Estado
Ciudadanos promueven iniciativa para regular uso de pirotecnia
Activistas promoverán adiciones a la ley Ambiental del Estado para evitar la contaminación auditiva provocada por explosivos pirotécnicos
Por: Redacción
Arely Torres Miranda, activista, y Oswaldo Ríos Medrano, consultor, dieron a conocer a través la presentación en conjunto de una iniciativa ciudadana para para adicionar un segundo párrafo al artículo 95 de la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí con el propósito de salvaguardar el derecho de las personas “a un medio ambiente sin contaminación auditiva producto del uso de pirotecnia explosiva”.
En el documento se menciona que la intención de esta propuesta no es prohibir la pirotécnia, como han pretendido algunos diputados en el congreso local, sino una regulación responsable y respetuosa de quienes practican y se benefician de esta actividad.
“Nosotros no queremos que se prohíba la comercialización y uso de la pirotecnia porque sabemos que hay familias que tienen un ingreso económico de esta actividad y reconocemos la utilizan en festejos tradicionales. Lo que nosotros exigimos es una regulación responsable que sea respetuosa de los derechos de todos”, señaló el documento.
La propuesta refirió que existe un tipo específico de pirotecnia explosiva de alta sonoridad que se usa en fiestas patronales y festejos de fin de año que, de acuerdo al boletín emitido, “violenta el derecho de adultos mayores, personas enfermas, infantes y bebés a un medio ambiente sin contaminación auditiva; maltrata a los animales domésticos a quienes esas detonaciones provocan alteraciones nerviosas graves; además de que fomenta psicosis social al confundirse fácilmente con el sonido de armas de fuego”. 
La iniciativa contemplará que el Congreso del Estado prohíba “la distribución, comercio, uso y venta al público de fuegos pirotécnicos explosivos con fines de entretenimiento, cuyos efectos audibles o sonoros sean superiores a 85 decibeles”. Esta regulación, según detallaron, se encuentra dentro de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para evitar la exposición a sonidos insoportables que pueden provocar pérdida de la capacidad auditiva.
Arely torres y Oswaldo Ríos aseguraron que con esta reforma “se garantizaría el derecho al trabajo de las personas que viven de la pirotecnia, pero se evitaría que comercialicen palomas gigantes, cohetones de gran explosividad, pequeños petardos, y cohetes de distintos tamaños que al detonar tienen la capacidad de amputar partes del cuerpo, e incluso provocar la muerte de personas y animales, además de graves incendios, tal como ya lamentablemente ha ocurrido”.
Torres Miranda y Rios Medrano confiaron en que su reforma sea aprobada “para que San Luis Potosí sea ejemplo nacional de que es posible regular la pirotecnia para proteger la salud de las personas y evitar el maltrato de animales domésticos”.
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La iniciativa de Cuauhtli Badillo plantea incorporar el delito de ecocidio al Código Penal estatal, con multas de hasta 10 mil UMAs y sanciones mayores cuando haya daños en áreas naturales protegidas o participación de servidores públicos
Por: Redacción
El diputado local Cuauhtli Badillo Moreno presentó una iniciativa para incorporar el delito de ecocidio al Código Penal de San Luis Potosí, con penas de seis a 14 años de prisión y multas de cinco mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuando se provoquen daños graves, sustanciales o irreparables al medio ambiente.
La propuesta busca sancionar conductas que ocasionen la destrucción de ecosistemas, la alteración de sus funciones ecológicas, la afectación de especies endémicas o en peligro de extinción y la contaminación de cuerpos de agua o suelos con sustancias y residuos peligrosos.
De acuerdo con la iniciativa, se consideraría ecocidio la destrucción, pérdida total o daño irreparable a un ecosistema que abarque una superficie igual o mayor a 10 hectáreas, así como las afectaciones que alteren sustancialmente sus funciones ecológicas durante al menos cuatro meses continuos.
El proyecto también contempla sanciones para quienes dañen el hábitat de especies amenazadas o en peligro de extinción, cuando la afectación ponga en riesgo su supervivencia o su viabilidad genética y poblacional. Asimismo, incluye la contaminación de aguas superficiales, subterráneas, acuíferos o suelos mediante descargas o depósitos no autorizados de sustancias peligrosas.
Las penas podrían incrementarse hasta en una tercera parte cuando el delito se cometa en áreas naturales protegidas de competencia estatal o municipal, así como en zonas declaradas de restauración ecológica.
En caso de que un servidor público cometa, permita o encubra el ecocidio, con conocimiento de la ilegalidad o de la inminencia del daño, la iniciativa plantea aumentar las penas hasta en una mitad, además de su destitución e inhabilitación de 10 a 20 años para ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
La propuesta establece también que las personas físicas o jurídicas responsables estarían obligadas a la reparación integral del daño ambiental, con prioridad en la restitución y restauración de los ecosistemas afectados, independientemente de las sanciones penales y económicas.
Badillo Moreno argumentó que la falta de esta figura penal en la legislación local deja al medio ambiente vulnerable ante actividades de explotación que pueden ocasionar la pérdida de la riqueza biológica del estado.
La iniciativa fue turnada a las comisiones Primera de Justicia y de Ecología y Medio Ambiente del Congreso del Estado para su análisis.
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El gobierno municipal realiza trabajos de succión y mantenimiento de la red sanitaria; señala a Interapas por la falta de atención a problemas recurrentes
Por: Redacción
El Gobierno Municipal de Villa de Pozos reforzó los trabajos preventivos en al menos 20 puntos con problemas de drenaje, encharcamientos y acumulación de aguas residuales, ante las lluvias y los riesgos sanitarios que representan para las familias.
José Luis Blanc Ramírez, director del Agua Municipal, informó que las cuadrillas realizan labores de succión, sondeo y revisión de la red sanitaria, con apoyo de una unidad Vactor para retirar aguas negras y pluviales en zonas con afectaciones recurrentes.
Entre los puntos atendidos se encuentran las calles 75 y 73, Andador Cedros, el fraccionamiento Umbral y Plaza Las Águilas, donde se busca reducir los encharcamientos y prevenir focos de infección derivados de la acumulación de aguas residuales.
El funcionario señaló que estas labores corresponden al organismo operador Interapas
Las cuadrillas también realizaron trabajos de mantenimiento y revisión en 16 de Septiembre, Antiguo Camino a Santa María, Julián de los Reyes, calle 87 y Jacinto Lárraga, entre otros sectores, para detectar obstrucciones y favorecer el desalojo de aguas residuales.
Blanc Ramírez indicó que el Ayuntamiento mantendrá las acciones preventivas y la atención a los reportes ciudadanos; sin embargo, advirtió que la succión de aguas residuales es una solución temporal y que corresponde a Interapas reparar y rehabilitar la infraestructura dañada.
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La competencia “Un Legado a la Nación” estaba programada para este domingo y contaba con más de mil participantes inscritos
Por: Redacción
El Congreso del Estado anunció la suspensión temporal de la carrera atlética “Un Legado a la Nación”, programada para este domingo 11 de octubre, luego de que el Ayuntamiento de San Luis Potosí negara el permiso para realizarla.
Luis Fernando Gámez Macías, presidente de la Directiva del Congreso, informó que la decisión municipal impide llevar a cabo la competencia, organizada en coordinación con el Instituto Potosino del Deporte (INPODE).
De acuerdo con el boletín legislativo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana municipal notificó mediante un oficio que no era posible autorizar la actividad ni asignar oficiales para su realización.
La suspensión afecta a más de mil personas inscritas, entre ellas niñas, niños, jóvenes, familias con mascotas y atletas de alto rendimiento que participarían en las distancias de 3, 5 y 10 kilómetros.
Ante esta situación, Gámez Macías señaló que se realizarán las gestiones para reprogramar la carrera y buscar una nueva sede, con dos opciones sobre la mesa: el Parque Tangamanga I o el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.
El Congreso del Estado y el INPODE informarán posteriormente la nueva fecha, el horario y el lugar de la competencia.
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