entonces cómo le hago, solo ven cómo nos perjudican”.
No es el primer caso de acoso a comerciantes
El pasado 27 de agosto una vendedora de flores fue agredida por inspectores de la Dirección de Comercio y posteriormente detenida, el hecho fue grabado por personas que circulaban por el lugar.
Mediante redes sociales, cibernautas denunciaron cómo los funcionarios municipales intentaron despojar de una caja con las mismas a la trabajadora, presuntamente por no tener un permiso para realizar la comercialización.
La joven de 20 años, oriunda de Orizaba, Veracruz, refirió que en la caja tenía alrededor de 50 plantas, de las cuales más de 20 fueron tiradas al piso y quebradas por el personal del gobierno municipal.
Indicó que los trabajadores municipales pretendían multarla por no tener permiso (pese a tener el mismo) para vender sus productos, sin embargo, no le iban a dar ningún folio por el concepto de la multa.
Cinco días después, el Ayuntamiento capitalino envió un comunicado en el que aseguró que comerciantes informales agredieron y causaron lesiones de consideración a una inspectora de que trabaja en la Unidad de Gestión del Centro Histórico.
Explicó que inspectores le informaron a la vendedora de flores que estaba fuera de área autorizada y la conminaron cumplir con el reglamento, tras lo cual, presuntamente, vendedores informales iniciaron agresiones verbales y físicas a la inspectora.
Tanto la trabajadora del Ayuntamiento como la vendedora de flores fueron detenidas por acusaciones mutuas de agresiones y añadió que se presentarán las denuncias ante la Fiscalía General del Estado para deslindar responsabilidades.
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La diputada Sara Rocha aseguró que condicionar la utilización de estos dispositivos ayudará al desarrollo integral de los estudiantes
Por: Redacción
La diputada Sara Rocha Medina presentó una iniciativa de reforma al artículo 60 de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de delimitar el uso de los dispositivos electrónicos en el ámbito educativo.
La reforma establece que “las autoridades educativas determinarán el uso complementario que se dará al uso del celular y demás dispositivos electrónicos como material educativo de apoyo a la enseñanza y aprendizaje de estudiantes del nivel secundaria, estableciendo para ello los lineamientos necesarios para su aplicación dentro de la jornada escolar, quedando prohibido su uso dentro de los planteles de educación primaria”.
Dicho proceso deberá contar con la participación de directivos, docentes, madres, padres o tutores y, de acuerdo con el principio del interés superior de la niñez. Las autoridades educativas participaran en el diseño e implementación en coordinación con las autoridades correspondientes, de manera permanente y transversal, de las estrategias, campañas y programas formativos dirigidos a toda la comunidad educativa sobre el desarrollo del uso responsable de dispositivos electrónicos.
La congresista aseguró que “en un mundo globalizado donde la tecnología juega un papel cada más importante en el desarrollo de las diversas actividades que realizan las personas en todos los ámbitos de su vida, en especial los dispositivos electrónicos como son los teléfonos y relojes inteligentes, tabletas, computadoras, laptops
Sin embargo, recalcó que además de las ventajas que conlleva el uso de la tecnología, también genera efectos nocivos por el uso excesivo que cada vez más se está dando en todo el mundo, afectando la salud mental, los procesos de socialización y en general la forma de interactuar entre las personas.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su análisis.
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Los citatorios se abrieron para diez ciudadanos de Sinaloa, mientras que uno alterno incluyó a funcionarios de Chihuahua
Por: Roberto Mendoza
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió citatorios para diez ciudadanos del estado de Sinaloa, entre los que se encuentra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, como parte de una investigación derivada de una acusación formal presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.
Sobre esta primera acción ministerial, la dependencia federal determinó: “dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad“.
Dentro del expediente judicial radicado en la corte estadounidense se incluye al senador en activo Enrique Inzunza, exsecretario general de Gobierno de Sinaloa. A diferencia del mandatario estatal con licencia, el legislador conserva su escaño y fuero constitucional; su última ubicación reportada en territorio sinaloense data del 10 de mayo, tras registrar ausencias en sus funciones legislativas desde finales de abril.
De forma paralela a esta indagatoria, la instancia de procuración de justicia federal desarrolla una investigación en curso requiriendo la presencia de autoridades de Chihuahua por la cadena de mando en el operativo realizado en la Sierra del Pinal los días 17 y 18 de abril.
Respecto a este caso, el órgano autónomo detalló: “están siendo citados a comparecer, en calidad de testigos, la gobernadora constitucional del estado y el ex fiscal General de Justicia de esa entidad, a fin de que les sea recabada la entrevista ministerial encaminada al esclarecimiento de los hechos que se investigan”.
Los requerimientos ministeriales ejecutados responden al seguimiento de las operaciones logísticas en ambas entidades y a las acciones pertinentes de los respectivos planes de investigación.
Para fundamentar el alcance de las comparecencias y entrevistas en sede federal, la institución de justicia precisó: “En ambos casos se actúa de conformidad con las correspondientes atribuciones constitucionales y legales, así como con plena sujeción al debido proceso”.
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La gobernadora en persona recibe el documento, asegura que se presentará aun con fuero
Por: Roberto Mendoza
Dos agentes ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR) acudieron este 23 de mayo al Palacio de Gobierno de Chihuahua para notificar el requerimiento oficial a la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, quien garantizó su asistencia programada para el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas: “Ahí estaremos, porque siempre he dado la cara”, aseguró.
El origen del citatorio ministerial responde a la investigación federal iniciada tras el desmantelamiento de un laboratorio clandestino el pasado 19 de abril en el municipio de Morelos.
La indagatoria, documentada, examina la participación operativa de dos agentes estadounidenses en territorio estatal con apoyo de la Agencia Estatal de Investigación, con el objetivo de determinar si la administración de Chihuahua violó la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
Ante el requerimiento de la autoridad federal, la mandataria estatal abordó su situación jurídica frente a la protección constitucional de su cargo y estableció un contraste operativo respecto a las indagatorias dirigidas a otros ejecutivos estatales: “Voy a tener que estar en la FGR compareciendo, aunque yo una servidora tenga fuero constitucional. ¿con Rubén Rocha no se le ha pedido comparecer, ni a ningún otro gobernador de este país?
La integración de la carpeta de investigación a cargo del Ministerio Público de la Federación contempla hasta el momento la emisión de citatorios previos dirigidos a 50 funcionarios estatales, como parte de las diligencias para establecer si las autoridades locales incurrieron en una invasión de competencias de jurisdicción federal.
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