La fiscalía estadounidense acusa a la pareja de conspirar para torturar a opositores políticos y mantenerse en el poder

Por: Redacción

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y Cilia Flores, su esposa, enfrentan nuevos cargos en Estados Unidos por presuntamente conspirar para torturar a opositores políticos con el propósito de mantenerse en el poder. La acusación se suma a los señalamientos por narcotráfico que ambos enfrentan ante una corte de Nueva York.

Maduro, de 63 años, y Flores, de 70, se declararon inocentes de los nuevos cargos la semana pasada. De acuerdo con la información difundida por Reuters, el juicio está programado para junio de 2027.

La imputación se sustenta en una ley federal estadounidense de 1994 que penaliza la tortura cometida fuera de ese país. Con estos señalamientos, Maduro y Flores se convierten en la séptima y octava personas identificadas por Reuters como acusadas bajo esa legislación.

La norma define la tortura como la imposición intencional de dolor o sufrimiento físico o mental severo a una persona que se encuentra bajo custodia.

Entre los hechos descritos en el expediente figura un incidente ocurrido en 2018, cuando oficiales militares venezolanos presuntamente golpearon a un detenido con un machete y le rociaron una sustancia irritante durante un interrogatorio relacionado con el paradero de un opositor político de Maduro.

La acusación también menciona a tres presuntas víctimas ciudadanas estadounidenses. Sus testimonios podrían ser relevantes para el proceso, pues, según expertos citados por Reuters, los relatos directos de las víctimas podrían fortalecer la presentación del caso ante el jurado.

Michel Paradis, abogado y exdefensor de detenidos en la base naval estadounidense de Guantánamo

Por su parte, Artie McConnell, exfiscal federal, señaló que la nueva acusación representa una escalada en el proceso, al colocar la presunta represión política y los actos de tortura en el centro de los argumentos de la fiscalía.

Los cargos por tortura pueden castigarse con hasta 20 años de prisión por cada delito. Si la víctima muere, la legislación contempla cadena perpetua o pena de muerte.

Sin embargo, según la información publicada por Reuters, Maduro y Flores no pueden recibir la pena capital por esta imputación, debido a que se les acusa de conspiración para torturar y no de ejecutar directamente los actos.

Los abogados de Flores, Mark Donnelly y Andrés Sánchez, sostuvieron que su clienta es “completamente inocente” y adelantaron que revisarán la posibilidad de solicitar la desestimación del caso con base en la inmunidad soberana.

Los representantes legales de Maduro no respondieron a las solicitudes de comentarios, mientras que la Fiscalía federal de Manhattan declinó pronunciarse sobre la acusación.

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Una encuesta de Quaest coloca al senador con 45% de las preferencias frente a 44% del actual presidente de Brasil. La medición se realizó después del debate televisivo del domingo, a cuatro días de la elección

Por: Redacción

El senador brasileño Flávio Bolsonaro redujo su ventaja sobre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva a un punto porcentual rumbo a la segunda vuelta presidencial del próximo 25 de octubre, de acuerdo con una encuesta de Quaest publicada este miércoles.

El sondeo otorga a Bolsonaro el 45% de las preferencias electorales, frente al 44% de Lula. La diferencia se estrechó respecto a la medición anterior, cuando el senador registraba 46% y el actual mandatario mantenía 44%.

La encuesta es la primera publicada por Quaest después del debate televisivo que ambos candidatos sostuvieron el domingo, en una contienda marcada por acusaciones de mala conducta en redes sociales.

Para el estudio, Quaest entrevistó a 2 mil 154 personas entre el 17 y el 20 de octubre. El margen de error reportado es de más o menos dos puntos porcentuales.

Con ese margen, la diferencia de un punto entre ambos candidatos no permite establecer una ventaja estadísticamente concluyente, por lo que la contienda se mantiene cerrada antes de la votación.

Flávio Bolsonaro es hijo del expresidente brasileño de derecha Jair Bolsonaro, mientras que Lula representa a la izquierda y busca mantenerse en la presidencia.

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La Fiscalía busca impedir que el abogado Darren Indyke y el contador Richard Kahn reciban pagos del patrimonio del fallecido financiero, valuado en más de 100 millones de dólares

Por: Redacción

El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, presentó una demanda contra Darren Indyke, abogado de Jeffrey Epstein, y Richard Kahn, su contador, a quienes acusa de conocer y ocultar la operación de tráfico sexual que presuntamente ocurría en el rancho Zorro, ubicado cerca de Santa Fe.

La acción judicial busca impedir que ambos reciban pagos del patrimonio de Epstein, cuyo valor supera los 100 millones de dólares, mientras se resuelve la responsabilidad de quienes pudieron beneficiarse de sus actividades.

Torrez sostuvo que Indyke y Kahn estaban al tanto de los abusos sexuales cometidos contra niñas y mujeres jóvenes en la propiedad. El fiscal advirtió que ambos podrían obtener beneficios económicos del patrimonio si un tribunal no interviene.

“Esos recursos legítimamente pertenecen en manos de los sobrevivientes”, afirmó el funcionario al referirse a las víctimas de los abusos.

Indyke trabajó como abogado de Epstein durante aproximadamente dos décadas, mientras que Kahn administraba sus asuntos contables. Ambos comparecieron ante un comité del Congreso de Estados Unidos y declararon que no tenían conocimiento de los abusos sexuales atribuidos al financiero.

La versión de los dos colaboradores contradice la postura de la Fiscalía de Nuevo México, que sostiene que conocían lo que ocurría en la propiedad.

La demanda busca que un tribunal intervenga para evitar que reciban recursos del patrimonio de Epstein. El reporte no precisa si ya existe una resolución judicial sobre la petición ni qué pruebas específicas presentó la Fiscalía para respaldar las acusaciones.

Jeffrey Epstein murió en agosto de 2019 en una cárcel federal de Nueva York, mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual.

Por su parte, Ghislaine Maxwell, expareja y colaboradora cercana del financiero, cumple una condena de 20 años de prisión impuesta en 2021 por delitos relacionados con el tráfico sexual en Nueva York.

Durante el juicio contra Maxwell, testigos declararon que ella y Epstein abusaron sexualmente de mujeres en el rancho Zorro, en Nuevo México. La nueva demanda busca establecer responsabilidades relacionadas con las actividades que presuntamente ocurrieron en esa propiedad y evitar que los recursos del patrimonio beneficien a quienes, según la Fiscalía, conocían los abusos.

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