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Coleccionista de juicios políticos: ya van cuatro que promueven contra Nava
Por: Abelardo Medellín
Por la construcción irregular del puente vehicular en Periférico con avenida Industrias, ayer fue presentada ante el Congreso del Estado una nueva solicitud de juicio político contra el alcalde capitalino Xavier Nava Palacios y los integrantes del Cabildo, por parte del ejido afectado Rancho Viejo la Libertad.
De acuerdo con el documento presentado ante el Congreso del Estado, la construcción de ese puente representa un acto de apoderamiento de tierras que transgreden los derechos agrarios de la organización ejidal; el apoderarse de grandes porciones territoriales sin no haber ofrecido remuneraciones económicas a los ejidatarios por las tierras expropiadas,.
Según la mesa directiva del Comisariado, a mediados del mes de abril pasado las autoridades del Ayuntamiento de San Luis Potosí iniciaron la construcción del puente vehicular sobre sus tierras, lo que, una vez más, transgrede sus derechos consagrados en el artículo 27 de la Constitución, razón por la que el 20 de abril, el Comisariado Ejidal promovió un Juicio de Amparo Indirecto, el cual solicitaba “la orden inminente de obstrucción, construcción, privación parcial, total o definitiva de la superficie del Ejido ubicada entre el anillo Periférico y avenida Industrias de esta ciudada capital, en el cual se pretende destituir de forma definitiva de nuestras tierras ejidales”.
Después de que el Juzgado Octavo de Distrito en el Noveno Circuito decretó la suspensión de plano de los actos reclamados, el Ayuntamiento capitalino rindió el 30 de abril un informe en el que manifiestan que la obra del puente vehicular sobre las tierra ejidales sigue en ejecución, por lo que se desprende que no han respondido al decreto del órgano jurisdiccional federal y por tanto incurren en desacato.
Por el desacato del Ayuntamiento, al mando de Xavier Nava Palacios, el pasado 3 de junio, el juzgado Octavo de Distrito aperturó un incidente por falta de cumplimiento, sobre la que se basa esta nueva solicitud de juicio político en contra de los servidores públicos municipales, entre ellos el alcalde Xavier Nava Palacios.
El ejido Rancho Viejo La Libertad además señala en el documento que “ninguna autoridad responsable y obligada al cumplimiento de la suspensión de plano decretada, tuvo a bien recurrir o impugnar dicha medida cautelar”.
Este es el cuarto juicio político contra el alcalde Xavier Nava Palacios solo es uno más a la lista de solicitudes similares que han sido turnadas al Congreso del Estado desde diversos ámbitos de la sociedad civil.
Un ejemplo de los juicios que la administración Navista carga en su haber es el presentado por la exoficial del Registro Civil, Teresa Carrizales, quien fue agredida por policías municipales y fue retirada de su cargo injustificadamente.
Otro de los juicios políticos que han sido presentados contra Xavier Nava fue el promovido por la Comunidad Mazahua Baja que reside en la capital, pues sus agrupaciones no fueron convocadas por el Ayuntamiento cuando se conformó la Unidad de Asuntos Indígenas.
La más reciente solicitud de juicio político que se ha presentado contra Nava Palacios, fue la promovida el pasado 8 de junio por los comerciantes del Centro Histórico de la ciudad, quienes acusan de violación de derechos humanos en el desalojo violento que sufrieron algunos comerciantes en agosto de 2019.
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La obra, que costó 271 mdp, se construyó violando un amparo, lo cual le costó al municipio 12 millones más
Por: Redacción
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló este miércoles la inhabilitación por 18 años que el Congreso estatal impuso a Xavier Nava Palacios, exalcalde de San Luis Potosí. Con ello, recupera sus derechos políticos y podría postularse en próximas elecciones.
La sanción original derivó de la construcción del puente vehicular sobre el bulevar Antonio Rocha Cordero, entre el Periférico Oriente y la avenida Industrias, que tuvo un costo de 27 millones de pesos. La obra avanzó pese a un amparo que la detenía. Este proyecto, erigido en terrenos del ejido Rancho Viejo La Libertad
Durante la administración actual, el alcalde Enrique Galindo Ceballos pagó 4 millones de pesos como primer abono—de un total de 12 millones pactados— para la compra de esos terrenos y compensar a los ejidatarios afectados.
Sin embargo, la SCJN concordó con la argumentación de Nava y revocó la sanción, poniendo fin a un litigio de cuatro años.
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El fraude no solo se limitó al Gobierno Federal: la denominada “gobernadora indígena” de SLP cuenta con un historial de denuncias por estafar a potosinos
Por: Bernardo Vera
La Orquesta ha dado a conocer el fraude del que varios potosinos han sido víctimas, al ofrecerles una vacante en la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Gobierno Federal, y del que supuestamente serían parte de una nueva dependencia conocida como “Subsecretaría de Auditoría y Control”.
La investigación arrojó el nombre de una persona identificada como Norma Judith Loredo Hernandez, quien de acuerdo a documentos, testimonios y otras pruebas, habría sido la encargada de operar este fraude contra alrededor de 500 personas en la entidad potosina
Pero… ¿quién es Norma Judith Loredo Hernández?
Su nombre se ha relacionado con actividades públicas relacionadas con la cercanía a los sitios rurales o comunidades indígenas.
En agosto de 2022 fue electa como coordinadora estatal de la Unión Campesina Democrática (UCD) tras participar en la convocatoria en la que fue planilla única.
En el directorio de México Blanco (identificada como una asociación civil dedicada a atender condiciones de vulnerabilidad en el país) aparece como directora nacional de Estrategia para el fomento de Procuración de Fondos. Asociación que, según su sitio web, sustenta sus actividades mediante donaciones voluntarias.
Una búsqueda en redes sociales la identifica como Gobernadora Estatal Indígena de San Luis Potosí, agrupación perteneciente al Gobierno Nacional Originario Indigena y el Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios y Comunidades indígenas, lo que indicaría que se trata de un perfil público con carácter de cumplimiento de una función social y que goza de cierta reputación.
No obstante, fuentes cercanas a La Orquesta constataron que el nombramiento del Consejo Nacional Indígena y grupos de “gobernadores indígenas” son una organización de alcance nacional en la que participan personas que se autodenominan “indígenas”, sin serlo; desconocen la discusión y problemática acerca de los pueblos indígenas y solo emplean un disfraz folclorista para hacerse de recursos públicos
El 14 de junio de este año, se denunció a Norma Loredo a través de redes sociales, por su participación en la oferta de casas. Ahí mismo, alertan a la comunidad Teenek de la Huasteca, para hacer caso omiso en caso de sostener algún contacto con Norma Loredo y en la que se identifica su antecedente con el modus operandi de la SEP, ahora en presunta complicidad con Julio Cesar Chavez Hernandez.
El 13 de marzo de este año, otra publicación la identificaba como parte de la misma operación de plazas en la SEP, ahora en contubernio con dos personas y extendiendo operaciones en la zona Huasteca. Una de ellas de nombre Karyme Novoa Jonguitud, de Ciudad Valles, quien recluta a los supuestos aspirantes y recibiría los recursos que aportaban para su contratación. Otra de ellas, identificada como Soraya Arredondo, quien trabajaba junto a Norma Loredo en su despacho de la calle Mariano Ávila, en la capital potosina.
Desde febrero de 2024 su nombre aparece relacionado con la operación del mismo esquema de fraude, con presencia en la zona Centro y Huasteca de la entidad potosina. Ahí, presuntos enganchadores ofrecían sueldos desde los 25 hasta 50 mil pesos, y en los que se les solicitaron hasta seis mil pesos, para obtener un contrato de trabajo en puestos de inspectores y de promotores de proyectos en la SEP, así como otros cargos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
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El secretario Guadalupe Torres Sánchez hizo un llamado a no bajar la guardia y pidió a los municipios reforzar labores de desazolve
Por: Redacción
El secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, informó que aunque las recientes lluvias en el estado han sido beneficiosas para la captación de agua en presas, también exigen atención preventiva en zonas vulnerables. En ese sentido, indicó que el único río que actualmente se mantiene en nivel máximo de observación es el Río Valles, sin representar aún un riesgo, pero con vigilancia permanente.
“El de Valles ya está al nivel máximo, sin que haya riesgo, pero sí amerita seguimiento. Todos los demás ríos como el Micos, Pujal, Tamuín, Santa Rosa y El Naranjo no representan ningún problema hasta ahora”, señaló.
Respecto a las presas, Torres Sánchez detalló que los niveles actuales son alentadores: La Lajilla ya se encuentra al 100% de su capacidad, mientras que El Peaje está al 89%, seguida de El Realito y la Cañada del Lobo. La que presenta menor captación es El Potosino, con apenas 40%
Torres lanzó además un exhorto a los gobiernos municipales, en especial al de la capital potosina, para que intensifiquen las acciones de limpieza y desazolve en alcantarillas y calles, con el fin de evitar anegamientos y problemas en la movilidad urbana:
“Es momento de ponernos las pilas. Es responsabilidad de cada ayuntamiento salir a las calles a limpiar donde se requiera, y evitar problemas con las lluvias.”
Finalmente, reiteró que aunque se mantiene vigilancia activa en varios puntos del estado, las lluvias hasta el momento han traído más beneficios que complicaciones.
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