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Al menos 400 policías de SLP siguen como guaruras
El gobernador adelantó que enviará al Congreso una iniciativa para impedir que agentes de seguridad puedan ser colocados como escoltas de particulares
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona señaló en septiembre de 2021, previo a tomar posesión como gobernador de San Luis Potosí, que al menos 700 agentes de la entonces Policía Estatal, se encontraban asignados como escoltas personales de 100 políticos y empresarios; en ese momento aseguró que esos privilegios habían terminado y los elementos se reincorporaron a labores de seguridad, sin embargo, a más de un año de ese punto la situación no ha logrado ser revertida en su totalidad, e incluso el propio mandatario confirmó que Juan Manuel Carreras, su antecesor, aún cuenta con policías asignados para resguardarlo, además de utilizar todavía un vehículo oficial.
“En esta administración (de Juan Manuel Carreras) hay 700 policías estatales encomendados a cuidar a políticos y empresarios, cuando tenemos solo mil elementos en las calles para resguardar a toda la población: son 700 policías para proteger a cerca de 100 personas y mil para cuidar a casi tres millones”, fue la declaración hecha por Ricardo Gallardo en 2021. La vocería de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) confirmó que un número importante de miembros de la Guardia Civil ya han vuelto a tener tareas operativas: “De inicio me parece fueron 250, posteriormente fueron más”, señaló la instancia sin precisar cuántos siguen a cargo del cuidado de particulares.
El área de seguridad informó acerca del equipo y personal de seguridad que mantiene el ex gobernador Juan Manuel Carreras, y mencionó que se trata de un tema administrativo, cuyo dato preciso será solicitado a la mesa de seguridad, por lo que no es posible saber cuántas personas cuidan del ex gobernador y su familia: 
“Me pidió unos días, precisamente él para poder ver su situación, se los hemos concedido… ya se acabó el tiempo de que pueda traer escoltas, de que pueda traer camioneta del gobierno, pues tendría que entregar ya de acuerdo a los tiempos del Legislativo“, apuntó hace unos días Ricardo Gallardo y apuntó que al comienzo de este sexenio también Fernando Toranzo contaba con ese privilegio.
Gallardo Cardona ha dicho que enviará una iniciativa de ley para que la posibilidad de asignar policías a labores de escoltas sea suprimida, no obstante, reconoció que algunos ex funcionarios deben contar con un resguardo, debido a la naturaleza de su trabajo, pero que esto debe ser solo por un determinado tiempo.
El mandatario estatal destacó que Federico Garza Herrera, ex fiscal del estado figura entre quienes ya entregaron los vehículos y escoltas con que contaban, y añadió que las lideresas de los sindicatos más grandes de trabajadores del gobierno del estado también cuentan con la prestación de camionetas.
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La diputada Sara Rocha aseguró que condicionar la utilización de estos dispositivos ayudará al desarrollo integral de los estudiantes
Por: Redacción
La diputada Sara Rocha Medina presentó una iniciativa de reforma al artículo 60 de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de delimitar el uso de los dispositivos electrónicos en el ámbito educativo.
La reforma establece que “las autoridades educativas determinarán el uso complementario que se dará al uso del celular y demás dispositivos electrónicos como material educativo de apoyo a la enseñanza y aprendizaje de estudiantes del nivel secundaria, estableciendo para ello los lineamientos necesarios para su aplicación dentro de la jornada escolar, quedando prohibido su uso dentro de los planteles de educación primaria”.
Dicho proceso deberá contar con la participación de directivos, docentes, madres, padres o tutores y, de acuerdo con el principio del interés superior de la niñez. Las autoridades educativas participaran en el diseño e implementación en coordinación con las autoridades correspondientes, de manera permanente y transversal, de las estrategias, campañas y programas formativos dirigidos a toda la comunidad educativa sobre el desarrollo del uso responsable de dispositivos electrónicos.
La congresista aseguró que “en un mundo globalizado donde la tecnología juega un papel cada más importante en el desarrollo de las diversas actividades que realizan las personas en todos los ámbitos de su vida, en especial los dispositivos electrónicos como son los teléfonos y relojes inteligentes, tabletas, computadoras, laptops
Sin embargo, recalcó que además de las ventajas que conlleva el uso de la tecnología, también genera efectos nocivos por el uso excesivo que cada vez más se está dando en todo el mundo, afectando la salud mental, los procesos de socialización y en general la forma de interactuar entre las personas.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su análisis.
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Los citatorios se abrieron para diez ciudadanos de Sinaloa, mientras que uno alterno incluyó a funcionarios de Chihuahua
Por: Roberto Mendoza
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió citatorios para diez ciudadanos del estado de Sinaloa, entre los que se encuentra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, como parte de una investigación derivada de una acusación formal presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.
Sobre esta primera acción ministerial, la dependencia federal determinó: “dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad“.
Dentro del expediente judicial radicado en la corte estadounidense se incluye al senador en activo Enrique Inzunza, exsecretario general de Gobierno de Sinaloa. A diferencia del mandatario estatal con licencia, el legislador conserva su escaño y fuero constitucional; su última ubicación reportada en territorio sinaloense data del 10 de mayo, tras registrar ausencias en sus funciones legislativas desde finales de abril.
De forma paralela a esta indagatoria, la instancia de procuración de justicia federal desarrolla una investigación en curso requiriendo la presencia de autoridades de Chihuahua por la cadena de mando en el operativo realizado en la Sierra del Pinal los días 17 y 18 de abril.
Respecto a este caso, el órgano autónomo detalló: “están siendo citados a comparecer, en calidad de testigos, la gobernadora constitucional del estado y el ex fiscal General de Justicia de esa entidad, a fin de que les sea recabada la entrevista ministerial encaminada al esclarecimiento de los hechos que se investigan”.
Los requerimientos ministeriales ejecutados responden al seguimiento de las operaciones logísticas en ambas entidades y a las acciones pertinentes de los respectivos planes de investigación.
Para fundamentar el alcance de las comparecencias y entrevistas en sede federal, la institución de justicia precisó: “En ambos casos se actúa de conformidad con las correspondientes atribuciones constitucionales y legales, así como con plena sujeción al debido proceso”.
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La gobernadora en persona recibe el documento, asegura que se presentará aun con fuero
Por: Roberto Mendoza
Dos agentes ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR) acudieron este 23 de mayo al Palacio de Gobierno de Chihuahua para notificar el requerimiento oficial a la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, quien garantizó su asistencia programada para el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas: “Ahí estaremos, porque siempre he dado la cara”, aseguró.
El origen del citatorio ministerial responde a la investigación federal iniciada tras el desmantelamiento de un laboratorio clandestino el pasado 19 de abril en el municipio de Morelos.
La indagatoria, documentada, examina la participación operativa de dos agentes estadounidenses en territorio estatal con apoyo de la Agencia Estatal de Investigación, con el objetivo de determinar si la administración de Chihuahua violó la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
Ante el requerimiento de la autoridad federal, la mandataria estatal abordó su situación jurídica frente a la protección constitucional de su cargo y estableció un contraste operativo respecto a las indagatorias dirigidas a otros ejecutivos estatales: “Voy a tener que estar en la FGR compareciendo, aunque yo una servidora tenga fuero constitucional. ¿con Rubén Rocha no se le ha pedido comparecer, ni a ningún otro gobernador de este país?
La integración de la carpeta de investigación a cargo del Ministerio Público de la Federación contempla hasta el momento la emisión de citatorios previos dirigidos a 50 funcionarios estatales, como parte de las diligencias para establecer si las autoridades locales incurrieron en una invasión de competencias de jurisdicción federal.
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