Congreso del Estado
Apertura y consenso, claves en la directiva del Congreso: Aranzazú Puente
La legisladora concluyó periodo como presidenta de la directiva del Congreso y aseguró que se lograron resultados gracias a la civilidad de los grupos parlamentarios
Por: Redacción
María Aranzazu Puente Bustindui, diputada en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, aseguró que la apertura, la pluralidad y el consenso, caracterizaron el trabajo que desempeñó en el encargo de presidenta de la directiva del Legislativo local, donde gracias a la civilidad democrática y cordialidad entre los Grupos Parlamentarios se lograron resultados a favor de las y los potosinos. Esto tras concluir su periodo al frente de este cargo.
La diputada afirmó que se abrió la puerta a todas las personas, colectivos o actores de la sociedad que lo requirieron, con esquemas de acercamiento para buscar soluciones a las temáticas planteadas, privilegiando la pluralidad de ideas y el respeto.
Puente Bustindui señaló que la elección de Cinthia Verónica Segovia Colunga a la presidencia de la directiva a partir de este primero de febrero, será el inicio de una gestión exitosa, “por lo que le he reiterado mi apoyo absoluto para que el Poder Legislativo continúe su trabajo constante en la construcción de un mejor San Luis Potosí”.
La legisladora local destacó que el periodo de cuatro meses y medio al frente de la Directiva, tuvo como eje rector el apego y respeto a la normatividad, la coordinación y el trabajo con diversos actores, fortaleciendo la coordinación y comunicación con otros Poderes del Estado para atender temas relevantes de la agenda pública.
“Mantuvimos una política de puertas abiertas y de diálogo constante y permanente con actores sociales, políticos y académicos, con la finalidad de que el Congreso del Estado siga siendo la casa de todos los potosinos. Asistí a más de 90 eventos de representación, con los diversos niveles de gobierno, instituciones diversas y mantuvimos siempre el contacto permanente con los ciudadanos”.
Aranzazu Puente destacó que durante su periodo como presidenta de la directiva del Congreso local, firmó dos convenios de colaboración, uno de ellos con el Congreso del Estado de Guanajuato y otro con la Universidad Intercultural del Estado. Se recibió en donación el Sistema Integral de Gestión Documental, como una herramienta innovadora que permitirá al Congreso de San Luis Potosí mejorar la forma en la que sistematiza y gestiona la información de archivo y en consecuencia, será posible tener elementos para tomar mejores decisiones y a su vez, garantizar el acceso a la información pública de calidad que la sociedad exige hoy en día.
La diputada manifestó que se desahogaron temas de gran relevancia como las Leyes de Ingresos de los municipios del Estado, la reforma a la Ley de Educación, la discusión sobre las tarifas del agua, la discusión y análisis del paquete presupuestal del ejercicio fiscal 2023 del Estado. Se desahogaron las comparecencias por la Glosa del Primer Informe de Gobierno, se realizó el Parlamento Juvenil, la comparecencia del Fiscal General del Estado, así como la sesión solemne por los 100 años de autonomía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
La congresista dijo que se trabajó en el fortalecimiento del capital humano apostándole a la capacitación, a través de cursos para el personal que abarcó desde temas de transparencia, control interno, así como marco lógico, construcción de indicadores y presupuesto basado en resultados.
“Se diseñaron procesos operativos y legales para abatir el rezago legislativo, logrando importantes avances y sentando las bases para que la nueva Directiva dé continuidad a este asunto”, dijo.
Finalmente, Puente Bustindui dijo que se atendieron los recursos legales interpuestos ante diversas leyes y reformas aprobadas por el Congreso del Estado, con una puntual contestación y seguimiento a cada recurso de revisión enviado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales que así lo requirieron.
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Congreso del Estado
Se busca desde el Congreso fortalecer atención integral a pacientes de Alzheimer
La iniciativa contempla adicionar diversas fracciones , así como incorporar el denominado “Atención Integral del Alzheimer y Otras Demencias”
Por: Redacción
Con el propósito de visibilizar el Alzheimer y fortalecer la atención integral de las personas que viven con esta condición, la diputada Frinne Azuara Yarzábal, presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí.
La iniciativa plantea incorporar un marco jurídico específico para la atención del Alzheimer y otras demencias, con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y acompañamiento integral; además de brindar mayor protección a las personas que enfrentan estas enfermedades y a quienes se encargan de su cuidado.
La legisladora explicó que la ausencia de disposiciones específicas limita la capacidad de respuesta del Estado y contribuye a mantener en la invisibilidad a quienes viven con estas condiciones, por lo que consideró que la reforma representa un acto de justicia, humanidad y visión de futuro para avanzar hacia un sistema de salud más solidario, preparado y digno.
La legisladora Azuara Yarzábal puntualizó que la iniciativa contempla adicionar diversas fracciones a los artículos 4, 13, 23 y 25, así como incorporar el Capítulo X Bis, denominado “Atención Integral del Alzheimer y Otras Demencias”, con los artículos 67 Sexties 1, 2, 3, 4 y 5.
Dentro de las modificaciones propuestas se establece una definición de la enfermedad de Alzheimer como un trastorno neurocognitivo mayor, progresivo y degenerativo que afecta la memoria, el pensamiento, la conducta y la autonomía funcional.
Congreso del Estado
Congreso analiza endurecer sanciones a funcionarios por corrupción
La iniciativa contempla destitución e inhabilitación de tres a diez años
Por: Redacción
El diputado César Arturo Lara Rocha presentó una iniciativa para reformar el artículo 316 del Código Penal del Estado, con la que busca incrementar las sanciones para los servidores públicos que intervengan en delitos de corrupción.
La propuesta plantea que, cuando en la comisión de un delito de los previstos en los capítulos I a III del título correspondiente participe un servidor público en ejercicio de sus funciones o aprovechándose de su cargo —ya sea por acción u omisión—, la pena de prisión prevista se incremente en una mitad. Además, contempla la destitución del cargo y la inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por un periodo de tres a diez años.
Lara Rocha señaló que la reforma no es solo una modificación técnica, sino que busca enviar un mensaje de tolerancia cero frente a la corrupción y el uso indebido de las instituciones públicas. Explicó que precisar la responsabilidad de los servidores públicos que faciliten o coadyuven en un delito, incluso por omisión, daría a los juzgadores mayores herramientas para sancionar y proteger la función pública.
El legislador dijo que la propuesta busca atender espacios de impunidad derivados de la participación pasiva o indirecta de servidores públicos, y citó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que establece obligaciones a los Estados en materia de prevención, incluidas medidas legislativas sobre abuso de funciones y uso indebido de influencias. La iniciativa fue turnada a la Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado para su análisis y dictamen.
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Congreso del Estado
Iniciativa busca fomentar la creación de centros de recuperación y albergues de animales
Es necesario fortalecer la atención, vacunación, esterilización, rehabilitación y adopción de animales en situación de calle o abandono: Dip. Dulcelina Sánchez de Lira
Por: Redacción
La diputada Dulcelina Sánchez de Lira presentó una iniciativa para armonizar la Ley de Protección a los Animales y la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí en relación a la creación de Centros de Recuperación y albergues de protección animal en los municipios del estado.
Señala que en la mayoría de los municipios del Estado, los Centros de Recuperación y los albergues previstos por la ley, no existen o funcionan de manera insuficiente, debido principalmente a la ausencia de asignaciones presupuestales permanentes y a la falta de incorporación expresa de estas funciones dentro de la estructura competencial de los Municipios.
El principal obstáculo para la ejecución efectiva de las políticas públicas de bienestar animal no radica en la inexistencia de obligaciones legales, sino en la falta de armonización entre la Ley de Protección a los Animales y la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, ya que mientras la legislación especial impone obligaciones específicas a los municipios, la legislación orgánica no incorpora de manera expresa dichas atribuciones dentro de las competencias municipales, situación que dificulta su ejecución.
Por ello, la iniciativa propone establecer como facultad de los ayuntamientos, el implementar o mediante esquemas de colaboración pública, social o privada, sus C entros de Recuperación Animal para la atención, vacunación, esterilización, rehabilitación y adopción de animales
en situación de calle o abandono conforme a la Ley de Protección a los Animales del Estado de San Luis Potosí.Se indica que todos los municipios en el Estado, podrán realizar el “Programa Animal Comunitario” mediante esquemas de colaboración pública, social o privada, y de manera permanente y con el fin de garantizar el bienestar de los animales en situación de calle o abandono.
La legisladora señala que de aprobarse esta reforma, se contribuirá a reducir progresivamente la sobrepoblación de perros y gatos en situación de calle mediante métodos éticos de control poblacional; disminuir la incidencia de enfermedades zoonóticas, mordeduras y accidentes relacionados con animales abandonados; fortalecer la salud pública y mejorará las condiciones de convivencia comunitaria.
Asimismo, permitirá que la protección animal deje de depender de decisiones administrativas aisladas para convertirse en una obligación institucional permanente, susceptible de planeación, evaluación y fiscalización.
La iniciativa se turnó para su análisis a las comisiones de Ecología y Medio Ambiente y Régimen Interno y Asuntos Electorales.
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