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Alumnos del Cobach en SLP pagarán 16.9 millones por libros a empresa desconocida
Rita Salinas Ferrari, directora del sistema del Colegio de Bachilleres, dijo desconocer los antecedentes de Editorial “Futuro Innovador”, la cual tiene sede en Valles pero es irrastreable
Por: Bernardo Vera
La Orquesta recibió una serie de denuncias de padres de familia y personal docente de los Colegios de Bachilleres (Cobach) en el estado de San Luis Potosí, acerca de su inconformidad al respecto de ser obligados a adquirir nuevos libros de texto para los tres grados escolares, pues consideran que existen irregularidades tanto en la entrega de materiales al alumnado, como en la empresa encargada de fabricarlos.
La editorial “Futuro Innovador” , con sede en el municipio de Ciudad Valles, fue la encargada de la fabricación, comercialización y distribución de los libros para alumnas y alumnos del sistema de Cobach en el estado de San Luis Potosí para el ciclo escolar que inició en agosto pasado. No obstante, existe poca información sobre esta empresa, pues no cuenta con mayor información y al buscar su ubicación solo se arroja una calle sin número.
Los costos de los nuevos materiales son de novecientos noventa y cinco pesos, para primer y tercer semestres, y de setecientos pesos para el quinto semestre, de acuerdo a la información dada a conocer por la editorial y publicada en las redes sociales de la dirección de Cobach en el estado con lo que tienen un costo promedio de 565. Estas reimpresiones servirían para la educación de más de 30 mil alumnas y alumnos de los cuarenta planteles de Colegio de Bachilleres a lo largo de toda la entidad, con lo que suman un precio total de 16 millones 950 mil pesos.
La Orquesta solicitó una entrevista con la Editorial “Futuro Innovador” a través de su correo electrónico, para conocer acerca de su trayectoria y el proceso de trabajo en la encomienda de proveer los materiales a las y los alumnos de Cobach en el estado, sin embargo hasta el cierre de esta edición no se ha obtenido respuesta por parte de la misma.
Rita Salinas Ferrari, directora del sistema de Colegios de Bachilleres en San Luis Potosí, habló para este medio y mencionó que la intención de crear los nuevos materiales de texto se trató de una reimpresión con fines de actualizar los contenidos al 2022. Esta reimpresión corrió a cargo de la editorial “Futuro Innovador”. Sin embargo, Salinas Ferrari dijo desconocer el antecedente de esta empresa, y añadió que ese “no es un tema en el que ella esté involucrada”.
“Realmente ellos son los encargados de este proceso de venta, yo ya no tengo ahí ninguna injerencia, entonces ya es cuestión de ellos”, señaló la directora de Cobach.
La funcionaria estatal afirmó que el proceso fue apegado a la ley, debido a que se realizó la licitación correspondiente, por el manejo de presupuesto federal. Además, se mostró confiada en la decisión que se tomó y en el trabajo que se les ha reportado, ya que fue la empresa que les ofreció mejor calidad y precio:
“Por el Colegio de Bachilleres se contrató a la persona que nos ofreció un mejor precio, siempre buscando el bienestar y cuidar la economía de los padres de familia. Como sabes, hubo un incremento en celulosa, papel y tintas a nivel mundial por la cuestión del covid, por lo que tratamos de buscar la opción que, por lo menos, respetara los precios que antes se habían manejado para no pegar en la economía de los padres”.
Los padres de familia, además, desconocían si los libros empleados en años anteriores funcionarán para este ciclo escolar, ya que en muchos casos, los alumnos de semestres superiores los regalan a quienes cursan el mismo nivel que ya usaron anteriormente, como forma de abaratar los costos que la adquisición de nuevo materiales implica. Ante dicho planteamiento, la directora de Cobach en el estado mencionó que no podrán funcionar, debido a que hubo modificaciones en todos los libros “tanto en contenido, como en actividades”.
Personal docente, que decidió mantener el anonimato, manifestó a este medio que no se les consultó sobre si ellos usarán dichos materiales o no. Incluso, acusaron que la entrega de estos materiales como una imposición. A lo que Salinas Ferrari afirmó que el trabajo de realización para los nuevos contenidos fue conjunto con profesores y profesoras de los diferentes planteles y bajo la supervisión de su dirección académica.
“Están hechos cien por ciento aquí en el Cobach, por un equipo de maestros, dirigidos por nuestro director académico. Se buscó a los mejores talentos dentro de los planteles y a ellos se les convocó para que estuvieran trabajando con el material de los libros”, declaró Rita Salinas.
La directora de Cobach en el estado agregó que la inconformidad de los maestros pudo derivar de las prácticas de corrupción que se realizaban durante administraciones pasadas: “Lamentablemente, como parte de la herencia maldita, encontré que esto se prestaba mucho a corrupción; se les entregaba a algunos maestros, dinero a cambio de que escogieran los libros que se usaban en editoriales pasadas. Obviamente esto le pegaba a la economía de los padres de familia, quitamos estas prácticas y es por esto la molestia de algunos maestros”, declaró.
La editorial, con sede en el municipio de Ciudad Valles, fue la encargada de la comercialización y distribución de los libros para alumnas y alumnos del sistema de Cobach en el estado de San Luis Potosí para el ciclo escolar que inició en agosto pasado.
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Ciudad
Xavier Nava recupera derechos políticos tras polémica del puente Rocha Cordero
La obra, que costó 271 mdp, se construyó violando un amparo, lo cual le costó al municipio 12 millones más
Por: Redacción
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló este miércoles la inhabilitación por 18 años que el Congreso estatal impuso a Xavier Nava Palacios, exalcalde de San Luis Potosí. Con ello, recupera sus derechos políticos y podría postularse en próximas elecciones.
La sanción original derivó de la construcción del puente vehicular sobre el bulevar Antonio Rocha Cordero, entre el Periférico Oriente y la avenida Industrias, que tuvo un costo de 27 millones de pesos. La obra avanzó pese a un amparo que la detenía. Este proyecto, erigido en terrenos del ejido Rancho Viejo La Libertad
, desató un conflicto legal que escaló hasta una suspensión política para Nava y varios regidores.Durante la administración actual, el alcalde Enrique Galindo Ceballos pagó 4 millones de pesos como primer abono—de un total de 12 millones pactados— para la compra de esos terrenos y compensar a los ejidatarios afectados.
Sin embargo, la SCJN concordó con la argumentación de Nava y revocó la sanción, poniendo fin a un litigio de cuatro años.
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Destacadas
SEP, ISSSTE y casas fantasma: el turbio historial de estafas de Norma Loredo
El fraude no solo se limitó al Gobierno Federal: la denominada “gobernadora indígena” de SLP cuenta con un historial de denuncias por estafar a potosinos
Por: Bernardo Vera
La Orquesta ha dado a conocer el fraude del que varios potosinos han sido víctimas, al ofrecerles una vacante en la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Gobierno Federal, y del que supuestamente serían parte de una nueva dependencia conocida como “Subsecretaría de Auditoría y Control”.
La investigación arrojó el nombre de una persona identificada como Norma Judith Loredo Hernandez, quien de acuerdo a documentos, testimonios y otras pruebas, habría sido la encargada de operar este fraude contra alrededor de 500 personas en la entidad potosina , quienes tuvieron que pagar hasta 15 mil pesos para darse de alta en un sindicato fantasma.
Pero… ¿quién es Norma Judith Loredo Hernández?
Su nombre se ha relacionado con actividades públicas relacionadas con la cercanía a los sitios rurales o comunidades indígenas.
En agosto de 2022 fue electa como coordinadora estatal de la Unión Campesina Democrática (UCD) tras participar en la convocatoria en la que fue planilla única.
En el directorio de México Blanco (identificada como una asociación civil dedicada a atender condiciones de vulnerabilidad en el país) aparece como directora nacional de Estrategia para el fomento de Procuración de Fondos. Asociación que, según su sitio web, sustenta sus actividades mediante donaciones voluntarias.
Una búsqueda en redes sociales la identifica como Gobernadora Estatal Indígena de San Luis Potosí, agrupación perteneciente al Gobierno Nacional Originario Indigena y el Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios y Comunidades indígenas, lo que indicaría que se trata de un perfil público con carácter de cumplimiento de una función social y que goza de cierta reputación.
No obstante, fuentes cercanas a La Orquesta constataron que el nombramiento del Consejo Nacional Indígena y grupos de “gobernadores indígenas” son una organización de alcance nacional en la que participan personas que se autodenominan “indígenas”, sin serlo; desconocen la discusión y problemática acerca de los pueblos indígenas y solo emplean un disfraz folclorista para hacerse de recursos públicos y engañar.
El 14 de junio de este año, se denunció a Norma Loredo a través de redes sociales, por su participación en la oferta de casas. Ahí mismo, alertan a la comunidad Teenek de la Huasteca, para hacer caso omiso en caso de sostener algún contacto con Norma Loredo y en la que se identifica su antecedente con el modus operandi de la SEP, ahora en presunta complicidad con Julio Cesar Chavez Hernandez.
El 13 de marzo de este año, otra publicación la identificaba como parte de la misma operación de plazas en la SEP, ahora en contubernio con dos personas y extendiendo operaciones en la zona Huasteca. Una de ellas de nombre Karyme Novoa Jonguitud, de Ciudad Valles, quien recluta a los supuestos aspirantes y recibiría los recursos que aportaban para su contratación. Otra de ellas, identificada como Soraya Arredondo, quien trabajaba junto a Norma Loredo en su despacho de la calle Mariano Ávila, en la capital potosina.
Desde febrero de 2024 su nombre aparece relacionado con la operación del mismo esquema de fraude, con presencia en la zona Centro y Huasteca de la entidad potosina. Ahí, presuntos enganchadores ofrecían sueldos desde los 25 hasta 50 mil pesos, y en los que se les solicitaron hasta seis mil pesos, para obtener un contrato de trabajo en puestos de inspectores y de promotores de proyectos en la SEP, así como otros cargos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
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