México
Bandera del Ejército Trigarante: la verdadera Independencia de México
Este símbolo cobijó a las fuerzas realistas e insurgentes para poner fin a la guerra que dio nacimiento a nuestra nación
Por: Ana G Silva
El 24 de febrero de 1821, el sastre José Magdaleno Ocampo entregó al emperador Agustín de Iturbide la bandera del Ejército Trigarante, la cual simbolizaba el pacto entre realistas e insurgentes establecido en el Plan de Iguala. Tres días antes se dio el famoso “Abrazo de Acatempan”, entre este personaje y Vicente Guerrero, líder de las fuerzas independentistas mexicanas. Hecho que finalmente el fin de la colonia española.
La bandera tenía tres colores: blanco, verde y rojo, mismos que se conservaron para la que hoy es la bandera oficial de México, aunque con un significado distinto, pues en ese entonces el blanco simbolizaba la pureza de la religión católica; el verde el ideal de independencia política; y el rojo el ideal de la unión entre todos los mexicanos, sin importar su procedencia; además estos colores estaban en diagonal y también tenían tres estrellas . Se podría decir que esta fue la bandera original del país.
Esta bandera fue modificada meses después, una vez lograda la Independencia, donde se le agregó, al centro un escudo bordado con la corona real, rodeada por las palabras “Religión, Independencia, Unión”. De acuerdo con el portal del Gobierno de México, esta bandera del Batallón de Infantería en la Línea Provincial de Puebla “mostraba su adhesión a la independencia y a la forma monárquica de gobierno”.
Editorial Clío, en el video de la series de Minibiografías “Agustín de Iturbide”, donde narró en video dedicado a la biografía de Agustín de Iturbide, que esta historia comenzó en 1820, cuando Iturbide fue enviado a pelear contra las tropas de Vicente Guerrero, uno de los últimos insurgentes, pero al mismo tiempo formaba parte de un grupo que planeaba conspirar para lograr la independencia de México, por lo que el realista y el insurgente intercambiaron cartas para reunirse en Acatempan, Guerrero, el 21 de febrero de 1821.
El 24 de febrero de 1821 estos personajes históricos firmaron el Plan de Iguala, en el que se establecen las 3 garantías que sustentaron su pacto: el respeto a la religión católica, la independencia y la unión de europeos y americanos sin distinción de castas, mismas que, como se mencionó anteriormente, se plasmaron en una bandera con los colores que Iturbide designó como nacionales. No obstante, su intención no era un proyecto independentista sino de pacificación.
Clío detalla que con las tropas de Iturbide y Guerrero se conformó el Ejército Trigarante, que fue un paseo triunfal al que se sumaron autoridades civiles y militares, que habían pertenecido al ejército realista, así como de organizaciones insurgentes, sumando una fuerza de 16 mil 134 elementos.
Para el 24 de agosto de ese año, el virrey Juan O’Donojú dialogó con Iturbide en Córdoba, donde el monarca reconoció la independencia mexicana.
La revista Nexos, en el texto titulado “Iturbide: El valiente, el héroe, el traidor” de Mauricio Tenorio Trillo, explicó que Iturbide esperó hasta el jueves 27 de septiembre de 1821 para hacer la entrada triunfal del Ejército Trigarante 
Al día siguiente, fue firmada el acta que declaraba la independencia de la Nueva España para crear el nuevo “Imperio Mexicano”. Un año después, Iturbide se convirtió en emperador de México, pero, en 1823, abdicó al trono y partió con su familia a Europa. El Congreso lo declaró traidor y enemigo de México condenando a muerte si regresaba al país.
Agustín de Iturbide regresó a México para advertir y activar una defensa, ya que España y sus países aliados tenían un plan de reconquista; sin embargo, una vez que pisó tierra mexicana fue aprendido y poco después, en 1824, fue fusilado.
Mauricio Tenorio Trillo explicó que los historiadores hicieron lo posible por borrar de la memoria de los mexicanos los logros de Agustín de Iturbide, incluyendo la consumación de la Independencia, y la adjudicación de le atribuyeron sus enemigos de “sed de poder absoluto” no corresponde del todo a la verdad histórica.
“1820 vio nacer a Iturbide el héroe, el más popular que la América del Septentrión había conocido hasta entonces. Una heroicidad que duró, sin embargo, pocos años: para 1824 Iturbide era el primer traidor absoluto de la historia nacional, uno de esos villanos indispensables para las historias patrias”, destacó la revista en el texto.
El pasado 27 de septiembre, la bandera del Ejército Trigarante reapareció en un acto público, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la ceremonia de los 200 años de la consumación de la Independencia en la Plaza de la Constitución en la Ciudad de México en donde se llevó a cabo un desfile.
En el evento el presidente de México ondeó la bandera del Trigarante para conmemorar la tregua entre realistas e insurgentes en Acatempan, en un acto que calificó como un recordatorio de la unidad que debe primar en el país.
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Los citatorios se abrieron para diez ciudadanos de Sinaloa, mientras que uno alterno incluyó a funcionarios de Chihuahua
Por: Roberto Mendoza
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió citatorios para diez ciudadanos del estado de Sinaloa, entre los que se encuentra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, como parte de una investigación derivada de una acusación formal presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.
Sobre esta primera acción ministerial, la dependencia federal determinó: “dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad“.
Dentro del expediente judicial radicado en la corte estadounidense se incluye al senador en activo Enrique Inzunza, exsecretario general de Gobierno de Sinaloa. A diferencia del mandatario estatal con licencia, el legislador conserva su escaño y fuero constitucional; su última ubicación reportada en territorio sinaloense data del 10 de mayo, tras registrar ausencias en sus funciones legislativas desde finales de abril.
De forma paralela a esta indagatoria, la instancia de procuración de justicia federal desarrolla una investigación en curso requiriendo la presencia de autoridades de Chihuahua por la cadena de mando en el operativo realizado en la Sierra del Pinal los días 17 y 18 de abril.
Respecto a este caso, el órgano autónomo detalló: “están siendo citados a comparecer, en calidad de testigos, la gobernadora constitucional del estado y el ex fiscal General de Justicia de esa entidad, a fin de que les sea recabada la entrevista ministerial encaminada al esclarecimiento de los hechos que se investigan”.
Los requerimientos ministeriales ejecutados responden al seguimiento de las operaciones logísticas en ambas entidades y a las acciones pertinentes de los respectivos planes de investigación.
Para fundamentar el alcance de las comparecencias y entrevistas en sede federal, la institución de justicia precisó: “En ambos casos se actúa de conformidad con las correspondientes atribuciones constitucionales y legales, así como con plena sujeción al debido proceso”.
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La gobernadora en persona recibe el documento, asegura que se presentará aun con fuero
Por: Roberto Mendoza
Dos agentes ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR) acudieron este 23 de mayo al Palacio de Gobierno de Chihuahua para notificar el requerimiento oficial a la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, quien garantizó su asistencia programada para el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas: “Ahí estaremos, porque siempre he dado la cara”, aseguró.
El origen del citatorio ministerial responde a la investigación federal iniciada tras el desmantelamiento de un laboratorio clandestino el pasado 19 de abril en el municipio de Morelos.
La indagatoria, documentada, examina la participación operativa de dos agentes estadounidenses en territorio estatal con apoyo de la Agencia Estatal de Investigación, con el objetivo de determinar si la administración de Chihuahua violó la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
Ante el requerimiento de la autoridad federal, la mandataria estatal abordó su situación jurídica frente a la protección constitucional de su cargo y estableció un contraste operativo respecto a las indagatorias dirigidas a otros ejecutivos estatales: “Voy a tener que estar en la FGR compareciendo, aunque yo una servidora tenga fuero constitucional. ¿con Rubén Rocha no se le ha pedido comparecer, ni a ningún otro gobernador de este país?
La integración de la carpeta de investigación a cargo del Ministerio Público de la Federación contempla hasta el momento la emisión de citatorios previos dirigidos a 50 funcionarios estatales, como parte de las diligencias para establecer si las autoridades locales incurrieron en una invasión de competencias de jurisdicción federal.
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La iniciativa incluye cambios al sistema de candidaturas judiciales y nuevas reglas para la organización electoral
Por: Roberto Mendoza
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión turnó a la Cámara de Diputados la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para modificar la reforma judicial y reordenar el calendario electoral constitucional. La propuesta plantea que la elección judicial federal y local se celebre el primer domingo de junio de 2028 y que la revocación de mandato coincida con las jornadas electorales ordinarias. El proyecto forma parte de los temas previstos para un periodo extraordinario del Congreso.
La iniciativa reorganiza la elección judicial mediante distritos por circuito y especialidad, modifica el diseño de boletas y establece que las autoridades electorales no podrán alterar resultados ni asignación de cargos posteriores a la elección.
También prevé reducción de candidaturas mediante insaculación pública, reglas de paridad de género y la creación de una Comisión Coordinadora entre los Comités de Evaluación de los tres Poderes de la Unión
El paquete legislativo también contempla reformas para crear una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas vinculada al INE y adicionar una causal de nulidad electoral por intervención extranjera.
El régimen transitorio establece que los cargos judiciales pendientes de renovación desde 2025 deberán elegirse en 2028 y que las entidades federativas deberán armonizar sus procesos judiciales locales con el modelo federal previsto en la reforma constitucional.
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