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Cifras de asesinatos y ejecuciones van al alza en México
Debido al aumento en cifras de asesinatos, se espera la participación de elementos federales en 17 regiones clave para combatir los índices delictivos
Por: El Saxofón
En los últimos doce años ha quedado comprobado que el Estado, poco puede hacer para controlar la violencia que asola grandes regiones del país en la mayoría de las 32 entidades que integran la federación.
La criminalidad disminuye en algún punto de la geografía nacional, pero aumenta en otro, desciende la comisión de un delito, pero sube la de otro. Los homicidios se ven con normalidad, los feminicidios son como gotas que derraman el vaso cada tanto.
Las masacres se suceden unas a otras:
El pasado viernes 17 de mayo, por ejemplo, personal militar aseguró una finca en el estado de Jalisco, en la cual fueron rescatadas tres personas que permanecían privadas de su libertad, pero además hallaron al menos 18 bolsas con restos humanos.
En el lugar, un número -hasta ese momento- indeterminado de personas fueron asesinadas y mutiladas, como parte de la estrategia de horror y crueldad con la que el crimen organizado se ha hecho con el monopolio de la violencia en el país.
Este hecho se suma a otros que han ocurrido en el país en los últimos meses, demuestran que al Estado Mexicano necesitará más que buenas intenciones y el despliegue de elementos de la Guardia Nacional para controlar los niveles de violencia que asolan distintos puntos de la República.
El 10 enero un enfrentamiento entre civiles armados dejó 21 muertos en la comunidad Refugio de Hinojosa, perteneciente al municipio de Miguel Alemán en Tamaulipas.
El 20 de enero, siete jóvenes fueron asesinados cuando celebraban una fiesta en un domicilio particular en Cancún, Quintana Roo.
El 15 de febrero, otra vez en Cancún, cinco personas fueron asesinadas en el Bar La Kuka. El ataque dejó además varias personas lesionadas.
El 9 de marzo, 15 personas fueron asesinadas en un ataque armado en un bar de Salamanca, Guanajuato.
El 19 de abril, 13 personas fueron asesinadas durante una fiesta en Minatitlán, Veracruz.
Un comparativo basado en datos oficiales, realizado por el Semanario Zeta, revela que “El despliegue territorial ordenado por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como parte de la estrategia de seguridad que consiste en enviar 600 elementos federales a las zonas de mayor incidencia para que instalen retenes, hagan patrullajes y coadyuven con las autoridades locales en zonas de alta incidencia delictiva en los estados, ha tenido resultados contradictorios en las 17 regiones prioritarias, ubicadas en los estados de Baja California, Nuevo León, Jalisco, Colima, Guerrero, Guanajuato, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Sinaloa, Quintana Roo y Chihuahua“.
Concretamente, Zeta señala que el número de homicidios se redujo en 11 regiones pero en otras siete aumentó.
En paralelo, mientras se redujo la violencia homicida, aumentaron otros delitos como el robo y las lesiones dolosas.
Las regiones en que los homicidios aumentaron fueron Benito Juárez (Cancún) Quintana Roo, donde antes del despliegue federal, se cometieron 99 asesinatos, y después de la llegada de las fuerzas, el pasado 13 de febrero se cometieron 106.
En Ciudad Juárez, Chihuahua antes de la llegada de las fuerzas federales se cometieron, en 69 días se cometieron 148 asesinatos, después de su arribo, en el mismo periodo, ocurrieron 203.
En Coatzacoalcos, Veracruz, previo al operativo federal murieron asesinadas 29 personas; y ya con la presencia federal, fueron 30 los homicidios registrados.
En Reynosa, Tamaulipas los asesinatos pasaron de 29 a 67, luego de la implementación del operativo de fuerzas federales.
En Guadalajara, Jalisco, los homicidios crecieron de 81 a 87.
En Celaya, Guanajuato pasaron de 30 a 48, en un periodo comparado de 42 días; y en Guerrero subieron de 13 a 16.
Recobrar la seguridad y poner fin a la violencia fue promesa de campaña de todos los candidatos, a todos los niveles de gobierno en las pasadas elecciones del 1 julio de 2018.
En el caso de los candidatos presidenciales, los cuatro que llegaron al final de la contienda establecieron como prioridad recuperar la tranquilidad de las familias mexicanas ante el embate de la violencia que a estas alturas ya no distingue posición o clase social. Sin embargo, a estas alturas, ya deberíamos saber que las promesas en materia de seguridad, así como las críticas a quienes ostentan el poder por los magros o nulos resultados, son pura demagogia y un uso político del problema más complejo que afecta al país.
La decisión mayoritaria de los electores otorgó el triunfo al candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y ahora, el tabasqueño, como titular del Ejecutivo Federal, es el responsable de todo lo que ocurre en el país.
Sin embargo, es ingenuo pensar que si hubiera ganado alguien distinto a quien hoy ocupa la titularidad del Ejecutivo la realidad sería distinta.
No hace falta ser adivino, ni un experto, para concluir que ganara quien ganara, el escenario que estamos viendo actualmente en materia de seguridad sería exactamente el mismo.
Si hubiera ganado José Antonio Meade, Ricardo Anaya, o Jaime Rodríguez El Bronco, la violencia tampoco hubiera cesado, y el reclamo sería el mismo.
Sin duda México atraviesa por un oscuro periodo en el que el homicidio es considerado una solución a los problemas internos o entre los grupos criminales. Podrá bajar el número de homicidios, pero no mengua la crueldad, ni la sensación de impunidad que lleva al crimen organizado a producir masacres cada tanto, a cobrar el mayor número de víctimas, con la plena seguridad de que no serán juzgados ni castigados por ello.
A estas alturas, lo más seguro es que Andrés Manuel López Obrador llegue a su primer informe de gobierno, que ha anunciado para el próximo 1 de julio, día de su triunfo en las urnas, con un saldo negativo en materia de seguridad.
El gobernador asegura que el Ayuntamiento no entregó documentos completos para licitaciones como El Saucito
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, elevó el tono del conflicto con el alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos al llamarlo “niño berrinchudo” por las críticas relacionadas con las licitaciones detenidas en la Contraloría General del Estado para obras municipales como el paso a desnivel de El Saucito.
El mandatario estatal aseguró que actualmente existen al menos tres proyectos del Ayuntamiento de San Luis Potosí que no han sido autorizados debido a que presuntamente no se entregó documentación completa para validar las obras.
“Eso no es un tema político ni es un tema de que a las fuerzitas en entrevistas me tienen que dar lo que quiero. Eso pareciera un niño berrinchudo estar pidiendo todo en entrevistas”, declaró Gallardo.
El gobernador sostuvo que la Contraloría estatal ha solicitado información adicional sobre las licitaciones y que, hasta el momento, el municipio no habría cumplido con todos los requisitos administrativos necesarios para avanzar en los procesos.
Explicó que cada proyecto debe incluir el desglose detallado de los recursos y justificó que el procedimiento es el mismo para todos los municipios del estado, independientemente del partido político que gobierne.
“Si cuesta 10 pesos, se manda en qué se gasta un peso, dos pesos, tres pesos… Al parecer esas tres obras no han mandado los documentos faltantes”, señaló.
Gallardo rechazó que exista un bloqueo político contra el Ayuntamiento capitalino y aseguró que diariamente la Contraloría autoriza proyectos provenientes de decenas de municipios, incluidos gobiernos de oposición.
Incluso advirtió que el Estado ha evitado exhibir públicamente presuntas irregularidades o sobrecostos detectados en proyectos municipales para no generar confrontaciones innecesarias: “Nunca hemos querido ventilar a ningún presidente municipal cuando quieren abusar de los precios de obra. Se les regresa, se corrige y listo”.
Finalmente, el gobernador acusó al Ayuntamiento de intentar convertir el tema en una confrontación política y pidió simplemente cumplir con los lineamientos administrativos para destrabar las obras pendientes.
También lee: Contraloría del Estado bloquea desde marzo licitación de El Saucito
La senadora aseguró que los partidos políticos deben asumir la responsabilidad de revisar los perfiles de sus candidatos y no el INE
Por: Redacción
La senadora potosina Ruth González Silva consideró que los partidos políticos deben asumir la principal responsabilidad en la revisión de perfiles de sus candidatos, luego de la discusión nacional sobre la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para reforzar los filtros contra posibles vínculos del crimen organizado en procesos electorales.
La legisladora respaldó la postura expresada por la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, quien recientemente señaló que el organismo electoral no tiene facultades para investigar antecedentes criminales de aspirantes, ya que su función es organizar elecciones y no actuar como autoridad ministerial o judicial.
“Estoy de acuerdo con el INE”, declaró Ruth González al ser cuestionada sobre la propuesta federal y el debate en torno a los llamados “narcocandidatos”.
La senadora sostuvo que cualquier ciudadano debe tener derecho a competir políticamente, pero insistió en que corresponde a los propios partidos establecer mecanismos internos más estrictos para seleccionar a sus candidatos.
“Yo creo que más es una responsabilidad de cada partido, una responsabilidad que los filtros se hagan a través de los partidos y de manera interna”, afirmó.
Ruth González añadió que los institutos políticos deben apostar por perfiles no solo capaces, sino también con una conducta pública y privada intachable.
También lee: “La IA se tiene que regular sí o sí”: Ruth González
En la institución potosina ya trabaja en herramientas para detectar trabajos hechos con inteligencia artificial
Por: Redacción
El Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí (Cobach) reconoció que la inteligencia artificial ya forma parte de la vida académica de estudiantes y maestros, por lo que actualmente trabaja en estrategias para evitar que esta herramienta sea utilizada de manera indebida dentro de las aulas.
Ricardo Daniel Centeno Trejo, director general del Cobach, explicó que a nivel nacional cerca del 70 por ciento de alumnos y docentes de educación media superior y superior ya utilizan herramientas de inteligencia artificial, tendencia que —aseguró— también se refleja en San Luis Potosí.
El funcionario señaló que el principal reto no es prohibir el uso de estas plataformas, sino evitar que los estudiantes dependan completamente de ellas para realizar tareas, investigaciones o actividades escolares.
“Estamos de acuerdo en implementar las herramientas, más no abusar de ellas”, afirmó.
Centeno Trejo detalló que el subsistema ya analiza mecanismos para detectar contenido generado por inteligencia artificial, mediante plataformas especializadas que permiten identificar textos o trabajos realizados automáticamente.
Indicó que el objetivo es que la IA sea utilizada como apoyo académico y no como un sustituto del aprendizaje.
“Lo que buscamos es que realmente lo utilicen como una herramienta de estudio y de trabajo, más no una herramienta que les haga el trabajo”, sostuvo.
El director del Cobach añadió que también se trabaja en la capacitación del personal docente para comprender el funcionamiento de estas nuevas tecnologías y aprender a incorporarlas de manera responsable en el ámbito educativo.
Explicó que durante los periodos vacacionales del alumnado se desarrollan jornadas de capacitación para maestros, donde además de temas de seguridad y educación continua, ya se incluyen cursos relacionados con inteligencia artificial.
Centeno Trejo reconoció que la IA representa uno de los desafíos educativos más importantes de los próximos años, debido al rápido crecimiento de estas herramientas y su impacto dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
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