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Cifras de asesinatos y ejecuciones van al alza en México
Debido al aumento en cifras de asesinatos, se espera la participación de elementos federales en 17 regiones clave para combatir los índices delictivos
Por: El Saxofón
En los últimos doce años ha quedado comprobado que el Estado, poco puede hacer para controlar la violencia que asola grandes regiones del país en la mayoría de las 32 entidades que integran la federación.
La criminalidad disminuye en algún punto de la geografía nacional, pero aumenta en otro, desciende la comisión de un delito, pero sube la de otro. Los homicidios se ven con normalidad, los feminicidios son como gotas que derraman el vaso cada tanto.
Las masacres se suceden unas a otras:
El pasado viernes 17 de mayo, por ejemplo, personal militar aseguró una finca en el estado de Jalisco, en la cual fueron rescatadas tres personas que permanecían privadas de su libertad, pero además hallaron al menos 18 bolsas con restos humanos.
En el lugar, un número -hasta ese momento- indeterminado de personas fueron asesinadas y mutiladas, como parte de la estrategia de horror y crueldad con la que el crimen organizado se ha hecho con el monopolio de la violencia en el país.
Este hecho se suma a otros que han ocurrido en el país en los últimos meses, demuestran que al Estado Mexicano necesitará más que buenas intenciones y el despliegue de elementos de la Guardia Nacional para controlar los niveles de violencia que asolan distintos puntos de la República.
El 10 enero un enfrentamiento entre civiles armados dejó 21 muertos en la comunidad Refugio de Hinojosa, perteneciente al municipio de Miguel Alemán en Tamaulipas.
El 20 de enero, siete jóvenes fueron asesinados cuando celebraban una fiesta en un domicilio particular en Cancún, Quintana Roo.
El 15 de febrero, otra vez en Cancún, cinco personas fueron asesinadas en el Bar La Kuka. El ataque dejó además varias personas lesionadas.
El 9 de marzo, 15 personas fueron asesinadas en un ataque armado en un bar de Salamanca, Guanajuato.
El 19 de abril, 13 personas fueron asesinadas durante una fiesta en Minatitlán, Veracruz.
Un comparativo basado en datos oficiales, realizado por el Semanario Zeta, revela que “El despliegue territorial ordenado por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como parte de la estrategia de seguridad que consiste en enviar 600 elementos federales a las zonas de mayor incidencia para que instalen retenes, hagan patrullajes y coadyuven con las autoridades locales en zonas de alta incidencia delictiva en los estados, ha tenido resultados contradictorios en las 17 regiones prioritarias, ubicadas en los estados de Baja California, Nuevo León, Jalisco, Colima, Guerrero, Guanajuato, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Sinaloa, Quintana Roo y Chihuahua“.
Concretamente, Zeta señala que el número de homicidios se redujo en 11 regiones pero en otras siete aumentó.
En paralelo, mientras se redujo la violencia homicida, aumentaron otros delitos como el robo y las lesiones dolosas.
Las regiones en que los homicidios aumentaron fueron Benito Juárez (Cancún) Quintana Roo, donde antes del despliegue federal, se cometieron 99 asesinatos, y después de la llegada de las fuerzas, el pasado 13 de febrero se cometieron 106.
En Ciudad Juárez, Chihuahua antes de la llegada de las fuerzas federales se cometieron, en 69 días se cometieron 148 asesinatos, después de su arribo, en el mismo periodo, ocurrieron 203.
En Coatzacoalcos, Veracruz, previo al operativo federal murieron asesinadas 29 personas; y ya con la presencia federal, fueron 30 los homicidios registrados.
En Reynosa, Tamaulipas los asesinatos pasaron de 29 a 67, luego de la implementación del operativo de fuerzas federales.
En Guadalajara, Jalisco, los homicidios crecieron de 81 a 87.
En Celaya, Guanajuato pasaron de 30 a 48, en un periodo comparado de 42 días; y en Guerrero subieron de 13 a 16.
Recobrar la seguridad y poner fin a la violencia fue promesa de campaña de todos los candidatos, a todos los niveles de gobierno en las pasadas elecciones del 1 julio de 2018.
En el caso de los candidatos presidenciales, los cuatro que llegaron al final de la contienda establecieron como prioridad recuperar la tranquilidad de las familias mexicanas ante el embate de la violencia que a estas alturas ya no distingue posición o clase social. Sin embargo, a estas alturas, ya deberíamos saber que las promesas en materia de seguridad, así como las críticas a quienes ostentan el poder por los magros o nulos resultados, son pura demagogia y un uso político del problema más complejo que afecta al país.
La decisión mayoritaria de los electores otorgó el triunfo al candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y ahora, el tabasqueño, como titular del Ejecutivo Federal, es el responsable de todo lo que ocurre en el país.
Sin embargo, es ingenuo pensar que si hubiera ganado alguien distinto a quien hoy ocupa la titularidad del Ejecutivo la realidad sería distinta.
No hace falta ser adivino, ni un experto, para concluir que ganara quien ganara, el escenario que estamos viendo actualmente en materia de seguridad sería exactamente el mismo.
Si hubiera ganado José Antonio Meade, Ricardo Anaya, o Jaime Rodríguez El Bronco, la violencia tampoco hubiera cesado, y el reclamo sería el mismo.
Sin duda México atraviesa por un oscuro periodo en el que el homicidio es considerado una solución a los problemas internos o entre los grupos criminales. Podrá bajar el número de homicidios, pero no mengua la crueldad, ni la sensación de impunidad que lleva al crimen organizado a producir masacres cada tanto, a cobrar el mayor número de víctimas, con la plena seguridad de que no serán juzgados ni castigados por ello.
A estas alturas, lo más seguro es que Andrés Manuel López Obrador llegue a su primer informe de gobierno, que ha anunciado para el próximo 1 de julio, día de su triunfo en las urnas, con un saldo negativo en materia de seguridad.
Según la investigación de la Fiscalía, un hombre fue detenido, ingresado a las celdas municipales… y después entregado a personas armadas. Hasta hoy sigue desaparecido
Por: Redacción
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) ejecutó varias órdenes de aprehensión por el delito de desaparición forzada relacionadas con un caso ocurrido en Tamazunchale, donde presuntamente participaron policías municipales y civiles en la entrega de un detenido a un grupo armado, cuyo paradero continúa desconocido.
Entre las personas detenidas se encuentra el exdirector de la Policía Municipal de Tamazunchale, Christian Alejandro “N”, quien actualmente ya se encontraba bajo prisión preventiva por delitos contra la salud y portación de arma de fuego, luego de una detención previa realizada por la Guardia Civil Estatal.
Además, la Policía de Investigación (PDI) cumplimentó mandamientos judiciales contra los policías activos Antonio “N” y Yadira “N”, así como contra Claudia “N” y Rodolfo “N”, señalados como presuntos participantes en los hechos registrados el 11 de enero de 2026.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, la víctima fue ingresada inicialmente a las celdas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Tamazunchale. Posteriormente, tres de los implicados habrían entregado al hombre a personas armadas y desde entonces no se conoce su ubicación. 
La FGESLP señaló que las indagatorias permitieron reunir líneas de investigación sólidas para obtener las órdenes de aprehensión contra los cinco implicados.
Las autoridades estatales indicaron que todas las personas detenidas permanecerán recluidas en el centro penitenciario correspondiente mientras se desarrollan las audiencias ante un Juez de Control, donde el Ministerio Público buscará su vinculación a proceso.
El caso ocurre en medio de diversos señalamientos y operativos recientes relacionados con la corporación policiaca de Tamazunchale, uno de los municipios donde las autoridades estatales han reconocido problemas persistentes de seguridad y presencia de grupos delictivos.
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Nancy Jeanine García aseguró que no existe todavía una sesión de cabildo para aprobar la salida de Soledad del Interapas
Por: Redacción
La diputada local Nancy Jeanine García Martínez aseguró que hasta el momento no existe ninguna solicitud formal ni acuerdos oficiales para concretar la desincorporación de Soledad de Graciano Sánchez del organismo Interapas, pese a que autoridades municipales han mencionado públicamente que el proceso podría presentarse antes del 30 de mayo.
La legisladora explicó que, hasta donde tiene conocimiento, ninguno de los cabildos involucrados ha sesionado para abordar el tema, por lo que el procedimiento legal todavía no ha comenzado formalmente.
“No ha habido ni siquiera sesión en los cabildos, en ninguno”, declaró.
García Martínez recordó que la posible salida de Soledad del organismo operador requiere primero la aprobación de la Junta de Gobierno y posteriormente de los cabildos de los municipios involucrados mediante mayoría de votos.
Una vez cumplido ese paso, tendría que ser el propio Interapas quien remita al Congreso del Estado la solicitud oficial de desincorporación para iniciar el análisis legislativo correspondiente.
La diputada señaló que, hasta ahora, el Congreso únicamente se mantiene en espera de que exista un trámite formal y advirtió que el proceso implica una serie de responsabilidades administrativas, financieras y operativas
“No nada más es así como que a la vuelta y mañana ya se me ocurre y quito todo”, expresó.
Entre los aspectos que tendrían que revisarse se encuentran la entrega-recepción del organismo, la definición de responsables administrativos, posibles liquidaciones, manejo financiero y el modelo con el que Soledad garantizaría el suministro de agua potable.
La legisladora insistió en que el Congreso deberá actuar de manera responsable cuando llegue la solicitud formal y aclaró que, mientras no existan acuerdos oficiales en cabildos, no hay ninguna acción legislativa que pueda realizarse.
Finalmente, reiteró que aunque el tema se mantiene en el debate público y político, el procedimiento legal aún no ha comenzado formalmente.
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En redes sociales también surgieron denuncias de presuntas represalias laborales
Por: Redacción
Trabajadores de la Subdelegación Oriente del IMSS en San Luis Potosí denunciaron en redes sociales que desde el pasado lunes permanecen sin servicio de agua potable en las oficinas administrativas ubicadas sobre avenida Universidad, en la colonia El Paseo, situación que ha provocado afectaciones en las condiciones laborales y el funcionamiento básico del inmueble.
De acuerdo con testimonios enviados por empleados, la falta de agua dejó fuera de servicio los sanitarios y obligó al personal a continuar sus actividades en condiciones complicadas mientras la administración buscaba resolver el problema.
“Hola buen día, se les informa que no se cuenta con agua en la subdelegación, los baños estarán fuera de servicio, estamos checando para que se restablezca el servicio pronto”, señala uno de los mensajes internos difundidos entre trabajadores.
Según las denuncias, inicialmente se habló de un posible problema administrativo relacionado con el pago del servicio, aunque posteriormente comenzó a circular entre el personal la versión de que existiría una falla en las bombas del sistema hidráulico.
Trabajadores señalaron que, pese a la falta de agua, personal sindicalizado y de confianza continuó laborando dentro de las instalaciones.
Los empleados indicaron además que durante la mañana del martes se gestionó el envío de una pipa para abastecer temporalmente la cisterna y restablecer parcialmente las operaciones del inmueble.
La subdelegación estaría bajo la responsabilidad de Nereyda Covarrubias Rubio, según mencionaron los denunciantes. Paralelamente, en redes sociales comenzaron a difundirse mensajes de inconformidad por presuntas represalias contra trabajadores que denuncian situaciones internas dentro del IMSS.
Uno de los testimonios publicados corresponde a la enfermera especialista Leticia Ávila González, quien aseguró haber sido rescindida laboralmente tras denunciar públicamente presuntos actos de violencia, acoso y hostigamiento dentro de la institución.
“Es lamentable que el sindicato no defienda a sus trabajadores… no sigan permitiendo que se vulneren sus derechos”, escribió la trabajadora en una publicación difundida en redes sociales.
En otro mensaje compartido entre empleados del instituto, se acusa que mientras a nivel nacional pueden cuestionarse públicamente las deficiencias del IMSS, dentro de la delegación estatal existirían sanciones para quienes señalan directamente a funcionarios locales o personal de confianza.
Los testimonios también cuestionan el actuar del sindicato y denuncian un ambiente de miedo entre la base trabajadora.
Hasta el momento, el IMSS no ha emitido una postura oficial sobre la falta de agua en la Subdelegación Oriente ni sobre las acusaciones difundidas por trabajadores en redes sociales.
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