El coordinador priista Rubén Moreira asegura que es una medida por “urgencia de dinero”

Por Roberto Mendoza

Al filo de las dos de la madrugada de este viernes la Cámara de Diputados aprobó, con 337 votos a favor y 126 en contra, la reforma a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Nuevo impuesto de $1.50 por litro a bebidas sin azúcar y $3.08 a las que contienen azúcar. La minuta fue remitida al Senado.

Rubén Moreira calificó la medida como una muestra de la precaria situación financiera del Ejecutivo. “La economía no despega y el gobierno está quebrado”, sentenció. Afirmó que no es una política de salud sino una “urgencia de dinero”, y advirtió que “el año que entra van sobre la otra parte”, como panificadoras y pastelillos

La justificación oficial fue fomentar productos más saludables y combatir la crisis por diabetes y obesidad. Sin embargo, la oposición lo calificó como un impuesto “absolutamente recaudatorio” que afectará la economía familiar. Moreira ligó esto a “caprichos” presidenciales como el Tren Maya y el tren a Querétaro.
Proyectó que la deuda pública llegará a 30 billones de pesos al final del sexenio.

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Oposición denuncia que nuevos impuestos afectarán directamente al consumidor; la bancada oficialista lo presenta como un acuerdo por la salud pública.

Por: Roberto Mendoza 

​En el marco de la acalorada discusión del Paquete Fiscal en la Cámara de Diputados, las bancadas de oposición y las del oficialismo expusieron dos visiones sobre la miscelánea fiscal, particularmente en lo referente al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Mientras el coordinador del PAN, Elías Lixa, calificó la estrategia del gobierno como una “absoluta farsa” con fines puramente recaudatorios, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, defendió un acuerdo de último momento con la industria refresquera como un gesto de diálogo, que dijo, debe permear a los medios de comunicación y a las iglesias y como un triunfo para la salud pública.

​El diputado Elías Lixa descalificó frontalmente el acuerdo, asegurando que al oficialismo “se les cayó el teatrito”. Calificó la negociación como una farsa orquestada, señalando directamente la reunión, a la que no fueron invitados los coordinadores de ningún otro partido, de una negociación obscura de Monreal con los empresarios. En sus palabras, describió la estrategia del gobierno: “lo que hicieron fue hacer como que le iban a poner más impuestos, reunirse con cabilderos y representantes de empresas para ponerlo en teoría a la mitad y decir que son los salvadores de la patria”.

Para Lixa, esta maniobra demuestra que el objetivo nunca fue la salud, sino que es un tema “100% recaudatorio” cuyo costo se traslada directamente al consumidor. “Le están poniendo impuestos a la gente. Punto”, sentenció, añadiendo que la prueba final de la “mentira” es la imposición de una nueva carga tributaria incluso a refrescos sin azúcar.

​En contraste, Ricardo Monreal reveló desde la tribuna que, tras dialogar con directivos de empresas como Coca-Cola FEMSA y Arca Continental, se alcanzó un acuerdo para disminuir la propuesta impositiva en un 50% a cambio de medidas en beneficio de la salud. Monreal negó la presencia de cabilderos y enmarcó la negociación como una señal de la presidenta Claudia Sheinbaum para “recomponer” la relación con el sector económico del país. “Lo que este gesto político y legislativo implica es que queremos recomponer nuestra relación con el sector económico del país”, afirmó, posicionando el diálogo como la herramienta para avanzar en la agenda nacional.

​La crítica de la oposición se extendió más allá del IEPS. Lixa acusó al gobierno de estar “en quiebra” y de recurrir a un endeudamiento excesivo para pagar deudas anteriores, comparando la estrategia con “el cuate que ya tiene sobregirada la tarjeta de crédito y pide otra”. Además, denunció la creación de una “ley espía” que permitiría al gobierno acceder a datos de usuarios en plataformas digitales, calificándolo como parte de un “andamiaje autoritario”. Acusó al partido en el poder de ser el “cártel de Morena, que hoy está asaltando y extorsionando a los ciudadanos con estas reformas”.

La Cámara Baja da luz verde a la Ley Federal de Derechos y a reformas al Código Fiscal, lo que fortalece la fiscalización y actualiza el cobro por servicios del Estado​

Por: Roberto Mendoza

​En una sesión que se extendió durante el miércoles y culminó en los primeros minutos de este jueves, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó los dos primeros dictámenes del Paquete Económico para 2026, propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Con el aval de la mayoría oficialista, se dio luz verde, sin cambios, a la miscelánea de la Ley Federal de Derechos y, con modificaciones, a un paquete de reformas al Código Fiscal de la Federación, que endurece las medidas contra la evasión y el uso de comprobantes fiscales falsos.

​El primer dictamen aprobado, correspondiente a la Ley Federal de Derechos, actualiza las cuotas por los servicios que presta el Estado y por el aprovechamiento de bienes de dominio público. Con 352 votos a favor y 133 en contra, la reforma impactará costos en trámites migratorios, servicios sanitarios, aeronáuticos, el uso del espectro radioeléctrico así como el acceso a museos y zonas arqueológicas, entre otros. A pesar de que se presentaron múltiples r eservas por parte de la oposición, el documento fue avalado en sus términos y turnado al Senado de la República para su análisis.

​La reforma de mayor calado se centró en el Código Fiscal de la Federación, aprobada en lo general con 348 votos y en lo particular con 335. El objetivo central es dotar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de facultades para combatir frontalmente a las empresas que emiten comprobantes para amparar operaciones inexistentes. La autoridad fiscal podrá ahora negar la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes a personas morales si detecta que sus socios o representantes han participado en esquemas de facturación falsa,

​Desde la tribuna, legisladores del bloque mayoritario justificaron las medidas como un paso indispensable para desmantelar esquemas de corrupción y evasión fiscal. En contraste, la oposición criticó lo que calificaron como un proceso apresurado y un debilitamiento de la certeza jurídica para los contribuyentes. Durante la discusión en lo particular, se realizaron ajustes clave, como la eliminación de una causal de improcedencia para el recurso de revocación y el aplazamiento hasta el 1 de abril de 2026 de la obligación para plataformas digitales de entregar información a la autoridad. Ambos dictámenes fueron remitidos al Senado para su ratificación, quedando pendientes en San Lázaro la discusión de las leyes del IEPS y de Ingresos de la Federación.

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