marzo 5, 2026

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¡Adiós al Horario de Verano!: AMLO logró eliminarlo 26 años después

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La medida implementada por primera vez en 1996 llegó ayer a su fin, luego de que el Congreso de la Unión avaló su derogación

Por: Ana G Silva

Los y las mexicanas retrasamos ayer una hora, como cada año, nuestros relojes, pero esta ocasión tiene una connotación especial, ya que esa fue, probablemente, la última vez que tendremos que hacerlo en nuestras vidas. Hemos entrado al Horario de Viernes, el horario “original”, y debido a la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador y sus aliados legislativos para derogar los cambios de horario, aprobada por el Congreso de la Unión, nos quedaremos en él, después de 26 años de existencia del modelo de adelantar la hora a inicios de abril.

El horario de verano en México se implementó por primera vez durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, quien publicó un decreto para instaurarlo, el 4 de enero de 1996. Se argumentó que habría una disminución en la demanda de energía eléctrica, reducción en el consumo de combustibles utilizados en la generación de la energía eléctrica, disminución en la emisión de contaminantes y mayor número de actividades al aprovechar la luz del día que es más intensa durante la primera y el verano.

La eliminación a partir del próximo año de los cambios de horario fue planteada con seriedad por López Obrador durante el de marzo de este año, bajo el argumento de que no hay un verdadero ahorro de energía. Esta visión no es nueva y el presidente la ha sostenido desde el año 2001, cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal, tanto que le sirvió como arena discursiva para contrastarse contra Vicente Fox, entonces mandatario de la República.

Lopez Obrador, como jefe de Gobierno del Distrito Federal, impugnó en 2001 el cambio de horario, pues consideraba que era una medida inconstitucional e ilegal, lo que ocasionó una de las tantas confrontaciones con Fox.

El ex presidente criticaba la postura del entonces jefe de gobierno, quien había aplicado una consulta telefónica a más de 300 mil habitantes de la ciudad en la que, según sus resultados, el 75 por ciento estaba en contra de esta medida y 25 por ciento a favor. Con estas cifras, López Obrador dio a conocer un decreto para reglamentar el horario en la capital del país, no obstante, chocaba con la medida a nivel nacional del ex presidente de la República, por lo que el asunto llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dejó sin efecto ambos decretos, hasta que se votó por mantener el horario de verano en la ciudad.

López Obrador en 2006 era candidato de la coalición “Por el Bien de Todos”, en ese momento anunció su intención de realizar una consulta para saber si el horario de verano se quedaba o no, la cual retomó en 2020 argumentando que este horario fue impuesto sin preguntar a la población y se generaban inconformidades, sin embargo, el tema no se volvió a tocar hasta el pasado 18 de marzo cuando Gerardo Fernández Noroña, diputado federal del Partido del Trabajo, propuso eliminar el Horario de Verano en el país, con el argumento de que se evitarían problemas de salud generados por los cambios de horario.

“Cada día hay un malestar sobre las complicaciones asociadas a la adaptación del horario de verano, ya sea por circunstancias laborales o escolares. Las personas se ven forzadas a modificar sus horarios de desplazamientos, así como hay evidencia médica que, como consecuencias de tal modificación, se generan alteraciones del sueño al afectar el ritmo cardíaco y aumentar la sensación de cansancio, irritabilidad o cambiar de humor”

, explicó el diputado federal.

El presidente López Obrador comentó el 23 de marzo que de no justificarse el ahorro de energía eléctrica se propondrá la eliminación del horario de verano. En mayo se realizó una encuesta en donde el 71.4 por ciento de las personas consultadas se pronunció por mantener un solo horario, por lo que en julio el presidente de la República envió la iniciativa al Congreso.

La eliminación del Horario de Verano fue avalada el 29 de septiembre en la Cámara de Diputados con 445 votos a favor, 8 en contra y 33 abstenciones. Por su parte, el Pleno del Senado de la República avaló la propuesta el 26 de octubre, con 59 votos a favor, 25 en contra y 12 abstenciones, con lo que puso fin a 26 años de aplicarse.
El horario de verano no se suspenderá en los municipios de Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedras Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo, de Coahuila; en Anáhuac de Nuevo León; Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán. Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros de Tamaulipas. Para Chihuahua el horario será contemplado en la zona centro. Mientras que se mantendrá el horario del Pacífico para los municipios de Ensenada, Playas de Rosarito, Mexicali, Tecate y Tijuana, en Baja California; y San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, General Plutarco Elias Calles, Caborca, Altar, Sáric, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta, en Sonora, esto con la finalidad de no afectar las actividades comerciales de dichas zonas fronterizas.

EL ORIGEN DEL HORARIO DE VERANO

El horario de verano se usa en un gran número de países alrededor del mundo y fue implementado por primera vez durante la Primera Guerra Mundial en naciones como Alemania, España y Estados Unidos. Se adoptó una vez que concluyó la Segunda Guerra Mundial.

En los últimos años, diversos países como Mongolia y Turquía han decidido derogarlo. Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, también busca eliminar los cambios de horario, aunque este país planea quitar el de invierno y así aprovechar la luz del sol, propuesta que ya fue aprobada por el Senado y entrará en vigor en 2023.

Hace unos días, los 27 países que pertenecen a la Unión Europea abrieron la discusión de eliminar el horario de verano para ahorrar energía; sin embargo, las marcadas diferencias climáticas e intereses específicos han obstaculizado un consenso para tener un horario común.

Los países que mantienen el horario de verano son: Canadá, Chile, Paraguay, Marruecos, Argelia, España, Portugal, Francia, Reino Unido, Suiza, Alemania, República Checa, Italia, Serbia, Rumania, Suecia, Noruega, Australia, Irán y Siria.

Hay países de latinoamérica como Argentina y Brasil que no tienen horario de verano. Tampoco los países que están sobre la línea ecuatorial o cerca de ella, como Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú o Bolivia.

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Aunque pierde todo en tribunales, la UASLP mantiene al IFSE “en el chori”

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Rodrigo Lecourtois insiste en revisar los recursos propios de la universidad que encabeza Alejandro Zermeño y advierte que negarse podría tener consecuencias legales tarde o temprano

Por: Jorge Saldaña

El auditor superior Rodrigo Lecourtois afirma que la autonomía universitaria no impide la fiscalización del dinero autogenerado. Advierte que la estrategia jurídica encabezada por la rectoría de Alejandro Zermeño Guerra ha sido derrotada en tribunales y que, si la negativa persiste, podrían venir consecuencias legales

El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois, reiteró que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está obligada a permitir la revisión de sus recursos autogenerados, y advirtió que la estrategia jurídica con la que la rectoría encabezada por Alejandro Zermeño Guerra ha intentado evitar las auditorías ha sido sistemáticamente derrotada en tribunales.

En entrevista, Lecourtois sostuvo que la negativa de la universidad a abrir sus cuentas bajo el argumento de la autonomía universitaria no tiene sustento legal, pues la Constitución establece que todo recurso público debe ser fiscalizado.

El auditor recordó que desde principios de 2026 el IFSE solicitó formalmente la revisión de estos fondos, petición que —según dijo— la universidad prácticamente ignoró.

“Nos mandaron al chori”, dijo entonces Lecourtois, utilizando una expresión coloquial para describir que la solicitud fue desestimada por la rectoría.

Meses después, el conflicto permanece sin resolverse y con un historial jurídico que, según el propio auditor, no favorece a la universidad.

De acuerdo con lo expuesto por el titular del IFSE, cada recurso legal promovido por la defensa jurídica de la UASLP para frenar la auditoría ha sido rechazado por las instancias correspondientes, lo que debilita el argumento central de la rectoría encabezada por Zermeño: que revisar los recursos propios violaría la autonomía universitaria.

Lecourtois sostuvo que la autonomía protege la vida académica y administrativa de la universidad, pero no puede convertirse en un escudo para impedir la fiscalización de dinero público.

En ese contexto, advirtió que si la universidad mantiene su postura de negarse a la revisión, las consecuencias podrían escalar al terreno jurídico.

“La fiscalización no es opcional”, señaló.

El funcionario explicó que el IFSE está obligado por ley a revisar todos los recursos que ejerzan las instituciones públicas, incluidos aquellos que las universidades generan a través de cuotas, servicios, proyectos o convenios.

La disputa entre el IFSE y la UASLP, encabezada por el rector Alejandro Zermeño Guerra, lleva ya varios años en tribunales y se ha convertido en uno de los debates más delicados sobre los límites entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas.

Mientras la rectoría ha insistido en que auditar estos recursos vulneraría la autonomía institucional, el órgano fiscalizador dirigido por Rodrigo Lecourtois sostiene que la transparencia es una obligación constitucional.

Hasta ahora, sin embargo, el conflicto mantiene un matiz incómodo para ambas partes: la universidad ha perdido sus batallas legales, pero el IFSE aún no ha logrado abrir completamente las cuentas que busca revisar.

Por ello, Lecourtois insistió en que la salida más razonable sería que la universidad permita la revisión.

De lo contrario, advirtió, la presión jurídica podría incrementarse.

En otras palabras, el auditor dejó abierta una posibilidad incómoda para la rectoría de Zermeño: que el tema deje de ser una discusión administrativa y termine escalando a responsabilidades legales.

Y en ese escenario, la pregunta que queda en el aire es simple: si este año la universidad volverá a “mandar al chori” al órgano fiscalizador… o si finalmente abrirá sus cuentas.

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Tren Querétaro–SLP–Saltillo arrancaría obras este mismo año

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El gobernador Ricardo Gallardo detalló que el sistema ferroviario tendría alrededor de 900 kilómetros de recorrido

Por: Redacción

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que el proyecto del tren de pasajeros que conectará a la entidad con Querétaro y Saltillo contempla varias estaciones dentro del territorio potosino, incluida una posible terminal en la capital.

El mandatario estatal explicó que la propuesta fue revisada durante una reunión con Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

(SICT), donde se analizaron los trazos preliminares de los tramos Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.

“Ya tuvimos acceso a todo el proyecto. Contempla estaciones en San Luis Potosí capital y estamos revisando si el Museo del Ferrocarril puede convertirse en una gran estación en La Alameda”, explicó.

El gobernador señaló que la intención es que el tren llegue a la zona de La Alameda, lo que permitiría recuperar el valor histórico d el sistema ferroviario en la ciudad.

De acuerdo con el planteamiento presentado, las estaciones en territorio potosino incluirían Ahualulco, Moctezuma, Venado, Charcas y Real de Catorce, antes de continuar su trayecto hacia Saltillo.

Gallardo Cardona detalló que los nuevos tramos ferroviarios se construirían de manera paralela a las vías existentes, con el objetivo de agilizar los procesos de liberación de derecho de vía y facilitar la ejecución del proyecto.

El sistema ferroviario tendría una extensión aproximada de 900 kilómetros en total, considerando las rutas Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.

En el caso del tramo hacia Querétaro, también se contemplan estaciones en Villa de Reyes y Santa María del Río, antes de llegar a la capital potosina.

El mandatario calificó el plan como “un proyecto muy ambicioso” y adelantó que la intención del gobierno federal es que las obras arranquen este mismo año.

Además, aseguró que el servicio tendría tarifas competitivas: “El costo será muy accesible, a nivel de autobús o incluso más barato”, afirmó.

Finalmente, destacó que el tren de pasajeros ayudaría a reducir la carga de tránsito en la carretera 57, especialmente en el traslado de pasajeros entre estados del Bajío y el norte del país.

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Objeción de conciencia y desinformación frenan acceso al aborto legal en SLP

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Activistas señalaron que habitantes de Rioverde y Ciudad Valles deben trasladarse hasta la capital para recibir atención

Por: Redacción

A un año de que el aborto fuera despenalizado en San Luis Potosí, integrantes de la Colectiva ILE señalaron que, aunque el derecho ya está reconocido en la ley, el acceso real al servicio aún enfrenta diversos obstáculos en el sistema de salud.

De acuerdo con Quadratín, Nuria, integrante del colectivo, explicó que actualmente las principales instituciones que brindan la interrupción legal del embarazo de manera gratuita son IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. Sin embargo, advirtió que muchas mujeres todavía desconocen dónde pueden acudir o cuál es el procedimiento para solicitar el servicio.

También señaló que una parte importante de las solicitudes proviene de municipios como Rioverde y Ciudad Valles, cuyos habitantes deben trasladarse hasta la capital potosina para recibir atención, lo que implica gastos de transporte y otras barreras económicas que dificultan el acceso

.

Otro de los problemas detectados dentro de los hospitales es la objeción de conciencia por parte de personal médico, la cual, afirmó, en muchos casos no se encuentra debidamente justificada y termina funcionando como una barrera para acceder al servicio.

Finalmente, la activista recordó que aún está pendiente una reforma para homologar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que la negación del servicio de interrupción legal del embarazo pueda ser reconocida como violencia institucional.

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