junio 12, 2026

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Al menos 400 policías de SLP siguen como guaruras

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El gobernador adelantó que enviará al Congreso una iniciativa para impedir que agentes de seguridad puedan ser colocados como escoltas de particulares

Por: Redacción

Ricardo Gallardo Cardona señaló en septiembre de 2021, previo a tomar posesión como gobernador de San Luis Potosí, que al menos 700 agentes de la entonces Policía Estatal, se encontraban asignados como escoltas personales de 100 políticos y empresarios; en ese momento aseguró que esos privilegios habían terminado y los elementos se reincorporaron a labores de seguridad, sin embargo, a más de un año de ese punto la situación no ha logrado ser revertida en su totalidad, e incluso el propio mandatario confirmó que Juan Manuel Carreras, su antecesor, aún cuenta con policías asignados para resguardarlo, además de utilizar todavía un vehículo oficial.

“En esta administración (de Juan Manuel Carreras) hay 700 policías estatales encomendados a cuidar a políticos y empresarios, cuando tenemos solo mil elementos en las calles para resguardar a toda la población: son 700 policías para proteger a cerca de 100 personas y mil para cuidar a casi tres millones”, fue la declaración hecha por Ricardo Gallardo en 2021. La vocería de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) confirmó que un número importante de miembros de la Guardia Civil ya han vuelto a tener tareas operativas: “De inicio me parece fueron 250, posteriormente fueron más”, señaló la instancia sin precisar cuántos siguen a cargo del cuidado de particulares.

El área de seguridad informó acerca del equipo y personal de seguridad que mantiene el ex gobernador Juan Manuel Carreras, y mencionó que se trata de un tema administrativo, cuyo dato preciso será solicitado a la mesa de seguridad, por lo que no es posible saber cuántas personas cuidan del ex gobernador y su familia:

“Me pidió unos días, precisamente él para poder ver su situación, se los hemos concedido… ya se acabó el tiempo de que pueda traer escoltas, de que pueda traer camioneta del gobierno, pues tendría que entregar ya de acuerdo a los tiempos del Legislativo“, apuntó hace unos días Ricardo Gallardo y apuntó que al comienzo de este sexenio también Fernando Toranzo contaba con ese privilegio.

Gallardo Cardona ha dicho que enviará una iniciativa de ley para que la posibilidad de asignar policías a labores de escoltas sea suprimida, no obstante, reconoció que algunos ex funcionarios deben contar con un resguardo, debido a la naturaleza de su trabajo, pero que esto debe ser solo por un determinado tiempo.

El mandatario estatal destacó que Federico Garza Herrera, ex fiscal del estado figura entre quienes ya entregaron los vehículos y escoltas con que contaban, y añadió que las lideresas de los sindicatos más grandes de trabajadores del gobierno del estado también cuentan con la prestación de camionetas.

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¿Por qué hay tan pocas mujeres en las preliberaciones de SLP?

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Las mujeres representan una fracción menor de la población carcelaria en San Luis Potosí, lo que se refleja en los números de cada evento de preliberación

Por: Redacción

Nohemi Proal Huerta, secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, aclaró que las preliberaciones en San Luis Potosí no se otorgan con cuotas de género ni se concentran en un solo centro penitenciario: el criterio es exclusivamente la situación procesal de cada persona privada de libertad (PPL).

La funcionaria respondió así a cuestionamientos sobre si existirían eventos de preliberación exclusivos para el penal femenino de Xolol, donde la presencia de mujeres beneficiadas ha sido notoriamente baja en ejercicios anteriores.

“No nos basamos en que sean más hombres o más mujer es. De hecho, la población femenina dentro de los centros es mucho menor a la de los hombres

“, afirmó Proal Huerta.

La secretaria explicó que cada evento de preliberación aplica al universo total de PPL en todos los centros del estado — no a un penal en específico — y que el beneficio se otorga a quienes cumplen los requisitos de acuerdo a su proceso, independientemente del género.

Sobre el evento más reciente, Proal Huerta reconoció que las mujeres fueron la menor parte de las beneficiadas, aunque sostuvo que el resultado fue “mucho más equilibrado que otros”.

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Guardia Civil actuó por orden judicial en desalojo de Tampamolón: Jesús Juárez

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Desalojos de este tipo —ordenados por jueces civiles y mercantiles— ocurren dos o tres veces al día en la entidad, según el funcionario responsable de seguridad estatal

Por: Redacción

Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, afirmó que la participación de la Guardia Civil Estatal en el desalojo de familias indígenas en el predio La Peña de Tampamolón fue realizada como “apoyo” a una orden judicial de restitución de inmueble emanada de un juzgado civil, y que la corporación actúa conforme a “fundamento legal” sin conocer los expedientes específicos de cada caso.

En respuesta a cuestionamientos sobre la intervención de la corporación en el desalojo, que circuló en redes sociales con denuncias de agresiones, detenciones y daños, Juárez Hernández precisó que la Guardia Civil no fue convocada de oficio sino mediante solicitud formal de la autoridad judicial. “No fuimos convocados mediante oficio para apoyar nada más”, dijo durante la entrevista.

El funcionario sostuvo que la corporación cumple un rol limitado en estos operativos: ejecutar la orden sin intervenir en la evaluación de los expedientes civiles que la originan. “No conocemos el expediente, solamente cumplimos con el ordenamiento”, afirmó Juárez Hernández, al reiterar que desconoce el trasfondo específico del desalojo en Tampamolón.

Según el titular de Seguridad, los desalojos con apoyo de fuerzas públicas —ya sean municipales, estatales o de la Policía de Investigación— son procedimientos recurrentes en la entidad. “Son de recurrentes, dos o tres diarias

“, indicó. Precisó que la mayoría corresponde a restituciones civiles de inmuebles: conflictos donde un juez civil resuelve en favor de una de las partes y ordena el desalojo del predio ocupado.

Juárez Hernández justificó la presencia de fuerzas de seguridad en estos actos como medida preventiva ante posibles conflictos entre los actores involucrados. “Precisamente por eso es necesaria la presencia de la fuerza pública para evitar que los actores entren en conflicto“, comentó, aunque aclaró nuevamente que la corporación no revisa ni participa en la decisión judicial que origina el desalojo.

El contexto del desalojo en Tampamolón incluye denuncias en redes sociales de presuntas agresiones, detenciones y daños a viviendas, según reportaron habitantes de la comunidad que identificaron a las familias desalojadas como indígenas náhuatl y tének. La participación de la fuerza pública en estos conflictos agrarios ha generado cuestionamientos sobre represión y supervisión de las corporaciones.

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Ciudad

Valladares promete plan hídrico de largo plazo para San Luis Potosí

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El legislador afirmó que la falta de agua es su prioridad y prometió trabajar en una solución de corto plazo, además de un plan hídrico de mediano y largo plazo para la capital y el estado.

Por: Redacción

Juan Carlos Valladares, diputado federal, se comprometió a resolver el problema de abasto de agua en su distrito en el corto plazo y a impulsar un plan hídrico de largo plazo para San Luis Potosí.

El legislador regresó a su distrito con “buenas noticias” y proyectos en marcha y aprovechó para reiterar que el agua es una prioridad que no data solo de campaña.

“Es un tema que ha generado muchísima problemática y obviamente frustración y hartazgo de la población”, reconoció Valladares, quien sostuvo que existe una solución “en el corto plazo”.

El diputado llamó a construir una visión estructural. “La capital, el estado tiene que tener proyectos muy importantes en cuestión hídrica y creo que tenemos que trabajar en ello”, afirmó.

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