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Ciudadanos Observando presentaría denuncia por presunta malversación en la Procesión del Silencio
La organización pide al gobernador Ricardo Gallardo exigirle a la Secretaría de Cultura aclarar el destino del dinero obtenido por la renta de sillas
Por: Ana G Silva
La Procesión del Silencio fue organizada este 2022 por la Secretaría de Cultura (Secult), la cual habría recibido el dinero obtenido por la renta de sillas para ver el evento, esto de acuerdo con declaraciones hechas por Tradiciones Potosinas, organización que durante décadas se había hecho cargo del espectáculo. Sin embargo, esta situación podría representar la comisión de un delito por parte de Elizabeth Torres, secretaria de Cultura, y Antonio de Rabinal Gamboa, directora de Fomento Artístico, pues dicho recursos no están contemplados en la Ley de Ingresos de este año, por lo que de haberlos cobrado caerían en un delito de malversación de recursos, situación por la cual la organización Ciudadanos Observando se plantea presentar una denuncia penal:
“Los ciudadanos podemos presentar esa denuncia, pero no puede ser posible que existan autoridades como la Contraloría cuyo trabajo debería ser investigar si hay anomalías y no lo haga. Me parece una forma de confirmar la negligencia o hasta la colusión”, declaró Guadalupe González, vocero de la organización.
El vocero de Ciudadanos Observando dijo que es necesario que la Contraloría vaya al fondo del asunto, pues la Secretaría de Cultura no puede “lavarse las manos, ya que hay evidencia de que el dinero ingresó a alguna cuenta debido a que se cobraron espacios públicos en un evento donde se ve envuelta la dependencia, de ahí la necesidad de que se involucre un tercero para revisar el caso”.
González destacó que es claro que se ofrecieron y cobraron espacios para ver la Procesión del Silencio y el dinero cayó en una cuenta privada, por lo que es responsabilidad de la Secretaría de Cultura saber dicho paradero, pues el negarlo mostraría un serio desconocimiento de los hechos, lo cual habla de una “monumental” irresponsabilidad o de encubrimiento de los hechos. 
“Aquí la obligación es de quien sea el responsable, transparentar quién dio los permisos, cuánto dinero ingresó y en qué cuenta terminó y si hay delitos, obviamente se tiene que perseguir. El propio mandatario estatal Ricardo Gallardo Cardona debe exigir una aclaración a la propia Secretaría si ellos lo manejaron y por qué lo ocultaron, si no lo manejaron entonces hay que investigar quién otorgó los permisos, por qué se cobró y todo esto, porque lo que se oculta irremediablemente, lo hemos visto, es porque algo está mal”.
Al cuestionamiento sobre si considera que Elizabeth Torres es la nueva Mónica Rangel de esta gestión, el vocero de la organización comentó que aunque no se manejen la misma cantidad de recursos en la Secretaría de Salud y en la de Cultura, al final un acto de corrupción no se mide por el monto, sino por el hecho:
“Creo que aquí la obligación es la rendición de cuentas, son servidores públicos y están obligados a rendir cuentas a quien así lo solicite, si en este caso se entregó una respuesta a una solicitud de información negando la existencia, pero se cobraron esos espacios. Hay que seguir indagando y aquí la Contraloría del Estado debería de estar abriendo en este momento una investigación e ir a fondo, si se detecta que hay responsabilidades de Elizabeth Torres deberían de tomar ya decisiones inmediatas”.
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El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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