noviembre 25, 2025

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“Chato” López quiere infiltrarse en Morena, dicen a AMLO comuneros de San Juan

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San Juan

Comuneros de San Juan que acudieron al evento de López Obrador en Cedral le entregaron una carta para que investiguen al empresario Carlos López Medina

Por: Redacción 

Un grupo de comuneros de San Juan de Guadalupe entregó hoy una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que denuncian que el empresario Carlos “El Chato” López Medina ha pedido apoyo del partido político Morena para conseguir la cesión de 2 mil 64 hectáreas de esa comunidad, en favor de un proyecto inmobiliario de la compañía Reserva San Luis SA de CV, propiedad de López Medina y Alejandro Tamayo Ibarra.

En la carta, los comuneros contrarios a la cesión de los terrenos señalan que “El Chato” López “ha ordenado a los grupos de choque que lo apoyan dentro de esta comunidad a que tomen las instalaciones de la Procuraduría Agraria y además atreverse a pedir el apoyo al Comité Estatal del partido Morena con el argumento de que la aportación de tierras es un acto legal y apoyado por toda la comunidad”.

“Al día de hoy es el asunto social y agrario más controvertido en el Estado de San Luis Potosí y sus implicaciones afectan el tema ambiental, los mantos freáticos y el desarrollo urbano. Es el epicentro de la codicia de los grupos conservadores por excelencia, enemigos acérrimos de la cuarta transformación”, menciona la carta, firmada por comuneros como Baudelia Aguilar Garcia, Juan Garcia Granja, Aniceto Jasso Bravo, Maria Dolores Quintero López y Juan Estrada, entre otros.

En la carta, los comuneros contrarios a la cesión de los terrenos de la Comunidad de San Juan de Guadalupe, hacen tres solicitudes al presidente de la República:

“Primero.- Se instruya de inmediato una investigación sobre los actos realizados por los grupos de poder económico que encabeza Carlos López Medina, que implican corrupción, tráfico de influencias,  lavado de dinero e incluso delincuencia organizada”.

“Segundo.- Se pida al secretario de Sedatu, Román Meyer, para que conforme junto al procurador agrario, Luís Rafael Hernández Palacios Falcón, una comisión que investigue los actos de la Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional y Sedatu en San Luis Potosí, respecto al tema del tráfico de influencias y tierras en la Comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito”.

“Tercero.- Se solicite a la Procuraduría Agraria a efecto que se promueva la nulidad de todos los actos tendientes a la aportación de tierras a la inmobiliaria Reserva SA de CV

y a los actos jurídicos que le dan sustento y origen, como son contratos vinculados a las empresas Espacios del Horizonte SA de CV, Inmobiliaria Cañada de Lobos y todos aquellos actos tendientes a cambiar de forma unilateral el uso de suelo de la superficie pretendida por el Ayuntamiento de San Luís Potosí”.

En la carta, los comuneros contrarios a la cesión de tierras, agradecen al gobierno federal, encabezado por el presidente López Obrador, “su intervención para evitar el despojo de más de dos mil hectáreas, que con una aportación ilegal, trató de llevar a cabo el grupo faccioso de Carlos López Medina y algunas de las familias que se pretenden imponer en nuestra comunidad”.

La carta dirigida al presidente de la República, explica que en San Luis Potosí, la conversión de tierras comunales en espacios comerciales y civiles “implicó la generación de una riqueza inmensa solo para los desarrolladores, pues las tierras se usaron para generar el financiamiento necesario, y los socios ejidatarios que eran minoría en votos en las asambleas de accionistas, y sin cargos en los consejos de administración, quedaron reducidos a simples espectadores, sin obtener las inmensas ganancias de la otra parte”.

“Los empresarios beneficiarios colocaron sin problemas gobernadores como Marcelo de los Santos Fraga, que fue comisario de estas empresas. Presidentes municipales, diputados, y funcionarios diversos del PRI y el PAN se convirtieron en fuentes de financiamiento”, acusa la carta de comuneros de San Juan de Guadalupe, entregada hoy en Cedral al presidente López Obrador.

Otro grupo de comuneros y el comisariado de San Juan de Guadalupe, afines a “El Chato” López y a la cesión de los terrenos, se presentaron también en el evento del presidente en el municipio de Cedral. Iban acompañados por el abogado Iván Sandoval Armas, exdirector jurídico de la Procuraduría Agraria, quien ahora funge como asesor de Reserva San Luis SA de CV.

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Ayuntamiento de SLP

Sin incrementos y moderada, cabildo capitalino aprueba Ley de Ingresos 2026

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Esta sesión se realizó en las instalaciones del Ipicyt en conmemoración del 25 aniversario de la fundación de esta institución

 

Por: Redacción

El Ayuntamiento de la Capital avaló la propuesta por el orden de los 3 mil 650 millones de pesos, enfocada en ordenar trámites y fortalecer la recaudación. A nombre de la ciudad, el alcalde Enrique Galindo hizo un llamado al Congreso del Estado para analizar esta iniciativa con apertura y sensibilidad.

Durante la sesión ordinaria celebrada este lunes en las instalaciones del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (Ipicyt), el Cabildo de la Capital aprobó por mayoría el proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2026, en el que se contempla prácticamente el mismo monto que en 2025, por el orden de los 3 mil 650 millones de pesos. El documento será turnado al Congreso del Estado para su revisión y eventual autorización.

El presidente Municipal reiteró su petición —“a nombre de la ciudad”— al Congreso del Estado para que analice la iniciativa con apertura, al ser prácticamente idéntica en cifras a la del ejercicio anterior. Señaló que el próximo año implica compromisos financieros relevantes y que la administración hará un esfuerzo de gestión para responder a las necesidades de la Capital.

Enrique Galindo Ceballos explicó que se trata de una propuesta moderada, con montos similares a los autorizados el año pasado, y que incorpora ajustes normativos orientados a mejorar la eficiencia del Gobierno Municipal. Detalló que la iniciativa revisa y clarifica procesos como licencias de funcionamiento y de construcción, con el objetivo de facilitar que la ciudadanía realice trámites y que más contribuyentes en situación irregular puedan regularizarse.

Esta Sesión Ordinaria de Cabildo se realizó en las instalaciones del Ipicyt en conmemoración del 25 aniversario de la fundación de esta institución.

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Destacadas

Caso Rich: dos familias otorgan perdón; el resto exige justicia

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Dos familias otorgaron el perdón legal a los imputados tras recibir indemnizaciones de 150 mil y 250 mil pesos

Por: Redacción

En una audiencia larga, tensa y llena de episodios inesperados, dos de las familias de jóvenes lesionadas en el colapso del barandal del antro Rich —tragedia ocurrida el 7 de junio de 2024 en plaza Alttus— decidieron otorgar el perdón legal a los imputados, después de recibir indemnizaciones que oscilaron entre los 150 mil y los 250 mil pesos.

De acuerdo con El Universal San Luis, el acuerdo, alcanzado en una sola sesión, provocó molestia e indignación entre el resto de las víctimas, quienes insisten en que no buscan un arreglo económico, sino justicia.

Ramón Infante, padre de uno de los jóvenes fallecidos, lamentó la decisión de las jóvenes “A” y “R” —quienes acudieron acompañadas de sus madres— de desistir de cualquier acción penal.

“Ese fue el valor que le dieron a su vida y a sus lesiones. Es triste. Pero para nosotros la lucha sigue; no descansaremos hasta que haya una sentencia que deje un antecedente y evite que algo así vuelva a ocurrir”, señaló.

La audiencia se tornó aún más caótica cuando los abogados del despacho LEE, encabezados por el litigante Marco Polo Méndez —representantes de los imputados Nancy N., Ulises N. y Francisco N.—

abandonaron la sala de juicios orales, en lo que las demás partes consideraron una maniobra de presión y un acto grave de falta de profesionalismo.

“Fue una audiencia desgastante, llena de tácticas impropias. No se vale dejar botados a los propios representados en plena sala. Es una rebeldía que demuestra nulo compromiso con la verdad”, acusó Infante.

Aunque dos familias aceptaron las compensaciones —150 mil pesos para Andrea Reyna y 250 mil para Renata Portillo, quien era menor de edad el día del accidente— otras víctimas reiteraron que no aceptarán una salida alterna ni un juicio abreviado, figuras a las que la defensa intenta acogerse.

El colapso del barandal, ocurrido en un tercer nivel del antro Rich, dejó dos jóvenes muertos y más de diez heridos. Las investigaciones posteriores revelaron que el lugar operaba con sobrecupo, sin permisos adecuados y sin cumplir con medidas básicas de Protección Civil.

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Ciudad

Galindo reconoce que casi no hay denuncias por daños vehiculares

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El Ayuntamiento tiene menos de 10 reportes formales, aunque asegura que atiende el 90% de los baches que llegan por la app Güicho

Por: Redacción

Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, reconoció que son muy pocas las denuncias formales de automovilistas que reclaman daños en sus vehículos debido a los baches de la ciudad. Señaló que, hasta el momento, el Ayuntamiento no tiene más de 10 reportes.

Galindo afirmó que la mayoría de las quejas se quedan en redes sociales, lo cual —insistió— no permite iniciar ningún proceso: “La denuncia en redes no nos ofrece identidad, no sabemos dónde ocurrió ni los detalles. Yo invito a la gente a que se acerque con nosotros.”

El edil explicó que el municipio ha realizado un “esfuerzo muy fuerte” para atender los reportes que ingresan por la aplicación Güicho, donde aseguró que se ha atendido casi el 90% de los reportes. Sin embargo, reconoció que “mucho no llega” por esa vía y que las cuadrillas siguen recorriendo la ciudad para detectar y tapar baches.

Galindo adelantó que para el próximo año se implementará un mecanismo nuevo relacionado con este programa de atención a daños vehiculares, aunque no quiso revelar detalles “hasta que esté consolidado”.

El alcalde también detalló el protocolo que sigue el Ayuntamiento cuando un bache provoca daños o un accidente: Primero se tapa el bache, para evitar más incidentes. Luego se atiende a la persona afectada, siempre y cuando exista una denuncia formal.

Pese a ello, insistió en que la falta de cultura de denuncia limita la posibilidad de que más ciudadanos accedan a este mecanismo de reparación: “Sí llegan muy pocas denuncias formales.”

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Opinión

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