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“Chato” López quiere infiltrarse en Morena, dicen a AMLO comuneros de San Juan
Comuneros de San Juan que acudieron al evento de López Obrador en Cedral le entregaron una carta para que investiguen al empresario Carlos López Medina
Por: Redacción
Un grupo de comuneros de San Juan de Guadalupe entregó hoy una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que denuncian que el empresario Carlos “El Chato” López Medina ha pedido apoyo del partido político Morena para conseguir la cesión de 2 mil 64 hectáreas de esa comunidad, en favor de un proyecto inmobiliario de la compañía Reserva San Luis SA de CV, propiedad de López Medina y Alejandro Tamayo Ibarra.
En la carta, los comuneros contrarios a la cesión de los terrenos señalan que “El Chato” López “ha ordenado a los grupos de choque que lo apoyan dentro de esta comunidad a que tomen las instalaciones de la Procuraduría Agraria y además atreverse a pedir el apoyo al Comité Estatal del partido Morena con el argumento de que la aportación de tierras es un acto legal y apoyado por toda la comunidad”.
“Al día de hoy es el asunto social y agrario más controvertido en el Estado de San Luis Potosí y sus implicaciones afectan el tema ambiental, los mantos freáticos y el desarrollo urbano. Es el epicentro de la codicia de los grupos conservadores por excelencia, enemigos acérrimos de la cuarta transformación”, menciona la carta, firmada por comuneros como Baudelia Aguilar Garcia, Juan Garcia Granja, Aniceto Jasso Bravo, Maria Dolores Quintero López y Juan Estrada, entre otros.
En la carta, los comuneros contrarios a la cesión de los terrenos de la Comunidad de San Juan de Guadalupe, hacen tres solicitudes al presidente de la República:
“Primero.- Se instruya de inmediato una investigación sobre los actos realizados por los grupos de poder económico que encabeza Carlos López Medina, que implican corrupción, tráfico de influencias, lavado de dinero e incluso delincuencia organizada”.
“Segundo.- Se pida al secretario de Sedatu, Román Meyer, para que conforme junto al procurador agrario, Luís Rafael Hernández Palacios Falcón, una comisión que investigue los actos de la Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional y Sedatu en San Luis Potosí, respecto al tema del tráfico de influencias y tierras en la Comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito”.
“Tercero.- Se solicite a la Procuraduría Agraria a efecto que se promueva la nulidad de todos los actos tendientes a la aportación de tierras a la inmobiliaria Reserva SA de CV 
En la carta, los comuneros contrarios a la cesión de tierras, agradecen al gobierno federal, encabezado por el presidente López Obrador, “su intervención para evitar el despojo de más de dos mil hectáreas, que con una aportación ilegal, trató de llevar a cabo el grupo faccioso de Carlos López Medina y algunas de las familias que se pretenden imponer en nuestra comunidad”.
La carta dirigida al presidente de la República, explica que en San Luis Potosí, la conversión de tierras comunales en espacios comerciales y civiles “implicó la generación de una riqueza inmensa solo para los desarrolladores, pues las tierras se usaron para generar el financiamiento necesario, y los socios ejidatarios que eran minoría en votos en las asambleas de accionistas, y sin cargos en los consejos de administración, quedaron reducidos a simples espectadores, sin obtener las inmensas ganancias de la otra parte”.
“Los empresarios beneficiarios colocaron sin problemas gobernadores como Marcelo de los Santos Fraga, que fue comisario de estas empresas. Presidentes municipales, diputados, y funcionarios diversos del PRI y el PAN se convirtieron en fuentes de financiamiento”, acusa la carta de comuneros de San Juan de Guadalupe, entregada hoy en Cedral al presidente López Obrador.
Otro grupo de comuneros y el comisariado de San Juan de Guadalupe, afines a “El Chato” López y a la cesión de los terrenos, se presentaron también en el evento del presidente en el municipio de Cedral. Iban acompañados por el abogado Iván Sandoval Armas, exdirector jurídico de la Procuraduría Agraria, quien ahora funge como asesor de Reserva San Luis SA de CV.
AMLO reprueba que diputados de Morena no recorten su sueldo en SLP
El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
También lee: Diputados federales del PAN exigen a FGR investigación contra Sánchez Zumaya
Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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