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AMLO: Seis meses de altibajos
En su primer semestre como presidente AMLO ya ha atravesado por varias crisis
Por: El Saxofón
El manejo de la agenda mediática es una de las fortalezas del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Con las conferencias mañaneras como eje rector, el primer mandatario del país dicta la línea informativa que siguen muchos medios de comunicación. Datos y ocurrencias por igual sirven al tabasqueño para abrir nuevos frentes, dar a conocer iniciativas y apagar algunos fuegos.
Así ocurrió durante la semana del 27 al 31 de mayo, donde todo parecía indicar que la crisis que enfrenta el sector salud debido a los recortes presupuestales y a la rectoría del gasto por parte de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), envolvería a la Cuarta Transformación en una crisis de la que difícilmente podría salir.
Sin embargo, casualidad o destino, ese mismo lunes, se dio a conocer la orden de aprehensión que pesa sobre el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin y el empresario y dueño de Altos Hornos de México SA, Alonso Ancira, quien fue aprehendido en España.
De inmediato la atención mediática se concentró en este tema. La salud de los mexicanos que preocupaba a opinadores y políticos de la oposición, pasó a segundo término, y la atención se concentró en lo que parece ser el primer embate real del actual gobierno federal contra la corrupción del pasado.
Hay quienes aseguran que la brecha que abre la investigación contra Lozoya y Ancira podría llegar hasta el presidente Peña Nieto. Habría que ver, lo cierto es que si esta investigación se le cae a la PGR, si vemos libre a Lozoya después de unos meses, sin duda será un gran fracaso, y tal vez sea la mejor prueba de que la Cuarta Transformación, no ha tenido lugar.
Durante el martes 28 y el miércoles 29, toda la información giró sobre este caso. Ancira fue detenido, el abogado de Lozoya, Javier Coello Trejo, hizo declaraciones que aludían a Enrique Peña Nieto a quien, por cierto, se le vio en España, caminando por las calles de Madrid, con su nueva pareja sentimental “como otra pareja más”.
El jueves, López Obrador arrancó la habitual rueda de prensa con el anuncio de que por la tarde entregaría al Senado de la República el Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canada (T-MEC), con lo que iniciaría el proceso de ratificación de dicho acuerdo.
Hasta aquí todo parecía seguir su curso normal, pero por la tarde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un impuesto del 5 por ciento a todos los productos mexicanos, que se elevaría gradualmente hasta llegar al 25 por ciento en octubre próximo; un nuevo frente se abrió para el presidente Andrés Manuel López Obrador y un nuevo fuego que apagar. En este punto quedamos aún a la espera de los resultados.
Mal que bien, López Obrador ha sorteado ya varios momentos críticos durante sus primeros seis meses de mandato. El 24 de diciembre, la caída del helicóptero donde viajaban la gobernadora de Puebla, Erika Alonso y el exgobernador Rafael Moreno Valle prendió los focos rojos, incluso hubo quienes acusaron al gobierno de AMLO del accidente. Al día de hoy no se sabe qué lo provocó, pero este lamentable suceso “ya no es tema”.
Cabe recordar que tres días después de este suceso López Obrador anunció la estrategia de combate al robo de combustible, que por varios días provocó desabasto de gasolina en la Ciudad de México y otros estados del país, lo cual le valió diversas críticas al gobierno lopezobradorista, pero también motivó un cambio de conversación en la opinión pública.
Esta crisis fue superada por otra crisis cuando la tarde noche del 18 de enero, una explosión en una toma clandestina en Tlahuelilpan, Hidalgo, acabó con la vida de más de cien personas. Este terrible hecho llegó justo cuando el gobierno enfrentaba la crisis por el desabasto de gasolina que había provocado la estrategia de combate al robo de combustible.
Pese al dolor que generó la tragedia, de algún modo también funcionó como sustento moral para la tarea que había emprendido el gobierno contra el llamado huachicoleo.
La tragedia y sus derivados ocuparon los titulares de los diarios por algunas semanas, pero el momento crítico fue superado y al final, el gobierno aseguró que el robo de combustible había disminuido de manera considerable, aunque hay quien dice que sigue igual o peor que antes.
Otro de los momentos críticos que ha debido enfrentar el gobierno de López Obrador surgió con el anunció de la suspensión de la entrega de recursos a las Estancias Infantiles, hecho que generó un sinfín de críticas e incluso manifestaciones de protesta, ya que el gobierno de AMLO dijo serán operadas bajo nuevos estándares.
El tema de las estancias infantiles aún estaba en la agenda, cuando López Obrador dio a conocer que había enviado una carta al Rey de España y al Vaticano exhortándolos a pedir disculpas por los atropellos cometidos durante la Conquista de México. La polémica generada abrió un nuevo tema de conversación.
Si bien se puede decir que el gobierno de López Obrador ha sabido enfrentar las crisis por las que ha atravesado en sus seis primeros meses de mandato, esto no quiere decir que dichas crisis no le hayan hecho ninguna mella.
De acuerdo con la encuesta más reciente sobre el nivel de aprobación de López Obrador, realizada por De las Heras Demotecnia, la aprobación de López Obrador cayó diez puntos porcentuales, con respecto a sus primeros cien días de gobierno, cuando era de 80 por ciento y se ubicó en 70 por ciento.
Según la medición, el porcentaje de mexicanos que desaprueban al gobierno de López Obrador aumentó siete puntos porcentuales y llegó al 21 por ciento.
Cabe destacar que los aspectos peor evaluados por los encuestados son el económico y el de la seguridad.
“El 32 por ciento de los mexicanos creen que la economía del país está en números rojos y el 35 por ciento percibe que la seguridad no se ha atacado de manera correcta”, señala De las Heras Demotecnia.
En las últimas semanas la violencia se ha manifestado en masacres y enfrentamientos que han dejado numerosas víctimas en estados como Michoacán y Guanajuato.
En el tema económico, las calificadoras, analistas privados e incluso el Banco de México, han bajado la perspectiva de crecimiento para el país, algo que López Obrador ha tratado de paliar con una visita de Christine Lagarde, presidenta del Fondo Monetario Internacional (FMI) a México.
Sin embargo, esta reunión que podía haber dado algún impulso al presidente se vio opacada tan solo unas horas después con la amenaza de Donald Trump de imponer arbitrarios aranceles a los productos mexicanos.
A últimas fechas, la inseguridad y la baja perspectiva económica que enfrenta el país se han hecho cada vez más evidentes, y si bien estos dos problemas estructurales han sido opacados por otros hechos de coyuntura, siguen ahí, quizá esperando el momento de estallar.
Joven acusado de probables lesiones fue detenido por agentes de FGESLP
La resolución obliga al INE a modificar sus lineamientos y establece una regla uniforme para los cómputos
Por: Redacción
El Partido Acción Nacional (PAN) informó que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que las llamadas “boletas planchadas”, es decir, las que no presentan las marcas de doblez necesarias para haber sido introducidas en la urna, no deberán contabilizarse ni incorporarse a los resultados electorales de 2027.
De acuerdo con el partido, la resolución deriva, entre otros medios de impugnación, del recurso de apelación SUP-RAP-215/2026, que promovió contra los lineamientos aprobados por el Consejo General del INE para los cómputos distritales y de circunscripción plurinominal del Proceso Electoral Federal 2026-2027.
El PAN explicó que había advertido que el mecanismo original permitía reservar una boleta sin las marcas de doblez y que, después, un Consejo Distrital decidiera mediante votación si debía contabilizarse o no. Según el partido, ese esquema dejaba abierta la posibilidad de incorporar boletas sobre las que existía una duda objetiva respecto de si habían seguido el procedimiento legal de emisión del voto.
La Sala Superior determinó que el planteamiento era fundado y estableció una regla: una vez marcada, la boleta debe doblarse y depositarse en la urna. Si durante el escrutinio o un recuento aparece una boleta sin los dobleces necesarios, deberá considerarse inválida.
“Ganamos una batalla fundamental para proteger el voto de las y los mexicanos. Las elecciones se ganan en las urnas, con votos emitidos legalmente, no con boletas cuya procedencia genere dudas. La voluntad ciudadana se respeta y se defiende”, sostuvo el PAN
Con la sentencia, el INE deberá modificar sus lineamientos. A partir de ahora, cuando durante el escrutinio y cómputo se detecte una boleta sin las marcas de doblez necesarias, no deberá contabilizarse ni incorporarse a la suma de resultados. Además, deberá registrarse la irregularidad y conservarse la boleta separada de aquellas que sí fueron computadas.
La decisión sustituye el esquema aprobado originalmente por el INE, bajo el cual cada Consejo Distrital podía deliberar y votar sobre la validez de este tipo de boletas, y establece en su lugar un criterio uniforme para todos los órganos electorales.
El Tribunal reconoció que el INE cuenta con facultades para reglamentar los cómputos electorales, pero determinó que deben ejercerse con respeto a la legislación y a los principios constitucionales de certeza, autenticidad y secrecía del sufragio.
El PAN afirmó que continuará utilizando todos los instrumentos jurídicos disponibles para defender la legalidad de las elecciones y garantizar que cada voto sea contado exactamente como fue emitido.
“Hoy ganó la certeza electoral. Ganó la legalidad y, sobre todo, ganó el derecho de las y los mexicanos a que su voto sea respetado. En el PAN vamos a seguir defendiendo cada elección, cada casilla y cada voto frente a cualquier intento de vulnerar la voluntad ciudadana”, concluyó.
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Ricardo Gallardo atribuyó la saturación a la detención de narcomenudistas, que hoy son casi ocho de cada 10 internos
Por: Redacción
Los penales de San Luis Potosí operan al 120 por ciento de su capacidad, reconoció Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del Estado, al responder sobre un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que reprueba a cuatro de los cinco centros penitenciarios del estado. Para el mandatario, la salida es construir un sexto penal.
“Lo que se llama reprobar no es un tema de reprobar, es un tema que ya no tienen capacidad de albergar más personas”, dijo. “Estamos en sobrepoblación, en todos los penales tenemos sobrepoblación”.
De acuerdo con el gobernador, casi el 80 por ciento de esa población son narcomenudistas, personas detenidas por vender sustancias prohibidas en las calles. Antes, explicó, salían en 72 horas; con los cambios hechos con el Poder Judicial, ahora permanecen detenidas.
“Prácticamente se están limpiando las calles, pero ahora el fortalecimiento se tiene que dar en los penales”, señaló.
Cuestionado sobre si la solución es un nuevo centro, r espondió: “La solución es un sexto penal, sin lugar a dudas”. Al preguntarle si estaría para 2027, contestó que sí: “Eso se tiene que hacer”.
Agregó que el Estado ha trasladado a más de 100 internos a penales federales, con envíos de 20 personas cada tres o cuatro meses.
Gallardo vinculó la sobrepoblación con el ritmo de detenciones de la Guardia Civil Estatal, que, según dijo, detiene cada semana entre 80 y 90 narcomenudistas en las cuatro zonas del estado, contra cinco o seis de los municipios. “Prácticamente no es nada lo que se detiene a nivel municipal”, afirmó. Las policías municipales, a su juicio, tendrían que ayudar en ese trabajo en las calles.
Los cinco centros penitenciarios dependen de la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana (SSPC), a través de su Dirección General de Prevención y Rehabilitación Social.
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El INEGI señala que la Fiscalía potosina no proporcionó información sobre su número de agentes, peritos y policías ministeriales
Por: Ana G Silva
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí cerró 2025 con 50 mil 201 procedimientos pendientes de concluir dentro de carpetas de investigación, de acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El rezago se acumuló mientras la Fiscalía registró durante el año 60 mil 59 carpetas de investigación abiertas, de las cuales 12 mil 58 tenían una persona imputada y 48 mil una no identificada como imputada.
En el mismo periodo, la Fiscalía reportó 67 mil 191 determinaciones o conclusiones en la etapa de investigación inicial y otras 6 mil 384 correspondientes a investigación complementaria. Sin embargo, al cierre del año permanecían pendientes 50 mil 201 procedimientos entre ambas etapas.
El dato no significa que 50 mil 201 de las carpetas abiertas durante 2025 hayan quedado sin resolver, pues el propio INEGI aclara que tanto las determinaciones como los procedimientos pendientes pueden corresponder a investigaciones iniciadas durante ese año o en ejercicios anteriores.
La cifra refleja, en cambio, el volumen de procedimientos de investigación que permanecían abiertos al finalizar 2025, tanto en la etapa inicial como en la complementaria.
También aumenta el rezago de órdenes judiciales
La carga de trabajo de la Fiscalía también se refleja en las órdenes judiciales.
Al comenzar 2025, San Luis Potosí tenía mil 440 órdenes judiciales
Esto representa un incremento de 170 órdenes pendientes respecto al inicio del año.
El INEGI considera dentro de este apartado órdenes de aprehensión, reaprehensión, comparecencia, citación y otras, tanto del sistema penal para personas adultas como del sistema de justicia para adolescentes.
La Fiscalía tampoco reportó cuántos agentes tiene
El Censo deja además un vacío para dimensionar con qué capacidad humana se enfrenta este volumen de investigaciones.
El INEGI señala expresamente que la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí no proporcionó información sobre las personas fiscales o agentes del Ministerio Público, personas peritas y personas policías ministeriales, investigadoras o judiciales.
Esto impide establecer, a partir de este Censo, cuántos agentes del Ministerio Público, peritos o policías investigadores tiene la Fiscalía para atender las investigaciones que permanecían pendientes al terminar el año.
El dato resulta relevante porque, mientras el registro estadístico permite conocer el tamaño del rezago, no permite relacionarlo con la cantidad de personal encargado de atenderlo en San Luis Potosí.
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