julio 22, 2026

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Congreso del Estado

Aún podría haber aumento a las tarifas de agua industriales y comerciales en SLP

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El Congreso ha dado un no rotundo al alza al costo doméstico

Por: Redacción

Las y los integrantes de la Comisión del Agua del Congreso del Estado dieron a conocer que continúan el análisis de las iniciativas de aumentos a las tarifas de agua en el estado, por lo que aún no están definidos los costos para el próximo año.

“No vamos a aumentar las tarifas domésticas, las de casa habitación, porque se lastimaría a las familias, mientras que en las tarifas comerciales e industriales vamos a analizar la posibilidad de incrementos”, mencionó José Luis Fernández Martínez, diputado líder de la banca del Partido Verde y vocal de la comisión.

El diputado declaró que “el mensaje que recibimos de la Junta de Gobierno del Interapas es que los representantes de los sectores comercial e industrial están de acuerdo en que se les aumente la tarifa, porque votaron a favor pero aun no concluimos el análisis y la discusión y cuando esté la información, la daremos a conocer”.

Los organismos de agua de Cárdenas, Tamuín, Rayón y Tamazunchale no presentaron solicitudes de aumento en sus cuotas y tarifas

y sólo indexarían en base al Índice Nacional de Precios al Productor; Interapas, Ciudad Valles, Matehuala, Tamazunchale, Rioverde, Ciudad del Maíz, Cárdenas, Villa de Arista.

Tamuín, Charcas, Axtla, San Ciro de Acosta, Ciudad Fernández, Villa de la Paz, Villa de Reyes, El Refugio, El Naranjo, Tanquián de Escobedo, Ébano, Cerritos y Cedral, son los organismos que están siendo revisados en sus propuestas, condiciones, viabilidad y otras características que
tienen.

José Luis Fernández Martínez dijo que “en el tema de agua tenemos que ser cuidadosos porque una mala decisión puede afectar a las familias y también debemos cuidar a los organismos que han tenido un buen comportamiento y han enfrentado bien el problema de abasto de agua para mantener la competitividad”.

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Congreso del Estado

Guajardo exhortará a municipios a crear sistemas de justicia cívica

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El legislador panista busca que los ayuntamientos incorporen el sistema en su presupuesto de 2027

Por: Redacción

Rubén Guajardo Barrera, diputado local del PAN, presentará este miércoles ante la comisión permanente del Congreso del Estado un exhorto a 56 municipios de San Luis Potosí que aún no operan el sistema de justicia cívica, previsto en la ley aprobada por el Legislativo estatal en el cuarto periodo.

La ley no obliga a los municipios a operar el sistema, pero sí exige que los ayuntamientos que ya cuenten con uno propio se adecuen al nuevo marco normativo estatal. Actualmente solo tres municipios lo tienen en funcionamiento: San Luis Potosí, Rioverde y Ciudad Valles.

Guajardo, integrante de la primera Comisión de Hacienda Municipal, planteó que julio y agosto son el momento idóneo para que los 56 municipios restantes incorporen el gasto del sistema en su Ley de Ingresos y Egresos de 2027, antes de presentarla al Congreso del Estado.

El diputado sostuvo que la justicia cívica permitiría resolver conflictos menores —ruido, maltrato animal, acumulación de basura y choques leves— sin que lleguen a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí

. “Imagínense cuántas carpetas de investigación tenemos en la Fiscalía General del Estado con este tipo de problemas”, advirtió.

La nueva ley, dijo, también fijó requisitos para los jueces cívicos que antes cada ayuntamiento definía a su libre albedrío: ahora deben ser abogados y acreditar cierta experiencia. Guajardo sostuvo que el sistema, además de aligerar la carga de la Fiscalía, contribuiría a una mejor convivencia y a la seguridad pública en los municipios, al tratarse de un mecanismo preventivo.

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Congreso del Estado

Se busca nueva ley para garantizar detección y tratamiento oportuno de cáncer infantil

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El cáncer infantil y adolescente constituye una de las principales causas de mortalidad en menores de 18 años en México

 

Por: Redacción

Con el objetivo de establecer disposiciones en apego a los ordenamientos normativos generales en materia de salud y de detección del cáncer, la diputada Frinné Azuara Yarzábal propuso una iniciativa para expedir la Ley para la Detección y Tratamiento Oportuno e Integral del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia del Estado.

 

Con esta nueva legislación, se busca coordinar de mejor manera la estrategia para canalizar los recursos materiales y humanos que requieren los menores de edad en el tratamiento de este padecimiento, de acuerdo con su condición física, garantizando con ello el derecho a la salud, del interés superior de la niñez y a la vida.

 

Indica que que el cáncer infantil y adolescente constituye una de las principales causas de mortalidad en menores de 18 años en México, con predominio de leucemias, linfomas y tumores del sistema nervioso central.

 

Además, señaló que la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, establece derechos y obligaciones que deben ser replicados y fortalecidos en el ámbito estatal.

 

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Congreso del Estado

Propone Sara Rocha iniciativa para mejorar Ley de Atención a Víctimas

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Se busca subsanar una deuda histórica de protección en materia de violencia de género, al incluir explícitamente el delito de feminicidio

Por: Redacción

Con el fin de garantizar el acceso a asesoría jurídica especializada, visibilizar el feminicidio y los derechos de las personas integrantes de comunidades y pueblos indígenas, y la población afromexicana, la diputada Ma. Sara Rocha Medina propuso una iniciativa para reformar disposiciones de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí.

 

Explicó que con estas reformas, se busca una armonización con lo establecido en la  Ley General de Víctimas, en lo relacionado con la ampliación de las garantías procesales en cuanto al acceso efectivo a la justicia, la debida diligencia y el acompañamiento humanitario de las víctimas; así como dotar de mayor inclusión, visibilización y enfoque diferencial en las políticas públicas de atención a las personas de las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanas.

 

Asimismo, se busca subsanar una deuda histórica de protección en materia de violencia de género, al incluir explícitamente el delito de feminicidio en el catálogo de supuestos que exigen esquemas prioritarios de protección estatal.

 

Esta adición armoniza nuestra legislación con las obligaciones suscritas por el Estado Mexicano en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)

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