diciembre 3, 2025

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“Chato” López quiere infiltrarse en Morena, dicen a AMLO comuneros de San Juan

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San Juan

Comuneros de San Juan que acudieron al evento de López Obrador en Cedral le entregaron una carta para que investiguen al empresario Carlos López Medina

Por: Redacción 

Un grupo de comuneros de San Juan de Guadalupe entregó hoy una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que denuncian que el empresario Carlos “El Chato” López Medina ha pedido apoyo del partido político Morena para conseguir la cesión de 2 mil 64 hectáreas de esa comunidad, en favor de un proyecto inmobiliario de la compañía Reserva San Luis SA de CV, propiedad de López Medina y Alejandro Tamayo Ibarra.

En la carta, los comuneros contrarios a la cesión de los terrenos señalan que “El Chato” López “ha ordenado a los grupos de choque que lo apoyan dentro de esta comunidad a que tomen las instalaciones de la Procuraduría Agraria y además atreverse a pedir el apoyo al Comité Estatal del partido Morena con el argumento de que la aportación de tierras es un acto legal y apoyado por toda la comunidad”.

“Al día de hoy es el asunto social y agrario más controvertido en el Estado de San Luis Potosí y sus implicaciones afectan el tema ambiental, los mantos freáticos y el desarrollo urbano. Es el epicentro de la codicia de los grupos conservadores por excelencia, enemigos acérrimos de la cuarta transformación”, menciona la carta, firmada por comuneros como Baudelia Aguilar Garcia, Juan Garcia Granja, Aniceto Jasso Bravo, Maria Dolores Quintero López y Juan Estrada, entre otros.

En la carta, los comuneros contrarios a la cesión de los terrenos de la Comunidad de San Juan de Guadalupe, hacen tres solicitudes al presidente de la República:

“Primero.- Se instruya de inmediato una investigación sobre los actos realizados por los grupos de poder económico que encabeza Carlos López Medina, que implican corrupción, tráfico de influencias,  lavado de dinero e incluso delincuencia organizada”.

“Segundo.- Se pida al secretario de Sedatu, Román Meyer, para que conforme junto al procurador agrario, Luís Rafael Hernández Palacios Falcón, una comisión que investigue los actos de la Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional y Sedatu en San Luis Potosí, respecto al tema del tráfico de influencias y tierras en la Comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito”.

“Tercero.- Se solicite a la Procuraduría Agraria a efecto que se promueva la nulidad de todos los actos tendientes a la aportación de tierras a la inmobiliaria Reserva SA de CV

y a los actos jurídicos que le dan sustento y origen, como son contratos vinculados a las empresas Espacios del Horizonte SA de CV, Inmobiliaria Cañada de Lobos y todos aquellos actos tendientes a cambiar de forma unilateral el uso de suelo de la superficie pretendida por el Ayuntamiento de San Luís Potosí”.

En la carta, los comuneros contrarios a la cesión de tierras, agradecen al gobierno federal, encabezado por el presidente López Obrador, “su intervención para evitar el despojo de más de dos mil hectáreas, que con una aportación ilegal, trató de llevar a cabo el grupo faccioso de Carlos López Medina y algunas de las familias que se pretenden imponer en nuestra comunidad”.

La carta dirigida al presidente de la República, explica que en San Luis Potosí, la conversión de tierras comunales en espacios comerciales y civiles “implicó la generación de una riqueza inmensa solo para los desarrolladores, pues las tierras se usaron para generar el financiamiento necesario, y los socios ejidatarios que eran minoría en votos en las asambleas de accionistas, y sin cargos en los consejos de administración, quedaron reducidos a simples espectadores, sin obtener las inmensas ganancias de la otra parte”.

“Los empresarios beneficiarios colocaron sin problemas gobernadores como Marcelo de los Santos Fraga, que fue comisario de estas empresas. Presidentes municipales, diputados, y funcionarios diversos del PRI y el PAN se convirtieron en fuentes de financiamiento”, acusa la carta de comuneros de San Juan de Guadalupe, entregada hoy en Cedral al presidente López Obrador.

Otro grupo de comuneros y el comisariado de San Juan de Guadalupe, afines a “El Chato” López y a la cesión de los terrenos, se presentaron también en el evento del presidente en el municipio de Cedral. Iban acompañados por el abogado Iván Sandoval Armas, exdirector jurídico de la Procuraduría Agraria, quien ahora funge como asesor de Reserva San Luis SA de CV.

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Ciudad

Incendios aumentan hasta un 30% en diciembre: Bomberos

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Benavente Duque dijo que el uso de pirotecnia y descuido en instalaciones eléctricas provocan mayores incidentes en la temporada decembrina

Por: Cristian Betancourt

Adolfo Benavente Duque, comandante del H. cuerpo de Bomberos, advirtió que el mes de diciembre será uno de los más complicados en materia de emergencia debido al incremento de siniestros que se registran en la zona metropolitana.

Benavente explicó que los incendios entre el 10 y 15 de diciembre suelen incrementarse entre 25% y 30%, principalmente por el uso de pirotecnia

y aumento de incendio en pastizales.

Detalló que la corporación cerrará con entre 400 y 450 servicios atendidos mientras que noviembre concluyó con 385 emergencias.

Benavente Duque pidió a la población evitar en lo posible el uso de pirotecnia; comentó que en caso de utilizarla se debe encender en zonas sin vegetación.

Finalmente, llamó a extremar precauciones con instalaciones eléctricas, evitar sobrecargas y utilizar equipos adecuados.

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Acusan que imputados simulan tortura para justificar delitos

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La titular de la Fiscalía confirma que el recurso busca anular procesos, pero reiteró el trabajo de la unidad especializada para denuncias genuinas 

Por: Redacción

La titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), María Manuela García Cázares, reconoció que la acusación de tortura es un recurso frecuentemente utilizado por las defensas legales de los imputados, lo que en ocasiones busca retrasar el proceso judicial o generar una vía para evadir la justicia.

La Fiscal señaló que, si bien no se tienen cifras exactas de cuántos casos utilizan este argumento meramente como un “medio defensivo”, el fenómeno es conocido, ya que los imputados buscan aprovecharse de los protocolos de ley.

“Lo utilizan en algunas ocasiones como un medio defensivo… [como saben] que se ha efectuado el protocolo de Estambul, que lleva tiempo, exámenes psicológicos, exámenes médicos. Ello trae consigo un retraso en el proceso,” explicó García Cázares.

La estrategia posterior de algunos imputados es retractarse, argumentando que la acusación fue un intento de justificar supuestas violaciones. Sin embargo, la Fiscal enfatizó que, una vez presentada la denuncia, el Estado tiene la obligación ineludible de investigar

, lo que impide que la parte acusadora simplemente se desista.

La titular de la FGESLP subrayó que la Fiscalía especializada en el tema ha desempeñado una labor significativa para atender las denuncias genuinas.

“Evidentemente que hay casos en los cuales son ciertos, se denuncian y esta fiscalía especializada, pues ha tenido una importante labor”, indicó la funcionaria.

García Cázares mencionó que las denuncias de tortura provienen de diversos cuerpos de seguridad: “Tenemos todo tipo de denuncias, de policías municipales, de de guardia, de de todo tipo.”

El procedimiento obliga a la Fiscalía a localizar a la víctima y realizar los exámenes respectivos sin posibilidad de desistimiento, asegurando que la investigación se realice de manera rigurosa, aunque esto pueda ser usado tácticamente por los imputados.

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SCT endurece regulación al transporte de personal industrial

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Araceli Martínez indicó que su depedencia trabaja en una iniciativa con el Congreso para establecer sanciones penales por contratar transporte ilegal

Por: Redacción

Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), anunció que este viernes iniciará la capacitación piloto para certificar a operadores del transporte de personal, particularmente aquellos que trabajan en la Zona Industrial, donde —reconoció— persisten accidentes derivados de jornadas laborales excesivas y falta de regulación.

Martínez señaló que muchas empresas prestan el servicio sin estar reguladas, se niegan al registro estatal y han mostrado resistencia histórica a cumplir la normativa. “Estamos prácticamente escribiendo las reglas que nunca han tenido”, afirmó.

La funcionaria reveló que hace 15 días se sostuvo una reunión con el parque Logistik II y la Unión de Usuarios, donde se advirtió directamente a los directores de Recursos Humanos: continuarán los aseguramientos de unidades sin autorización y habrá consecuencias legales

.

“Hay corresponsabilidad de los RH que contratan deliberadamente empresas sin permiso. Están poniendo en riesgo a su capital humano”, expresó.

La SCT ya comenzó el aseguramiento de camiones irregulares: solo este lunes se retuvieron tres unidades más. Aunque reconoció el impacto económico para las empresas, Martínez señaló que el riesgo a la vida pesa más que cualquier afectación en la producción

.

Además, adelantó que antes de finalizar el año se firmará un convenio de colaboración con empresas que se comprometan a contratar únicamente proveedores autorizados y certificados. Con esto se busca ampliar el padrón regulado y establecer tarifas mínimas y máximas que eviten que empresas foráneas compitan con costos bajos gracias a operadores sobreexplotados e incluso menores de edad.

Sobre la posibilidad de concesionar formalmente el transporte de personal, la funcionaria confirmó que es el siguiente paso:
“Ya existen empresarios potosinos con concesiones en esta modalidad; queremos fortalecer a los potosinos y dejar de depender de empresas de otros estados”, señaló.

Finalmente, Martínez informó que la SCT trabaja con el Congreso del Estado en una reforma legal para establecer responsabilidad penal para quienes contraten servicios irregulares que pongan en riesgo a su personal.

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