El Ayuntamiento hizo una reunión con autoridades para definir acciones encaminadas al desarrollo de los pueblos indígenas… sin representantes de pueblos originarios

Por: Redacción

Los pueblos y comunidades indígenas de San Luis Potosí no fueron incluidos en la “reunión de trabajo para realizar acciones gubernamentales que coadyuven a fortalecer el desarrollo humano, social, integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas del municipio de San Luis Potosí”, que se realizó el 17 de octubre pasado.

Pese a que se trataba de una reunión para mejorar las condiciones de los pueblos indígenas de la capital del estado, ninguna persona que represente a los pueblos originarios fue invitada al evento, desarrollado en el Palacio de Gobierno.

En cambio, la reunión estuvo compuesta por el alcalde Xavier Nava Palacios; el subsecretario de enlace institucional del gobierno del estado, Juan Ramón Nieto Navarro y el subdirector de Desarrollo Jurídico del Indepi, Eduardo Hervert Sánchez.

Además estuvieron los magistrados Luz María Cabrera Romero y Ricardo Sánchez Márquez, de la Comisión de Justicia Indígena del Supremo Tribunal de Justicia estatal y los diputados Rosa Zúñiga Luna, Óscar Vera Fabregat y María del Rosario Sánchez Olivares.

La reunión también contó con Raúl Olivares Morales, delegado en SLP de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Jorge Andrés López Espinosa.

La minuta que da cuenta de esas presencias fue obtenida por este medio a través de una solicitud de transparencia.

Por su parte, el alcalde Xavier Nava Palacios informó en entrevista para La Orquesta que aún faltan acuerdos por revisar para que se realice la votación del nuevo director de Asuntos Indígenas del Ayuntamiento, pero que no hay una fecha definida, puesto que las propuestas se mantienen en análisis en las comisiones municipales, para después ser enviadas al Cabildo.

El presidente municipal dijo que la convocatoria para ocupar el cargo de la Dirección de Asuntos Indígenas será abierta y que se espera la propuesta de varios candidatos. También aseguró que el proceso de selección se realizará conforme a la normatividad.

La elección de director de Asuntos Indígenas debe hacerse para acatar la sentencia emitida en el mes de mayo por el Juzgado Cuarto de Distrito, que concede la razón a tres comunidades indígenas que radican en la capital potosina, las cuales pidieron el amparo de la justicia federal porque el Ayuntamiento no respetó su derecho a la representación política, omitió llevar a cabo la Consulta Indígena señalada en el artículo segundo de la Constitución, en el que se menciona la obligación realizar la consulta a los pueblos y comunidades indígenas para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, así como el incorporar cualquier recomendación o propuesta que este sector realice durante las consultas.

Nava Palacios dijo que la integración de una instancia de Asuntos Indígenas ya estaba mencionada desde la aprobación del Plan Municipal de Desarrollo y se comprometió a respetar la ley.

Por su parte, el secretario técnico del Ayuntamiento, Jorge Francisco Arias Hernández, confirmó que el municipio aún no acepta la recomendación 07/2019 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por la violación al derecho a la inclusión en la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada que originó el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, en agravio de la comunidad mixteca baja que habita en el municipio de San Luis Potosí.

Arias Hernández aseguró que el Ayuntamiento envió un oficio de respuesta a la recomendación, emitida por la CEDH el 22 de mayo de este año: “lo que se dijo es un extrañamiento de cómo venía esa recomendación, sí está claro lo que emite el juzgado”, aseguró el secretario técnico.

Arias Hernández considera que la recomendación no está acorde con el sentido de la sentencia del Juzgado Cuarto de Distrito, por lo que se espera una respuesta diferente por parte de la CEDH.

MAZAHUAS TOMARON CEDH

Integrantes de la comunidad indígena mazahua que radica en San Luis Potosí se manifestaron ayer en las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Alrededor de cuarenta personas, entre adultos y niños, mantuvieron bloqueada la calle de Mariano Otero y exigieron la destitución del ombudsman Jorge Andrés López Espinosa.

Los manifestantes aseguraban que López Espinosa no se ha pronunciado sobre la queja interpuesta contra el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado (Indepi).

Además, de acuerdo con representantes mazahuas el titular de esa dependencia, Raúl de Jesús González Vega, no los tomó en cuenta para el foro hecho en el mes de noviembre del año anterior.

También denuncian que el gobierno municipal omitió convocarlos para elaborar el Plan de Desarrollo Municipal.
Por dichas inconformidades, la comunidad Mazahua mantuvo tomadas las instalaciones hasta que fueron atendidos.

Mientras tanto, el personal de la CEDH permaneció en la calle a la espera de que se liberara el edificio.

OTRA VEZ

En marzo de 2017, un año y medio después de haber llegado al gobierno estatal, el Ejecutivo que encabeza Juan Manuel Carreras terminó las sesiones de consulta y foros con población indígena para la implementación del Plan Estatal de Desarrollo.

Si las consultas del Plan Estatal de Desarrollo tuvieron que esperar tanto tiempo se debió a que en junio de 2016, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación a diversas autoridades, para que se adecuara la normatividad y garantizar con ello la Consulta Indígena. Además en septiembre del mismo año, se dictó sentencia constitucional concediendo un amparo a efecto de que las autoridades responsables elaboraran la Consulta Indígena.

Carreras López destacó en marzo de 2017 que la consulta indígena fue elaborada por el gobierno del estado, pero con el acompañamiento del Poder Legislativo y Judicial, y además el apoyo técnico de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dando como resultado que se realizaran las modificaciones al Plan Estatal de Desarrollo, publicándose las mismas en el periódico Oficial del Estado el 18 de marzo de 2017.

Al respecto, Guillermo Luévano Bustamante, catedrático e investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y representante legal de miembros del Consejo Consultivo Indígena, señaló que el 22 de marzo de 2017 se presentó una denuncia en contra del gobierno del estado, por la inejecución de la sentencia del amparo tramitado por miembros de comunidades indígenas, en la que se obliga al Ejecutivo a realizar las consultas indígenas correspondientes para que estas fueran incluidas en el Plan Estatal de Desarrollo.

Esto constituye una acción muy grave por parte del gobierno estatal, puesto que las sentencias de amparo son obligatorias y que la inejecución o la ejecución parcial de estas deriva en multas, suspensiones de cargo a los funcionarios que omitan esta sentencia e incluso la separación definitiva de las labores públicas.

OLVIDADOS

En la capital de San Luis Potosí las comunidades indígenas carecen de servicios elementales como agua potable, alumbrado público y pavimentación. De acuerdo a una recomendación emitida en octubre pasado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), esto atenta contra los derechos humanos de la población indígena, compuesta por alrededor de 3 mil 657 personas, lo cual representa el 0.5 por ciento de la población en la ciudad.

El impacto de dichas omisiones afecta a las comunidades indígenas Mixteca Baja, Mazahua, Triqui y Wixarika, por lo que la CEDH urgió a al Ayuntamiento a tomar medidas correspondientes.

La inconformidad por parte de las comunidades indígenas comenzó a tomar forma en el año 2015, cuando un representante de la comunidad Mixteca Baja solicitó que a nivel municipal se instalara un Departamento de Asuntos Indígenas para que así se resolvieran las carencias de quienes integran a ese sector.

La conformación del Departamento no se dio, ya que no cumplía con los requisitos de representatividad. Al tratarse solo del 0.5 por ciento de la población no era viable formar una dirección especializada, así que desde el Ayuntamiento se estableció que la atención para la población indígena recaería en la Dirección de Desarrollo Social.

No obstante, las problemáticas continuaron. Por ello la comunidad MIxteca Baja acudió a la CEDH en busca de apoyo.

Fue entonces cuando se detallaron los servicios que eran prioritarios para todas aquellas comunidades que habían sido relegadas y olvidadas hasta el momento. Entre ellas destacaban “alumbrado público, pavimentación, agua potable, drenaje y alcantarillado, servicio de recolección de basura y condonación de servicio de panteón para la comunidad mixteca”, según indica el documento.

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