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Cifras de asesinatos y ejecuciones van al alza en México
Debido al aumento en cifras de asesinatos, se espera la participación de elementos federales en 17 regiones clave para combatir los índices delictivos
Por: El Saxofón
En los últimos doce años ha quedado comprobado que el Estado, poco puede hacer para controlar la violencia que asola grandes regiones del país en la mayoría de las 32 entidades que integran la federación.
La criminalidad disminuye en algún punto de la geografía nacional, pero aumenta en otro, desciende la comisión de un delito, pero sube la de otro. Los homicidios se ven con normalidad, los feminicidios son como gotas que derraman el vaso cada tanto.
Las masacres se suceden unas a otras:
El pasado viernes 17 de mayo, por ejemplo, personal militar aseguró una finca en el estado de Jalisco, en la cual fueron rescatadas tres personas que permanecían privadas de su libertad, pero además hallaron al menos 18 bolsas con restos humanos.
En el lugar, un número -hasta ese momento- indeterminado de personas fueron asesinadas y mutiladas, como parte de la estrategia de horror y crueldad con la que el crimen organizado se ha hecho con el monopolio de la violencia en el país.
Este hecho se suma a otros que han ocurrido en el país en los últimos meses, demuestran que al Estado Mexicano necesitará más que buenas intenciones y el despliegue de elementos de la Guardia Nacional para controlar los niveles de violencia que asolan distintos puntos de la República.
El 10 enero un enfrentamiento entre civiles armados dejó 21 muertos en la comunidad Refugio de Hinojosa, perteneciente al municipio de Miguel Alemán en Tamaulipas.
El 20 de enero, siete jóvenes fueron asesinados cuando celebraban una fiesta en un domicilio particular en Cancún, Quintana Roo.
El 15 de febrero, otra vez en Cancún, cinco personas fueron asesinadas en el Bar La Kuka. El ataque dejó además varias personas lesionadas.
El 9 de marzo, 15 personas fueron asesinadas en un ataque armado en un bar de Salamanca, Guanajuato.
El 19 de abril, 13 personas fueron asesinadas durante una fiesta en Minatitlán, Veracruz.
Un comparativo basado en datos oficiales, realizado por el Semanario Zeta, revela que “El despliegue territorial ordenado por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como parte de la estrategia de seguridad que consiste en enviar 600 elementos federales a las zonas de mayor incidencia para que instalen retenes, hagan patrullajes y coadyuven con las autoridades locales en zonas de alta incidencia delictiva en los estados, ha tenido resultados contradictorios en las 17 regiones prioritarias, ubicadas en los estados de Baja California, Nuevo León, Jalisco, Colima, Guerrero, Guanajuato, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Sinaloa, Quintana Roo y Chihuahua“.
Concretamente, Zeta señala que el número de homicidios se redujo en 11 regiones pero en otras siete aumentó.
En paralelo, mientras se redujo la violencia homicida, aumentaron otros delitos como el robo y las lesiones dolosas.
Las regiones en que los homicidios aumentaron fueron Benito Juárez (Cancún) Quintana Roo, donde antes del despliegue federal, se cometieron 99 asesinatos, y después de la llegada de las fuerzas, el pasado 13 de febrero se cometieron 106.
En Ciudad Juárez, Chihuahua antes de la llegada de las fuerzas federales se cometieron, en 69 días se cometieron 148 asesinatos, después de su arribo, en el mismo periodo, ocurrieron 203.
En Coatzacoalcos, Veracruz, previo al operativo federal murieron asesinadas 29 personas; y ya con la presencia federal, fueron 30 los homicidios registrados.
En Reynosa, Tamaulipas los asesinatos pasaron de 29 a 67, luego de la implementación del operativo de fuerzas federales.
En Guadalajara, Jalisco, los homicidios crecieron de 81 a 87.
En Celaya, Guanajuato pasaron de 30 a 48, en un periodo comparado de 42 días; y en Guerrero subieron de 13 a 16.
Recobrar la seguridad y poner fin a la violencia fue promesa de campaña de todos los candidatos, a todos los niveles de gobierno en las pasadas elecciones del 1 julio de 2018.
En el caso de los candidatos presidenciales, los cuatro que llegaron al final de la contienda establecieron como prioridad recuperar la tranquilidad de las familias mexicanas ante el embate de la violencia que a estas alturas ya no distingue posición o clase social. Sin embargo, a estas alturas, ya deberíamos saber que las promesas en materia de seguridad, así como las críticas a quienes ostentan el poder por los magros o nulos resultados, son pura demagogia y un uso político del problema más complejo que afecta al país.
La decisión mayoritaria de los electores otorgó el triunfo al candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y ahora, el tabasqueño, como titular del Ejecutivo Federal, es el responsable de todo lo que ocurre en el país.
Sin embargo, es ingenuo pensar que si hubiera ganado alguien distinto a quien hoy ocupa la titularidad del Ejecutivo la realidad sería distinta.
No hace falta ser adivino, ni un experto, para concluir que ganara quien ganara, el escenario que estamos viendo actualmente en materia de seguridad sería exactamente el mismo.
Si hubiera ganado José Antonio Meade, Ricardo Anaya, o Jaime Rodríguez El Bronco, la violencia tampoco hubiera cesado, y el reclamo sería el mismo.
Sin duda México atraviesa por un oscuro periodo en el que el homicidio es considerado una solución a los problemas internos o entre los grupos criminales. Podrá bajar el número de homicidios, pero no mengua la crueldad, ni la sensación de impunidad que lleva al crimen organizado a producir masacres cada tanto, a cobrar el mayor número de víctimas, con la plena seguridad de que no serán juzgados ni castigados por ello.
A estas alturas, lo más seguro es que Andrés Manuel López Obrador llegue a su primer informe de gobierno, que ha anunciado para el próximo 1 de julio, día de su triunfo en las urnas, con un saldo negativo en materia de seguridad.
En redes sociales también surgieron denuncias de presuntas represalias laborales
Por: Redacción
Trabajadores de la Subdelegación Oriente del IMSS en San Luis Potosí denunciaron en redes sociales que desde el pasado lunes permanecen sin servicio de agua potable en las oficinas administrativas ubicadas sobre avenida Universidad, en la colonia El Paseo, situación que ha provocado afectaciones en las condiciones laborales y el funcionamiento básico del inmueble.
De acuerdo con testimonios enviados por empleados, la falta de agua dejó fuera de servicio los sanitarios y obligó al personal a continuar sus actividades en condiciones complicadas mientras la administración buscaba resolver el problema.
“Hola buen día, se les informa que no se cuenta con agua en la subdelegación, los baños estarán fuera de servicio, estamos checando para que se restablezca el servicio pronto”, señala uno de los mensajes internos difundidos entre trabajadores.
Según las denuncias, inicialmente se habló de un posible problema administrativo relacionado con el pago del servicio, aunque posteriormente comenzó a circular entre el personal la versión de que existiría una falla en las bombas del sistema hidráulico.
Trabajadores señalaron que, pese a la falta de agua, personal sindicalizado y de confianza continuó laborando dentro de las instalaciones.
Los empleados indicaron además que durante la mañana del martes se gestionó el envío de una pipa para abastecer temporalmente la cisterna y restablecer parcialmente las operaciones del inmueble.
La subdelegación estaría bajo la responsabilidad de Nereyda Covarrubias Rubio, según mencionaron los denunciantes. Paralelamente, en redes sociales comenzaron a difundirse mensajes de inconformidad por presuntas represalias contra trabajadores que denuncian situaciones internas dentro del IMSS. 
Uno de los testimonios publicados corresponde a la enfermera especialista Leticia Ávila González, quien aseguró haber sido rescindida laboralmente tras denunciar públicamente presuntos actos de violencia, acoso y hostigamiento dentro de la institución.
“Es lamentable que el sindicato no defienda a sus trabajadores… no sigan permitiendo que se vulneren sus derechos”, escribió la trabajadora en una publicación difundida en redes sociales.
En otro mensaje compartido entre empleados del instituto, se acusa que mientras a nivel nacional pueden cuestionarse públicamente las deficiencias del IMSS, dentro de la delegación estatal existirían sanciones para quienes señalan directamente a funcionarios locales o personal de confianza.
Los testimonios también cuestionan el actuar del sindicato y denuncian un ambiente de miedo entre la base trabajadora.
Hasta el momento, el IMSS no ha emitido una postura oficial sobre la falta de agua en la Subdelegación Oriente ni sobre las acusaciones difundidas por trabajadores en redes sociales.
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Fueron asegurados equipos de cómputo, aires acondicionados y cuentas bancarias
Por: Redacción
La ejecución de un laudo laboral derivó este martes en el embargo de bienes dentro de la escuela primaria Antero G. González, en Ciudad Valles, luego de que una maestra de inglés obtuviera una sentencia favorable por despido injustificado y falta de pago de prestaciones laborales.
De acuerdo con el abogado de la docente, Matilde Hernández, el tribunal laboral ya había emitido una resolución definitiva desde febrero de 2026, en la que se ordenó cubrir salarios caídos, prestaciones, cuotas ante el Seguro Social y además reinstalar a la trabajadora en su puesto.
Sin embargo, al no cumplirse la sentencia, personal judicial acudió al plantel educativo para ejecutar el embargo de diversos bienes propiedad de la institución y de la sociedad de padres de familia.
Entre los bienes asegurados se encuentran equipos de cómputo, aires acondicionados y cuentas bancarias, los cuales podrían ser rematados o intervenidos legalmente si continúa el incumplimiento.
El litigante explicó que la maestra fue separada de su cargo en 2024 y señaló que la decisión habría sido tomada por el director del plantel, Xenón Hernández Hernández, a quien calificó como el “autor intelectual” del despido.
Asimismo, indicó que el adeudo continúa creciendo debido a salarios caídos y otras prestaciones acumuladas, por lo que actualmente la cantidad reclamada supera los 507 mil pesos.
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El proyecto busca apoyar a pacientes renales que actualmente enfrentan altos costos y largos traslados
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que ya iniciaron los estudios para la construcción de los primeros dos centros de hemodiálisis gratuitos en la entidad, los cuales estarán ubicados en Soledad de Graciano Sánchez y Tamazunchale, aunque adelantó que el proyecto contempla expandirse a todas las regiones del estado.
El mandatario estatal explicó que la intención es crear una red de atención para pacientes renales que permita acercar tratamientos especializados a personas que actualmente enfrentan altos costos médicos y largos traslados para recibir atención.
“La idea es contar con al menos un centro de hemodiálisis en cada región del estado”, adelantó.
Gallardo recordó que la semana pasada ya había anunciado la instalación de una clínica especializada dentro de una Clínica Rosa en Soledad de Graciano Sánchez; sin embargo, ahora confirmó que el proyecto no se limitará a la zona metropolitana y comenzará también en la Huasteca potosina
En el caso de Soledad, el nuevo centro de hemodiálisis se instalaría en el inmueble que anteriormente funcionaba como Unidad Administrativa Municipal, luego de que el ayuntamiento trasladara sus oficinas a un nuevo complejo sobre avenida San Pedro.
El gobernador detalló que el espacio será reacondicionado para funcionar como unidad médica especializada y contará inicialmente con al menos cuatro máquinas de hemodiálisis, con capacidad para atender a pacientes del municipio y zonas cercanas.
Además, señaló que el Ayuntamiento de Soledad apoyará con la adquisición de medicamentos necesarios para los tratamientos.
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