Héctor Serrano dijo que no se frenará y que recurrirá a instancias nacionales o internacionales hasta que se cumpla con la recomendación de la CEDH

Por: Redacción

Héctor Serrano Cortés, diputado local del PVEM, llamó violenta la toma de las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por parte de colectivos que consideran injusta la recomendación al rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), y advirtió que acudirá a instancias nacionales o internacionales si la respuesta de la universidad contraviene la norma.

Serrano dijo que no le extraña que quienes firman el comunicado de los colectivos “sigan acreditando que la violencia es el mecanismo para alcanzar sus fines”. Afirmó que las tomas son “usar la violencia para generar conductas de presión” y que ninguna institución debe ser rebasada ni violentada para que sus resoluciones obedezcan a una presión de ese tipo.

El diputado cuestionó el momento de la protesta. Dijo que es “muy extraño” que ocurriera a la misma hora en que el Consejo Universitario de la UASLP iba a deliberar sobre la decisión, y consideró que eso evidencia intereses con “consecuencia política”.

La CEDH emitió el 9 de octubre la Recomendación 10/2026, que pide al rector Alejandro Zermeño Guerra una disculpa pública a Serrano en un máximo de 40 días naturales. La queja se originó en unas declaracion es del rector del 26 de marzo, cuando dijo que creía que el diputado “no es ni potosino”.

Serrano afirmó que, si hay una respuesta que a su juicio contravenga la normatividad, acudirá a instancias nacionales o internacionales y seguirá presentando demandas o denuncias contra quien, según su criterio, viole sus derechos. “Ningún acto violento va a frenar mi convicción de que se debe acatar y cumplir a cabalidad con la ley”, dijo.

Sobre la postura de la universidad, habló de “actitudes déspotas” y de una “soberbia impresionante” de quienes desdeñan las resoluciones y “se cobijan” en la autonomía para violar los derechos de los demás. Aclaró que no es un tema personal y que, si piensan que una respuesta negativa lo hará parar, “por supuesto que no”.

El legislador rechazó que, por ser diputado, no tenga derecho a defender sus derechos: “es totalmente falso”, dijo, y recordó que no toda su vida ha sido legislador. Afirmó que cree en las instituciones y en los colectivos que buscan justicia. Dijo conocer tres o cuatro casos de personas que presentaron denuncias por violaciones a sus derechos y anunció que preguntará a la CEDH qué ha pasado con ellos para sumarse a que se resuelvan de manera oportuna.

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El legislador cuestionó que la crisis hospitalaria se atribuya solo a la Federación

Por: Redacción

Marco Antonio Gama Basarte, diputado local y coordinador estatal de Movimiento Ciudadano (MC), planteó que San Luis Potosí se desincorpore del IMSS-Bienestar y construya un sistema de salud estatal propio, como ocurre en Nuevo León y Jalisco.

La propuesta la hizo durante la comparecencia de la Secretaría de Salud ante el Congreso del Estado por la Glosa del Quinto Informe de Gobierno. Gama pidió a la dependencia responder si no sería mejor un sistema estatal “que garantice medicamentos, personal médico y atención de calidad para todas y todos los potosinos”.

Nuevo León y Jalisco no se adhirieron al esquema federal y operan sus propios servicios de salud.

El Estado conserva la rectoría

El legislador cuestionó el argumento de que la crisis de los hospitales es responsabilidad de la Federación porque esta los administra. Señaló que la Ley de Salud del Estado

“Tiene que supervisar, exigir, documentar y, si es necesario, denunciar”, afirmó.

Pidió precisar cuántas visitas de supervisión ha realizado la Secretaría en 2026 a los hospitales del IMSS-Bienestar y qué observaciones ha formulado. También preguntó cuánto aporta este año el Gobierno del Estado al esquema, en dinero y en especie, y qué compromisos verificables obtiene a cambio.

El 14 de octubre, tras una mesa con trabajadores del Hospital Central, el Gobierno del Estado informó que las responsabilidades laborales y administrativas del personal corresponden al IMSS-Bienestar.

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Frinné Azuara pidió atender el desabasto de medicamentos y las condiciones laborales para abrir una negociación con los trabajadores

Por: Redacción

La diputada local del PRI Frinné Azuara Yarzábal afirmó que el Gobierno federal ya tiene un diagnóstico de lo que se necesita para evitar un posible estallamiento de huelga en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). “Ya está en sus manos el poder dar respuestas inmediatas”, dijo.

Según la legisladora, por los recorridos que han hecho en hospitales, las autoridades federales ya conocen los dos puntos que hay que atender de inmediato: las condiciones laborales precarias del personal y la falta de insumos y medicamentos para la atención diaria.

El primero es la bandera principal de los trabajadores. El segundo, dijo, también lo han abanderado ellos, y se los agradeció: “Es otra de las situaciones que más están afectando en este momento”.

“Si atendiéramos de manera urgente el desabasto, junto con algunos aspectos de condiciones laborales, yo creo que habría unos puntos ya de negociación importante con la base trabajadora del IMSS”, señaló.

Los trabajadores sindicalizados del IMSS rechazaron el 14 de octubre, en consulta, el aumento salarial de 6.8% para 2026-2027. La base exige 10% directo al tabulador. Un día después, el director del IMSS, Zoé Robledo, y el dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS)

Tamizajes que se dejaron de hacer

Azuara Yarzábal también relacionó la falta de detección oportuna con el aumento de muertes por cáncer. Señaló que desde 2019 en el país “se dejaron de hacer millones de tamizajes“, no solo de cáncer de mama, sino también de cáncer cervicouterino.

Recordó que antes las mujeres tenían que hacerse la mastografía y el Papanicolaou para recibir los apoyos sociales para sus familias. “Desde 2019 eso quedó en el olvido”, afirmó.

Dijo que, al dejar de hacer esas pruebas, se perdió de vista cuántos casos podían detectarse en esos años y, con ello, cuántos podían tratarse a tiempo. “Posponer el diagnóstico fue posponer el tratamiento”, advirtió.

Para la diputada, esas decisiones del Gobierno federal en salud tienen como consecuencia el incremento de la mortalidad por cáncer de mama y cervicouterino que se vive en el país.

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