Debido al aumento en cifras de asesinatos, se espera la participación de elementos federales en 17 regiones clave para combatir los índices delictivos 

Por: El Saxofón

En los últimos doce años ha quedado comprobado que el Estado, poco puede hacer para controlar la violencia que asola grandes regiones del país en la mayoría de las 32 entidades que integran la federación.

La criminalidad disminuye en algún punto de la geografía nacional, pero aumenta en otro, desciende la comisión de un delito, pero sube la de otro. Los homicidios se ven con normalidad, los feminicidios son como gotas que derraman el vaso cada tanto.

Las masacres se suceden unas a otras:

El pasado viernes 17 de mayo, por ejemplo, personal militar aseguró una finca en el estado de Jalisco, en la cual fueron rescatadas tres personas que permanecían privadas de su libertad, pero además hallaron al menos 18 bolsas con restos humanos.

En el lugar, un número -hasta ese momento- indeterminado de personas fueron asesinadas y mutiladas, como parte de la estrategia de horror y crueldad con la que el crimen organizado se ha hecho con el monopolio de la violencia en el país.

Este hecho se suma a otros que han ocurrido en el país en los últimos meses, demuestran que al Estado Mexicano necesitará más que buenas intenciones y el despliegue de elementos de la Guardia Nacional para controlar los niveles de violencia que asolan distintos puntos de la República.

El 10 enero un enfrentamiento entre civiles armados dejó 21 muertos en la comunidad Refugio de Hinojosa, perteneciente al municipio de Miguel Alemán en Tamaulipas.

El 20 de enero, siete jóvenes fueron asesinados cuando celebraban una fiesta en un domicilio particular en Cancún, Quintana Roo.

El 15 de febrero, otra vez en Cancún, cinco personas fueron asesinadas en el Bar La Kuka. El ataque dejó además varias personas lesionadas.

El 9 de marzo, 15 personas fueron asesinadas en un ataque armado en un bar de Salamanca, Guanajuato.

El 19 de abril, 13 personas fueron asesinadas durante una fiesta en Minatitlán, Veracruz.

Un comparativo basado en datos oficiales, realizado por el Semanario Zeta, revela que “El despliegue territorial ordenado por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como parte de la estrategia de seguridad que consiste en enviar 600 elementos federales a las zonas de mayor incidencia para que instalen retenes, hagan patrullajes y coadyuven con las autoridades locales en zonas de alta incidencia delictiva en los estados, ha tenido resultados contradictorios en las 17 regiones prioritarias, ubicadas en los estados de Baja California, Nuevo León, Jalisco, Colima, Guerrero, Guanajuato, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Sinaloa, Quintana Roo y Chihuahua“.

Concretamente, Zeta señala que el número de homicidios se redujo en 11 regiones pero en otras siete aumentó.

En paralelo, mientras se redujo la violencia homicida, aumentaron otros delitos como el robo y las lesiones dolosas.

Las regiones en que los homicidios aumentaron fueron Benito Juárez (Cancún) Quintana Roo, donde antes del despliegue federal, se cometieron 99 asesinatos, y después de la llegada de las fuerzas, el pasado 13 de febrero se cometieron 106.

En Ciudad Juárez, Chihuahua antes de la llegada de las fuerzas federales se cometieron, en 69 días se cometieron 148 asesinatos, después de su arribo, en el mismo periodo, ocurrieron 203.

En Coatzacoalcos, Veracruz, previo al operativo federal murieron asesinadas 29 personas; y ya con la presencia federal, fueron 30 los homicidios registrados.

En Reynosa, Tamaulipas los asesinatos pasaron de 29 a 67, luego de la implementación del operativo de fuerzas federales.

En Guadalajara, Jalisco, los homicidios crecieron de 81 a 87.

En Celaya, Guanajuato pasaron de 30 a 48, en un periodo comparado de 42 días; y en Guerrero subieron de 13 a 16.

Recobrar la seguridad y poner fin a la violencia fue promesa de campaña de todos los candidatos, a todos los niveles de gobierno en las pasadas elecciones del 1 julio de 2018.

En el caso de los candidatos presidenciales, los cuatro que llegaron al final de la contienda establecieron como prioridad recuperar la tranquilidad de las familias mexicanas ante el embate de la violencia que a estas alturas ya no distingue posición o clase social. Sin embargo, a estas alturas, ya deberíamos saber que las promesas en materia de seguridad, así como las críticas a quienes ostentan el poder por los magros o nulos resultados, son pura demagogia y un uso político del problema más complejo que afecta al país.

La decisión mayoritaria de los electores otorgó el triunfo al candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y ahora, el tabasqueño, como titular del Ejecutivo Federal, es el responsable de todo lo que ocurre en el país.

Sin embargo, es ingenuo pensar que si hubiera ganado alguien distinto a quien hoy ocupa la titularidad del Ejecutivo la realidad sería distinta.

No hace falta ser adivino, ni un experto, para concluir que ganara quien ganara, el escenario que estamos viendo actualmente en materia de seguridad sería exactamente el mismo.

Si hubiera ganado José Antonio Meade, Ricardo Anaya, o Jaime Rodríguez El Bronco, la violencia tampoco hubiera cesado, y el reclamo sería el mismo.

Sin duda México atraviesa por un oscuro periodo en el que el homicidio es considerado una solución a los problemas internos o entre los grupos criminales. Podrá bajar el número de homicidios, pero no mengua la crueldad, ni la sensación de impunidad que lleva al crimen organizado a producir masacres cada tanto, a cobrar el mayor número de víctimas, con la plena seguridad de que no serán juzgados ni castigados por ello.

A estas alturas, lo más seguro es que Andrés Manuel López Obrador llegue a su primer informe de gobierno, que ha anunciado para el próximo 1 de julio, día de su triunfo en las urnas, con un saldo negativo en materia de seguridad.

Ejecutado en la UPA