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AMLO: Seis meses de altibajos
En su primer semestre como presidente AMLO ya ha atravesado por varias crisis
Por: El Saxofón
El manejo de la agenda mediática es una de las fortalezas del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Con las conferencias mañaneras como eje rector, el primer mandatario del país dicta la línea informativa que siguen muchos medios de comunicación. Datos y ocurrencias por igual sirven al tabasqueño para abrir nuevos frentes, dar a conocer iniciativas y apagar algunos fuegos.
Así ocurrió durante la semana del 27 al 31 de mayo, donde todo parecía indicar que la crisis que enfrenta el sector salud debido a los recortes presupuestales y a la rectoría del gasto por parte de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), envolvería a la Cuarta Transformación en una crisis de la que difícilmente podría salir.
Sin embargo, casualidad o destino, ese mismo lunes, se dio a conocer la orden de aprehensión que pesa sobre el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin y el empresario y dueño de Altos Hornos de México SA, Alonso Ancira, quien fue aprehendido en España.
De inmediato la atención mediática se concentró en este tema. La salud de los mexicanos que preocupaba a opinadores y políticos de la oposición, pasó a segundo término, y la atención se concentró en lo que parece ser el primer embate real del actual gobierno federal contra la corrupción del pasado.
Hay quienes aseguran que la brecha que abre la investigación contra Lozoya y Ancira podría llegar hasta el presidente Peña Nieto. Habría que ver, lo cierto es que si esta investigación se le cae a la PGR, si vemos libre a Lozoya después de unos meses, sin duda será un gran fracaso, y tal vez sea la mejor prueba de que la Cuarta Transformación, no ha tenido lugar.
Durante el martes 28 y el miércoles 29, toda la información giró sobre este caso. Ancira fue detenido, el abogado de Lozoya, Javier Coello Trejo, hizo declaraciones que aludían a Enrique Peña Nieto a quien, por cierto, se le vio en España, caminando por las calles de Madrid, con su nueva pareja sentimental “como otra pareja más”.
El jueves, López Obrador arrancó la habitual rueda de prensa con el anuncio de que por la tarde entregaría al Senado de la República el Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canada (T-MEC), con lo que iniciaría el proceso de ratificación de dicho acuerdo.
Hasta aquí todo parecía seguir su curso normal, pero por la tarde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un impuesto del 5 por ciento a todos los productos mexicanos, que se elevaría gradualmente hasta llegar al 25 por ciento en octubre próximo; un nuevo frente se abrió para el presidente Andrés Manuel López Obrador y un nuevo fuego que apagar. En este punto quedamos aún a la espera de los resultados.
Mal que bien, López Obrador ha sorteado ya varios momentos críticos durante sus primeros seis meses de mandato. El 24 de diciembre, la caída del helicóptero donde viajaban la gobernadora de Puebla, Erika Alonso y el exgobernador Rafael Moreno Valle prendió los focos rojos, incluso hubo quienes acusaron al gobierno de AMLO del accidente. Al día de hoy no se sabe qué lo provocó, pero este lamentable suceso “ya no es tema”.
Cabe recordar que tres días después de este suceso López Obrador anunció la estrategia de combate al robo de combustible, que por varios días provocó desabasto de gasolina en la Ciudad de México y otros estados del país, lo cual le valió diversas críticas al gobierno lopezobradorista, pero también motivó un cambio de conversación en la opinión pública.
Esta crisis fue superada por otra crisis cuando la tarde noche del 18 de enero, una explosión en una toma clandestina en Tlahuelilpan, Hidalgo, acabó con la vida de más de cien personas. Este terrible hecho llegó justo cuando el gobierno enfrentaba la crisis por el desabasto de gasolina que había provocado la estrategia de combate al robo de combustible.
Pese al dolor que generó la tragedia, de algún modo también funcionó como sustento moral para la tarea que había emprendido el gobierno contra el llamado huachicoleo.
La tragedia y sus derivados ocuparon los titulares de los diarios por algunas semanas, pero el momento crítico fue superado y al final, el gobierno aseguró que el robo de combustible había disminuido de manera considerable, aunque hay quien dice que sigue igual o peor que antes.
Otro de los momentos críticos que ha debido enfrentar el gobierno de López Obrador surgió con el anunció de la suspensión de la entrega de recursos a las Estancias Infantiles, hecho que generó un sinfín de críticas e incluso manifestaciones de protesta, ya que el gobierno de AMLO dijo serán operadas bajo nuevos estándares.
El tema de las estancias infantiles aún estaba en la agenda, cuando López Obrador dio a conocer que había enviado una carta al Rey de España y al Vaticano exhortándolos a pedir disculpas por los atropellos cometidos durante la Conquista de México. La polémica generada abrió un nuevo tema de conversación.
Si bien se puede decir que el gobierno de López Obrador ha sabido enfrentar las crisis por las que ha atravesado en sus seis primeros meses de mandato, esto no quiere decir que dichas crisis no le hayan hecho ninguna mella.
De acuerdo con la encuesta más reciente sobre el nivel de aprobación de López Obrador, realizada por De las Heras Demotecnia, la aprobación de López Obrador cayó diez puntos porcentuales, con respecto a sus primeros cien días de gobierno, cuando era de 80 por ciento y se ubicó en 70 por ciento.
Según la medición, el porcentaje de mexicanos que desaprueban al gobierno de López Obrador aumentó siete puntos porcentuales y llegó al 21 por ciento.
Cabe destacar que los aspectos peor evaluados por los encuestados son el económico y el de la seguridad.
“El 32 por ciento de los mexicanos creen que la economía del país está en números rojos y el 35 por ciento percibe que la seguridad no se ha atacado de manera correcta”, señala De las Heras Demotecnia.
En las últimas semanas la violencia se ha manifestado en masacres y enfrentamientos que han dejado numerosas víctimas en estados como Michoacán y Guanajuato.
En el tema económico, las calificadoras, analistas privados e incluso el Banco de México, han bajado la perspectiva de crecimiento para el país, algo que López Obrador ha tratado de paliar con una visita de Christine Lagarde, presidenta del Fondo Monetario Internacional (FMI) a México.
Sin embargo, esta reunión que podía haber dado algún impulso al presidente se vio opacada tan solo unas horas después con la amenaza de Donald Trump de imponer arbitrarios aranceles a los productos mexicanos.
A últimas fechas, la inseguridad y la baja perspectiva económica que enfrenta el país se han hecho cada vez más evidentes, y si bien estos dos problemas estructurales han sido opacados por otros hechos de coyuntura, siguen ahí, quizá esperando el momento de estallar.
Joven acusado de probables lesiones fue detenido por agentes de FGESLP
Ciudad
Presunto abuso contra ocho niñas sacude nuevamente a la Iglesia potosina
Arquidiócesis admite salida del señalado y surgen dudas sobre actuación de Fiscalía
A más de una década del escándalo del sacerdote Eduardo Córdova, nuevas denuncias de violencia sexual infantil alcanzan a una capilla de Prados. Familias señalan que la Fiscalía dejó libre al presunto agresor, mientras la Iglesia informa que el trabajador renunció voluntariamente y ofrece colaborar con las investigaciones.
Por: Redacción
La Arquidiócesis de San Luis Potosí enfrenta un nuevo caso de presunto abuso sexual infantil que revive los cuestionamientos sobre la protección de menores en espacios religiosos, la responsabilidad de las autoridades eclesiásticas y la capacidad de las instituciones de justicia para responder a denuncias de esta gravedad.
Esta vez el señalado no es un sacerdote, sino un trabajador de una capilla ubicada en la colonia Prados, a quien se atribuyen presuntas agresiones sexuales contra al menos ocho niñas de entre cinco y 13 años de edad.
La diferencia en su condición laboral o religiosa no disminuye la gravedad de los señalamientos ni elimina la necesidad de esclarecer qué mecanismos de vigilancia y protección existían dentro del recinto, cómo se permitió el contacto del trabajador con las menores y cuál fue la reacción de los responsables de la capilla al conocer las acusaciones.
Mientras las familias exigen justicia, la respuesta pública de la Arquidiócesis se ha concentrado en informar que el señalado dejó de trabajar en el lugar mediante una renuncia voluntaria, que está dispuesta a colaborar con la Fiscalía General del Estado (FGE) y que ofrecerá acompañamiento psicológico a las posibles víctimas.
Sin embargo, permanecen sin respuesta preguntas fundamentales: ¿cuándo conocieron las autoridades religiosas los primeros señalamientos?, ¿qué medidas adoptaron para proteger a las niñas?, ¿se investigó la posible existencia de otras víctimas? y ¿qué responsabilidad corresponde a quienes tenían a su cargo la supervisión del trabajador?
A ello se suma un señalamiento particularmente delicado: de acuerdo con información proporcionada por familiares de las menores, la Fiscalía habría dejado en libertad al presunto agresor, una circunstancia cuya situación jurídica y razones deben ser aclaradas por la autoridad ministerial.
Representantes de la Arquidiócesis confirmaron que el trabajador señalado ya no presta servicios en la capilla y explicaron que presentó su renuncia de manera voluntaria. Según la información proporcionada, habría dejado el lugar desde el pasado viernes.
También reconocieron que, ante la naturaleza de las acusaciones, no podían permitir que continuara teniendo contacto con menores de edad mientras se esclarecen los hechos.
Sin embargo, la salida del trabajador no resuelve las interrogantes sobre la responsabilidad institucional.
La Arquidiócesis no ha explicado públicamente si existieron reportes anteriores sobre su conducta, qué controles se aplicaban al personal que convivía con niñas y niños o si se abrió alguna investigación interna para determinar posibles omisiones de quienes estaban al frente del recinto religioso.
Tampoco ha quedado establecido si la separación ocurrió por una decisión preventiva de la institución o exclusivamente por la renuncia presentada por el propio señalado.
El caso exige respuestas que van mucho más allá de confirmar que el trabajador ya no se encuentra en la capilla.
Familias denuncian liberación del presunto responsable; Fiscalía debe aclarar su situación
Otro de los aspectos que incrementa la preocupación es la actuación de la Fiscalía General del Estado.
Familiares de las menores sostienen que el presunto responsable fue dejado en libertad, pese a la existencia de denuncias por posibles agresiones sexuales.
Hasta ahora, con la información disponible, no se ha establecido oficialmente si el señalado fue detenido, presentado ante el Ministerio Público o sujeto a alguna medida cautelar, ni bajo qué circunstancias habría quedado libre.
Toca a la Fiscalía esclarecer estos puntos, así como precisar el estado procesal de las denuncias y las medidas adoptadas para proteger a las niñas y evitar cualquier riesgo de intimidación o acercamiento por parte del investigado.
La reserva legal de las carpetas de investigación no impide que la autoridad proporcione información general sobre sus actuaciones, sin comprometer las indagatorias ni revelar la identidad de las víctimas.
La activista Marilú González, quien hizo públicos los señalamientos, aseguró que existen ocho carpetas de investigación relacionadas con los hechos y advirtió sobre la posibilidad de que haya más menores afectadas.
De confirmarse la existencia de múltiples víctimas, la investigación tendría que establecer si las presuntas agresiones ocurrieron durante un periodo prolongado y si existieron circunstancias que facilitaron su repetición.
El arzobispo, ausente de la primera respuesta
La actuación de la jerarquía eclesiástica también ha generado cuestionamientos.
Tras hacerse públicas las denuncias, representantes de la Arquidiócesis señalaron inicialmente que el arzobispo no estaba enterado del caso y que se encontraba fuera de la ciudad.
Explicaron que las madres habían anunciado su intención de acudir al Arzobispado, aunque no precisaron horario ni identidades por razones de protección.
La respuesta incluyó la posibilidad de que el arzobispo se reuniera con ellas posteriormente, sin establecer una fecha concreta.
La activista Marilú González denunció que acudió a buscar un acercamiento con el máximo representante de la Iglesia católica potosina, pero no fue recibida.
La situación plantea un cuestionamiento sobre los mecanismos internos de comunicación y atención a víctimas: ¿cómo se informa a la máxima autoridad religiosa sobre acusaciones de violencia sexual contra menores y quién asume la responsabilidad inmediata de atenderlas?
La ausencia física del arzobispo no debería impedir la activación de protocolos de protección ni una respuesta institucional oportuna ante denuncias de esta naturaleza.
La sombra del caso Eduardo Córdova vuelve sobre San Luis Potosí
Las denuncias en Prados adquieren una dimensión particularmente sensible por los antecedentes de la Iglesia católica en San Luis Potosí.
En 2014 estalló públicamente el escándalo del sacerdote Eduardo Córdova Bautista, quien había ocupado cargos de relevancia dentro de la Arquidiócesis, incluido el de representante legal, y fue señalado por múltiples víctimas de abuso sexual.
Las denuncias revelaron una historia de acusaciones que se remontaba a años anteriores y dieron lugar a graves cuestionamientos sobre el conocimiento que las autoridades eclesiásticas tenían de los hechos y su actuación frente a ellos.
El caso se convirtió en uno de los episodios más graves y emblemáticos de las denuncias de abuso sexual clerical en San Luis Potosí.
Más de una década después, las acusaciones de la colonia Prados obligan a revisar si las lecciones de aquel escándalo se tradujeron en mecanismos eficaces de prevención, vigilancia y atención a víctimas.
Aunque los hechos y las personas señaladas en ambos casos son distintos, existe una preocupación institucional común: la seguridad de niñas, niños y adolescentes que participan en actividades religiosas y depositan su confianza en quienes tienen responsabilidades dentro de esos espacios.
La Iglesia potosina enfrenta nuevamente el desafío de demostrar que su compromiso con la protección de menores se traduce en acciones verificables, y no únicamente en declaraciones públicas después de que las denuncias salen a la luz.
Otras posibles víctimas y la obligación de evitar nuevos daños
Representantes de la Arquidiócesis reconocieron que dos madres acudieron a informar sobre los presuntos abusos y señalaron que, de acuerdo con lo que les comunicaron, podría haber más víctimas.
Según la información proporcionada, las madres conocieron los hechos el pasado 10 de noviembre, después de que sus hijas les relataron lo ocurrido, y acudieron a presentar denuncias formales.
La institución religiosa invitó a otras familias que pudieran tener información sobre posibles agresiones a denunciar ante las autoridades.
También ofreció proporcionar a la Fiscalía los expedientes, datos de identificación del trabajador y acceso a los espacios de la capilla que resulten necesarios para las investigaciones, además de acompañamiento psicológico especializado.
Estas medidas deberán traducirse en una atención efectiva, con personal capacitado, protección de la identidad de las niñas y procedimientos que eviten obligarlas a repetir innecesariamente sus testimonios.
La prioridad debe ser la seguridad y recuperación de las posibles víctimas, sin presiones para retirar denuncias, conciliar hechos de naturaleza penal o guardar silencio en nombre de la reputación institucional.
Una prueba para la Iglesia y para la justicia potosina
Las acusaciones de Prados colocan bajo escrutinio a dos instituciones: la Arquidiócesis, por su responsabilidad de garantizar entornos seguros en sus espacios de culto y formación, y la Fiscalía, por su obligación de investigar con diligencia los posibles delitos contra menores de edad.
La presunción de inocencia del trabajador señalado debe respetarse, pero ello no limita el derecho de las niñas a recibir protección ni la obligación de investigar de manera exhaustiva.
La renuncia del acusado tampoco extingue posibles responsabilidades penales ni sustituye el esclarecimiento de eventuales omisiones institucionales.
Para una sociedad que aún recuerda el caso Córdova, las respuestas no pueden reducirse a informar que el presunto responsable ya no trabaja en una capilla o que la autoridad eclesiástica se reunirá eventualmente con las familias.
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Destacadas
“Hay mucho trabajo que hacer por la capital y estoy listo”: Juan Carlos Valladares
El diputado federal del PVEM dijo que las definiciones para los nombres de las candidaturas del proceso electoral potosino están en su recta final y aseguró que siempre ha estado preparado para participar.
Por: Redacción
Juan Carlos Valladares Eichelmann, diputado federal del PVEM, se declaró listo para el proceso electoral y adelantó que muy pronto habrá noticias sobre las definiciones: “Estamos preparados, siempre he estado… estoy listo”.
A pregunta expresa sobre su posicionamiento en encuestas y las menciones tanto de la dirigencia de su partido como del propio gobernador del estado, el también empresario indicó que en estos momentos se está en la recta final de las definiciones y adelantó que pronto habrá noticias al respecto.
Sobre las encuestas con las que el Verde elegirá a sus candidatos dijo confiar en las que son serias y cree en ellas y anticipó que “Seguramente, si hemos hecho un buen trabajo, vamos a estar arriba”.
Sobre la capital potosina, Valladares Eichelmann indicó que hay todavía “mucho trabajo que hacer, mucho por construir y muchas áreas de oportunidad”
Juan Carlos Valladares es uno de los perfiles que el Partido Verde baraja para la alcaldía de la capital. En julio, Ignacio Segura Morquecho, dirigente estatal del PVEM, lo mencionó junto con Sonia Mendoza Díaz así como el propio gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, que lo ha mencionado en distintas ocasiones.
Las definiciones de los y las candidatas del Partido Verde se tomarán en la primera semana de enero del 2027 como se ha dado a conocer en otras oportunidades.
También lee: Verde será el último en definir candidatos en SLP: Gallardo
Ciudad
SSPC capitalina alista campaña para cuidar el aguinaldo
El director de la SSPC capitalina dijo que la policía cibernética encabezará la campaña y que se reforzará la presencia en el centro histórico y las principales plazas
Por: Redacción
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital prepara una campaña para cuidar el aguinaldo, con énfasis en la policía cibernética, ante la temporada en que muchas personas recibirán su aguinaldo y sus fondos de ahorro. Lo informó su director, Juan Antonio Villa Gutiérrez.
Dijo que reforzarán la presencia en el centro histórico y en las principales plazas, “sin dejar de lado” las colonias.
Cajeros del centro histórico
Villa Gutiérrez explicó que en los cajeros se cubrirán principalmente los del centro histórico, “donde hay una mayor cantidad de gente que acude”. No precisó cuántos elementos se destinarán.
Añadió que estarán atentos a los “desplazadores de tarjetas”
, personas que llegan con engaños a intercambiar una tarjeta mala por una buena. Después, dijo, la víctima no se da cuenta de las disposiciones de efectivo que hacen con ella.Fraudes en línea
El director recordó que en estas fechas aumentan los fraudes, con páginas que ofertan productos a un costo muy bajo, y que “ha habido ocasiones en que la gente cae” en ellos. Durante el Buen Fin, la policía cibernética dio de baja 60 páginas apócrifas.
También lee: “El Buen Fin se desarrolló en completa calma”: Villa
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