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Cifras de asesinatos y ejecuciones van al alza en México
Debido al aumento en cifras de asesinatos, se espera la participación de elementos federales en 17 regiones clave para combatir los índices delictivos
Por: El Saxofón
En los últimos doce años ha quedado comprobado que el Estado, poco puede hacer para controlar la violencia que asola grandes regiones del país en la mayoría de las 32 entidades que integran la federación.
La criminalidad disminuye en algún punto de la geografía nacional, pero aumenta en otro, desciende la comisión de un delito, pero sube la de otro. Los homicidios se ven con normalidad, los feminicidios son como gotas que derraman el vaso cada tanto.
Las masacres se suceden unas a otras:
El pasado viernes 17 de mayo, por ejemplo, personal militar aseguró una finca en el estado de Jalisco, en la cual fueron rescatadas tres personas que permanecían privadas de su libertad, pero además hallaron al menos 18 bolsas con restos humanos.
En el lugar, un número -hasta ese momento- indeterminado de personas fueron asesinadas y mutiladas, como parte de la estrategia de horror y crueldad con la que el crimen organizado se ha hecho con el monopolio de la violencia en el país.
Este hecho se suma a otros que han ocurrido en el país en los últimos meses, demuestran que al Estado Mexicano necesitará más que buenas intenciones y el despliegue de elementos de la Guardia Nacional para controlar los niveles de violencia que asolan distintos puntos de la República.
El 10 enero un enfrentamiento entre civiles armados dejó 21 muertos en la comunidad Refugio de Hinojosa, perteneciente al municipio de Miguel Alemán en Tamaulipas.
El 20 de enero, siete jóvenes fueron asesinados cuando celebraban una fiesta en un domicilio particular en Cancún, Quintana Roo.
El 15 de febrero, otra vez en Cancún, cinco personas fueron asesinadas en el Bar La Kuka. El ataque dejó además varias personas lesionadas.
El 9 de marzo, 15 personas fueron asesinadas en un ataque armado en un bar de Salamanca, Guanajuato.
El 19 de abril, 13 personas fueron asesinadas durante una fiesta en Minatitlán, Veracruz.
Un comparativo basado en datos oficiales, realizado por el Semanario Zeta, revela que “El despliegue territorial ordenado por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como parte de la estrategia de seguridad que consiste en enviar 600 elementos federales a las zonas de mayor incidencia para que instalen retenes, hagan patrullajes y coadyuven con las autoridades locales en zonas de alta incidencia delictiva en los estados, ha tenido resultados contradictorios en las 17 regiones prioritarias, ubicadas en los estados de Baja California, Nuevo León, Jalisco, Colima, Guerrero, Guanajuato, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Sinaloa, Quintana Roo y Chihuahua“.
Concretamente, Zeta señala que el número de homicidios se redujo en 11 regiones pero en otras siete aumentó.
En paralelo, mientras se redujo la violencia homicida, aumentaron otros delitos como el robo y las lesiones dolosas.
Las regiones en que los homicidios aumentaron fueron Benito Juárez (Cancún) Quintana Roo, donde antes del despliegue federal, se cometieron 99 asesinatos, y después de la llegada de las fuerzas, el pasado 13 de febrero se cometieron 106.
En Ciudad Juárez, Chihuahua antes de la llegada de las fuerzas federales se cometieron, en 69 días se cometieron 148 asesinatos, después de su arribo, en el mismo periodo, ocurrieron 203.
En Coatzacoalcos, Veracruz, previo al operativo federal murieron asesinadas 29 personas; y ya con la presencia federal, fueron 30 los homicidios registrados.
En Reynosa, Tamaulipas los asesinatos pasaron de 29 a 67, luego de la implementación del operativo de fuerzas federales.
En Guadalajara, Jalisco, los homicidios crecieron de 81 a 87.
En Celaya, Guanajuato pasaron de 30 a 48, en un periodo comparado de 42 días; y en Guerrero subieron de 13 a 16.
Recobrar la seguridad y poner fin a la violencia fue promesa de campaña de todos los candidatos, a todos los niveles de gobierno en las pasadas elecciones del 1 julio de 2018.
En el caso de los candidatos presidenciales, los cuatro que llegaron al final de la contienda establecieron como prioridad recuperar la tranquilidad de las familias mexicanas ante el embate de la violencia que a estas alturas ya no distingue posición o clase social. Sin embargo, a estas alturas, ya deberíamos saber que las promesas en materia de seguridad, así como las críticas a quienes ostentan el poder por los magros o nulos resultados, son pura demagogia y un uso político del problema más complejo que afecta al país.
La decisión mayoritaria de los electores otorgó el triunfo al candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y ahora, el tabasqueño, como titular del Ejecutivo Federal, es el responsable de todo lo que ocurre en el país.
Sin embargo, es ingenuo pensar que si hubiera ganado alguien distinto a quien hoy ocupa la titularidad del Ejecutivo la realidad sería distinta.
No hace falta ser adivino, ni un experto, para concluir que ganara quien ganara, el escenario que estamos viendo actualmente en materia de seguridad sería exactamente el mismo.
Si hubiera ganado José Antonio Meade, Ricardo Anaya, o Jaime Rodríguez El Bronco, la violencia tampoco hubiera cesado, y el reclamo sería el mismo.
Sin duda México atraviesa por un oscuro periodo en el que el homicidio es considerado una solución a los problemas internos o entre los grupos criminales. Podrá bajar el número de homicidios, pero no mengua la crueldad, ni la sensación de impunidad que lleva al crimen organizado a producir masacres cada tanto, a cobrar el mayor número de víctimas, con la plena seguridad de que no serán juzgados ni castigados por ello.
A estas alturas, lo más seguro es que Andrés Manuel López Obrador llegue a su primer informe de gobierno, que ha anunciado para el próximo 1 de julio, día de su triunfo en las urnas, con un saldo negativo en materia de seguridad.
El diputado federal Jesús Valdés Peña advierte que la renovación del tratado es una oportunidad irrepetible para transformar la economía nacional desde abajo
Por: Haniel Valdés Velázquez
La Cámara de Diputados acaba de constituir la Comisión Especial de Seguimiento al T-MEC, un órgano plural integrado por todos los grupos parlamentarios y representantes de sectores empresariales y productivos. El diputado Jesús Valdés Peña, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, explicó la visión con la que el Poder Legislativo acompaña este proceso.
“Estamos en nuevos paradigmas: tecnológicos, del contrato social que se está reconformando, y económicos. En este contexto, el T-MEC implica fortalecer la parte comercial de América del Norte desde abajo hacia arriba”, comentó.
El legislador subrayó que las acciones de la comisión son de seguimiento y acompañamiento —no vinculantes—, y se desarrollarán en tres etapas: foros de consulta con empresarios y sectores productivos, reuniones con legisladores de los tres países del tratado, y coordinación interinstitucional para fortalecer la certeza jurídica en materia laboral, comercial y de inversiones.
En cuanto a la agenda negociadora, Valdés Peña identificó tres prioridades: aprovechar el nearshoring para potenciar a las casi 6 millones de pymes mexicanas; fortalecer el sector automotriz y de manufactura; y avanzar en la eliminación o reducción de aranceles sobre aluminio y acero. El objetivo de fondo es incrementar exportaciones y reducir importaciones para consolidar la economía nacional.
“La parte directa de la negociación está en el Poder Ejecutivo. Sabemos que el secretario Ebrard lo llevará de manera correcta, con su experiencia y visión de Estado
El diputado también destacó los avances en la relación con Canadá: más de 400 empresas han llegado recientemente al mercado canadiense, y una misión de más de 200 empresas mexicanas visitó ese país acompañadas directamente por el secretario Marcelo Ebrard. La visión, según Valdés Peña, es trilateral: lo que está en juego es la competitividad de toda la región de América del Norte en beneficio de la población de los tres países.
La comisión está presidida por el diputado Pedro Aces y cuenta con el respaldo del coordinador parlamentario Ricardo Monreal. Los grupos de trabajo abordarán temas comerciales, de inversiones, tecnológicos y legislativos, con el objetivo de garantizar la certeza jurídica que México necesita para consolidar el Proyecto México.
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Guadalupe Torres aseguró que ningún funcionario podrá relajarse o aprovecharse del cargo
Por: Redacción
Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno de San Luis Potosí, aseguró que la administración estatal mantiene una evaluación permanente de sus funcionarios y advirtió que cualquier servidor público que incurra en actos irregulares o pretenda aprovechar el cierre del sexenio para beneficio personal será removido y denunciado.
Durante una entrevista, el funcionario sostuvo que el gobierno estatal ha logrado remontar rezagos importantes en áreas como seguridad, educación, infraestructura, desarrollo económico y programas sociales, lo que —dijo— se refleja en las evaluaciones nacionales que colocan al gobernador Ricardo Gallardo Cardona entre los mandatarios mejor evaluados del país.
“No vamos a aflojar el paso”, afirmó Torres Sánchez, quien destacó que, a diferencia de administraciones anteriores, el actual gobierno mantiene cambios y ajustes constantes dentro del gabinete para exigir resultados.
“Estamos rompiendo viejas tradiciones sexenales donde al final del gobierno ya nadie trabajaba y muchos buscaban su famoso ‘año de Hidalgo’
El secretario añadió que todos los funcionarios estatales continúan bajo revisión permanente y dejó claro que no habrá tolerancia para posibles actos de corrupción o abuso de funciones en la recta final de la administración.
“Ninguno se puede pasar de listo. Y el que se detecte que así sea, no solo se va, sino que además será denunciado administrativa y penalmente”, advirtió.
Torres Sánchez insistió en que el gobierno estatal seguirá manteniendo el mismo ritmo de trabajo rumbo al quinto informe de gobierno y al cierre del sexenio, con énfasis en resultados y vigilancia interna.
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El alcalde indicó que en los próximos días el Cabildo de Soledad sesionará para aprobar las acciones necesarias dentro del proceso formal de desincorporación
Por: Redacción
El proceso para que Soledad de Graciano Sánchez deje de formar parte de Interapas y cuente con un organismo operador propio registra avances importantes, aseguró el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, quien afirmó que ya existen acuerdos claros sobre los aspectos técnicos, administrativos, laborales y jurídicos que implica la transición.
De acuerdo con El Sol de San Luis, el edil informó que recientemente sostuvo una reunión de trabajo con directivos de Interapas y con el alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, en la que se revisó el estado del procedimiento y se definieron los alcances de la futura separación.
Navarro destacó que uno de los principales objetivos es consolidar una nueva estructura municipal que permita a Soledad administrar directamente los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento a través de un organismo operador propio.
“Avanzamos mucho y tenemos muy claro, tanto Interapas como nosotros, cuáles son los alcances técnicos y administrativos. El tema laboral ya está definido y vamos muy sólidos en ese sentido”, señaló.
El alcalde adelantó que en los próximos días el Cabildo de Soledad sesionará para aprobar las acciones necesarias dentro del proceso formal de desincorporación, con el fin de cumplir los requisitos legales que permitan concretar la separación.
Uno de los temas centrales en las mesas de trabajo ha sido la definición de la infraestructura hidráulica que quedará bajo control de cada municipio. De acuerdo con Navarro, existe consenso en que las redes, pozos y sistemas ubicados dentro del territorio soledense deberán ser operados por el futuro organismo municipal.
Asimismo, explicó que será necesario realizar la cesión legal de derechos de los pozos de abastecimiento para que el municipio pueda asumir formalmente la titularidad de estas fuentes de extracción.
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