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Ciudadanos Observando presentaría denuncia por presunta malversación en la Procesión del Silencio
La organización pide al gobernador Ricardo Gallardo exigirle a la Secretaría de Cultura aclarar el destino del dinero obtenido por la renta de sillas
Por: Ana G Silva
La Procesión del Silencio fue organizada este 2022 por la Secretaría de Cultura (Secult), la cual habría recibido el dinero obtenido por la renta de sillas para ver el evento, esto de acuerdo con declaraciones hechas por Tradiciones Potosinas, organización que durante décadas se había hecho cargo del espectáculo. Sin embargo, esta situación podría representar la comisión de un delito por parte de Elizabeth Torres, secretaria de Cultura, y Antonio de Rabinal Gamboa, directora de Fomento Artístico, pues dicho recursos no están contemplados en la Ley de Ingresos de este año, por lo que de haberlos cobrado caerían en un delito de malversación de recursos, situación por la cual la organización Ciudadanos Observando se plantea presentar una denuncia penal:
“Los ciudadanos podemos presentar esa denuncia, pero no puede ser posible que existan autoridades como la Contraloría cuyo trabajo debería ser investigar si hay anomalías y no lo haga. Me parece una forma de confirmar la negligencia o hasta la colusión”, declaró Guadalupe González, vocero de la organización.
El vocero de Ciudadanos Observando dijo que es necesario que la Contraloría vaya al fondo del asunto, pues la Secretaría de Cultura no puede “lavarse las manos, ya que hay evidencia de que el dinero ingresó a alguna cuenta debido a que se cobraron espacios públicos en un evento donde se ve envuelta la dependencia, de ahí la necesidad de que se involucre un tercero para revisar el caso”.
González destacó que es claro que se ofrecieron y cobraron espacios para ver la Procesión del Silencio y el dinero cayó en una cuenta privada, por lo que es responsabilidad de la Secretaría de Cultura saber dicho paradero, pues el negarlo mostraría un serio desconocimiento de los hechos, lo cual habla de una “monumental” irresponsabilidad o de encubrimiento de los hechos. 
“Aquí la obligación es de quien sea el responsable, transparentar quién dio los permisos, cuánto dinero ingresó y en qué cuenta terminó y si hay delitos, obviamente se tiene que perseguir. El propio mandatario estatal Ricardo Gallardo Cardona debe exigir una aclaración a la propia Secretaría si ellos lo manejaron y por qué lo ocultaron, si no lo manejaron entonces hay que investigar quién otorgó los permisos, por qué se cobró y todo esto, porque lo que se oculta irremediablemente, lo hemos visto, es porque algo está mal”.
Al cuestionamiento sobre si considera que Elizabeth Torres es la nueva Mónica Rangel de esta gestión, el vocero de la organización comentó que aunque no se manejen la misma cantidad de recursos en la Secretaría de Salud y en la de Cultura, al final un acto de corrupción no se mide por el monto, sino por el hecho:
“Creo que aquí la obligación es la rendición de cuentas, son servidores públicos y están obligados a rendir cuentas a quien así lo solicite, si en este caso se entregó una respuesta a una solicitud de información negando la existencia, pero se cobraron esos espacios. Hay que seguir indagando y aquí la Contraloría del Estado debería de estar abriendo en este momento una investigación e ir a fondo, si se detecta que hay responsabilidades de Elizabeth Torres deberían de tomar ya decisiones inmediatas”.
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La obra, que costó 271 mdp, se construyó violando un amparo, lo cual le costó al municipio 12 millones más
Por: Redacción
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló este miércoles la inhabilitación por 18 años que el Congreso estatal impuso a Xavier Nava Palacios, exalcalde de San Luis Potosí. Con ello, recupera sus derechos políticos y podría postularse en próximas elecciones.
La sanción original derivó de la construcción del puente vehicular sobre el bulevar Antonio Rocha Cordero, entre el Periférico Oriente y la avenida Industrias, que tuvo un costo de 27 millones de pesos. La obra avanzó pese a un amparo que la detenía. Este proyecto, erigido en terrenos del ejido Rancho Viejo La Libertad
Durante la administración actual, el alcalde Enrique Galindo Ceballos pagó 4 millones de pesos como primer abono—de un total de 12 millones pactados— para la compra de esos terrenos y compensar a los ejidatarios afectados.
Sin embargo, la SCJN concordó con la argumentación de Nava y revocó la sanción, poniendo fin a un litigio de cuatro años.
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El fraude no solo se limitó al Gobierno Federal: la denominada “gobernadora indígena” de SLP cuenta con un historial de denuncias por estafar a potosinos
Por: Bernardo Vera
La Orquesta ha dado a conocer el fraude del que varios potosinos han sido víctimas, al ofrecerles una vacante en la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Gobierno Federal, y del que supuestamente serían parte de una nueva dependencia conocida como “Subsecretaría de Auditoría y Control”.
La investigación arrojó el nombre de una persona identificada como Norma Judith Loredo Hernandez, quien de acuerdo a documentos, testimonios y otras pruebas, habría sido la encargada de operar este fraude contra alrededor de 500 personas en la entidad potosina
Pero… ¿quién es Norma Judith Loredo Hernández?
Su nombre se ha relacionado con actividades públicas relacionadas con la cercanía a los sitios rurales o comunidades indígenas.
En agosto de 2022 fue electa como coordinadora estatal de la Unión Campesina Democrática (UCD) tras participar en la convocatoria en la que fue planilla única.
En el directorio de México Blanco (identificada como una asociación civil dedicada a atender condiciones de vulnerabilidad en el país) aparece como directora nacional de Estrategia para el fomento de Procuración de Fondos. Asociación que, según su sitio web, sustenta sus actividades mediante donaciones voluntarias.
Una búsqueda en redes sociales la identifica como Gobernadora Estatal Indígena de San Luis Potosí, agrupación perteneciente al Gobierno Nacional Originario Indigena y el Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios y Comunidades indígenas, lo que indicaría que se trata de un perfil público con carácter de cumplimiento de una función social y que goza de cierta reputación.
No obstante, fuentes cercanas a La Orquesta constataron que el nombramiento del Consejo Nacional Indígena y grupos de “gobernadores indígenas” son una organización de alcance nacional en la que participan personas que se autodenominan “indígenas”, sin serlo; desconocen la discusión y problemática acerca de los pueblos indígenas y solo emplean un disfraz folclorista para hacerse de recursos públicos
El 14 de junio de este año, se denunció a Norma Loredo a través de redes sociales, por su participación en la oferta de casas. Ahí mismo, alertan a la comunidad Teenek de la Huasteca, para hacer caso omiso en caso de sostener algún contacto con Norma Loredo y en la que se identifica su antecedente con el modus operandi de la SEP, ahora en presunta complicidad con Julio Cesar Chavez Hernandez.
El 13 de marzo de este año, otra publicación la identificaba como parte de la misma operación de plazas en la SEP, ahora en contubernio con dos personas y extendiendo operaciones en la zona Huasteca. Una de ellas de nombre Karyme Novoa Jonguitud, de Ciudad Valles, quien recluta a los supuestos aspirantes y recibiría los recursos que aportaban para su contratación. Otra de ellas, identificada como Soraya Arredondo, quien trabajaba junto a Norma Loredo en su despacho de la calle Mariano Ávila, en la capital potosina.
Desde febrero de 2024 su nombre aparece relacionado con la operación del mismo esquema de fraude, con presencia en la zona Centro y Huasteca de la entidad potosina. Ahí, presuntos enganchadores ofrecían sueldos desde los 25 hasta 50 mil pesos, y en los que se les solicitaron hasta seis mil pesos, para obtener un contrato de trabajo en puestos de inspectores y de promotores de proyectos en la SEP, así como otros cargos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
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El secretario Guadalupe Torres Sánchez hizo un llamado a no bajar la guardia y pidió a los municipios reforzar labores de desazolve
Por: Redacción
El secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, informó que aunque las recientes lluvias en el estado han sido beneficiosas para la captación de agua en presas, también exigen atención preventiva en zonas vulnerables. En ese sentido, indicó que el único río que actualmente se mantiene en nivel máximo de observación es el Río Valles, sin representar aún un riesgo, pero con vigilancia permanente.
“El de Valles ya está al nivel máximo, sin que haya riesgo, pero sí amerita seguimiento. Todos los demás ríos como el Micos, Pujal, Tamuín, Santa Rosa y El Naranjo no representan ningún problema hasta ahora”, señaló.
Respecto a las presas, Torres Sánchez detalló que los niveles actuales son alentadores: La Lajilla ya se encuentra al 100% de su capacidad, mientras que El Peaje está al 89%, seguida de El Realito y la Cañada del Lobo. La que presenta menor captación es El Potosino, con apenas 40%
Torres lanzó además un exhorto a los gobiernos municipales, en especial al de la capital potosina, para que intensifiquen las acciones de limpieza y desazolve en alcantarillas y calles, con el fin de evitar anegamientos y problemas en la movilidad urbana:
“Es momento de ponernos las pilas. Es responsabilidad de cada ayuntamiento salir a las calles a limpiar donde se requiera, y evitar problemas con las lluvias.”
Finalmente, reiteró que aunque se mantiene vigilancia activa en varios puntos del estado, las lluvias hasta el momento han traído más beneficios que complicaciones.
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