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Cifras de asesinatos y ejecuciones van al alza en México
Debido al aumento en cifras de asesinatos, se espera la participación de elementos federales en 17 regiones clave para combatir los índices delictivos
Por: El Saxofón
En los últimos doce años ha quedado comprobado que el Estado, poco puede hacer para controlar la violencia que asola grandes regiones del país en la mayoría de las 32 entidades que integran la federación.
La criminalidad disminuye en algún punto de la geografía nacional, pero aumenta en otro, desciende la comisión de un delito, pero sube la de otro. Los homicidios se ven con normalidad, los feminicidios son como gotas que derraman el vaso cada tanto.
Las masacres se suceden unas a otras:
El pasado viernes 17 de mayo, por ejemplo, personal militar aseguró una finca en el estado de Jalisco, en la cual fueron rescatadas tres personas que permanecían privadas de su libertad, pero además hallaron al menos 18 bolsas con restos humanos.
En el lugar, un número -hasta ese momento- indeterminado de personas fueron asesinadas y mutiladas, como parte de la estrategia de horror y crueldad con la que el crimen organizado se ha hecho con el monopolio de la violencia en el país.
Este hecho se suma a otros que han ocurrido en el país en los últimos meses, demuestran que al Estado Mexicano necesitará más que buenas intenciones y el despliegue de elementos de la Guardia Nacional para controlar los niveles de violencia que asolan distintos puntos de la República.
El 10 enero un enfrentamiento entre civiles armados dejó 21 muertos en la comunidad Refugio de Hinojosa, perteneciente al municipio de Miguel Alemán en Tamaulipas.
El 20 de enero, siete jóvenes fueron asesinados cuando celebraban una fiesta en un domicilio particular en Cancún, Quintana Roo.
El 15 de febrero, otra vez en Cancún, cinco personas fueron asesinadas en el Bar La Kuka. El ataque dejó además varias personas lesionadas.
El 9 de marzo, 15 personas fueron asesinadas en un ataque armado en un bar de Salamanca, Guanajuato.
El 19 de abril, 13 personas fueron asesinadas durante una fiesta en Minatitlán, Veracruz.
Un comparativo basado en datos oficiales, realizado por el Semanario Zeta, revela que “El despliegue territorial ordenado por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como parte de la estrategia de seguridad que consiste en enviar 600 elementos federales a las zonas de mayor incidencia para que instalen retenes, hagan patrullajes y coadyuven con las autoridades locales en zonas de alta incidencia delictiva en los estados, ha tenido resultados contradictorios en las 17 regiones prioritarias, ubicadas en los estados de Baja California, Nuevo León, Jalisco, Colima, Guerrero, Guanajuato, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Sinaloa, Quintana Roo y Chihuahua“.
Concretamente, Zeta señala que el número de homicidios se redujo en 11 regiones pero en otras siete aumentó.
En paralelo, mientras se redujo la violencia homicida, aumentaron otros delitos como el robo y las lesiones dolosas.
Las regiones en que los homicidios aumentaron fueron Benito Juárez (Cancún) Quintana Roo, donde antes del despliegue federal, se cometieron 99 asesinatos, y después de la llegada de las fuerzas, el pasado 13 de febrero se cometieron 106.
En Ciudad Juárez, Chihuahua antes de la llegada de las fuerzas federales se cometieron, en 69 días se cometieron 148 asesinatos, después de su arribo, en el mismo periodo, ocurrieron 203.
En Coatzacoalcos, Veracruz, previo al operativo federal murieron asesinadas 29 personas; y ya con la presencia federal, fueron 30 los homicidios registrados.
En Reynosa, Tamaulipas los asesinatos pasaron de 29 a 67, luego de la implementación del operativo de fuerzas federales.
En Guadalajara, Jalisco, los homicidios crecieron de 81 a 87.
En Celaya, Guanajuato pasaron de 30 a 48, en un periodo comparado de 42 días; y en Guerrero subieron de 13 a 16.
Recobrar la seguridad y poner fin a la violencia fue promesa de campaña de todos los candidatos, a todos los niveles de gobierno en las pasadas elecciones del 1 julio de 2018.
En el caso de los candidatos presidenciales, los cuatro que llegaron al final de la contienda establecieron como prioridad recuperar la tranquilidad de las familias mexicanas ante el embate de la violencia que a estas alturas ya no distingue posición o clase social. Sin embargo, a estas alturas, ya deberíamos saber que las promesas en materia de seguridad, así como las críticas a quienes ostentan el poder por los magros o nulos resultados, son pura demagogia y un uso político del problema más complejo que afecta al país.
La decisión mayoritaria de los electores otorgó el triunfo al candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y ahora, el tabasqueño, como titular del Ejecutivo Federal, es el responsable de todo lo que ocurre en el país.
Sin embargo, es ingenuo pensar que si hubiera ganado alguien distinto a quien hoy ocupa la titularidad del Ejecutivo la realidad sería distinta.
No hace falta ser adivino, ni un experto, para concluir que ganara quien ganara, el escenario que estamos viendo actualmente en materia de seguridad sería exactamente el mismo.
Si hubiera ganado José Antonio Meade, Ricardo Anaya, o Jaime Rodríguez El Bronco, la violencia tampoco hubiera cesado, y el reclamo sería el mismo.
Sin duda México atraviesa por un oscuro periodo en el que el homicidio es considerado una solución a los problemas internos o entre los grupos criminales. Podrá bajar el número de homicidios, pero no mengua la crueldad, ni la sensación de impunidad que lleva al crimen organizado a producir masacres cada tanto, a cobrar el mayor número de víctimas, con la plena seguridad de que no serán juzgados ni castigados por ello.
A estas alturas, lo más seguro es que Andrés Manuel López Obrador llegue a su primer informe de gobierno, que ha anunciado para el próximo 1 de julio, día de su triunfo en las urnas, con un saldo negativo en materia de seguridad.
Carlos Arreola, Aid Ávila, Ana Dora Cabrera, Daniel Montelongo y Antonio Lorca buscan encabezar el proyecto del partido guinda en SLP
Por: Redacción
Cinco perfiles han formalizado sus aspiraciones para encabezar la Coordinación Estatal de la Transformación y la Soberanía Nacional en San Luis Potosí, figura que podría convertirse en la antesala de la candidatura al Gobierno del Estado en 2027 dentro de una posible alianza integrada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Entre los registros destaca el caso del empresario huasteco Gerardo Sánchez Zumaya, quien no logró incorporarse al proceso interno del partido guinda debido a las investigaciones y expedientes federales que mantiene abiertos, por presunto lavado de dinero, huachicolero y otros delitos, mismos por los que se tuvo que amparar para no ser detenido luego de que se supiera que pesa sobre el una orden de aprehensión. Esta circunstancia le impidió poder inscribirse por Morena y solo lo respaldó el Partido del Trabajo, que no tiene ninguna cláusula de filtro para que se registren presuntos delincuentes.
La diferencia quedó reflejada incluso en las constancias de registro difundidas por los aspirantes. Mientras el resto presentan documentos con los emblemas de Morena, PT y PVEM, la constancia de Sánchez Zumaya únicamente contiene el logotipo petista.
Fuentes partidistas señalaron que Morena ha comenzado a aplicar criterios más estrictos para la selección de perfiles, en concordancia con la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para crear mecanismos internos de verificación de antecedentes, operaciones financieras sospechosas y posibles vínculos con actividades ilícitas de quienes aspiren a representar al movimiento en procesos electorales.
Entre quienes sí buscan la Coordinación Estatal se encuentra Aid Ávila, médico originario de la Huasteca Potosina, quien se identifica como fundador tanto del Partido Verde Ecologista como de Morena 
También figura Ana Dora Cabrera Vázquez, periodista y activista con presencia en diversos espacios de participación ciudadana.
Otro de los aspirantes es Daniel Montelongo, militante con trayectoria partidista que se ha caracterizado por mantener una postura crítica hacia diversos actores de Morena y cuestionar públicamente el desempeño de funcionarios y representantes del movimiento.
Por su parte, Carlos Artemio Arreola Mallol, diputado local y presidente del Consejo Político Estatal de Morena, confirmó hace unas semanas su intención de participar en el proceso. Proveniente de una familia con amplia trayectoria política, durante meses posicionó el lema “Es tiempo de mujeres” antes de anunciar formalmente sus aspiraciones.
Finalmente, Antonio Lorca Valle informó que realizó su registro vía electrónica el pasado 24 de junio para buscar la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.
Aunque aún no se han definido los mecanismos finales de selección, el proceso comienza a perfilar a los actores que buscarán encabezar el proyecto político de la llamada Cuarta Transformación en San Luis Potosí rumbo a la sucesión gubernamental de 2027.
También lee: Morena cierra la puerta a Sánchez Zumaya; se registró por el PT
Desde 2021, el acueducto registra interrupciones recurrentes sin solución definitiva; la nueva suspensión deja sin servicio a colonias del norte, centro y oriente de la capital potosina.
Por: Redacción
Los tanques de almacenamiento del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Interapas) dejaron de recibir agua proveniente del acueducto “El Realito” la mañana de este viernes, en lo que sería la interrupción número 72 del sistema desde 2021; 27 colonias de la Zona Metropolitana de San Luis Potosí quedaron sin servicio.
Para reducir el impacto, Interapas activó su protocolo de atención a contingencias, el mismo que aplica en cada suspensión del acueducto: distribuirá agua mediante pipas en las colonias afectadas y pondrá en operación pozos de reserva para amortiguar la falta del líquido.
La suspensión no estuvo acompañada de ningún comunicado oficial por parte de los operadores del sistema “El Realito”, lo que dejó a los usuarios sin información sobre las causas o la duración del corte. Fue Interapas quien activó la contingencia de manera unilateral ante la ausencia de flujo en sus tanques de almacenamiento.
El corte afecta a las colonias Balcones del Valle, Barrio de Santiago, Zona Centro, Himno Nacional secciones 1 y 2, Jardines de Oriente, La Esmeralda, Lomas de Satélite, Maya Mil, Ricardo B. Anaya, San Juan de Guadalupe, Simón Díaz, El Aguaje, Barrio de Tequis, Universitaria, Valle Dorado, Bella Vista, Colonia Jardín, Virreyes, Del Llano, San Patricio, Prados de San Vicente, Cecilia Occelli, Constitución, Viveros, Ciudadela e Independencia.
“El Realito” es el principal acueducto que abastece a la Zona Metropolitana de San Luis Potosí. Desde 2021, el sistema ha acumulado múltiples interrupciones derivadas de fallas en su operación, con una frecuencia que no ha disminuido a lo largo de los años. Con la suspensión de este viernes, el acueducto sumaría 72 fallas en cinco años, incrementando también el número de días totales en que la metrópoli ha dependido de pipas y pozos de emergencia para abastecerse.
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El empresario no pudo inscribirse como aspirante a Coordinador Estatal de Defensa de la Transformación debido a las investigaciones y expedientes federales que mantiene abiertos
Por: Redacción
Gerardo Sánchez Zumaya no logró registrarse como aspirante a Coordinador Estatal de Defensa de la Transformación por Morena debido a las investigaciones y expedientes federales que mantiene abiertos, confirmaron a este medio fuentes del más alto nivel del partido.
Aunque el empresario sugirió públicamente que había participado en el proceso interno del partido guinda, en realidad su registro no prosperó dentro de Morena.
Lo que sí ocurrió fue su inscripción ante el Partido del Trabajo (PT) como posible aspirante a una candidatura rumbo al próximo proceso electoral.
Sin embargo, los estatutos y mecanismos internos de Morena, alineados con la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para depurar candidaturas, representan un obstáculo para la participación de perfiles que enfrentan investigaciones o señalamientos de relevancia pública.
La propuesta presidencial contempla la creación de una Comisión de Verificación encargada de revisar antecedentes penales, operaciones financieras sospechosas y posibles vínculos con actividades ilícitas de quienes aspiren a representar al movimiento en procesos electorales.
Fuentes consultadas señalaron que las investigaciones y expedientes federales relacionados con Sánchez Zumaya fueron determinantes para impedir su incorporación al proceso interno de Morena.
El tema tomó relevancia después de la entrevista que el empresario concedió al periodista Francisco Zea, donde evitó precisar que su registro se realizó a través del PT y dejó abierta la interpretación de que participaba dentro del proceso de Morena.
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