Estado
Buscan eliminar cuotas a combustibles automotrices en Congreso de la Unión
Con el fin de eliminar las cuotas a combustibles automotrices, establecidas en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el diputado Eugenio Govea Arcos presentó una iniciativa con
Proyecto de Decreto para derogar el inciso D), fracción I del artículo 2° de dicha legislación, con el objetivo de que, de ser aprobada por el Congreso del Estado, se postule ante el Congreso de la Unión.
En su exposición de motivos, el diputado señala que con esta modificación se busca fortalecer los ingresos de las familias mexicanas, “particularmente en el rubro de transportes, al que destinan
aproximadamente una quinta parte de sus ingresos y que dicho rubro se encuentra asociado a la movilidad para asistir a la escuela o al trabajo, por lo que se propone reducir el impacto que el IEPS representa en el precio final de cada litro de combustible, fortaleciendo también la productividad y reduciendo presiones inflacionarias asociadas al comercio y transporte de mercancías”.
Detalla que el artículo 2o., fracción I, inciso D) de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios establece el monto de las cuotas gravables por litro a los combustibles automotrices, disponiendo lo siguiente:
Artículo 2o.- Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas siguientes: En la enajenación o, en su caso, en la importación de los siguientes bienes: Combustibles automotrices: Combustibles fósiles Cuota Unidad de medida: Gasolina menor a 92 octanos (4.59) pesos por litro; Gasolina mayor o igual a 92 octanos (3.88) pesos por litro; Diésel (5.04) pesos por litro; Combustibles no fósiles (3.88) pesos por litro.
Las cantidades señaladas en el presente inciso, se actualizarán anualmente y entrarán en vigor a partir del 1 de enero de cada año, con el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes de diciembre del penúltimo año hasta el mes de diciembre inmediato anterior a aquél por el cual se efectúa la actualización, mismo que se obtendrá de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará el factor de actualización en el Diario Oficial de la Federación durante el mes de diciembre de cada año.
En México el precio de las gasolinas se liberó desde el 30 de noviembre de 2017, por lo que, el gobierno ya no determina sus precios por decreto, sino que el precio se ajusta en función del mercado
internacional, con base en el precio de referencia del petróleo, así como a factores nacionales asociados a los costos de distribución, comercialización y el cobro de impuestos.
Agrega que durante los últimos seis años, en México los precios de las gasolinas se incrementaron en más de un 80 por ciento. Para los consumidores el costo de los combustibles prácticamente se duplicó, pues mientras en diciembre del 2012 por cada litro de gasolina Magna pagaban 10.81 pesos, ahora, en el mes de agosto del 2018 pagan 19.39 pesos, lo que representa un incremento de 79 por ciento.
A su vez, la gasolina Premium pasó de 11.37 pesos por litro a 20.89, lo que representa un incremento de 84 por ciento y el diésel pasó de 10.90 pesos a 20.09, aumentando también un 84 por ciento, “así, en el sexenio de la publicitada reforma energética, en promedio el precio de las gasolinas en nuestro país aumentó un 82 por ciento”.
Esta iniciativa se analiza en las comisiones de Puntos Constitucionales; y Hacienda del Estado.
La SCJN dio plazo para formalizar el protocolo; el ejercicio podría costar nuevamente nueve millones de pesos
Por: Redacción
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Héctor Serrano Cortés, afirmó que en el mes de abril estará lista la organización de las consultas que se llevarán a cabo para dar cumplimiento a la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Luego de que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) definiera que no coadyuvará con el Poder Legislativo en la realización de este ejercicio, legisladores, la presidenta de la Directiva, diputada Sara Rocha, y personal del área jurídica se reunieron con la SCJN para abordar el tema.
Serrano Cortés reconoció al máximo órgano de justicia del país como un facilitador del proceso y señaló que se agotó la posibilidad de realizar las consultas a través del Ceepac, que —dijo— es un órgano que puede garantizar un proceso equilibrado y equitativo, pero informó que no hubo condiciones para concretarlo.
El diputado añadió que la consulta ya se había realizado previamente con un costo de nueve millones de pesos; sin embargo, la instrucción es llevarla a cabo nuevamente. Explicó que la Corte otorgó un plazo para formalizar el protocolo, construir un cuerpo operativo y técnico, así como definir preguntas y lineamientos
Indicó que a principios de abril se contará con el protocolo y se realizará una reunión previa con la SCJN para evitar futuras impugnaciones derivadas de posibles omisiones en la formalidad del proceso.
Sobre el costo del nuevo ejercicio, señaló que se contempla una base presupuestal similar a la anterior, lo cual ya fue dialogado con la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo, al tratarse de un mandato que no puede postergarse y tras no concretarse el apoyo del Ceepac.
Finalmente, expuso que el Congreso puede realizar directamente el ejercicio, aunque buscarán reducir costos. Precisó que se llevarán a cabo dos consultas: una en materia de discapacidad, que calificó como más sencilla y que se realizará primero; y otra relacionada con la Ley Indígena, la cual representa mayor complejidad y se desarrollará conforme a los mecanismos establecidos en la legislación correspondiente.
Lee también: Violencia vicaria: definición en debate
El gobernador comentó que las corporaciones estatales de seguridad se encuentran listas para vigilar y resguardar los 59 municipios
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, asistió a la toma de protesta de bandera y posesión del nuevo coordinador de la Guardia Nacional en el Estado, Jorge Enrique Martínez Medina, a quien felicitó y reafirmó su colaboración para seguir manteniendo a la entidad potosina entre una de las cuatro más seguras del país.
En el marco de este evento protocolario, el Gobernador del Estado aseguró que reforzará la colaboración que se tiene en conjunto con la Guardia Nacional y con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), instituciones con las que se ha obtenido resultados positivos gracias a los operativos que se realizan en las cuatro regiones de San Luis Potosí.
De igual forma, Ricardo Gallardo compartió que se tiene una gran coordinación entre la Guardia Nacional y la División Caminos de la Guardia Civil Estatal
Finalmente, el gobernador comentó que las corporaciones estatales de seguridad se encuentran listas para vigilar y resguardar los 59 municipios de la entidad potosina en las próximas vacaciones de Semana Santa, cuyo objetivo es que las familias potosinas, así como de visitantes de otras partes del país y del mundo, puedan disfrutar de los atractivos turísticos que hay en todo el Estado.
La diputada Gabriela López sostuvo que esta figura jurídica aplica cuando hombres agreden a mujeres utilizando a sus hijos
Por: Redacción
La diputada local Gabriela López Torres afirmó que la violencia vicaria debe entenderse como una agresión ejercida de manera predominante por hombres hacia mujeres, utilizando como medio a los hijos en común.
La legisladora explicó que este criterio ha sido respaldado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como por la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), instancia que ha detallado el enfoque jurídico y social de esta figura.
Señaló que, aunque existen casos aislados en otros estados donde se intentó sancionar a mujeres bajo esta figura, la interpretación predominante establece que la violencia vicaria se configura cuando un hombre ejerce violencia contra la madre de sus hijos utilizando a los menores como instrumento de daño.
López Torres aclaró que reconocer esta definición no implica negar que existan mujeres que ejerzan violencia, sino que estadísticamente y conforme a los estudios sociales, esta modalidad específica responde a una problemática estructural que afecta mayoritariamente a mujeres.
“Cuando una mujer pudiera ejercer violencia en circunstancias similares, tendría que recibir otro nombre, pero no es propiamente violencia vicaria”, puntualizó.
La diputada agregó que desde el Poder Legislativo de San Luis Potosí aún existen pendientes en materia de armonización y fortalecimiento del marco jurídico para atender este tipo de violencia.
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