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Los beneficios y pendientes de la despenalización del aborto en SLP
Activistas señalan qué hace falta reformar la Ley de Salud, y saber a dónde acudir, conseguir insumos médicos o procedimientos a realizar
Por: Ana G Silva
El pasado 7 de noviembre, el Congreso de San Luis Potosí cumplimentó las sentencia ganada por la Colectiva ILE en el expediente 765/2024 del Juzgado Tercero de Distrito y en el JDC 94/2024 del Tribunal Electoral, al despenalizar el aborto en San Luis Potosí hasta las doce semanas de gestación.
Luego de esta resolución, se generaron algunas dudas sobre las garantías que esto trae y los temas pendientes, es por eso que La Orquesta conversó con Marcela García, presidenta de Nueva Luna Salud para las Mujeres A.C., y con Fabiola Luna, integrante de la colectiva Marea Verde y de la red de Médicas por el Derecho a Decidir.
Se debe señalar que aún no se puede acudir a los centros médicos para acceder a estos servicios, hasta que se reforme la Ley de Salud; no obstante, las colectivas feministas pueden orientar para acceder a ese derecho, además de que medicamentos, como el Misoprostol, son de venta libre en farmacias, ya que comercializa originalmente para problemas gastrointestinales.
Marcela García aclaró que la acción legislativa que despenaliza el aborto consistió en derogar el Artículo 148 del Código Penal estatal, este artículo penalizaba la practica de la interrupción del embarazo, lo que significa que ya nadie pude ser encarcelada/o por practicar un aborto.
La presidenta de Nueva Luna agregó que aún falta que este derecho se “legalice”, es decir que el estado garantice el acceso seguro e integral a la interrupción del embarazo a través de los servicios médicos de salud, además de realizar campañas educativas y formativas para modificar las creencias erróneas sobre el asunto.
Es por eso que se espera que pronto se reforme la Ley de Salud para acceder a estos servicios, tema que las colectivas y diputadas en San Luis Potosí ya trabajan para presentarlo al Congreso del Estado.
García comentó que todos los servicios de salud podrían brindar el servicio para el aborto, pero deben diseñarse las políticas públicas adecuadas partiendo de la reforma a la Ley de Salud. Los hospitales privados también serán incluidos, aunque consideró que “el aparato de gobierno debe diseñar los protocolos e incluir en sus catálogos el servicio y los procedimientos”, lo que implicará mucho trabajo técnico de organización en los servicios de salud pública del estado en concordancia con la iniciativa privada y organizaciones de la sociedad civil.
Fabi Luna añadió que, según los estándares internacionales, los médicos que pueden acompañar o realizar una interrupción del embarazo son cualquier médico que tenga la profesionalización, es decir: médicos generales, médicos y médicas ginecólogas y obstetras, incluso personal de enfermería que sea capacitado y entrenado. Destacó que las vías para realizar un aborto son médico o quirúrgico, que es por medio de una aspirado manual endouterino, pues los legrados están prohibidos por la Organización Mundial de la Salud por el riesgo que representan.
En el caso de las farmacias, Marcela García recordó que uno de los medicamentos es de venta libre (sin receta), aunque enfatizó que una vez que se reforme la Ley de Salud, dicho sector deberá proveer estas pastillas.
La presidenta de Nueva Luna explicó que en el caso de las menores que deseen abortar deben ser acompañadas por sus madres o padres de acuerdo con la Ley, no se otorgan servicios de ningún tipo a personas menores de 18 años: “No es precisamente un permiso sino el acompañamiento por ser menores”.
Por su parte, la integrante de la red de Médicas por el Derecho a Decidir resaltó que los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes a nivel nacional indica que cualquier menor de edad, pero mayor de 12 años, que acuda a un servicio de salud para información que tenga que ver con su salud sexual, incluso para la interrupción de un embarazo, tiene derecho de ir solo o sola.
“La cuestión aquí va a ser cómo se va a plantear toda esta situación, porque según los derechos sexuales reproductivos, cualquier persona que tenga 12 años cumplidos puede acceder a los servicios. De hecho la nom. 046, que habla de interrupción del embarazo por violación o por violencia sexual, sí ampara a los menores; un menor que llegue con alguna persona que esté como testigo, puede firmar solamente como testigo, pero tiene que darse el acceso a la menor”.
El Frente Marea Verde explicó que los cambios en el decreto para la despenalización del aborto surtirán efecto una vez publicado en el Periódico Oficial del Estado, impacta en los artículos 148, 149 y 150 del Código Penal del Estado. Estas modificaciones permiten que cualquier mujer, niña o persona gestante que decida no maternar y se someta a la interrupción del embarazo, no podrá ser criminalizada, investigada ni sancionada por ningún motivo, siempre y cuando este procedimiento ocurra dentro de las primeras 12 semanas de gestación.
Fabiola Luna subrayó que con la despenalización se protege a las mujeres y personas gestantes, pero no al personal médico, aunque desde el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia y lo que decretó el año pasado, ya tampoco se puede penalizar a ningún profesional de la salud que acompañe o que ayude a que ocurra una interrupción del embarazo voluntario.
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La Secretaría señaló que se mantendrán las actividades en todos sus planteles escolares
Por: Redacción
El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través de la Secretaría de Educación (SEGE), dio a conocer que este lunes 23 de febrero continuará con normalidad la jornada escolar en las cuatro regiones de la entidad en todos los niveles educativos.
La SEGE pidió a la población estar atentas a los canales oficiales de la dependencia, pues cualquier cambio se notificará por estos medios.
Por su parte, la Universidad del Valle de México anunció que cancelarán todas sus actividades presenciales en San Luis Potosí, por lo que las clases se impartirán de manera virtual.
Finalmente, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí mantendrá clases, pero no habrá sanciones académicas para aquellos que decidan no asistir por causas de seguridad.
Se registran bloqueos carreteros y quema de inmuebles en diversas entidades tras acciones de seguridad en Jalisco
Por: Roberto Mendoza
El Gobierno de México desplegó este domingo un operativo coordinado en el municipio de Tapalpa, Jalisco, que resultó en el supuesto abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho’, identificado como líder de una organización criminal con presencia nacional.
Fuentes de alto nivel del gobierno federal corroboraron el deceso del objetivo prioritario, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial pública emitida mediante comunicado por la Secretaría de la Defensa Nacional o la Presidencia de la República.
El Gabinete de Seguridad nacional informó a las 10:30 horas que las instituciones federales atienden las reacciones derivadas de estas acciones operativas en el occidente del país para restablecer el orden. Las repercusiones operativas incluyeron el cierre de vías de comunicación en los estados de Jalisco, Michoacán, Colima, Guanajuato, Nayarit, Aguascalientes y Tamaulipas.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, activó el protocolo de Código Rojo a las 10:25 horas e instaló la mesa de seguridad estatal ante la quema de vehículos en accesos clave a la Zona Metropolitana de Guadalajara y la autopista Guadalajara-Colima.
Simultáneamente, en Michoacán, el gobierno estatal reportó el uso de camiones de carga para obstruir el tránsito en 19 puntos carreteros de las regiones de Tierra Caliente y el Bajío, mientras que en Guanajuato se documentó el incendio de farmacias y tiendas de conveniencia en cinco municipios de la entidad.
Una versión supuestamente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana indica que se inició el traslado de los restos localizados en la zona serrana hacia la Ciudad de México para realizar las pruebas periciales de ácido desoxirribonucleico que permitan la identificación científica definitiva.
Como medida de protección civil, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano de Guadalajara suspendió el servicio en sus tres líneas y se recomendó el resguardo domiciliario en las zonas de conflicto. El despliegue de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano se mantiene en las carreteras federales del occidente y noreste del país.
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Los estados más afectados son Jalisco, Michoacán y Guanajuato
Por: Roberto Mendoza
El Gobierno de Jalisco activó el protocolo de Código Rojo la mañana de este domingo tras registrarse una serie de bloqueos carreteros, incendios de vehículos y ataques a establecimientos comerciales en los estados de Jalisco, Michoacán y Guanajuato.
Los incidentes iniciaron a partir de las 08:30 horas derivado de un operativo de las fuerzas federales en el municipio de Tapalpa, Jalisco, donde se reportaron enfrentamientos entre elementos del Ejército Mexicano y civiles armados.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que la Mesa de Seguridad se mantiene en sesión permanente para coordinar acciones con la Federación y estados vecinos ante el desplazamiento de los grupos delictivos hacia los límites territoriales.
En el estado de Jalisco, las autoridades reportaron el incendio de una pipa de combustible en el cruce de la Carretera a Saltillo y Periférico Norte, en el municipio de Zapopan, así como obstrucciones viales en diversos puntos de la zona sur y la región de los Altos.
Como medida de protección civil, el servicio de transporte público en la Zona Metropolitana de Guadalajara y áreas de conflicto quedó suspendido hasta nuevo aviso, mientras que el mandatario estatal solicitó a la población permanecer en sus hogares.
El despliegue de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional se extendió a las zonas limítrofes para intentar liberar las vías de comunicación afectadas por el uso de vehículos pesados incendiados.
La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato confirmó que la violencia se extendió a su territorio
En Michoacán, se registraron bloqueos con camiones de carga en la carretera Zináparo-La Piedad y en el municipio de Jiquilpan, específicamente a la altura de la planta de Liconsa, afectando la conectividad en la región de Tierra Caliente y la zona Lacustre. Las corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno mantienen operativos de patrullaje aéreo y terrestre para localizar a los responsables de los siniestros.
La administración estatal de Jalisco justificó las medidas extraordinarias de seguridad como una respuesta necesaria ante la táctica de los grupos delictivos de quemar vehículos para inhibir la acción de la justicia.
De acuerdo con los reportes oficiales preliminares de las fuerzas federales, las agresiones son una reacción directa al operativo de precisión ejecutado en Tapalpa contra la estructura de mando del Cártel Jalisco Nueva Generación. Hasta el momento, no se localiza declaración pública oficial sobre el fallecimiento del líder de dicha organización, permaneciendo las zonas de conflicto bajo resguardo militar estricto.
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