septiembre 13, 2026

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Estado

Ciudadanos promueven iniciativa para regular uso de pirotecnia

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Activistas promoverán adiciones a la ley Ambiental del Estado para evitar la contaminación auditiva provocada por explosivos pirotécnicos

Por: Redacción

Arely Torres Miranda, activista, y Oswaldo Ríos Medrano, consultor, dieron a conocer a través la presentación en conjunto de una iniciativa ciudadana para para adicionar un segundo párrafo al artículo 95 de la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí con el propósito de salvaguardar el derecho de las personas “a un medio ambiente sin contaminación auditiva producto del uso de pirotecnia explosiva”.

En el documento se menciona que la intención de esta propuesta no es prohibir la pirotécnia, como han pretendido algunos diputados en el congreso local, sino una regulación responsable y respetuosa de quienes practican y se benefician de esta actividad.

“Nosotros no queremos que se prohíba la comercialización y uso de la pirotecnia porque sabemos que hay familias que tienen un ingreso económico de esta actividad y reconocemos la utilizan en festejos tradicionales. Lo que nosotros exigimos es una regulación responsable que sea respetuosa de los derechos de todos”, señaló el documento.

La propuesta refirió que existe un tipo específico de pirotecnia explosiva de alta sonoridad que se usa en fiestas patronales y festejos de fin de año que, de acuerdo al boletín emitido, “violenta el derecho de adultos mayores, personas enfermas, infantes y bebés a un medio ambiente sin contaminación auditiva; maltrata a los animales domésticos a quienes esas detonaciones provocan alteraciones nerviosas graves; además de que fomenta psicosis social al confundirse fácilmente con el sonido de armas de fuego”.

La iniciativa contemplará que el Congreso del Estado prohíba “la distribución, comercio, uso y venta al público de fuegos pirotécnicos explosivos con fines de entretenimiento, cuyos efectos audibles o sonoros sean superiores a 85 decibeles”. Esta regulación, según detallaron, se encuentra dentro de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para evitar la exposición a sonidos insoportables que pueden provocar pérdida de la capacidad auditiva.

Arely torres y Oswaldo Ríos aseguraron que con esta reforma “se garantizaría el derecho al trabajo de las personas que viven de la pirotecnia, pero se evitaría que comercialicen palomas gigantes, cohetones de gran explosividad, pequeños petardos, y cohetes de distintos tamaños que al detonar tienen la capacidad de amputar partes del cuerpo, e incluso provocar la muerte de personas y animales, además de graves incendios, tal como ya lamentablemente ha ocurrido”.

Torres Miranda y Rios Medrano confiaron en que su reforma sea aprobada “para que San Luis Potosí sea ejemplo nacional de que es posible regular la pirotecnia para proteger la salud de las personas y evitar el maltrato de animales domésticos”.

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Congreso del Estado

Familias de desaparecidos podrían acceder a herencias y seguros tras reducir plazo legal en SLP

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La Comisión Segunda de Justicia aprobó la reforma al Código Civil de SLP para desapariciones durante guerras, naufragios, inundaciones o siniestros similares se plantean dos años

Por: Redacción

La Comisión Segunda de Justicia del Congreso del Estado aprobó un dictamen para modificar el Código Civil de San Luis Potosí y reducir los plazos para que, en determinados casos, pueda declararse la presunción de muerte de una persona desaparecida, con el objetivo de que sus familiares puedan acceder a derechos patrimoniales y sociales.

La propuesta establece que, cuando una persona desaparezca durante una guerra, un naufragio, una inundación u otro siniestro similar, podrían transcurrir dos años desde la desaparición para solicitar la presunción de muerte, sin que sea necesario declarar previamente su ausencia.

El plazo sería considerablemente menor —seis meses— cuando la desaparición ocurra como consecuencia de un incendio, explosión, terremoto o catástrofe aérea o ferroviaria, siempre que exista una fundada presunción de que la persona se encontraba en el lugar del siniestro.

El mismo plazo de seis meses aplicaría, de aprobarse la reforma, cuando existan datos de prueba que permitan presumir que la desaparición fue consecuencia de un secuestro o desaparición forzada.

La iniciativa también plantea que la solicitud de presunción de muerte se publique hasta tres veces durante el procedimiento sin costo para los familiares, en un proceso que no deberá exceder de 30 días.

La diputada Gabriela López Torres, presidenta de la Comisión Segunda de Justicia, explicó que la reforma busca resolver las consecuencias civiles y familiares que enfrentan quienes tienen a un ser querido desaparecido, sin que esto implique suspender las labores de búsqueda.

“Estas instituciones del estado tienen obligación de buscar hasta el momento del encuentro a esta persona desaparecida; sin embargo, en materia civil y familiar, si necesitamos darle certeza a las personas”, señaló.

De aprobarse en el Pleno, la modificación permitiría a los familiares realizar trámites relacionados con herencias, seguros de vida, pensiones de sobrevivientes y administración de bienes, además de facilitar la disolución del vínculo matrimonial o de una unión de hecho.

La propuesta busca atender así una situación distinta a la investigación sobre el paradero de la persona: mientras las autoridades continuarían obligadas a realizar su búsqueda, sus familiares podrían contar con una vía jurídica para resolver asuntos patrimoniales y familiares derivados de una desaparición prolongada.

El dictamen fue aprobado en comisión y será turnado al Pleno del Congreso del Estado para su discusión y, en su caso, votación.

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Congreso del Estado

Congreso de SLP anuncia acciones legales por hechos violentos ocurridos en el recinto

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El Legislativo afirmó que hubo agresiones físicas y verbales contra diputados y Rita Ozalia Rodríguez

Por: Redacción 

El Congreso del Estado anunció que emprenderá acciones legales por los hechos ocurridos el pasado viernes dentro del recinto legislativo, donde, según acusó, se registraron agresiones físicas y verbales contra diputadas, diputados y la dirigente estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez.

A través de un posicionamiento firmado por las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura, el Congreso señaló a Natalia Castil lo Vera y a sus acompañantes

como responsables de los actos que calificó como violentos, insultantes y contrarios a la civilidad.

De acuerdo con el comunicado, durante el incidente también se hicieron referencias a Gerardo Sánchez Zumaya, quien busca ser candidato a la gubernatura de San Luis Potosí, por lo que el Legislativo consideró que los hechos tuvieron un componente de carácter político-electoral.

El Congreso expresó además su solidaridad con Rita Ozalia Rodríguez Velázquez por lo ocurrido y sostuvo que el recinto legislativo debe ser un espacio donde prevalezcan la seguridad y el respeto.

Las y los legisladores advirtieron que la confrontación política no debe derivar en agresiones ni poner en riesgo la integridad de quienes acuden al Congreso, y señalaron que la libertad de expresión no debe utilizarse, según su postura, como justificación para conductas violentas.

Finalmente, informaron que el área correspondiente del Congreso iniciará las acciones legales que considere pertinentes para sancionar los hechos y evitar nuevos incidentes dentro del recinto.

El posicionamiento no detalla por ahora qué denuncias o procedimientos específicos serán presentados ni ante qué autoridad.

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Asesoría jurídica gratuita llega a los 59 municipios de San Luis Potosí

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El objetivo es acercar la orientación jurídica a comunidades que enfrentan dificultades para trasladarse

Por: Redacción

Las familias de los 59 municipios de San Luis Potosí pueden acceder a asesoría y orientación jurídica gratuita en asuntos civiles, familiares y penales a través del programa La Defensoría en tu Casa.

El esquema busca acercar los servicios de la Defensoría Pública del Estado a las cuatro regiones de la entidad, principalmente mediante su participación en Ferias de Servicios, donde abogados especializados atienden directamente a la población.

Durante una jornada realizada en Tierra Nueva, el titular de la Defensoría Pública del Estado, Edgar Valdez Zavala, señaló que el modelo permite que las personas conozcan sus derechos y reciban orientación legal sin tener que trasladarse hasta la capital u otros municipios para buscar atención.

La asesoría contempla materia civil, familiar y penal, por lo que puede servir como primer contacto para personas que requieren conocer las opciones legales disponibles ante algún conflicto o situación jurídica.

De acuerdo con la dependencia, el programa opera desde el inicio de la actual administración y busca ampliar el acceso a los servicios de defensa pública en comunidades de las distintas regiones del estado.

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