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Cifras de asesinatos y ejecuciones van al alza en México
Debido al aumento en cifras de asesinatos, se espera la participación de elementos federales en 17 regiones clave para combatir los índices delictivos
Por: El Saxofón
En los últimos doce años ha quedado comprobado que el Estado, poco puede hacer para controlar la violencia que asola grandes regiones del país en la mayoría de las 32 entidades que integran la federación.
La criminalidad disminuye en algún punto de la geografía nacional, pero aumenta en otro, desciende la comisión de un delito, pero sube la de otro. Los homicidios se ven con normalidad, los feminicidios son como gotas que derraman el vaso cada tanto.
Las masacres se suceden unas a otras:
El pasado viernes 17 de mayo, por ejemplo, personal militar aseguró una finca en el estado de Jalisco, en la cual fueron rescatadas tres personas que permanecían privadas de su libertad, pero además hallaron al menos 18 bolsas con restos humanos.
En el lugar, un número -hasta ese momento- indeterminado de personas fueron asesinadas y mutiladas, como parte de la estrategia de horror y crueldad con la que el crimen organizado se ha hecho con el monopolio de la violencia en el país.
Este hecho se suma a otros que han ocurrido en el país en los últimos meses, demuestran que al Estado Mexicano necesitará más que buenas intenciones y el despliegue de elementos de la Guardia Nacional para controlar los niveles de violencia que asolan distintos puntos de la República.
El 10 enero un enfrentamiento entre civiles armados dejó 21 muertos en la comunidad Refugio de Hinojosa, perteneciente al municipio de Miguel Alemán en Tamaulipas.
El 20 de enero, siete jóvenes fueron asesinados cuando celebraban una fiesta en un domicilio particular en Cancún, Quintana Roo.
El 15 de febrero, otra vez en Cancún, cinco personas fueron asesinadas en el Bar La Kuka. El ataque dejó además varias personas lesionadas.
El 9 de marzo, 15 personas fueron asesinadas en un ataque armado en un bar de Salamanca, Guanajuato.
El 19 de abril, 13 personas fueron asesinadas durante una fiesta en Minatitlán, Veracruz.
Un comparativo basado en datos oficiales, realizado por el Semanario Zeta, revela que “El despliegue territorial ordenado por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como parte de la estrategia de seguridad que consiste en enviar 600 elementos federales a las zonas de mayor incidencia para que instalen retenes, hagan patrullajes y coadyuven con las autoridades locales en zonas de alta incidencia delictiva en los estados, ha tenido resultados contradictorios en las 17 regiones prioritarias, ubicadas en los estados de Baja California, Nuevo León, Jalisco, Colima, Guerrero, Guanajuato, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Sinaloa, Quintana Roo y Chihuahua“.
Concretamente, Zeta señala que el número de homicidios se redujo en 11 regiones pero en otras siete aumentó.
En paralelo, mientras se redujo la violencia homicida, aumentaron otros delitos como el robo y las lesiones dolosas.
Las regiones en que los homicidios aumentaron fueron Benito Juárez (Cancún) Quintana Roo, donde antes del despliegue federal, se cometieron 99 asesinatos, y después de la llegada de las fuerzas, el pasado 13 de febrero se cometieron 106.
En Ciudad Juárez, Chihuahua antes de la llegada de las fuerzas federales se cometieron, en 69 días se cometieron 148 asesinatos, después de su arribo, en el mismo periodo, ocurrieron 203.
En Coatzacoalcos, Veracruz, previo al operativo federal murieron asesinadas 29 personas; y ya con la presencia federal, fueron 30 los homicidios registrados.
En Reynosa, Tamaulipas los asesinatos pasaron de 29 a 67, luego de la implementación del operativo de fuerzas federales.
En Guadalajara, Jalisco, los homicidios crecieron de 81 a 87.
En Celaya, Guanajuato pasaron de 30 a 48, en un periodo comparado de 42 días; y en Guerrero subieron de 13 a 16.
Recobrar la seguridad y poner fin a la violencia fue promesa de campaña de todos los candidatos, a todos los niveles de gobierno en las pasadas elecciones del 1 julio de 2018.
En el caso de los candidatos presidenciales, los cuatro que llegaron al final de la contienda establecieron como prioridad recuperar la tranquilidad de las familias mexicanas ante el embate de la violencia que a estas alturas ya no distingue posición o clase social. Sin embargo, a estas alturas, ya deberíamos saber que las promesas en materia de seguridad, así como las críticas a quienes ostentan el poder por los magros o nulos resultados, son pura demagogia y un uso político del problema más complejo que afecta al país.
La decisión mayoritaria de los electores otorgó el triunfo al candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y ahora, el tabasqueño, como titular del Ejecutivo Federal, es el responsable de todo lo que ocurre en el país.
Sin embargo, es ingenuo pensar que si hubiera ganado alguien distinto a quien hoy ocupa la titularidad del Ejecutivo la realidad sería distinta.
No hace falta ser adivino, ni un experto, para concluir que ganara quien ganara, el escenario que estamos viendo actualmente en materia de seguridad sería exactamente el mismo.
Si hubiera ganado José Antonio Meade, Ricardo Anaya, o Jaime Rodríguez El Bronco, la violencia tampoco hubiera cesado, y el reclamo sería el mismo.
Sin duda México atraviesa por un oscuro periodo en el que el homicidio es considerado una solución a los problemas internos o entre los grupos criminales. Podrá bajar el número de homicidios, pero no mengua la crueldad, ni la sensación de impunidad que lleva al crimen organizado a producir masacres cada tanto, a cobrar el mayor número de víctimas, con la plena seguridad de que no serán juzgados ni castigados por ello.
A estas alturas, lo más seguro es que Andrés Manuel López Obrador llegue a su primer informe de gobierno, que ha anunciado para el próximo 1 de julio, día de su triunfo en las urnas, con un saldo negativo en materia de seguridad.
El diputado señaló que, aunque hay inversión extranjera, los empresarios mexicanos no están invirtiendo de forma generalizada
Por: Redacción
Emilio Rosas Montiel, diputado local por Morena, advirtió que la inversión nacional en México, y particularmente en San Luis Potosí, se encuentra prácticamente estancada, al señalar que los empresarios mexicanos no están invirtiendo, pese a los esfuerzos por generar condiciones favorables para el desarrollo económico.
Durante su posicionamiento, el legislador reconoció que, si bien existe inversión extranjera directa —dato que calificó como relevante—, la inversión nacional no presenta el mismo dinamismo. No obstante, hizo un paréntesis para destacar que empresarios potosinos sí están apostando por el estado, mencionando a empresas sólidas como Grupo Valoran y Grupo Acerero, entre otras, que continúan invirtiendo.
Rosas Montiel explicó que el contexto económico actual es complejo y que se requieren estímulos y condiciones adecuadas para incentivar la inversión, especialmente ante escenarios internacionales adversos, como el comportamiento del presidente estadounidense Donald Trump, lo cual impacta el ánimo de los inversionistas y la generación de empleos.
El diputado señaló que actualmente existen 14 polos de desarrollo que ya se encuentran en vías de consolidación a nivel nacional, y expresó el interés de que San Luis Potosí cuente también con uno de estos polos, como parte de una estrategia para fortalecer el crecimiento económico del estado.
Asimismo, destacó la incorporación de los conceptos de economía regenerativa y economía circular dentro de la Ley de Desarrollo Económico, subrayando que esta visión está alineada con los criterios impulsados a nivel federal por la presidenta Claudia Sheinbaum 
Detalló que este enfoque contempla exenciones fiscales importantes, como la exención del 100 por ciento en activos fijos para maquinaria destinada a este tipo de negocios, la asignación de tierra y exenciones del 25 por ciento para innovación, tecnología y capacitaciones, lo que representa un incentivo directo para nuevas inversiones.
El legislador explicó que la economía regenerativa y circular busca atender problemáticas como el manejo de residuos, el aprovechamiento de energías limpias y renovables, así como el impulso al turismo ecológico, planteando estas áreas como oportunidades de negocio desde una perspectiva económica.
Finalmente, informó que también se aprobó la abrogación de la Ley de Mejora Regulatoria, al señalar que uno de los principales logros de la administración federal ha sido la aprobación de la Ley de Eliminación de Trámites Burocráticos, ante la existencia de más de siete mil trámites en todo el país, entre niveles municipal, estatal y federal, con el objetivo de avanzar hacia un sistema único y digitalizado.
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El gobernador dijo que febrero es el mes límite para que los municipios cumplan con el salario mínimo de 15 mil pesos a sus elementos
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, advirtió que los municipios que no incrementen el salario de sus policías y mantengan a elementos sin certificación incurrirán en responsabilidades legales, luego de reconocer que hasta el momento varios ayuntamientos no han respondido al llamado para mejorar las condiciones laborales de sus corporaciones municipales.
Gallardo Cardona señaló que existe una grave omisión por parte de algunos alcaldes, quienes se han negado a aplicar aumentos salariales a sus policías, a pesar de contar con recursos federales del Ramo 33, destinados precisamente al fortalecimiento de la seguridad pública.
El mandatario reveló que el 80 por ciento de los policías municipales en el estado no cuenta con su examen de control y confianza, situación que calificó como alarmante, ya que —subrayó— ningún elemento debería portar un arma ni ejercer funciones policiales sin estar debidamente certificado.
En este contexto, desmintió que el Centro de Evaluación (C4) esté limitando el acceso a los exámenes, al asegurar que las instalaciones se encuentran abiertas todos los días y que actualmente solo hay 25 elementos programados
“Los exámenes no son caros ni simples. Incluyen evaluaciones médicas, clínicas y de laboratorio para detectar consumo de drogas o vínculos con la delincuencia. No es solo preguntar si se portan bien o mal”, puntualizó.
Como ejemplo de la precariedad en algunos municipios, el gobernador mencionó el caso de Tancanhuitz, que cuenta únicamente con 20 policías municipales, una cifra insuficiente para garantizar la seguridad de la población.
Gallardo Cardona recordó que ya se impulsó una iniciativa de ley para obligar a los municipios a cumplir con el salario mínimo establecido para policías, que es de 15 mil pesos, y advirtió que febrero es el último plazo para hacerlo.
“Quien no cumpla va a enfrentar consecuencias. No se puede tener a un policía muriéndose de hambre, porque eso los empuja a la delincuencia. Eso no puede suceder en San Luis Potosí”, sentenció.
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El plan considera una reducción progresiva de las tarifas máximas por unidad de tráfico
Por: Redacción
El Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga (AIPA) contará con una inversión comprometida de 576 millones de pesos durante el periodo 2026–2030, como parte del Programa Maestro de Desarrollo aprobado para la terminal aérea de San Luis Potosí, informó el Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA).
De acuerdo con el esquema financiero presentado, la inversión se aplicará de manera gradual, con una mayor concentración de recursos entre 2027 y 2028, años clave para la modernización de la infraestructura aeroportuaria. Para 2026 se contempla una asignación inicial de poco más de 7 millones de pesos; en 2027 el monto aumentará a 145 millones, mientras que 2028 será el año con mayor inversión, al concentrar cerca de 249 millones de pesos. Finalmente, en 2029 y 2030 se ejercerán de forma conjunta alrededor de 174 millones de pesos.
De manera paralela, el programa prevé una reducción progresiva de las tarifas máximas por unidad de tráfico, las cuales estarán ajustadas por un factor de eficiencia anual del 0.8 por ciento en términos reales. Bajo este esquema, la tarifa pasará de 338 pesos en 2026 a 327 pesos en 2030
El Programa Maestro de Desarrollo fue avalado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), y forma parte de una estrategia nacional que contempla inversiones superiores a 16 mil millones de pesos en los 13 aeropuertos que opera OMA en el país.
Los recursos destinados al aeropuerto potosino estarán orientados a la expansión y modernización de la terminal, la rehabilitación de infraestructura aeronáutica, la incorporación de nueva tecnología y equipamiento, así como al fortalecimiento de la capacidad operativa y la experiencia de los pasajeros, con el objetivo de consolidar al AIPA como un nodo estratégico para el desarrollo económico y la conectividad de San Luis Potosí.
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