Estado
Ceepac aprobó distribución de financiamiento a partidos políticos
El órgano electoral en la entidad potosina distribuirá los recursos en un 30% de manera equitativa y un 70% de forma proporcional a los votos obtenidos en la elección de diputados
Por: Redacción
El Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), aprobó en sesión extraordinaria la distribución del financiamiento público, para las prerrogativas de los partidos políticos con registro e inscripción vigente ante el organismo electoral, correspondiente al ejercicio fiscal 2023. Afirmaron que la distribución de los recursos será un 30% de forma equitativa, y un 70% de forma proporcional al porcentaje de votos obtenidos en la elección de diputados inmediata anterior.
El Ceepac informó que de acuerdo con la Ley Electoral del Estado, la distribución quedó de la siguiente forma:
El órgano electoral del estado dio a conocer que las cantidades señaladas en la distribución del financiamiento público, asignado por partido político derivado del porcentaje de votación en la última elección, se desglosan de la siguiente forma:
El Partido Acción Nacional (PAN) recibirá 21 millones 220 mil 836.02 de financiamiento público, 635 mil 993.70 pesos para actividades específicas y 294 mil 459.81 pesos de franquicias postales.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) recibirá 17 millones 244 mil 301.35 pesos de financiamiento público, 516 mil 298.68 pesos para actividades específicas y 294 mil 459.81 pesos de franquicias postales.
El Partido del Trabajo (PT) recibirá 10 millones 555 mil 629.66 pesos de financiamiento público, 314 mil 967.42 pesos para actividades específicas y 294 mil 459.81 pesos de franquicias postales.
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) recibirá 30 millones 308 mil 959.80 pesos de financiamiento público, 909 mil 549.27 pesos para actividades específicas y 294 mil 459.81 pesos de franquicias postales.
El Partido Movimiento Ciudadano recibirá 10 millones 530 mil 846.42 pesos de financiamiento público, 314 mil 221.44 pesos para actividades específicas y 294 mil 459.81 pesos de franquicias postales.
Morena recibirá 22 millones 754 mil 864.50 pesos de financiamiento público, 682 mil 168.47 pesos para actividades específicas y 294 mil 459.81 pesos de franquicias postales.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) recibirá 441 mil 689.72 pesos de financiamiento público, 22 mil 084.48 pesos para actividades específicas y 294 mil 459.81 pesos de franquicias postales.
El Partido Conciencia Popular recibirá 9 millones 802 mil 725.59 pesos de financiamiento público, 292 mil 304.76 pesos para actividades específicas y 294 mil 459.81 pesos de franquicias postales.
El Partido Nueva Alianza San Luis Potosí recibirá 9 millones 647 mil 061.50 pesos de financiamiento público, 287 mil 619.22 pesos para actividades específicas y 294 mil 459.81 pesos de franquicias postales.
El Ceepac señaló que es importante mencionar que el último párrafo del artículo 152 de la Ley Electoral del Estado, indica que tratándose de los partidos políticos con registro local, al mes inmediato anterior al del inicio del proceso de elección disfrutarán adicionalmente de una cantidad, para el 2023 la cantidad es de 384 mil 880 pesos que será dividido de manera equitativa entre los dos partidos locales.
En otro punto del orden del día se aprobó el acuerdo mediante el cual se determinan los topes del financiamiento privado para los partidos políticos con registro e inscripción vigente ante el organismo electoral.
El límite de aportaciones que cada partido político podrá recibir en el año 2023 en dinero o especie a través de sus militantes, es la cantidad de 2 millones 650 mil 138.26 pesos, para el caso de simpatizantes, el límite que se establece es la cantidad de 2 millones 922 mil 386.47 pesos; en cuanto el límite individual de aportaciones de simpatizantes en dinero y especie es de 146 mil 119.42 pesos.
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Mauricio Ordaz subrayó que no se permitirá la operación de espacios que no garanticen la integridad de las personas
Por: Redacción
El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil de San Luis Potosí, Mauricio Ordaz Flores, lanzó un llamado de atención a los responsables de Plaza San Luis ante presuntas irregularidades en materia de seguridad, derivadas de falta de mantenimiento.
El funcionario señaló que existe negligencia por parte de los empresarios, quienes no han atendido los requerimientos realizados por la autoridad, pese a haber sido notificados formalmente.
“Ya tenemos un apercibimiento donde se les han señalado inconsistencias, pero siguen siendo omisos”, advirtió.
Ordaz Flores explicó que, conforme a la Ley de Protección Civil, los responsables cuentan con un plazo de cinco días hábiles para subsanar las observaciones o solicitar una prórroga; de lo contrario, se podría proceder a la clausura del inmueble.
Entre las irregularidades detectadas se encuentran la falta de documentación clave como memoria de cálculo estructural, dictamen eléctrico, rutas de evacuación, salidas de emergencia y capacitación en primeros auxilios.
El titular de Protección Civil recordó que el recinto ya ha sido sancionado previamente, luego del colapso de un techo y la ruptura de un vidrio, situaciones que derivaron en la colocación de sellos por parte de la autoridad.
Aunque algunas fallas han sido corregidas, advirtió que esto no es suficiente, ya que los responsables deben acreditar formalmente el cumplimiento de las condiciones de seguridad.
Finalmente, reiteró que la prioridad es garantizar la seguridad de las personas, por lo que no se permitirá la operación de espacios que no cumplan con la normativa vigente.
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El principal punto de conflicto es el incremento salarial, ya que trabajadores buscan condiciones similares a las otorgadas en la planta de Silao, donde se autorizó un aumento del 15%
Por: Redacción
Crisógono Sánchez Lara, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de San Luis Potosí, afirmó que existe confianza en que se logrará un acuerdo entre trabajadores y empresa para evitar el paro laboral en la planta de General Motors en San Luis Potosí.
Luego de que la semana pasada surgiera la posibilidad de un paro por inconformidades salariales, el funcionario explicó que las negociaciones continúan tras acordarse una prórroga hasta el próximo 16 de abril.
“Lo que menos queremos es que se cristalice el emplazamiento a huelga”, señaló.
Indicó que las mesas de diálogo siguen activas con la participación de autoridades estatales, federales, sindicato y empresa, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que beneficie a ambas partes.
Uno de los puntos clave en la negociación es el ajuste salarial, luego de que en la planta de Silao
Sánchez Lara subrayó que el llamado a las empresas es a garantizar condiciones justas, al enfatizar que “no hay trabajadores de primera ni de segunda”, por lo que todos deben recibir un trato digno conforme a la ley.
El funcionario destacó que la estabilidad laboral en la entidad ha sido clave para atraer inversiones, incluso adelantó que hay proyectos importantes en puerta que podrían generar nuevas fuentes de empleo formal.
Finalmente, confió en que el conflicto se resolverá antes de la fecha límite, privilegiando el diálogo y evitando afectaciones a la economía del estado.
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Estado
Consejo Empresarial Mexicano llama “basura automotriz” a autos chocolate y pide retirarlos de circulación
Jaime Chalita Zarur advirtió que la regularización de estos vehículos rompe el marco legal y genera incertidumbre para las inversiones
Por: Redacción
El presidente del Consejo Empresarial Mexicano en San Luis Potosí, Jaime Chalita Zarur, calificó como “basura automotriz” a los llamados autos chocolate y exigió al gobierno federal retirarlos de circulación, al considerar que su regularización afecta gravemente al sector formal y a la competitividad del país.
El líder empresarial advirtió que la legalización de vehículos internados de manera irregular vulnera el estado de derecho y genera incertidumbre para las inversiones, especialmente en entidades como San Luis Potosí, donde la industria automotriz es uno de los principales motores económicos.
“Las decisiones de capital se basan en reglas claras; si estas se rompen, se afecta la confianza de quienes invierten y cumplen con la ley”, señaló.
Chalita Zarur sostuvo que muchos de estos vehículos provienen del extranjero como pérdidas totales, por lo que su ingreso al país representa un riesgo para la seguridad vial, además de fomentar la competencia desleal frente a las empresas establecidas.
Asimismo, acusó que la regularización de estos autos propicia un entorno de corrupción e impunidad, al premiar prácticas ilegales y debilitar el cumplimiento de las normas.
“No estamos ante un rezago social, sino ante la legalización de un engaño activo”, afirmó.
El sector empresarial insistió en que permitir la circulación de estos vehículos afecta la cadena de valor de la industria automotriz, desincentiva el consumo de unidades fabricadas en México y pone en riesgo la estabilidad económica regional.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades a no extender decretos que permitan la regularización de estos vehículos, y asumir el costo político de aplicar la ley para retirar de circulación unidades que ingresaron de manera ilegal.
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