noviembre 20, 2025

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Ciudadanos Observando presentaría denuncia por presunta malversación en la Procesión del Silencio

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La organización pide al gobernador Ricardo Gallardo exigirle a la Secretaría de Cultura aclarar el destino del dinero obtenido por la renta de sillas

Por: Ana G Silva

La Procesión del Silencio fue organizada este 2022 por la Secretaría de Cultura (Secult), la cual habría recibido el dinero obtenido por la renta de sillas para ver el evento, esto de acuerdo con declaraciones hechas por Tradiciones Potosinas, organización que durante décadas se había hecho cargo del espectáculo. Sin embargo, esta situación podría representar la comisión de un delito por parte de Elizabeth Torres, secretaria de Cultura, y Antonio de Rabinal Gamboa, directora de Fomento Artístico, pues dicho recursos no están contemplados en la Ley de Ingresos de este año, por lo que de haberlos cobrado caerían en un delito de malversación de recursos, situación por la cual la organización Ciudadanos Observando se plantea presentar una denuncia penal:

“Los ciudadanos podemos presentar esa denuncia, pero no puede ser posible que existan autoridades como la Contraloría cuyo trabajo debería ser investigar si hay anomalías y no lo haga. Me parece una forma de confirmar la negligencia o hasta la colusión”, declaró Guadalupe González, vocero de la organización.

El vocero de Ciudadanos Observando dijo que es necesario que la Contraloría vaya al fondo del asunto, pues la Secretaría de Cultura no puede “lavarse las manos, ya que hay evidencia de que el dinero ingresó a alguna cuenta debido a que se cobraron espacios públicos en un evento donde se ve envuelta la dependencia, de ahí la necesidad de que se involucre un tercero para revisar el caso”.

González destacó que es claro que se ofrecieron y cobraron espacios para ver la Procesión del Silencio y el dinero cayó en una cuenta privada, por lo que es responsabilidad de la Secretaría de Cultura saber dicho paradero, pues el negarlo mostraría un serio desconocimiento de los hechos, lo cual habla de una “monumental” irresponsabilidad o de encubrimiento de los hechos.

“Aquí la obligación es de quien sea el responsable, transparentar quién dio los permisos, cuánto dinero ingresó y en qué cuenta terminó y si hay delitos, obviamente se tiene que perseguir. El propio mandatario estatal Ricardo Gallardo Cardona debe exigir una aclaración a la propia Secretaría si ellos lo manejaron y por qué lo ocultaron, si no lo manejaron entonces hay que investigar quién otorgó los permisos, por qué se cobró y todo esto, porque lo que se oculta irremediablemente, lo hemos visto, es porque algo está mal”.

Al cuestionamiento sobre si considera que Elizabeth Torres es la nueva Mónica Rangel de esta gestión, el vocero de la organización comentó que aunque no se manejen la misma cantidad de recursos en la Secretaría de Salud y en la de Cultura, al final un acto de corrupción no se mide por el monto, sino por el hecho:

“Creo que aquí la obligación es la rendición de cuentas, son servidores públicos y están obligados a rendir cuentas a quien así lo solicite, si en este caso se entregó una respuesta a una solicitud de información negando la existencia, pero se cobraron esos espacios. Hay que seguir indagando y aquí la Contraloría del Estado debería de estar abriendo en este momento una investigación e ir a fondo, si se detecta que hay responsabilidades de Elizabeth Torres deberían de tomar ya decisiones inmediatas”.

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Ciudad

Ciudadanos de Villa de Pozos se rebelan: impugnan nombramiento de Aradillas

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Acusaron al Congreso de incumplir el procedimiento de sustitución: señalaron que el Concejo no fue notificado de la renuncia de Rivera Acevedo

Por: Redacción

La designación de la diputada local con licencia Patricia Aradillas Aradillas, como presidenta concejal del recién creado municipio de Villa de Pozos quedó ahora bajo revisión judicial. Ocho habitantes de la localidad promovieron un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano para impugnar el decreto aprobado por el Congreso del Estado.

El recurso —presentado el 19 de noviembre de 2025 ante la Oficialía Mayor del Congreso y el Tribunal Estatal Electoral de San Luis Potosí (TEESLP)— señala como autoridad responsable al Poder Legislativo, al considerar que se vulneró la ley al aprobar la sustitución tras la renuncia de María Teresa Rivera Acevedo, quien encabezaba el Concejo Municipal.

Los promoventes argumentan que no se siguió el procedimiento de sustitución previsto en la Ley Orgánica del Municipio Libre, que el Concejo Municipal jamás fue notificado formalmente de la renuncia de Rivera Acevedo y que la designación viola el artículo 118, fracción IX, de la Constitución local, que prohíbe nombrar a personas con cargo legislativo en órganos municipales.

El juicio está firmado por ocho habitantes de Pozos, encabezados por el activista y representante vecinal Justino Castro Rodríguez, junto a Ma. de los Ángeles Flores Martínez —con trayectoria en órganos electorales—, así como Francisco Ramírez, Tomás Hernández Carranza, Ma. Concepción Martínez Martínez, José Valentín Fraga Ponce, Gerardo Enrique Castillo Cuevas y José Jorge Enrique Castillo Morua.

En su demanda, solicitan que el Congreso remita el caso al Tribunal Electoral con el informe circunstanciado y los antecedentes del decreto, para que el TEESLP ejerza control constitucional y legal sobre la designación de Aradillas.

Con esta impugnación, la integración del Concejo Municipal de Villa de Pozos entra en una nueva fase de revisión judicial, y si el Tribunal determina que hubo violaciones al proceso, el nombramiento podría modificarse o incluso anularse.

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Ciudad

Carranza agoniza: solo 40 comercios sobreviven y 80 han cerrado

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Alberto Narváez dijo que el diseño actual de la ciclovía provoca menos estacionamiento, más tráfico y menos ventas

Por: Redacción

La crisis comercial en la avenida Venustiano Carranza se ha profundizado en 2025. De acuerdo con el empresario y representante del Corredor Cultural Carranza, Alberto Narváez Arochi, la emblemática vialidad hoy sobrevive con solo 40 comercios en operación, mientras que 80 locales han cerrado definitivamente, un golpe histórico para una de las zonas que por décadas fue referente económico y cultural en la capital potosina.

Narváez Arochi explicó que la problemática se agravó tras la promesa municipal de replantear el trazo de la ciclovía, instalada durante la pasada administración.

El diseño actual —sostuvo— ha generado más afectaciones que beneficios: menos espacios de estacionamiento, circulación más conflictiva en ambos sentidos y una caída directa en las ventas

de los comercios.

Ojalá no quede como otra promesa más”, advirtió el empresario. Para él, la raíz del problema es la movilidad, no la ciclovía en sí.

Además, señaló que la ciclovía, en su trazo actual, no cumple su función, pues pocos ciclistas la utilizan. La mayoría prefiere circular junto al transporte urbano, lo que evidencia —dijo— que la infraestructura fue mal planeada y no responde a las necesidades reales de quienes se desplazan en bicicleta.

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Siguen los trabajos de restauración en la Huasteca tras inundaciones de octubre

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La diputada Roxana Hernández dijo que el Xantolo ayudó a reactivar parte de la economía y actividad comunitaria

Por: Redacción

La diputada local Roxanna Hernández Ramírez informó que las labores de restauración en la Huasteca potosina continúan, pues varias zonas afectadas por las inundaciones de octubre aún presentan daños significativos.

De acuerdo con la legisladora, se han realizado censos municipales para identificar las áreas más afectadas y a las familias que requieren atención prioritaria, con el fin de que los apoyos sociales lleguen de manera directa. Aun así, afirmó que “hoy por hoy los municipios han logrado levantarse de la crisis”.

Hernández Ramírez destacó que la celebración de Xantolo funcionó como un impulso importante para la reactivación económica y social de las comunidades dañadas. Añadió que diputadas y diputados han realizado diversas visitas a la región y que en los próximos días el Congreso local entregará nuevos apoyos

a las familias afectadas.

Sobre el panorama sanitario, señaló que la Jurisdicción Sanitaria no ha registrado cifras alarmantes de enfermedades derivadas de las inundaciones. Sin embargo, reconoció que persisten problemas de infraestructura y afectaciones en parcelas, pues el río arrasó con gran parte de las pertenencias y terrenos de cultivo de los habitantes.

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