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Cifras de asesinatos y ejecuciones van al alza en México
Debido al aumento en cifras de asesinatos, se espera la participación de elementos federales en 17 regiones clave para combatir los índices delictivos
Por: El Saxofón
En los últimos doce años ha quedado comprobado que el Estado, poco puede hacer para controlar la violencia que asola grandes regiones del país en la mayoría de las 32 entidades que integran la federación.
La criminalidad disminuye en algún punto de la geografía nacional, pero aumenta en otro, desciende la comisión de un delito, pero sube la de otro. Los homicidios se ven con normalidad, los feminicidios son como gotas que derraman el vaso cada tanto.
Las masacres se suceden unas a otras:
El pasado viernes 17 de mayo, por ejemplo, personal militar aseguró una finca en el estado de Jalisco, en la cual fueron rescatadas tres personas que permanecían privadas de su libertad, pero además hallaron al menos 18 bolsas con restos humanos.
En el lugar, un número -hasta ese momento- indeterminado de personas fueron asesinadas y mutiladas, como parte de la estrategia de horror y crueldad con la que el crimen organizado se ha hecho con el monopolio de la violencia en el país.
Este hecho se suma a otros que han ocurrido en el país en los últimos meses, demuestran que al Estado Mexicano necesitará más que buenas intenciones y el despliegue de elementos de la Guardia Nacional para controlar los niveles de violencia que asolan distintos puntos de la República.
El 10 enero un enfrentamiento entre civiles armados dejó 21 muertos en la comunidad Refugio de Hinojosa, perteneciente al municipio de Miguel Alemán en Tamaulipas.
El 20 de enero, siete jóvenes fueron asesinados cuando celebraban una fiesta en un domicilio particular en Cancún, Quintana Roo.
El 15 de febrero, otra vez en Cancún, cinco personas fueron asesinadas en el Bar La Kuka. El ataque dejó además varias personas lesionadas.
El 9 de marzo, 15 personas fueron asesinadas en un ataque armado en un bar de Salamanca, Guanajuato.
El 19 de abril, 13 personas fueron asesinadas durante una fiesta en Minatitlán, Veracruz.
Un comparativo basado en datos oficiales, realizado por el Semanario Zeta, revela que “El despliegue territorial ordenado por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como parte de la estrategia de seguridad que consiste en enviar 600 elementos federales a las zonas de mayor incidencia para que instalen retenes, hagan patrullajes y coadyuven con las autoridades locales en zonas de alta incidencia delictiva en los estados, ha tenido resultados contradictorios en las 17 regiones prioritarias, ubicadas en los estados de Baja California, Nuevo León, Jalisco, Colima, Guerrero, Guanajuato, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Sinaloa, Quintana Roo y Chihuahua“.
Concretamente, Zeta señala que el número de homicidios se redujo en 11 regiones pero en otras siete aumentó.
En paralelo, mientras se redujo la violencia homicida, aumentaron otros delitos como el robo y las lesiones dolosas.
Las regiones en que los homicidios aumentaron fueron Benito Juárez (Cancún) Quintana Roo, donde antes del despliegue federal, se cometieron 99 asesinatos, y después de la llegada de las fuerzas, el pasado 13 de febrero se cometieron 106.
En Ciudad Juárez, Chihuahua antes de la llegada de las fuerzas federales se cometieron, en 69 días se cometieron 148 asesinatos, después de su arribo, en el mismo periodo, ocurrieron 203.
En Coatzacoalcos, Veracruz, previo al operativo federal murieron asesinadas 29 personas; y ya con la presencia federal, fueron 30 los homicidios registrados.
En Reynosa, Tamaulipas los asesinatos pasaron de 29 a 67, luego de la implementación del operativo de fuerzas federales.
En Guadalajara, Jalisco, los homicidios crecieron de 81 a 87.
En Celaya, Guanajuato pasaron de 30 a 48, en un periodo comparado de 42 días; y en Guerrero subieron de 13 a 16.
Recobrar la seguridad y poner fin a la violencia fue promesa de campaña de todos los candidatos, a todos los niveles de gobierno en las pasadas elecciones del 1 julio de 2018.
En el caso de los candidatos presidenciales, los cuatro que llegaron al final de la contienda establecieron como prioridad recuperar la tranquilidad de las familias mexicanas ante el embate de la violencia que a estas alturas ya no distingue posición o clase social. Sin embargo, a estas alturas, ya deberíamos saber que las promesas en materia de seguridad, así como las críticas a quienes ostentan el poder por los magros o nulos resultados, son pura demagogia y un uso político del problema más complejo que afecta al país.
La decisión mayoritaria de los electores otorgó el triunfo al candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y ahora, el tabasqueño, como titular del Ejecutivo Federal, es el responsable de todo lo que ocurre en el país.
Sin embargo, es ingenuo pensar que si hubiera ganado alguien distinto a quien hoy ocupa la titularidad del Ejecutivo la realidad sería distinta.
No hace falta ser adivino, ni un experto, para concluir que ganara quien ganara, el escenario que estamos viendo actualmente en materia de seguridad sería exactamente el mismo.
Si hubiera ganado José Antonio Meade, Ricardo Anaya, o Jaime Rodríguez El Bronco, la violencia tampoco hubiera cesado, y el reclamo sería el mismo.
Sin duda México atraviesa por un oscuro periodo en el que el homicidio es considerado una solución a los problemas internos o entre los grupos criminales. Podrá bajar el número de homicidios, pero no mengua la crueldad, ni la sensación de impunidad que lleva al crimen organizado a producir masacres cada tanto, a cobrar el mayor número de víctimas, con la plena seguridad de que no serán juzgados ni castigados por ello.
A estas alturas, lo más seguro es que Andrés Manuel López Obrador llegue a su primer informe de gobierno, que ha anunciado para el próximo 1 de julio, día de su triunfo en las urnas, con un saldo negativo en materia de seguridad.
El gobernador compartió que se prevé la llegada de ocho empresas asiáticas al Estado, cuatro de ellas del ramo automotriz
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, continúa fortaleciendo la estrategia de promoción económica internacional mediante gestiones que buscan consolidar la llegada de nuevas inversiones asiáticas y ampliar la presencia de empresas globales en territorio potosino, lo que impulsará la creación de más empleos y fortalecerá la competitividad del estado.
El gobernador Ricardo Gallardo anunció que, a través de la oficina de enlace instalada en Japón, se avanza en negociaciones con al menos ocho empresas interesadas en establecer operaciones en San Luis Potosí, cuatro de ellas especializadas en la distribución de autopartes, proyectando desarrollar centros logísticos y de suministro que no solo atenderían al mercado potosino, sino también a diversas entidades de México y de los Estados Unidos.
De igual forma, el mandatario estatal comentó que las otras empresas pertenecen al sector de productos comestibles, las cuales buscan aprovechar la ubicación estratégica de San Luis Potosí, su infraestructura logística y la estabilidad económica que ofrece la entidad gracias a las condiciones de paz y seguridad que prevalecen en todo el estado
Asimismo, Ricardo Gallardo, expresó que hay resultados favorables en la operación de la oficina de enlace instalada en Texas, la cual se ha convertido en un punto clave para fortalecer la relación comercial en Estados Unidos, así como para promover las ventajas competitivas de San Luis Potosí como destino de inversión.
Finalmente, informó que proyecta la instalación de una oficina de enlace en Europa, con el objetivo de fortalecer la relación con empresas vinculadas a la industria automotriz, especialmente con plantas de fabricación de origen alemán que mantienen presencia en México y en la región del Bajío.
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Aseguran que no se vulnera la independencia federal con esta nueva iniciativa
Por: Roberto Mendoza
Senadores pertenecientes a la coalición de la Cuarta Transformación emitieron un documento oficial en el Senado de la República para respaldar el Plan B propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El bloque legislativo, integrado por representantes de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, confirmó su apoyo total al nuevo proyecto mediante un pronunciamiento conjunto.
El objetivo central de la iniciativa es terminar con los privilegios económicos del actual sistema político y revisar los costos operativos del aparato gubernamental a nivel federal, estatal y municipal. La propuesta establece que los recursos ahorrados permanecerán en las entidades federativas para ser destinados a programas sociales, obra pública y proyectos de infraestructura. En materia de participación ciudadana, el documento detalla que el Plan B contempla el fortalecimiento de la revocación de mandato y la ampliación de la consulta popular para incluir temas electorales.
El posicionamiento se hace público en la LXVI Legislatura, donde el Partido Verde Ecologista de México cuenta con 14 escaños, mientras que el Partido del Trabajo aporta 9 senadores. La disciplina de ambas bancadas resulta operativa para la potencial aprobación de modificaciones a leyes secundarias, estrategia perfilada por el Ejecutivo luego de que la reforma constitucional no alcanzara la mayoría calificada
La postura oficial del bloque mayoritario argumenta que esta propuesta se rige por la austeridad republicana y rechaza que las modificaciones estructurales invadan la autonomía de los estados. En el contexto de los acuerdos de esta coalición, el coordinador de la bancada del PVEM, Manuel Velasco Coello, solicitó formalmente a Morena abrir el diálogo rumbo a las elecciones intermedias de 2027, requiriendo la inclusión de perfiles de su partido en las encuestas para definir candidatos a gobernador y exigiendo que se respeten los resultados en caso de resultar ganadores. El proceso legislativo de este proyecto podría iniciar el lunes 16 de marzo, fecha que la Presidencia de la República posiblemente entregue la iniciativa a alguna de las dos cámaras del Congreso de la Unión.
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El programa establece acciones de prevención, preparación, auxilio y recuperación para atender oportunamente este tipo de contingencias
Por: Redacción
Con el objetivo de prevenir y atender de manera oportuna posibles incendios forestales durante la temporada de estiaje, el Gobierno Municipal de San Luis Potosí, a través de la Dirección Municipal de Protección Civil, mantiene activas acciones de vigilancia, prevención y coordinación interinstitucional en distintas zonas del municipio, con base en el Programa Especial de Incendios Forestales, instrumento estratégico elaborado por dicha dependencia
Este programa tiene como finalidad establecer mecanismos de prevención, preparación, auxilio y recuperación que permitan reducir el riesgo y los impactos ocasionados por incendios forestales en el municipio de San Luis Potosí, priorizando en todo momento la protección de la población, sus bienes, la infraestructura estratégica y los ecosistemas.
Asimismo, busca fortalecer la capacidad operativa de las instanci as involucradas y establecer protocolos de actuación
Como parte de estas estrategias, se llevan a cabo labores permanentes de monitoreo en áreas susceptibles a incendios, además de acciones preventivas orientadas a reforzar la capacidad de respuesta de las autoridades y cuerpos de emergencia.
De igual manera, se trabaja de manera coordinada con dependencias de los tres órdenes de gobierno, así como con brigadas especializadas, con el propósito de atender de forma inmediata cualquier reporte y evitar la propagación del fuego en zonas forestales o de interfaz urbana.
La Dirección Municipal de Protección Civil, reitera el llamado a la ciudadanía para evitar la quema de basura, encender fogatas o realizar actividades que puedan provocar incendios, además de reportar de manera inmediata cualquier conato a los servicios de emergencia.
Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de salvaguardar la integridad de la población y proteger el patrimonio natural del municipio mediante estrategias de prevención y atención oportuna durante la temporada de incendios forestales.
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