El anuncio de Donald Trump establece un nuevo protocolo en la política exterior hacia México y los países de latinoamérica

Por: Roberto Mendoza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció esta noche durante una entrevista con la cadena Fox News su intención de iniciar operaciones militares por tierra contra los cárteles de la droga en territorio mexicano.

En la conversación conducida por el periodista Sean Hannity, el mandatario sostuvo que su administración ha logrado neutralizar las rutas marítimas de tráfico de narcóticos, lo que motiva un cambio de estrategia operativa hacia la intervención terrestre. Esta declaración se produce tras una serie de operativos estadounidenses en la región del Caribe que culminaron en la detención de Nicolás Maduro en Venezuela.

El titular del ejecutivo estadounidense declaró textualmente: “Hemos erradicado el 97 por ciento de las drogas que entran por agua y ahora vamos a empezar a atacar por tierra; en cuanto a los cárteles, los cárteles controlan México“. Trump fundamentó la necesidad de estas acciones en el volumen de fallecimientos registrados en su país, los cuales atribuyó directamente a la actividad de las organizaciones criminales mexicanas.

Según sus propias afirmaciones, estos grupos causan la muerte de entre “250 mil y 300 mil personas” cada año en Estados Unidos, declaraciones que el mandatario emitió sin proporcionar un fundamento estadístico o una base documental clara durante la transmisión.

La justificación oficial de la Casa Blanca para este posible despliegue se apoya en la clasificación de los grupos delictivos como amenazas críticas a la seguridad nacional y su designación bajo marcos legales de combate al terrorismo.

El contexto de esta postura incluye la reciente captura de Nicolás Maduro en Venezuela, hecho que la administración utiliza como referencia de su capacidad operativa para ejecutar acciones en el extranjero.

El anuncio de Donald Trump establece un nuevo protocolo en la política exterior hacia México y los países de latinoamérica, condicionado por la interpretación de la presidencia estadounidense sobre el control territorial de los cárteles y la urgencia de detener el flujo de fentanilo por canales terrestres mediante el uso de fuerza militar.

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​La resolución aprobada en la cámara alta condiciona el despliegue de tropas terrestres a la autorización previa del Poder Legislativo; el presidente Trump aún tiene derecho de veto para estas resoluciones

Por Roberto Mendoza

​El Senado de los Estados Unidos aprobó este jueves una resolución bipartidista de poderes de guerra para limitar la capacidad del presidente Donald Trump de ordenar futuras acciones militares en Venezuela sin el consentimiento del Congreso. La votación de 52 a favor y 47 en contra se produjo tras la incursión del 3 de enero en Caracas que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su traslado a una corte federal en Nueva York. El mecanismo legal S.J.Res.98 fue avanzado en Washington con el respaldo de la bancada demócrata y cinco senadores del Partido Republicano.

​La medida legislativa, impulsada por los senadores Tim Kaine y Rand Paul, prohíbe el uso de recursos federales para el despliegue de efectivos de combate o la administración directa de la infraestructura venezolana, a menos que exista una declaración de guerra formal. El documento técnico establece que, si bien la captura de Maduro se ejecutó bajo facultades de persecución criminal y narcoterrorismo, la permanencia de fuerzas armadas en el país sudamericano para tareas de gobernanza requiere supervisión parlamentaria obligatoria. Los senadores republicanos que apoyaron la moción argumentaron que la resolución busca prevenir el inicio de un conflicto bélico de larga duración sin una estrategia de retiro definida por el Departamento de Defensa.

​La Casa Blanca calificó el resultado de la votación como una interferencia inconstitucional en las atribuciones del comandante en jefe para garantizar la seguridad nacional y la estabilidad regional. En Caracas, la presidencia interina a cargo de Delcy Rodríguez inició los procedimientos para una transición administrativa, mientras el país permanece bajo decreto de luto nacional de siete días. El trámite legislativo se dirige ahora a la Cámara de Representantes para su debate final, ante la advertencia explícita del presidente Donald Trump sobre el ejercicio de su derecho al veto para invalidar cualquier freno administrativo a sus decisiones operativas en la región.

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​La reforma contempla que habrá nuevas reglas para el proceso de 2027

​Por Roberto Mendoza

El coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, presentó la hoja de ruta para la reforma electoral que establece febrero de 2026 como la fecha de presentación de la iniciativa constitucional ante el Congreso de la Unión.

El documento técnico define que el proceso de redacción jurídica concluye en enero de 2026 y prevé la aprobación por mayoría calificada en ambas cámaras durante el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, que termina en mayo de este año. Por su parte, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, emitió declaraciones sobre el alcance y los objetivos de esta propuesta en una entrevista exclusiva para La Orquesta.

La hoja de ruta contempla que el diseño de la iniciativa finalice en enero de 2026 para proceder con el debate parlamentario y la modificación de leyes secundarias, incluyendo la LGIPE y el COFIPE, entre los meses de marzo y abril. El esquema operativo proyecta el nombramiento de nuevos consejeros electorales

Los cambios normativos y reglamentarios resultantes se aplicarán al proceso electoral federal de 2027, cuyo inicio formal está programado para septiembre de 2026 bajo la nueva estructura institucional.

En su intervención, Rubén Moreira declaró que “Morena dará un golpe de Estado con esta ley” y afirmó que a la bancada mayoritaria “le estorban sus aliados el PT y el PVEM” en la configuración del nuevo sistema. La propuesta oficial justifica la medida como un mecanismo de austeridad para reducir el gasto del sistema electoral y centralizar las funciones de los organismos locales en un solo ente nacional. El cumplimiento de este calendario administrativo queda sujeto a la ratificación de la reforma por al menos 17 congresos estatales antes del inicio del próximo ciclo electoral.

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