La organización pide al gobernador Ricardo Gallardo exigirle a la Secretaría de Cultura aclarar el destino del dinero obtenido por la renta de sillas

Por: Ana G Silva

La Procesión del Silencio fue organizada este 2022 por la Secretaría de Cultura (Secult), la cual habría recibido el dinero obtenido por la renta de sillas para ver el evento, esto de acuerdo con declaraciones hechas por Tradiciones Potosinas, organización que durante décadas se había hecho cargo del espectáculo. Sin embargo, esta situación podría representar la comisión de un delito por parte de Elizabeth Torres, secretaria de Cultura, y Antonio de Rabinal Gamboa, directora de Fomento Artístico, pues dicho recursos no están contemplados en la Ley de Ingresos de este año, por lo que de haberlos cobrado caerían en un delito de malversación de recursos, situación por la cual la organización Ciudadanos Observando se plantea presentar una denuncia penal:

“Los ciudadanos podemos presentar esa denuncia, pero no puede ser posible que existan autoridades como la Contraloría cuyo trabajo debería ser investigar si hay anomalías y no lo haga. Me parece una forma de confirmar la negligencia o hasta la colusión”, declaró Guadalupe González, vocero de la organización.

El vocero de Ciudadanos Observando dijo que es necesario que la Contraloría vaya al fondo del asunto, pues la Secretaría de Cultura no puede “lavarse las manos, ya que hay evidencia de que el dinero ingresó a alguna cuenta debido a que se cobraron espacios públicos en un evento donde se ve envuelta la dependencia, de ahí la necesidad de que se involucre un tercero para revisar el caso”.

González destacó que es claro que se ofrecieron y cobraron espacios para ver la Procesión del Silencio y el dinero cayó en una cuenta privada, por lo que es responsabilidad de la Secretaría de Cultura saber dicho paradero, pues el negarlo mostraría un serio desconocimiento de los hechos, lo cual habla de una “monumental” irresponsabilidad o de encubrimiento de los hechos.

“Aquí la obligación es de quien sea el responsable, transparentar quién dio los permisos, cuánto dinero ingresó y en qué cuenta terminó y si hay delitos, obviamente se tiene que perseguir. El propio mandatario estatal Ricardo Gallardo Cardona debe exigir una aclaración a la propia Secretaría si ellos lo manejaron y por qué lo ocultaron, si no lo manejaron entonces hay que investigar quién otorgó los permisos, por qué se cobró y todo esto, porque lo que se oculta irremediablemente, lo hemos visto, es porque algo está mal”.

Al cuestionamiento sobre si considera que Elizabeth Torres es la nueva Mónica Rangel de esta gestión, el vocero de la organización comentó que aunque no se manejen la misma cantidad de recursos en la Secretaría de Salud y en la de Cultura, al final un acto de corrupción no se mide por el monto, sino por el hecho:

“Creo que aquí la obligación es la rendición de cuentas, son servidores públicos y están obligados a rendir cuentas a quien así lo solicite, si en este caso se entregó una respuesta a una solicitud de información negando la existencia, pero se cobraron esos espacios. Hay que seguir indagando y aquí la Contraloría del Estado debería de estar abriendo en este momento una investigación e ir a fondo, si se detecta que hay responsabilidades de Elizabeth Torres deberían de tomar ya decisiones inmediatas”.

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