enero 28, 2026

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Ciudadanos Observando presentaría denuncia por presunta malversación en la Procesión del Silencio

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La organización pide al gobernador Ricardo Gallardo exigirle a la Secretaría de Cultura aclarar el destino del dinero obtenido por la renta de sillas

Por: Ana G Silva

La Procesión del Silencio fue organizada este 2022 por la Secretaría de Cultura (Secult), la cual habría recibido el dinero obtenido por la renta de sillas para ver el evento, esto de acuerdo con declaraciones hechas por Tradiciones Potosinas, organización que durante décadas se había hecho cargo del espectáculo. Sin embargo, esta situación podría representar la comisión de un delito por parte de Elizabeth Torres, secretaria de Cultura, y Antonio de Rabinal Gamboa, directora de Fomento Artístico, pues dicho recursos no están contemplados en la Ley de Ingresos de este año, por lo que de haberlos cobrado caerían en un delito de malversación de recursos, situación por la cual la organización Ciudadanos Observando se plantea presentar una denuncia penal:

“Los ciudadanos podemos presentar esa denuncia, pero no puede ser posible que existan autoridades como la Contraloría cuyo trabajo debería ser investigar si hay anomalías y no lo haga. Me parece una forma de confirmar la negligencia o hasta la colusión”, declaró Guadalupe González, vocero de la organización.

El vocero de Ciudadanos Observando dijo que es necesario que la Contraloría vaya al fondo del asunto, pues la Secretaría de Cultura no puede “lavarse las manos, ya que hay evidencia de que el dinero ingresó a alguna cuenta debido a que se cobraron espacios públicos en un evento donde se ve envuelta la dependencia, de ahí la necesidad de que se involucre un tercero para revisar el caso”.

González destacó que es claro que se ofrecieron y cobraron espacios para ver la Procesión del Silencio y el dinero cayó en una cuenta privada, por lo que es responsabilidad de la Secretaría de Cultura saber dicho paradero, pues el negarlo mostraría un serio desconocimiento de los hechos, lo cual habla de una “monumental” irresponsabilidad o de encubrimiento de los hechos.

“Aquí la obligación es de quien sea el responsable, transparentar quién dio los permisos, cuánto dinero ingresó y en qué cuenta terminó y si hay delitos, obviamente se tiene que perseguir. El propio mandatario estatal Ricardo Gallardo Cardona debe exigir una aclaración a la propia Secretaría si ellos lo manejaron y por qué lo ocultaron, si no lo manejaron entonces hay que investigar quién otorgó los permisos, por qué se cobró y todo esto, porque lo que se oculta irremediablemente, lo hemos visto, es porque algo está mal”.

Al cuestionamiento sobre si considera que Elizabeth Torres es la nueva Mónica Rangel de esta gestión, el vocero de la organización comentó que aunque no se manejen la misma cantidad de recursos en la Secretaría de Salud y en la de Cultura, al final un acto de corrupción no se mide por el monto, sino por el hecho:

“Creo que aquí la obligación es la rendición de cuentas, son servidores públicos y están obligados a rendir cuentas a quien así lo solicite, si en este caso se entregó una respuesta a una solicitud de información negando la existencia, pero se cobraron esos espacios. Hay que seguir indagando y aquí la Contraloría del Estado debería de estar abriendo en este momento una investigación e ir a fondo, si se detecta que hay responsabilidades de Elizabeth Torres deberían de tomar ya decisiones inmediatas”.

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Asaltan en carretera 57 a parte del equipo de Sheinbaum 

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El incidente se suscitó en el tramo Matehuala – San Luis Potosí de la ruta federal

Por: Redacción

Integrantes del equipo de logística y avanzada de la presidenta Claudia Sheinbaum fueron asaltados en San Luis Potosí mientras transitaban el tramo Matehuala – San Luis de la carretera federal 57.

El equipo acompañó el fin de semana a la presidenta en la inauguración de la nueva Agencia Nacional de Aduanas, y mientras regresaban por tierra a la Ciudad de México, habrían sido interceptados a la altura de El Huizache, en Guadalcázar.

Una vez detenidos, los delincuentes les quitaron dinero en efectivo, así como cámaras, teléfonos celulares, equipos de comunicación y pertenencias personales. No se han reportado personas lesionadas.

Tras el suceso, se habría implementado un operativo en El Huizache con el fin de identificar a los perpetradores. Al momento, desde la Presidencia no se ha emitido ninguna información al respecto.

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Ciudad

Drenajes colapsados y fugas impulsan posible separación de Interapas

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Paty Aradillas mencionó que el análisis se encuentra en etapa técnica y administrativa: no hay una fecha definida para la separación

Por: Redacción

Patricia Aradillas Aradillas,  presidenta concejal de Villa de Pozos, confirmó que el municipio se encuentra realizando un análisis técnico y administrativo para dejar de depender del organismo operador Interapas y asumir directamente el control del servicio de agua potable y drenaje.

La funcionaria explicó que, si bien existe un convenio vigente con Interapas, las fallas recurrentes en la infraestructura hidráulica

, particularmente en drenajes colapsados y fugas de agua, han generado una problemática constante para la población.

Aradillas Aradillas subrayó que el acceso al agua es una necesidad básica, por lo que el municipio no puede permanecer ajeno a las deficiencias en el servicio, aun cuando la responsabilidad operativa recaiga actualmente en el organismo intermunicipal.

Indicó que la mayoría de los reportes ciudadanos están relacionados con drenajes colapsados y fugas, lo que evidencia la urgencia de replantear el esquema de operación del sistema hidráulico en Villa de Pozos.

Aunque aclaró que no existe una fecha definida para una eventual separación, señaló que el tema se encuentra en fase de estudio, y que una vez concluido el análisis se dará a conocer información más concreta sobre el futuro del servicio.

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Gobernador reprocha sueldos de 80 pesos diarios en Villa Juárez

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Tras la denuncia del sindicato de Villa Juárez, el mandatario señaló el abandono de algunas autoridades

Por: Redacción

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, calificó como “una burla” que trabajadores del Ayuntamiento de Villa Juárez perciban salarios por debajo del mínimo legal, luego de que el sindicato municipal presentara una denuncia formal por presuntas violaciones a la legislación laboral.

Al ser cuestionado sobre el tema, el mandatario estatal lamentó que este tipo de prácticas sigan ocurriendo en distintos puntos del país y las atribuyó a la falta de sentido humano por parte de algunas autoridades municipales. Aclaró que su señalamiento no se limita exclusivamente a Villa Juárez, sino que responde a un problema estructural que se repite en diversos gobiernos locales.

Gallardo Cardona subrayó que en San Luis Potosí ya se han comenzado a implementar medidas para frenar este tipo de abusos, y puso como ejemplo la reforma que entrará en vigor en febrero, mediante la cual se obliga a los municipios a incrementar el salario de los policías municipales. Advirtió que los alcaldes que no acaten esta disposición serán sancionados directamente, al tratarse de una responsabilidad legal y administrativa.

Las declaraciones del gobernador se dan en el contexto de una denuncia presentada por el Comité del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al Servicio del Ayuntamiento de Villa Juárez

, en la que se acusa al gobierno municipal de pagar sueldos diarios de entre 80 y 200 pesos, muy por debajo del salario mínimo vigente de 315.04 pesos diarios.

De acuerdo con el documento dirigido a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado, estas prácticas se han mantenido de manera constante durante los años 2022, 2023, 2024 y 2025, situación que —según el sindicato— viola tanto la Ley Federal del Trabajo como la legislación estatal que regula a los trabajadores al servicio de instituciones públicas.

El sindicato también señaló que los salarios pagados se encuentran establecidos en un tabulador publicado en el Periódico Oficial del Estado en enero de 2025, lo que consideran una contradicción legal al tratarse de un documento oficial que avala percepciones inferiores al mínimo permitido.

Ante ello, los trabajadores solicitaron la intervención de las autoridades estatales para que se investigue el caso, se regularicen los salarios y se apliquen las sanciones correspondientes al gobierno municipal responsable, con el objetivo de garantizar el respeto a sus derechos laborales.

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