julio 9, 2026

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“Adelgazan” en secreto a familiares y amigos de la delegación del IMSS en SLP

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El hospital no tiene la autorización ni la infraestructura, el médico que hace las operaciones no está certificado

Por hacer esas operaciones, cancelan las del resto de los usuarios

Este texto, publicado originalmente el 5 de diciembre de 2019, resultó ganador del primer lugar en el Premio Estatal de Periodismo 2020, en la categoría Reportaje. La Orquesta fue, por segundo año consecutivo, el medio más laureado en el estado, con seis premios. ¡Felicidades a Jorge Saldaña y todos nuestros compañeros ganadores!

Por: Jorge Saldaña y Luis Moreno

A partir de octubre del 2018, en el Hospital General número 2 del IMSS en San Luis Potosí, catalogado como de segundo nivel, se han realizado por lo menos 22 intervenciones quirúrgicas de control de obesidad, denominadas bariátricas, sin que se tenga ni la categoría para hacerlo, tampoco la infraestructura o siquiera a un médico certificado. 

Entre los beneficiarios de las costosas cirugías destaca la hija de Francisco Javier Ortíz Nesme, jefe de Prestaciones Médicas de la delegación, su mano derecha y coordinador auxiliar, Juan Alberto Martínez Andrade, y Laura Mónica Curioca López, ambos en el organigrama delegacional bajo el mando de Ortíz Nesme.

Aunque la Norma Oficial Mexicana para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad prevé todas y cada una de las condiciones de infraestructura hospitalaria para realizar este tipo de cirugías (por ejemplo, en el apartado 7.3.1.6 establece que los pacientes con obesidad deben ser atendidos antes de la intervención por un equipo interdisciplinario, además de cumplir con una serie de requisitos y estudios; y en su apartado 6.1.1.2 indica que el medico deberá contar con certificación en cirugía bariátrica o endoscópica emitidos por Comité Normativo Nacional de Especialidades médicas (Conacem))en el Seguro Social de San Luis Potosí, se violaron todas y cada una de las normas.

El 25 de Octubre de 2018, como consta en el expediente médico, se operó por obesidad a Delta Estefanía Ortiz Díaz, hija del jefe de Prestaciones Médicas y segundo al mando de la delegación estatal, en manos de Rogelio Graillet Cervantes, cirujano que no cuenta, de acuerdo con la búsqueda en la Conacem, con la certificación como médico bariatra.

En las mismas condiciones pero en abril del 2019, se intervino a Juan Alberto Martínez Andrade, coordinador y auxiliar de Ortiz Nesme. Meses más tarde se operó a Laura Mónica Curioca López, tercera al mando de la oficina de Ortiz Nesme de acuerdo con el organigrama de la delegación.

Nombres de conocidos médicos, hermanos de periodistas radiofónicos, familiares de funcionarios y hasta familias de la más alta alcurnia potosina complementan la lista de los 22 pacientes que se han operado en el IMSS de Cuauhtémoc para tratar su obesidad. Sus nombres se omiten porque al no ser funcionarios públicos se deben reservar, así como su historial médico.

En contraste, decenas de pacientes han esperado hasta por un año para que les realicen cirugías y estudios que implican el uso del equipo de laparoscopía, aparato que el Seguro Social subarrenda a un proveedor, por el que se pagan contratos millonarios por su uso, y que de no hacerse ponen en peligro sus vidas o reducen la calidad de las mismas. 

Son al menos 17 casos de operaciones de hernia hiatal, extirpación vescicular y otros, los que La Orquesta pudo constatar han sido diferidos o aplazados solamente durante el mes de noviembre. En todos los casos, el uso del equipo laparoscópico es indispensable, mismo aparato que se utiliza para la intervención de obsesidad.

Este medio también acudió a los pasillos de la Clínica Número 2 del IMSS para rescatar las historias de derechohabientes afectados por las adversidades en el sistema de salud

, incluida la posible corrupción, y favoritismo en el uso de los equipos para atender a amigos y familiares de la delegación.

Desde hace seis meses, Javier (41 años) ha estado en cuatro ocasiones a punto de estar sobre la mesa de operaciones, sin embargo, todas esas oportunidades se han frustrado: «me han dicho de todo para reprogramarme, que si el doctor está de vacaciones, que porque hay otras emergencias, que si creen que tengo gripa. No creo que los motivos sean válidos, porque mi médico me había pasado de urgencia la primera vez que me programaron la cirugía dijeron que era de urgencia. Además me traen vuelta y vuelta sin que me den solución. Es muy molesto».

Javier tiene una hernia inguinal, que es una protrusión de tejido que sobresale de alguna sección de los músculos abdominales; además parece de varicocele que una dilatación de las venas del cordón espermático y del escroto. Ambos padecimientos pueden ser corregidos mediante cirugía, no obstante, de no realizarse afectan constantemente a quien los padece:  

«Empecé con un dolor en la ingle derecha, me hice varios estudios para ver qué pasaba. Un día me vino un dolor muy fuerte y fui a urgencias. Me tuvieron en observación dos días, en los que nunca me hicieron nada, hasta que un médico se compadeció y me programó la cirugía, dijo que era de urgencia, desde ese día llevo medio año sin que me atiendan. Es muy molesto porque no puedo hacer muchas cosas, ahora el dolor ha sido tanto que provoca que me se duerma el pie derecho, hay días que ya ni lo siento».

En una situación aún peor se encuentra María (32 años). Desde niña padece de inguinodinia, que es un dolor crónico en la región inguinal. Para paliar su malestar le han realizado diversas cirugías, la última, en la que le colocaron una malla en la zona afectada, fue mal realizada, lo que le ha generador por un lado un dolor insoportable en una parte de la ingle, pero insensibilidad en otra sección. Por ese motivo requiere de una operación correctiva

. Ese procedimiento luce aún lejano, pues incluso el estudio de mapeo ha sido reprogramado desde octubre. 

«El problema es que tal vez cortaron un nervio, pero todavía no pueden ni saberlo porque no me han hecho el mapeo, ese me lo programaron para el 30 de octubre, cuando llegó la fecha me lo cancelaron porque el doctor estaba de vacaciones, me han vuelto a dar varias citas, pero siempre las reprograman. Salen con que hay otras prioridades, y yo entiendo que hay emergencias, pero a mí me afectan mucho en mi vida cotidiana, porque no puedo cargar más de 2 o 3 libros, tampoco puedo caminar mucho. Además los motivos que me dan son injustos, sé de otros pacientes que ya los regresaron 4, 5 o 6 veces y no nos tienen una respuesta».

Los médicos y pacientes entrevistados coinciden en que las carencias en el Seguro Social no son nuevas, sin embargo la situación específica del Hospital número 2, mejor conocido como el Seguro de Cuauhtémoc, se ha agravado, sobre todo en la falta de material y quirófano a partir de que el doctor Rogelio Graillet Cervantes se presentó en octubre del 2018 como nuevo “encargado” del área de Bariatría, sobre todo si se considera que el costo del material para cada operación ronda entre los 50 y 60 mil pesos por intervención.

“A veces no hay gasas, no hay ni suturas, bueno con decirte que hasta la vestimenta estéril que se usa para las cirugías está escasa” Se queja un cirujano del hospital que por temor a represalias omite su nombre y continúa otro galeno “el equipo de laparoscopía se usa exclusivamente para operaciones programadas porque ni siquiera es del instituto, es decir, se renta a un particular por cierto número de ocasiones en que se utiliza, pero ha ocurrido que a mí por ejemplo me suspenden esa cirugía programada porque el equipo está siendo utilizado para una operación bariátrica ¿Con quién crees que se queja el paciente?”

Por su parte, los anestesiólogos del hospital, tampoco están de acuerdo en que se estén llevando a cabo los procedimientos bariátricos, y así lo expresaron con su firma al menos siete de ellos que entregaron a la dirección general un oficio recibido el pasado 25 de noviembre en el que hacen notar la falta de mesa quirúrgica con capacidad de soporte para peso y amplitud, así como contar con el índice biespectral BIS debido al riesgo de sobre o infra dosis con los pacientes bariátricos, entre otros equipos y medicamentos especializados.

La Orquesta acudió a entrevistar sobre este tema a Francisco Javier Ortiz Nesme, jefe de Atención Médica y acusado de favorecer a sus familiares y cercanos con cirugías de obesidad en perjuicio de los derechohabientes.

Ortiz Nesme declaró al respecto que las cirugías de obesidad y control de peso se están realizando en el Seguro Social como parte de un “programa piloto” para en el mediano plazo poder “abrir” el servicio a los derechohabientes y dijo desconocer que el médico encargado carezca de la certificación correspondiente. “Yo he visto muchos diplomas del doctor Graillet” justificó.

Sobre la intervención que se hizo a su hija, Delta Estefanía, declaró:

LO-¿Conoce a Delta Estefanía Ortíz Díaz?

FJON-Si

LO- ¿Quién es?

FJON-Mi hija 

LO-¿Fue beneficiada con una intervención bariátrica el pasado 25 de octubre?

FJON-¿eso que tiene que ver?

Igualmente aceptó que sus subalternos, Juan Alberto Martínez Andrade y Laura Mónica Curioca López han recibido el beneficio de la intervención, sin embargo hizo énfasis en que todos son empleados del seguro por ser parte de una prueba piloto, lo que contrasta con los nombres del resto de los que han sido operados y que nada tienen que ver con la institución pero que reservamos sus datos.

Conforme a la información oficial del IMSS a nivel federal, en un comunicado del 26 de agosto de 2010 se encontró que la institución solo reconoce al Centro Médico Nacional, Siglo XXI, al Centro Médico de Occidente en Jalisco y el Hospital General número 25 en Monterrey como los únicos centros de atención especializada con capacidades de realizar éste tipo de cirugías. 

El comunicado se puede encontrar en el siguiente link.

Esta es la entrevista completa con Javier Ortiz Nesme:

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Sedesore verifica entregas para frenar duplicidad de “Tekmol”

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Sedesore reiteró que los programas deben entregarse directamente a los beneficiarios, sin intermediarios

Por: Redacción

La Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) dijo que da seguimiento a las denuncias de duplicidad en la entrega de despensas en Ciudad Valles y que verifica cada entrega para evitar que los apoyos se repliquen. “Ese tema lo revisamos: la intención de las entregas es verificar toda la entrega y que no se puedan duplicar todos los espacios”, afirmó María del Rosario Martínez Galarza, titular de la dependencia. Los señalamientos apuntan a José Luis Romero Calzada, conocido como “El Tekmol”, quien en video se ha atribuido la entrega de despensas de programas estatales en ese municipio.

El Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí cuenta con diez días hábiles, a partir de finales de junio, para iniciar procedimientos contra Romero Calzada y otros dos integrantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Gabriela Martínez Lárraga y David Medina Avendaño, luego de una denuncia presentada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). César González García, presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Ciudad Valles, dijo que el equipo jurídico del partido seguirá aportando evidencia para fortalecer la denuncia.

Días antes, el secretario general del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Enrique Dahud Uresti, había exigido que se investigue la entrega de despensas por parte de personajes políticos que no son funcionarios estatales, entre ellos Romero Calzada y el diputado federal Óscar Bautista Villegas. “No sabemos si se las entrega el DIF o la Sedesore; está documentado y vemos que le llegan tráileres de este tipo”, declaró Dahud Uresti sobre el caso de Ciudad Valles.

No es la primera vez que Romero Calzada es señalado por repartir apoyos sociales atribuidos al gobierno estatal. En julio de 2025, tras difundir en redes sociales que recibiría 15 mil despensas mensuales del programa de Seguridad Alimentaria para distribuirlas él mismo, Sedesore emitió un comunicado en el que aclaró que los apoyos se entregan de manera directa a los beneficiarios, sin intermediarios, y que quien se ostente como “enlace” en la distribución incurre en faltas a la ley.

Un año después, con una denuncia electoral en curso, Sedesore sostiene la misma línea: verificar cada entrega para blindarla de duplicidad, aunque hasta ahora no ha señalado directamente a Romero Calzada ni precisado qué medidas tomará frente a la denuncia que ya tiene el Tribunal Electoral.

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Sedarh confirma primer cierre de un invernadero en SLP por aranceles de EE.UU.

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El titular de Sedarh reconoció que la incertidumbre ha llevado a productores a dejar de apostar por el mercado estadounidense

Por: Redacción

Los aranceles impuestos por Estados Unidos ya comienzan a impactar al sector agropecuario de San Luis Potosí, al generar incertidumbre entre los productores y provocar el cierre de al menos un invernadero en el municipio de Rioverde, informó Jorge Luis Díaz Salinas, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh).

El funcionario explicó que, aunque la exportación de becerros en pie continúa restringida, la venta de carne no enfrenta actualmente obstáculos para ingresar al mercado estadounidense.

“Lo que sí estamos exportando es la carne; la carne pasa y no tiene ningún problema”, señaló.

Respecto a productos agrícolas como jitomate, chile y otros cultivos de exportación, Díaz Salinas indicó que aún no existe c laridad sobre el impacto que podrían tener las revisiones anuales al T-MEC anunciadas recientemente.

“Hasta ahorita no tenemos cómo vaya a afectar al jitomate, a los chiles o a otros productos que exportamos a Estados Unidos”, comentó.

Sin embargo, reconoció que la política arancelaria aplicada por el gobierno estadounidense ya ha provocado pérdidas económicas al sector.

“Con los aranceles sí se han perdido muchos, sobre todo porque no hay la certidumbre de que puedan vender bien sus productos para allá; entonces mucha gente ya no le está apostando”, afirmó.

El secretario explicó que quienes más resienten esta situación son los propietarios de invernaderos de alta tecnología, ya que dependen en gran medida del mercado estadounidense y ajustan sus exportaciones conforme a los contratos que mantienen con compradores internacionales.

Como ejemplo, confirmó que un invernadero ubicado en Rioverde dejó de operar debido a la disminución en la rentabilidad del negocio.

“Ya se cerró un invernadero en Rioverde por los mismos temas de que ya no es tanto negocio, y no es tanto negocio por los aranceles que está poniendo Trump”, sostuvo.

Aunque la Sedarh no cuenta con una estimación sobre el monto de las pérdidas económicas ni el número de productores afectados, el funcionario reconoció que la incertidumbre comercial ha comenzado a modificar las decisiones de inversión dentro del sector agrícola potosino.

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Tres feminicidios confirmados y dos casos más en análisis durante 2026 en SLP

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La Fiscalía informó que tres de los presuntos responsables ya fueron detenidos y llamó a denunciar cualquier caso de violencia familiar

Por: Redacción

Cinco mujeres han sido asesinadas por razones de género en San Luis Potosí en lo que va de 2026, según el registro de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. Un juez de control ya calificó tres de esos casos como feminicidios; los otros dos siguen en investigación.

María Manuela García Cázares, fiscal general del Estado de San Luis Potosí, explicó que el criterio para catalogar un homicidio como feminicidio depende de si hay una cuestión de género de por medio. “Cuestiones de género, si hay una cuestión de género es un feminicidio”, sostuvo.

Del total de casos, la Fiscalía cuenta con tres personas detenidas, todas parejas de las víctimas; las detenciones ocurrieron en los primeros meses de 2026. Los dos casos que aún no han sido catalogados como feminicidio u homicidio ocurrieron el mes pasado, indicó García Cázares. No se precisó si hay detenidos en estos dos casos.

En 2025, la Fiscalía registró un total de seis feminicidios. García Cázares afirmó que 2026 va “más o menos” al mismo ritmo y llamó a las víctimas de violencia familiar a denunciar, pues advirtió que ese tipo de violencia suele derivar en agresiones mayores.

No se precisó el estatus procesal de los dos casos pendientes de clasificación ni si las víctimas habían denunciado violencia previa.

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