México
Al menos 80 reos en un penal de Morelos dan positivo en coronavirus
La directora del penal, Lluvia Bartolo Oregón, se negó en dos ocasiones trasladar a un interno con síntomas de Covid-19 a un hospital
Por: Redacción
Familiares y abogados de internos del penal de Atlacholoaya, Morelos, confirmaron el deceso de una persona y de al menos 80 reos más con síntomas de probable Covid-19, sin embargo, las autoridades penitenciarias les han negado atención médica y medicamentos.
“Vamos a presentar una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, también una denuncia penal por las irregularidades en las que incurrió la directora del centro penitenciario, primero a no prestarle la atención médica a la que está obligada a cualquier interno, dos a no acatar un mandato judicial en la cual la juez le ordenaba que trasladara al interno Isidro Rodríguez Sánchez a un hospital particular, para su atención” dijo Ricardo Sánchez Bautista abogado de Rodríguez Sánchez quien falleció este martes a causa del patógeno.
El pasado jueves la directora del penal Lluvia Bartolo Oregón, fue apercibida por la juez Yaredy Montes Rivera, quien le ordenó el traslado de Isidro Rodríguez, pero en dos ocasiones simuló el traslado y se negó a llevarlo al hospital particular, finalmente lo tuvo que depositar en donde instruyó la juez.
“La directora fue sancionada primeramente porque fueron dos ocasiones en las cuales la juez le ordenó el traslado y ella se negó a hacer el traslado al hospital particular”, agregó el abogado.
El interno agravó, pero ya hospitalizado se le practicó el examen de covid, sin embargo, falleció el pasado lunes, ante la sospecha le han pedido a la juez que se practique el examen a 14 internos que compartían celda con el occiso.
“Ayer solicitamos a la juez de nueva cuenta que se le autorizara que se realizaras el examen incluso de manera particular lo pagaban los familiares, a los demás internos que ahí se encuentran, están probablemente infectados, han tenido síntomas, nos han dicho que tienen bastante temor de dar a conocer esto por lo que sucede en los penales” explicó el defensor.
De acuerdo con monitorio nacional por covid que realiza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya aparece el caso Isidro Rodríguez como sospechoso, pero internos y personal han denunciado la muerte de una custodia y otro más en el penal de Cuautla
“El día de hoy 20 de mayo del 2020, recibí una llamada por parte de un familiar que tengo recluido en el penal de Atlacholoaya, en el Estado de Morelos para hacerme del conocimiento de que tenía síntomas de que aparentemente parecían del covid, se veía muy preocupado decía que no podía respirar”, manifestó José Alfredo Patricio Guadarrama familiar de Amado Abarca quien está enfermo en estado crítico.
De acuerdo con fuentes del mismo penal, el coordinador de reinserción social, Israel Ponce de León Bórquez no se ha presentado a trabajar desde el lunes y según personal ya presentaba síntomas, al igual que los jefes de custodios conocidos con la clave.
“Por favor las personas privadas de su libertad se están muriendo de covid, ya son 80 personas la infectadas en especial las del dormitorio 1, del 1 a la celda 10 y 12 están muy graves ya, ya hay internos que no tienen ni modo ya de respirar, no pueden caminar ya por el dolor de las articulaciones, tienen fiebre muy alta, tienen vómito y dolor de cabeza” denunció la madre de otro interno.
Por el momento las autoridades sanitarias no han reconocido ningún enfermo en el penal, ni se han aplicado medidas para dar atención médica a los internos que presentan este tipo de síntomas similares al covid-19.
Con información de Excelsior.
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México
Diputados aprueban reforma constitucional en materia de seguridad pública
La SSPC asumirá un papel central en la formulación, dirección y coordinación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública
Por Roberto Mendoza
La Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad y con 441 votos a favor, el dictamen que reforma y adiciona el artículo 21 de la Constitución en materia de seguridad pública. Con mayoría calificada, los legisladores respaldaron la minuta enviada por el Senado, otorgando nuevas facultades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Durante la sesión, los grupos parlamentarios de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT y MC expresaron sus posturas respecto a esta reforma, que busca integrar a la SSPC en la investigación de delitos, fortalecer la coordinación interinstitucional y reforzar las acciones de seguridad ciudadana bajo el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
En entrevista exclusiva para La Orquesta, el vicecoordinador de los diputados de Morena, Manuel Godoy, destacó que estas nuevas funciones no se centran en la figura del actual secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, sino en la institución misma. “Que en este momento esté el secretario Harfuch es coyuntural; mañana podría estar cualquier persona”, señaló. Además, aclaró que las facultades otorgadas no implican más atribuciones de investigación para la policía, sino un enfoque en la coordinación con otras fuerzas, como el Ejército.
La reforma también estipula que los fondos federales destinados a la seguridad pública serán canalizados exclusivamente a estados y municipios, cuyo uso será auditado y supervisado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública a través del Secretariado Ejecutivo. Este organismo podrá emitir lineamientos, acuerdos y acciones que permitan homologar estándares y garantizar una coordinación eficiente entre los tres órdenes de gobierno.
Asimismo, la SSPC asumirá un papel central en la formulación, dirección y coordinación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Entre sus nuevas facultades, destacan la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia en Materia de Seguridad Pública y la capacidad de solicitar información a otras instituciones del Estado para esclarecer posibles delitos.
México
Cámara de Diputados aprueba extinción de Organismos Autónomos
El diputado José Luis Fernández destacó eficiencia y continuidad en funciones tras extinción de organismos autónomos
Por: Roberto Mendoza
Con 347 votos a favor, 128 en contra y 0 abstenciones, alcanzando la mayoría calificada, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto que modifica diversas disposiciones de la Constitución en materia de simplificación orgánica. La reforma propone reestructurar la administración pública, priorizando la eficiencia, austeridad y centralización de funciones mediante la desaparición de siete organismos autónomos y la redistribución de sus facultades entre dependencias del Ejecutivo federal.
Los organismos afectados son:
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)
Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU)
Comisión Reguladora de Energía (CRE)
Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)
Las responsabilidades del INAI pasarán a la Secretaría de la Función Pública, mientras que las tareas de CONEVAL se integrarán al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Por su parte, las funciones educativas de MEJOREDU se transferirán a la Secretaría de Educación Pública. El dictamen establece que los ahorros derivados de esta reforma se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Además, se respetarán los derechos laborales del personal afectado, quienes serán reubicados en las nuevas dependencias responsables.
El diputado federal por San Luis Potosí, José Luis Fernández Martínez , destacó en entrevista exclusiva para La Orquesta que la reforma busca garantizar la continuidad de las funciones de los organismos extintos sin duplicar esfuerzos ni incrementar la burocracia: “La aprobación de este dictamen no quiere decir que las funciones de estos órganos vayan a desaparecer. Por ejemplo, en el caso del INAI, el Sistema Nacional de Información seguirá vigente y sus funciones estarán en la Secretaría Anticorrupción. Los ciudadanos tendrán garantizado el acceso a la información que requieran”, explicó.
Fernández Martínez aseguró que la redistribución de funciones será más eficiente, “otros organismos, como el INEGI, absorberán funciones. El INEGI tiene toda la capacidad y experiencia para generar estadísticas sobre pobreza. Creo que hay que dar el voto de confianza. Estamos viviendo nuevas formas en el país, es un régimen distinto a lo que hemos vivido. El pueblo se manifestó en ese sentido y eso es lo que estamos construyendo”.
Cuestionado sobre si esta reforma podría complicar el acceso a la información pública, el diputado federal respondió: “Al contrario, la burocracia va a tender a disminuir. Estos espacios eran de cuotas políticas, entregados para acomodar a los cuates. No se pensaba en el beneficio de la gente, sino en dónde acomodar a un compadre o al amigo del contrario político para llegar a acuerdos. De esto está harto el pueblo de México. Con esta ley vamos a garantizar que los ciudadanos tengan información y una condición inmejorable en estos temas”.
Sobre las críticas que señalan que esta reforma es una venganza política, Fernández Martínez rechazó esa interpretación: “Los argumentos de la oposición no son sólidos, incluso son irresponsables. Si eres un inversionista extranjero y lees las declaraciones de la oposición, evidentemente habría alarma. La verdad es que estamos recuperando la soberanía del Estado, que sea el rector de las políticas y decisiones que se toman en el país. Creemos que tenemos un buen gobierno, y los resultados son muy buenos para el pueblo de México”.
Finalmente, sobre el impacto en San Luis, el legislador afirmó: “Formamos parte del pacto federal. Con el trabajo de las y los potosinos se pagan los sueldos de estas personas que no tienen nada que hacer en este nuevo esquema porque duplican funciones. Al quitarlos, no solo San Luis Potosí se verá beneficiado, sino todo el país”.
Por su parte, el diputado Elías Lixa, vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, expresó su rechazo a la reforma y señaló que centralizar las facultades de estos órganos pone en riesgo la transparencia y los derechos ciudadanos. “Están distribuyendo las facultades de estos órganos para dárselas a sí mismos desde el gobierno y controlar la información, lo cual es muy grave. Esta mayoría no escucha a nadie. Estos organismos eran un logro de los ciudadanos, y ¿quién es el interesado en que no exista información? Quien tiene cosas que ocultar”, señaló en entrevista exclusiva para La Orquesta.
Lixa agregó que la desaparición de estos entes autónomos responde a una represalia por los casos de corrupción destapados por instituciones como el INAI: “Gracias al INAI supimos, entre otros casos, del desvío multimillonario de SEGALMEX. Esto es una venganza contra este órgano que dio a conocer esa información. Además, desaparecen CONEVAL, que mide los avances de las políticas públicas en materia de combate a la pobreza. Si no se mide, no se puede evaluar ni mejorar. El gobierno quiere controlar todo, y será entonces un gobierno mediocre, que busca solo aplausos dentro de sus propias filas”.
Al ser cuestionado sobre algún posible beneficio en esta reforma, Lixa fue enfático: “No puede haber nada positivo en quitarle facultades a órganos técnicos y darle el control absoluto al gobierno a costa del derecho de los ciudadanos. Esto es un retroceso para México”. Hoy en la discusión en lo particular se analizarán propuestas de modificación, entre ellas la creación de dos organismos descentralizados que asumirán las funciones del IFT y la Cofece.
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Buscan en Tabasco a socio facturero de Sánchez Zumaya
La Fiscalía de aquel estado emitió una ficha de búsqueda para encontrar a David Ignacio Olivares, de 26 años, por lavado de dinero
Por: Redacción
Trascendió que uno de los socios factureros de Gerardo Sánchez Zumaya y que aparece en la red juvenil de lavado de dinero publicada por el diario Reforma se encuentra desaparecido.
Se trata de David Ignacio Olivares Zúñiga, de 26 años de edad, quien forma parte del grupo de conocidos de Gerardo Sánchez Zumaya, acusado de lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos con PEMEX y que se encuentra desaparecido desde el pasado mes de marzo.
La Fiscalía General del Estado de Tabasco emitió una ficha de búsqueda en la que detalla que el pasado 20 de marzo, el socio de Sánchez Zumaya salió de un domicilio en el centro de Villahermosa a bordo de su auto Beat, Chevrolet y no se le volvió a ver.
Cabe mencionar que la investigación del diario Reforma apunta que Olivares Zúñiga emitió 379 comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) con los que, en conjunto con otros socios factureros menores de 30 años con empresas “especializadas” en productos petroquímicos ayudaron a Gerardo Sánchez Zumaya ha logrado encubrir 15 mil millones de pesos.
A la fecha, el joven de 26 años no ha sido localizado cómo tampoco su “socio” Gerardo Sánchez Zumaya se ha pronunciado en sus redes sociales para pedir a la ciudadanía por su localización.
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