abril 19, 2026

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Estado

Alcaldes han saqueado la Casa Grande de Salinas

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Muebles antiguos, instrumentos musicales y hasta chupe se han llevado

Por: Redacción

Considerada por expertos como una joya arquitectónica de estilo neoclásico, el centro cultural de Salinas, anteriormente conocida como la “Casa Grande”, ha sido saqueada durante muchos años, principalmente por los gobiernos del PRI.

De acuerdo a datos recabados por La Orquesta, son varios objetos de gran valor los que han venido desapareciendo.

Entre estos artículos que ya no están, destaca una colección de vinos tintos y rones que ya no están en la cava, una fuente que pidió no ser identificada aseguró que “estos vinos eran servidos en las pachangas de algunos políticos conocidos en Salinas, entre ellos el expresidente Francisco Páez Galván, sus cuates y compadres”.

No menos importante son algunos muebles y otras cosas, aparentemente del siglo XVIII, mismas que desaparecieron cuando era presidente municipal, Francisco Páez Galván, hermano del ahora edil, Antonio Venancio Páez Galván.

En los gobiernos de María de los Ángeles Vega Calzada, Teódulo Contreras, y Adriana Vega, del PAN, no se constató que se perdieron objetos históricos, solamente son recordados porque algunos de sus funcionarios convertían este lugar en salón de fiestas.

Fue en el trienio del expresidente Salvador Hernández Gallegos cuando de nueva cuenta se esfumaron unos instrumentos de cuerda, una pantalla, un par de bocinas, un proyector y hasta unos micrófonos.

De estos instrumentos se pudo conocer que quien fuera encargado del Centro de las Artes salinense, Pedro Casillas, habría contado que él se llevó varios violines y un chelo para limpiarlos en su casa, pero cierto día se metieron a robar y se los llevaron.

Sin embargo, se sabe que tiempo después, uno de esos chelos probablemente pudo ser adquirido por el exregidor del PAN, Francisco Javier Cerda Martínez, y lo compró por la cantidad de 800 pesos.

De todo este robo se pudo constatar que no existe ninguna denuncia ante el agente del Ministerio Público.

Tampoco se conoce que la actual directora de este centro cultural, Blanca Luz Chavarría, esté pensando denunciar esta situación, no obstante que por años ha estado inmiscuida en los asuntos de este lugar histórico y emblemático del Altiplano Potosino.

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Estado

Gobierno estatal exhorta a conducir con responsabilidad

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Un incidente vial dejó una persona fallecida y daños materiales; autoridades reiteran el llamado a la prevención

Por: Redacción

Como parte de las acciones que impulsa el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para fortalecer la cultura de la prevención y la seguridad sin límites, los Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga informaron que la mañana del domingo 19 de abril se registró un incidente vial al exterior del Parque Tangamanga II, donde un vehículo impactó contra la reja perimetral y posteriormente contra un árbol al interior del recinto.

De manera inmediata, personal de Guardaparques brindó atención en el lugar y solicitó la intervención de la Guardia Civil Estatal, servicios de ambulancia y la Fiscalía General del Estado, quienes confirmaron el fallecimiento de una persona. Asimismo, se contó con el apoyo de corporaciones de seguridad de la capital, al tratarse de un hecho de tránsito ocurrido en la vía pública, reflejando el cambio que se vive y se siente en la respuesta oportuna de las autoridades.

Ante estos hechos, se hace un llamado a la ciudadanía a actuar con responsabilidad, priorizar la seguridad propia y la de los demás, y tomar decisiones conscientes al conducir. La prevención y el respeto a las normas viales son fundamentales para salvaguardar la integridad de todas y todos.

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Estado

Estado refuerza prevención y atención ante temporada de lluvias

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Solo Villa de Arista registra afectaciones tras tromba y granizada; autoridades mantienen monitoreo permanente

Por: Redacción

Como parte de las acciones que impulsa el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para fortalecer la prevención y atención oportuna ante fenómenos meteorológicos, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) mantiene labores de monitoreo, vigilancia y coordinación sin límites con las Unidades Municipales en el Altiplano potosino, tras las lluvias registradas en las últimas horas.

De acuerdo con la dependencia, se presentaron lluvias ligeras e intermitentes en municipios como Real de Catorce, Cedral, Matehuala, Villa de Guadalupe, Vanegas, Charcas, Venado, Guadalcázar, Villa de la Paz y Ahualulco Moctezuma, mientras que en Villa de Arista se registró una tromba con granizada que provocó afectaciones en la comunidad de Derramaderos, donde el camino principal resultó dañado por la bajada de agua, siendo atendido de manera inmediata por autoridades municipales, reflejando el cambio que se vive y se siente en la capacidad de respuesta.

Asimismo, en el municipio de Moctezuma, en la comunidad de San José del Grito, se reportó acumulación de grava y arena sobre el camino hacia Ahualulco, por lo que ya se realizan trabajos para despejar la vialidad. La CEPC informó que se mantiene atenta ante la presencia del frente frío número 45, que podría generar tormentas eléctricas, granizadas, lluvias fuertes y tolvaneras en el Altiplano, con posible extensión a las zonas Centro y Media, garantizando atención inmediata en caso de cualquier contingencia.

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Congreso del Estado

Diputada plantea sancionar como abuso sexual el embarazo en menores de 14 años

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La ley aplicaría cuando una persona mayor de edad embarace a una menor de 14 años, con o sin consentimiento

Por: Redacción

La diputada Dulcelina Sánchez de Lira propuso una iniciativa para reformar la denominación del capítulo III, del Código Penal del Estado para denominarlo “Del Embarazo Infantil y el Estupro”, incorporando el delito de abuso sexual por embarazo infantil.

De esta manera, se establece que comete el delito de abuso sexual por embarazo infantil, quien siendo mayor de edad, provoque el embarazo de una persona menor de catorce años, independientemente de que medie o no consentimiento de la persona menor.

Se propone establecer que el delito se persiga de oficio en todos los casos y sea sancionado con una pena de ocho a quince años de prisión y sanción pecuniaria de quinientas a mil días del valor de la unidad de medida y actualización; perdida de la patria potestad, tutela o cualquier derecho de carácter familiar respecto del producto del embarazo, y la obligación de reparación integral del daño, que contemplará como mínimo: gastos médicos, psicológicos y de atención especializada para la menor, así como las que la autoridad determine.

Se busca además, que estas penas se incrementen en los casos en que la víctima se encuentre en situación de especial vulnerabilidad; cuando se utilicen datos personales sensibles, obtenidos o difundidos dolosamente, para facilitar la aproximación a la víctima; si es servidor público o familiar de la menor, y si el embarazo pone en riesgo la vida o la salud física o emocional de la menor.

En este caso, además de la pena señalada, se le destituirá del cargo y se le impondrá inhabilitación para ejercer cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público por un periodo igual al de la pena de prisión impuesta.

La legisladora indica en su exposición de motivos, que el abuso sexual infantil aumenta el riesgo de embarazos no deseados, ya que en informe de la Organización Mundial de la Salud publicado en 2021 estima que 120 millones de niñas menores de 20 años fueron víctimas de violencia sexual por parte de alguien que no era su pareja.

Este abuso está profundamente arraigado en la desigualdad de género; afecta a más niñas que niños, aunque muchos niños también se ven afectados. Las estimaciones sugieren que en 2020, al menos 1 de cada 8 niños del mundo había sufrido abuso sexual antes de cumplir los 18 años, y 1 de cada 20 niñas de entre 15 y 19 años había experimentado relaciones sexuales forzadas a lo largo de su vida.

El embarazo en niñas y adolescentes es un problema multifactorial, que agudiza la desigualdad y perpetúa la violencia que gran parte de ellas ya sufría. Además, se trata de un fenómeno que se extiende por todo el territorio nacional, no obstante, las niñas y adolescentes en situación de mayor pobreza y con bajo o nulo acceso a la educación, tienen un riesgo más elevado de enfrentar un embarazo temprano.

La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión Primera de Justicia.

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