La senadora dijo que solo ocho de cada 100 policías pueden acceder a un crédito de vivienda

Por Roberto Mendoza

La senadora Verónica Rodríguez Hernández, de San Luis Potosí, presentó una iniciativa para reformar el artículo 123 constitucional, con el propósito de garantizar que las personas que laboran en instituciones de seguridad pública puedan acceder a una vivienda digna y que sus hijas e hijos tengan derecho a la educación en todos los niveles.

La legisladora subrayó que esta propuesta representa un avance significativo que complementa el trabajo del senador Mauricio Vila Dosal en el reconocimiento integral a quienes tienen la encomienda de proteger a la población.

Actualmente, solo ocho de cada cien policías pueden acceder a un crédito para vivienda y apenas seis de cada cien reciben algún tipo de apoyo para adquirir una casa, lo cual, advirtió Rodríguez Hernández, “abre la puerta a la corrupción, que como sabemos debilita el Estado de Derecho y deteriora la confianza ciudadana en nuestras instituciones”.

La senadora precisó que esta propuesta no es solamente una cuestión de justicia social, sino también una estrategia estructural: “Si queremos una seguridad pública eficiente, necesitamos elementos capacitados con vocación, pero sobre todo con condiciones de vida que les permitan desempeñar su labor con dignidad y con orgullo”.

La reforma establece con claridad que el Ejecutivo federal, los gobiernos estatales y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberán garantizar apoyos concretos para la adquisición de vivienda

y el acceso a la educación para los hijos e hijas del personal policiaco.

“La seguridad pública en México ha sido históricamente reactiva y pocas veces preventiva. Hoy proponemos una visión distinta: prevenir también es apoyar, fortalecer, reconocer y dignificar”, afirmó Rodríguez Hernández.

Destaco a Yucatán, Aguascalientes y la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, entidades que han alcanzado los más altos niveles de percepción de seguridad y desarrollo humano gracias a una inversión sostenida en formación, incentivos y mejora de la calidad de vida de sus elementos policiales.

La senadora potosina concluyó que esta reforma busca transformar no solo la legislación, sino la realidad de miles de mexicanas y mexicanos que hoy se encuentran en la primera línea de defensa de la seguridad pública, muchas veces arriesgando su vida. “Es momento de darles lo que por justicia merecen”, finalizó.

El diputado potosino José Luis Fernández destaca su impacto positivo para San Luis Potosí.

Por Roberto Mendoza

 

Con 355 votos a favor, 98 en contra y una abstención en lo general, y 324 votos a favor, 119 en contra y una abstención en lo particular, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La propuesta, impulsada por la Presidencia de la República, fue turnada al Senado para su análisis y votación final.

La nueva legislación busca alinear la ejecución de obra pública con principios de eficiencia, transparencia, economía y honradez, a través de una plataforma digital centralizada y obligatoria: la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, que será administrada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Esta herramienta tecnológica será el único medio para llevar a cabo los procesos de licitación, adjudicación y administración de contratos en todo el país.

Además, la reforma fortalece mecanismos de control, endurece sanciones e inhabilitaciones y permite nuevas prácticas como los “diálogos estratégicos” entre funcionarios y proveedores antes del inicio formal de un procedimiento, para mejorar las condiciones de contratación. También se establece el uso obligatorio de bitácoras electrónicas para el seguimiento puntual de cada obra.

El diputado federal potosino José Luis Fernández, del Partido Verde Ecologista de México, explicó en entrevista exclusiva para La Orquesta que esta reforma representa una actualización indispensable de una ley vigente desde los años noventa, y que hoy ya no respondía a los desafíos de un Estado moderno.

“Uno de los principales objetivos es incorporar herramientas tecnológicas para garantizar la correcta aplicación de los recursos y la transparencia en la ejecución de la obra pública. La bitácora digital, por ejemplo, permitirá dar seguimiento en tiempo real a los trabajos que se realicen, lo que hoy aún se hace en papel”, señaló.

Fernández también subrayó que la nueva ley introduce candados importantes para evitar conflictos de interés: “Antes, un funcionario no podía participar directamente en una licitación, pero sí podía hacerlo a través de una empresa en la que fuera socio. Ahora, eso también queda prohibido.”

En respuesta a las críticas de la oposición —que considera que esta reforma podría abrir la puerta a prácticas poco transparentes—, el legislador potosino defendió el contenido de la ley: “Yo creo todo lo contrario. Esta reforma promueve la transparencia y abre espacios de diálogo regulado entre funcionarios y participantes, lo cual puede mejorar las decisiones. En el marco actual, ni siquiera puedes escuchar a quien está ofreciendo un servicio. Ahora eso será posible, con reglas claras.”

Sobre el impacto en San Luis Potosí, Fernández dijo que habrá que hacer adecuaciones a la ley estatal para armonizar con esta reforma federal, pero confía en que los cambios sean positivos. “La gente quiere que el dinero público se invierta bien, que se hagan obras duraderas y de calidad, que gane la mejor propuesta y no quien tiene más cercanía con el poder. Eso es lo que busca esta ley.”

La reforma, que también regula procedimientos como la adjudicación directa y las condiciones para que entidades públicas realicen obras sin recurrir a terceros.

El Legislador sostuvo que “La propina es sagrada” y justifica iniciativa

Por Roberto Mendoza

 

En entrevista exclusiva con La Orquesta, el diputado federal Pedro Haces Barba, coordinador de Operación Política de Morena, anunció que ya se ha aprobado en comisiones una iniciativa que busca proteger y dignificar los derechos de las y los trabajadores que reciben propinas en México, particularmente en sectores históricamente desprotegidos como el restaurantero y el de servicios directos al consumidor.

El dictamen, explicó el legislador, establece criterios claros para garantizar una distribución igualitaria de las propinas entre los trabajadores, integrándolas al total del consumo reflejado en tickets o facturas. Con esta medida, se elimina la entrega directa de la propina, lo que permitirá una mayor transparencia y vigilancia en su reparto.

“La propina es un derecho sagrado del trabajador y no debe usarse para pagar loza, cristalería ni mantelería”, sentenció Haces Barba, al denunciar que muchos dueños de r estaurantes deducen parte de las propinas para cubrir costos operativos, violando así los derechos fundamentales de su personal.

El legislador subrayó que esta propuesta no solo beneficia a meseros o trabajadores de restaurantes, sino a todas las personas que reciben propinas

como parte de su actividad laboral, incluyendo trabajadores en gasolineras y otros servicios similares, donde este ingreso representa un componente clave de su sustento.

La propuesta también contempla la obligatoriedad de establecer un salario base para todos los trabajadores del sector, que no podrá ser menor al salario mínimo ni al salario mínimo profesional. “Con esta reforma se busca que la propina no sea el sueldo, sino un complemento justo y equitativo por el servicio prestado”, puntualizó.

Pedro Haces añadió que esta iniciativa representa un paso decisivo hacia una mayor justicia laboral, y confió en que obtendrá el respaldo de las diversas fuerzas políticas en el Congreso, pues —afirmó— “nadie puede estar en contra de dignificar el trabajo honrado”.

También lee: Podrían multar a establecimientos si cargan propinas en cuentas