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Cifras de asesinatos y ejecuciones van al alza en México
Debido al aumento en cifras de asesinatos, se espera la participación de elementos federales en 17 regiones clave para combatir los índices delictivos
Por: El Saxofón
En los últimos doce años ha quedado comprobado que el Estado, poco puede hacer para controlar la violencia que asola grandes regiones del país en la mayoría de las 32 entidades que integran la federación.
La criminalidad disminuye en algún punto de la geografía nacional, pero aumenta en otro, desciende la comisión de un delito, pero sube la de otro. Los homicidios se ven con normalidad, los feminicidios son como gotas que derraman el vaso cada tanto.
Las masacres se suceden unas a otras:
El pasado viernes 17 de mayo, por ejemplo, personal militar aseguró una finca en el estado de Jalisco, en la cual fueron rescatadas tres personas que permanecían privadas de su libertad, pero además hallaron al menos 18 bolsas con restos humanos.
En el lugar, un número -hasta ese momento- indeterminado de personas fueron asesinadas y mutiladas, como parte de la estrategia de horror y crueldad con la que el crimen organizado se ha hecho con el monopolio de la violencia en el país.
Este hecho se suma a otros que han ocurrido en el país en los últimos meses, demuestran que al Estado Mexicano necesitará más que buenas intenciones y el despliegue de elementos de la Guardia Nacional para controlar los niveles de violencia que asolan distintos puntos de la República.
El 10 enero un enfrentamiento entre civiles armados dejó 21 muertos en la comunidad Refugio de Hinojosa, perteneciente al municipio de Miguel Alemán en Tamaulipas.
El 20 de enero, siete jóvenes fueron asesinados cuando celebraban una fiesta en un domicilio particular en Cancún, Quintana Roo.
El 15 de febrero, otra vez en Cancún, cinco personas fueron asesinadas en el Bar La Kuka. El ataque dejó además varias personas lesionadas.
El 9 de marzo, 15 personas fueron asesinadas en un ataque armado en un bar de Salamanca, Guanajuato.
El 19 de abril, 13 personas fueron asesinadas durante una fiesta en Minatitlán, Veracruz.
Un comparativo basado en datos oficiales, realizado por el Semanario Zeta, revela que “El despliegue territorial ordenado por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como parte de la estrategia de seguridad que consiste en enviar 600 elementos federales a las zonas de mayor incidencia para que instalen retenes, hagan patrullajes y coadyuven con las autoridades locales en zonas de alta incidencia delictiva en los estados, ha tenido resultados contradictorios en las 17 regiones prioritarias, ubicadas en los estados de Baja California, Nuevo León, Jalisco, Colima, Guerrero, Guanajuato, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Sinaloa, Quintana Roo y Chihuahua“.
Concretamente, Zeta señala que el número de homicidios se redujo en 11 regiones pero en otras siete aumentó.
En paralelo, mientras se redujo la violencia homicida, aumentaron otros delitos como el robo y las lesiones dolosas.
Las regiones en que los homicidios aumentaron fueron Benito Juárez (Cancún) Quintana Roo, donde antes del despliegue federal, se cometieron 99 asesinatos, y después de la llegada de las fuerzas, el pasado 13 de febrero se cometieron 106.
En Ciudad Juárez, Chihuahua antes de la llegada de las fuerzas federales se cometieron, en 69 días se cometieron 148 asesinatos, después de su arribo, en el mismo periodo, ocurrieron 203.
En Coatzacoalcos, Veracruz, previo al operativo federal murieron asesinadas 29 personas; y ya con la presencia federal, fueron 30 los homicidios registrados.
En Reynosa, Tamaulipas los asesinatos pasaron de 29 a 67, luego de la implementación del operativo de fuerzas federales.
En Guadalajara, Jalisco, los homicidios crecieron de 81 a 87.
En Celaya, Guanajuato pasaron de 30 a 48, en un periodo comparado de 42 días; y en Guerrero subieron de 13 a 16.
Recobrar la seguridad y poner fin a la violencia fue promesa de campaña de todos los candidatos, a todos los niveles de gobierno en las pasadas elecciones del 1 julio de 2018.
En el caso de los candidatos presidenciales, los cuatro que llegaron al final de la contienda establecieron como prioridad recuperar la tranquilidad de las familias mexicanas ante el embate de la violencia que a estas alturas ya no distingue posición o clase social. Sin embargo, a estas alturas, ya deberíamos saber que las promesas en materia de seguridad, así como las críticas a quienes ostentan el poder por los magros o nulos resultados, son pura demagogia y un uso político del problema más complejo que afecta al país.
La decisión mayoritaria de los electores otorgó el triunfo al candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y ahora, el tabasqueño, como titular del Ejecutivo Federal, es el responsable de todo lo que ocurre en el país.
Sin embargo, es ingenuo pensar que si hubiera ganado alguien distinto a quien hoy ocupa la titularidad del Ejecutivo la realidad sería distinta.
No hace falta ser adivino, ni un experto, para concluir que ganara quien ganara, el escenario que estamos viendo actualmente en materia de seguridad sería exactamente el mismo.
Si hubiera ganado José Antonio Meade, Ricardo Anaya, o Jaime Rodríguez El Bronco, la violencia tampoco hubiera cesado, y el reclamo sería el mismo.
Sin duda México atraviesa por un oscuro periodo en el que el homicidio es considerado una solución a los problemas internos o entre los grupos criminales. Podrá bajar el número de homicidios, pero no mengua la crueldad, ni la sensación de impunidad que lleva al crimen organizado a producir masacres cada tanto, a cobrar el mayor número de víctimas, con la plena seguridad de que no serán juzgados ni castigados por ello.
A estas alturas, lo más seguro es que Andrés Manuel López Obrador llegue a su primer informe de gobierno, que ha anunciado para el próximo 1 de julio, día de su triunfo en las urnas, con un saldo negativo en materia de seguridad.
La Guardia Nacional tiene identificados a grupos delictivos de entidades vecinas que llegan a operar en San Luis Potosí; para rastrearlos cuenta con un equipo especializado en inteligencia y análisis de información.
Por: Redacción
La Guardia Nacional confirmó que grupos delictivos originarios de otros estados tienen presencia en San Luis Potosí y participan en actividades criminales dentro del territorio potosino. Así lo reveló el general de brigada de Estado Mayor Jorge Enrique Martínez Medina, coordinador estatal de la corporación, al ser cuestionado sobre si tienen identificadas bandas que operan en la entidad.
“Definitivamente sí. No precisamente aquí en el Estado, en estados aledaños, pero sí llegan a participar, a tener presencia”, afirmó Martínez Medina. El general no precisó cuáles son los grupos ni de qué entidades provienen.
Para hacerles frente, la Guardia Nacional en SLP opera un equipo especializado en inteligencia criminal. “Tenemos nuestro grupo de servicios especializados. Hay gente que se dedica a la investigación, a la inteligencia, al análisis y a la explotación de información”, explicó el coordinador estatal.
Las operaciones contra esos grupos se realizan de forma interinstitucional. “Actuamos conjuntamente, interinstitucionalmente, con el Ejército Mexicano
El general también abordó el protocolo que aplica cuando civiles confrontan a los elementos. “Tenemos una ley de uso de la fuerza. De acuerdo, como les mencionamos, si hay una resistencia a la autoridad, pues se va procediendo”, indicó.
Como parte de la estrategia de seguridad, la Guardia Nacional complementa sus operativos con acciones de proximidad social en escuelas primarias, secundarias, universidades y oratorios. “Que tengan la confianza en su Guardia Nacional, que sepan que estamos para cuidarlos y para defenderlos de la delincuencia”, sostuvo el coordinador.
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Nancy Jeanine García señaló que tanto SLP como Guanajuato deben presionar a la operadora; recordó que Sheinbaum ya había planteado cancelar el contrato el año pasado
Por: Redacción
Nancy Jeanine García Martínez, diputada local y presidenta de la Comisión del Agua en el Congreso del Estado, señaló que las fallas recurrentes del sistema El Realito son responsabilidad de la empresa operadora y llamó a los gobiernos de San Luis Potosí y Guanajuato a tomar acciones en su contra.
La legisladora recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo había mencionado, desde el año pasado, la posibilidad de cancelar el contrato con la empresa, cuyo nombre no se precisó. “Esto es meramente la empresa la que está incumpliendo”, afirmó García Martínez, quien señaló que corresponde al Estado de San Luis Potosí y a Guanajuato intervenir para exigir el cumplimiento.
Consultada sobre si promovería un exhorto formal al Ejecutivo, la diputada no se comprometió. Explicó que desde la Comisión del Agua
García Martínez calificó como contradictoria la situación: las presas están llenas, pero el agua no llega a la ciudad. Atribuyó el problema estructural a la mala infraestructura, la falta de planeación urbana y la ausencia de voluntad política. “Sí hay soluciones que se pueden hacer si se tiene voluntad, en que se apliquen realmente las leyes, se apliquen las normas”, dijo.
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La Guardia Nacional mantiene más de 300 elementos en las vías del estado y trabaja con mapas de calor e inteligencia para reducir los robos a autotransporte, que han disminuido de forma significativa según el propio mando
Por: Redacción
La Guardia Nacional despliega permanentemente más de 300 elementos en las carreteras de San Luis Potosí, distribuidos en 7 estaciones instaladas a lo largo de las principales vialidades del estado. Así lo confirmó el general de brigada de Estado Mayor Jorge Enrique Martínez Medina, coordinador estatal de la corporación, quien detalló las condiciones actuales del operativo carretero.
“Tenemos un despliegue permanente. En el Estado tenemos 7 estaciones de carreteras. Tenemos más de 300 elementos desplegados en las carreteras”, afirmó Martínez Medina.
Entre las rutas bajo vigilancia destaca la carretera 57. El general precisó que, aunque no es la vía de mayor operatividad para la corporación, su volumen de tráfico la convierte en un foco de atención constante. “La 57 no es realmente la principal, pero ahí circulan aproximadamente entre 19,000 y 30,000 vehículos diarios“, indicó.
La estrategia en carreteras combina presencia física con trabajo de inteligencia. La corporación opera puestos de inspección ciudadana en puntos intermedios entre las estaciones, además de recorridos permanentes a lo largo de los tramos asignados. “Hacemos mapas de calor para evitar los robos principalmente de autotransporte”, explicó el coordinador.
Esa combinación de presencia e inteligencia ha dado resultados medibles. Los robos a vehículos de carga han “disminuido significativamente”, al grado de que el sector privado lo reconoció formalmente. “Esto se ha platicado inclusive con las cámaras de transporte. Nos han hecho un reconocimiento, porque en San Luis Potosí sí han disminuido los robos de autotransporte”, sostuvo Martínez Medina.
El operativo es interinstitucional. La Guardia Nacional trabaja en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Civil Estatal División Carreteras, el personal de las empresas concesionarias de las vías y las fiscalías. “Actuamos conjuntamente, interinstitucionalmente, con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Guardia Civil y con las Fiscalías. Principalmente tenemos bases de operaciones mixtas interinstitucionales que están en todo el Estado”, detalló.
Además de los operativos en campo, la corporación cuenta con un grupo especializado en inteligencia. “Tenemos nuestro grupo de servicios especializados. Hay gente que se dedica a la investigación, a la inteligencia, al análisis y a la explotación de información“, dijo el general. Ese grupo tiene identificados a grupos delictivos activos, aunque aclaró que su presencia es sobre todo desde estados vecinos. “No precisamente aquí en el Estado, en estados aledaños, pero sí llegan a participar, a tener presencia”, advirtió Martínez Medina.
La Guardia Nacional trabaja de manera particular con la Fiscalía General de la República (FGR) en materia de seguridad carretera. “Trabajamos muy de la mano con las autoridades, con la Fiscalía General de la República, con la Fiscalía General del Estado, pero particularmente con la Fiscalía General de la República, con las autoridades de seguridad de carreteras”, precisó el coordinador estatal.
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