​La propuesta busca limitar el uso de la fuerza pública y modificar el artículo 9 de la Carta Magna para prohibir la vigilancia digital contra manifestantes

​Por Roberto Mendoza

​El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Elías Lixa Abimerhi, anunció que el próximo martes presentarán ante el pleno una iniciativa para reformar el artículo 9 de la Constitución, acompañada de la creación de una nueva Ley de Protección a la Protesta Pacífica. El anuncio se realizó en conferencia de prensa donde el PAN denunció una respuesta desproporcionada del Estado frente a las recientes manifestaciones juveniles en la Ciudad de México.

​La propuesta legislativa tiene como eje central establecer límites claros a la actuación gubernamental durante las movilizaciones sociales, garantizando que el derecho a la reunión no sea coartado por medidas de seguridad excesivas.

Según detalló Lixa, la reforma busca instaurar candados legales contra la “persecución mediática” y la vigilancia digital de activistas, argumentando que las herramientas de inteligencia del Estado no deben utilizarse para monitorear a ciudadanos que ejercen sus libertades políticas. Asimismo, la ley secundaria plantearía la obligación de investigar de oficio a las cadenas de mando y autoridades que ordenen o ejecuten actos de represión.

​Dentro del marco jurídico propuesto, se establece la premisa de que las manifestaciones deben presumirse pacíficas; en caso de actos aislados de violencia, la acción punitiva deberá dirigirse exclusivamente contra el individuo responsable, prohibiendo al gobierno censurar o disolver la totalidad de la protesta bajo ese pretexto. El legislador enfatizó que es necesario un sistema de garantías donde el Estado sea el ente limitado y no la ciudadanía, criticando la falta de pronunciamientos de organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ante los operativos policiales recientes.

​El coordinador panista justificó la urgencia de esta legislación al señalar que existe una estrategia oficial para estigmatizar a las juventudes disidentes, calificando las acciones de seguridad recientes como una “cortina de humo” para desviar la atención de la violencia criminal que azota a entidades como Michoacán.

Se incluyeron extorsiones de los llamados “montachoques” y el uso de tecnología como agravantes

​Por: Roberto Mendoza

​El Pleno del Senado de la República aprobó la noche de ayer miércoles 19 de noviembre, con 110 votos a favor, cero en contra y sin abstenciones, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión. El dictamen fue devuelto a la Cámara de Diputados para su ratificación tras sufrir modificaciones que unifican el tipo penal en las 32 entidades federativas y eliminan el requisito de denuncia de parte para iniciar las investigaciones.

​La normativa avalada incrementa las sanciones carcelarias, estableciendo un rango base de 15 a 25 años de prisión, superior a la propuesta original que iba de seis a 15 años. La pena podrá elevarse hasta los 42 años cuando se acrediten agravantes específicas, como el uso de violencia física, la participación de servidores públicos o la utilización de armamento durante la comisión del delito.

​En la discusión en lo particular, se tipificaron modalidades como los accidentes viales provocados intencionalmente, conocidos como “montachoques”, y el “cobro de piso”. A propuesta del senador de Morena, Ignacio Mier, se añadió como agravante el uso de dispositivos y plataformas digitales

​Durante el posicionamiento de las bancadas, la senadora del Partido del Trabajo (PT), Lizeth Sánchez García, sostuvo que el desinterés de gobiernos anteriores dejó a la ciudadanía indefensa. “Estamos aquí para aprobar una ley que enfrenta a la extorsión en todas sus formas, pues se establece un tipo penal único, con lo que se termina que una misma conducta reciba penas distintas”, afirmó la legisladora.

​En contraste, la senadora del PRI, Carolina Viggiano Austria, advirtió sobre la inviabilidad financiera de la reforma, señalando que se implementará con los recursos ya existentes pese a los recortes en seguridad. “Esperamos que esta ley funcione, pero va a funcionar mejor si le ponen dinero”, sentenció respecto a la falta de presupuesto asignado para las nuevas tareas de investigación.

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La propuesta busca permitir el uso excepcional de fondos de retiro para proteger el derecho alimentario de menores

Por: Redacción

La senadora Ruth González Silva presentó una iniciativa para garantizar que niñas, niños y adolescentes reciban pensión alimenticia, incluso cuando el deudor esté desempleado y carezca de ingresos.

“Esta reforma busca asegurar que ninguna niña, niño o adolescente quede desprotegido cuando la persona deudora esté desempleada. El interés superior de la niñez debe prevalecer siempre”, señaló González Silva.

La legisladora del Partido Verde Ecologista de México explicó que la finalidad de los sistemas de pensiones es proteger a las familias trabajadoras, por lo que los recursos del retiro pueden ofrecer apoyo en situaciones de urgencia.

Actualmente existe un vacío legal que impide a los jueces autorizar, en casos excepcionales, el uso limitado de recursos de las cuentas de retiro para asegurar la manutención de menores, lo que deja desprotegidos a miles de ellos pese a que existen fondos disponibles.

La iniciativa se alinea con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reconoce la posibilidad de utilizar parte de los fondos de retiro de manera proporcional y excepcional para garantizar el derecho alimentario.

De acuerdo con la propuesta, el procedimiento establece que:

• Solo procederá esta medida cuando no existan otros bienes o ingresos para cubrir la pensión.
• Se recurrirá primero a las aportaciones voluntarias

González Silva subrayó que la reforma no pone en riesgo el sistema de pensiones ni vulnera el derecho a una vejez digna, sino que armoniza la protección del ahorro para el retiro con el bienestar de la niñez.

Afirmó que el derecho a los alimentos es un principio constitucional respaldado por tratados internacionales. Por ello, aunque se mantiene la inembargabilidad de los fondos de retiro como regla general, se propone una excepción de orden público para casos en que está en juego la alimentación de niñas, niños y adolescentes.

“El derecho de las y los menores a recibir alimentos tiene prioridad constitucional frente a cualquier otro derecho patrimonial. No hay ahorro más valioso que la seguridad alimentaria de nuestras hijas e hijos”, enfatizó la legisladora por San Luis Potosí.

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