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Alumnos del Cobach en SLP pagarán 16.9 millones por libros a empresa desconocida
Rita Salinas Ferrari, directora del sistema del Colegio de Bachilleres, dijo desconocer los antecedentes de Editorial “Futuro Innovador”, la cual tiene sede en Valles pero es irrastreable
Por: Bernardo Vera
La Orquesta recibió una serie de denuncias de padres de familia y personal docente de los Colegios de Bachilleres (Cobach) en el estado de San Luis Potosí, acerca de su inconformidad al respecto de ser obligados a adquirir nuevos libros de texto para los tres grados escolares, pues consideran que existen irregularidades tanto en la entrega de materiales al alumnado, como en la empresa encargada de fabricarlos.
La editorial “Futuro Innovador” , con sede en el municipio de Ciudad Valles, fue la encargada de la fabricación, comercialización y distribución de los libros para alumnas y alumnos del sistema de Cobach en el estado de San Luis Potosí para el ciclo escolar que inició en agosto pasado. No obstante, existe poca información sobre esta empresa, pues no cuenta con mayor información y al buscar su ubicación solo se arroja una calle sin número.
Los costos de los nuevos materiales son de novecientos noventa y cinco pesos, para primer y tercer semestres, y de setecientos pesos para el quinto semestre, de acuerdo a la información dada a conocer por la editorial y publicada en las redes sociales de la dirección de Cobach en el estado con lo que tienen un costo promedio de 565. Estas reimpresiones servirían para la educación de más de 30 mil alumnas y alumnos de los cuarenta planteles de Colegio de Bachilleres a lo largo de toda la entidad, con lo que suman un precio total de 16 millones 950 mil pesos.
La Orquesta solicitó una entrevista con la Editorial “Futuro Innovador” a través de su correo electrónico, para conocer acerca de su trayectoria y el proceso de trabajo en la encomienda de proveer los materiales a las y los alumnos de Cobach en el estado, sin embargo hasta el cierre de esta edición no se ha obtenido respuesta por parte de la misma. 
Rita Salinas Ferrari, directora del sistema de Colegios de Bachilleres en San Luis Potosí, habló para este medio y mencionó que la intención de crear los nuevos materiales de texto se trató de una reimpresión con fines de actualizar los contenidos al 2022. Esta reimpresión corrió a cargo de la editorial “Futuro Innovador”. Sin embargo, Salinas Ferrari dijo desconocer el antecedente de esta empresa, y añadió que ese “no es un tema en el que ella esté involucrada”.
“Realmente ellos son los encargados de este proceso de venta, yo ya no tengo ahí ninguna injerencia, entonces ya es cuestión de ellos”, señaló la directora de Cobach.
La funcionaria estatal afirmó que el proceso fue apegado a la ley, debido a que se realizó la licitación correspondiente, por el manejo de presupuesto federal. Además, se mostró confiada en la decisión que se tomó y en el trabajo que se les ha reportado, ya que fue la empresa que les ofreció mejor calidad y precio: 
“Por el Colegio de Bachilleres se contrató a la persona que nos ofreció un mejor precio, siempre buscando el bienestar y cuidar la economía de los padres de familia. Como sabes, hubo un incremento en celulosa, papel y tintas a nivel mundial por la cuestión del covid, por lo que tratamos de buscar la opción que, por lo menos, respetara los precios que antes se habían manejado para no pegar en la economía de los padres”.
Los padres de familia, además, desconocían si los libros empleados en años anteriores funcionarán para este ciclo escolar, ya que en muchos casos, los alumnos de semestres superiores los regalan a quienes cursan el mismo nivel que ya usaron anteriormente, como forma de abaratar los costos que la adquisición de nuevo materiales implica. Ante dicho planteamiento, la directora de Cobach en el estado mencionó que no podrán funcionar, debido a que hubo modificaciones en todos los libros “tanto en contenido, como en actividades”.
Personal docente, que decidió mantener el anonimato, manifestó a este medio que no se les consultó sobre si ellos usarán dichos materiales o no. Incluso, acusaron que la entrega de estos materiales como una imposición. A lo que Salinas Ferrari afirmó que el trabajo de realización para los nuevos contenidos fue conjunto con profesores y profesoras de los diferentes planteles y bajo la supervisión de su dirección académica.
“Están hechos cien por ciento aquí en el Cobach, por un equipo de maestros, dirigidos por nuestro director académico. Se buscó a los mejores talentos dentro de los planteles y a ellos se les convocó para que estuvieran trabajando con el material de los libros”, declaró Rita Salinas.
La directora de Cobach en el estado agregó que la inconformidad de los maestros pudo derivar de las prácticas de corrupción que se realizaban durante administraciones pasadas: “Lamentablemente, como parte de la herencia maldita, encontré que esto se prestaba mucho a corrupción; se les entregaba a algunos maestros, dinero a cambio de que escogieran los libros que se usaban en editoriales pasadas. Obviamente esto le pegaba a la economía de los padres de familia, quitamos estas prácticas y es por esto la molestia de algunos maestros”, declaró.
La editorial, con sede en el municipio de Ciudad Valles, fue la encargada de la comercialización y distribución de los libros para alumnas y alumnos del sistema de Cobach en el estado de San Luis Potosí para el ciclo escolar que inició en agosto pasado.
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Rodrigo Lecourtois insiste en revisar los recursos propios de la universidad que encabeza Alejandro Zermeño y advierte que negarse podría tener consecuencias legales tarde o temprano
Por: Jorge Saldaña
El auditor superior Rodrigo Lecourtois afirma que la autonomía universitaria no impide la fiscalización del dinero autogenerado. Advierte que la estrategia jurídica encabezada por la rectoría de Alejandro Zermeño Guerra ha sido derrotada en tribunales y que, si la negativa persiste, podrían venir consecuencias legales
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois, reiteró que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está obligada a permitir la revisión de sus recursos autogenerados, y advirtió que la estrategia jurídica con la que la rectoría encabezada por Alejandro Zermeño Guerra ha intentado evitar las auditorías ha sido sistemáticamente derrotada en tribunales.
En entrevista, Lecourtois sostuvo que la negativa de la universidad a abrir sus cuentas bajo el argumento de la autonomía universitaria no tiene sustento legal, pues la Constitución establece que todo recurso público debe ser fiscalizado.
El auditor recordó que desde principios de 2026 el IFSE solicitó formalmente la revisión de estos fondos, petición que —según dijo— la universidad prácticamente ignoró.
“Nos mandaron al chori”, dijo entonces Lecourtois, utilizando una expresión coloquial para describir que la solicitud fue desestimada por la rectoría.
Meses después, el conflicto permanece sin resolverse y con un historial jurídico que, según el propio auditor, no favorece a la universidad.
De acuerdo con lo expuesto por el titular del IFSE, cada recurso legal promovido por la defensa jurídica de la UASLP para frenar la auditoría ha sido rechazado por las instancias correspondientes, lo que debilita el argumento central de la rectoría encabezada por Zermeño: que revisar los recursos propios violaría la autonomía universitaria.
Lecourtois sostuvo que la autonomía protege la vida académica y administrativa de la universidad, pero no puede convertirse en un escudo para impedir la fiscalización de dinero público.
En ese contexto, advirtió que si la universidad mantiene su postura de negarse a la revisión, las consecuencias podrían escalar al terreno jurídico.
“La fiscalización no es opcional”, señaló.
El funcionario explicó que el IFSE está obligado por ley a revisar todos los recursos que ejerzan las instituciones públicas, incluidos aquellos que las universidades generan a través de cuotas, servicios, proyectos o convenios.
La disputa entre el IFSE y la UASLP, encabezada por el rector Alejandro Zermeño Guerra, lleva ya varios años en tribunales y se ha convertido en uno de los debates más delicados sobre los límites entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas.
Mientras la rectoría ha insistido en que auditar estos recursos vulneraría la autonomía institucional, el órgano fiscalizador dirigido por Rodrigo Lecourtois sostiene que la transparencia es una obligación constitucional.
Hasta ahora, sin embargo, el conflicto mantiene un matiz incómodo para ambas partes: la universidad ha perdido sus batallas legales, pero el IFSE aún no ha logrado abrir completamente las cuentas que busca revisar.
Por ello, Lecourtois insistió en que la salida más razonable sería que la universidad permita la revisión.
De lo contrario, advirtió, la presión jurídica podría incrementarse.
En otras palabras, el auditor dejó abierta una posibilidad incómoda para la rectoría de Zermeño: que el tema deje de ser una discusión administrativa y termine escalando a responsabilidades legales.
Y en ese escenario, la pregunta que queda en el aire es simple: si este año la universidad volverá a “mandar al chori” al órgano fiscalizador… o si finalmente abrirá sus cuentas.
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El gobernador Ricardo Gallardo detalló que el sistema ferroviario tendría alrededor de 900 kilómetros de recorrido
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que el proyecto del tren de pasajeros que conectará a la entidad con Querétaro y Saltillo contempla varias estaciones dentro del territorio potosino, incluida una posible terminal en la capital.
El mandatario estatal explicó que la propuesta fue revisada durante una reunión con Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la
“Ya tuvimos acceso a todo el proyecto. Contempla estaciones en San Luis Potosí capital y estamos revisando si el Museo del Ferrocarril puede convertirse en una gran estación en La Alameda”, explicó.
El gobernador señaló que la intención es que el tren llegue a la zona de La Alameda, lo que permitiría recuperar el valor histórico d el sistema ferroviario en la ciudad.
De acuerdo con el planteamiento presentado, las estaciones en territorio potosino incluirían Ahualulco, Moctezuma, Venado, Charcas y Real de Catorce, antes de continuar su trayecto hacia Saltillo.
Gallardo Cardona detalló que los nuevos tramos ferroviarios se construirían de manera paralela a las vías existentes, con el objetivo de agilizar los procesos de liberación de derecho de vía y facilitar la ejecución del proyecto.
El sistema ferroviario tendría una extensión aproximada de 900 kilómetros en total, considerando las rutas Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.
En el caso del tramo hacia Querétaro, también se contemplan estaciones en Villa de Reyes y Santa María del Río, antes de llegar a la capital potosina.
El mandatario calificó el plan como “un proyecto muy ambicioso” y adelantó que la intención del gobierno federal es que las obras arranquen este mismo año.
Además, aseguró que el servicio tendría tarifas competitivas: “El costo será muy accesible, a nivel de autobús o incluso más barato”, afirmó.
Finalmente, destacó que el tren de pasajeros ayudaría a reducir la carga de tránsito en la carretera 57, especialmente en el traslado de pasajeros entre estados del Bajío y el norte del país.
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Activistas señalaron que habitantes de Rioverde y Ciudad Valles deben trasladarse hasta la capital para recibir atención
Por: Redacción
A un año de que el aborto fuera despenalizado en San Luis Potosí, integrantes de la Colectiva ILE señalaron que, aunque el derecho ya está reconocido en la ley, el acceso real al servicio aún enfrenta diversos obstáculos en el sistema de salud.
De acuerdo con Quadratín, Nuria, integrante del colectivo, explicó que actualmente las principales instituciones que brindan la interrupción legal del embarazo de manera gratuita son IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. Sin embargo, advirtió que muchas mujeres todavía desconocen dónde pueden acudir o cuál es el procedimiento para solicitar el servicio.
También señaló que una parte importante de las solicitudes proviene de municipios como Rioverde y Ciudad Valles, cuyos habitantes deben trasladarse hasta la capital potosina para recibir atención, lo que implica gastos de transporte y otras barreras económicas que dificultan el acceso
Otro de los problemas detectados dentro de los hospitales es la objeción de conciencia por parte de personal médico, la cual, afirmó, en muchos casos no se encuentra debidamente justificada y termina funcionando como una barrera para acceder al servicio.
Finalmente, la activista recordó que aún está pendiente una reforma para homologar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que la negación del servicio de interrupción legal del embarazo pueda ser reconocida como violencia institucional.
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