junio 27, 2026

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Congreso del Estado

Niega Sedesore promoción personalizada en programas sociales

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Durante su comparecencia ante el Congreso, el titular de la dependencia, Ignacio Segura Morquecho, informó que 200 mil potosinos salieron de la pobreza de 2020 al 2022.

Por: Redacción.

Ante las y los integrantes de las comisiones de Desarrollo Económico y Social y de Comunicaciones y Transportes así como demás integrantes del Poder Legislativo, compareció el titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), Juan Ignacio Segura Morquecho, con motivo de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno.

Los diputados José Ramón Torres García y Roberto Ulices Mendoza Padrón, coordinaron los trabajos, al arrancar la última jornada de reuniones con secretarios del gobierno estatal; al funcionario lo acompañaron la directora del Consejo Estatal de Población (Coespo), Mayra Edith Velázquez, la directora de Evaluación y Planeación María Dolores Robles, el director de Desarrollo Humano Sergio Terán y la directora de Análisis y Perspectiva María Magdalena Silva.

Ante los planteamientos de las y los legisladores, el funcionario informó que se ha logrado una reducción del 5.9 por ciento en pobreza moderada y de un 1.4 por ciento en pobreza extrema, con una reducción en la pobreza total de 7.3 por ciento. Cerca de 200 mil potosinos abandonaron su situación de pobreza en el periodo 2020 al 2022.

En el entorno nacional, San Luis Potosí ocupa la posición número 15 entre las entidades federativas con mayor pobreza y el sitio número 9 en cuanto a los estados con pobreza extrema, sin embargo, para el periodo 2020 al 2022, los resultados arrojan cifras alentadoras para el estado.

Conforme a la última medición de la carencia social, el acceso a la alimentación nutritiva y de calidad 130,359 potosinos más ya tienen acceso a una alimentación nutritiva y de calidad, al disminuir de 529,380 personas sin acceso a una alimentación adecuada en el año 2020 a 399,021 personas en el año 2022. La disminución fue del 4.8 por ciento mientras que a nivel nacional fue del 4.4 por ciento.

En el programa de tortilla subsidiada, actualmente se beneficia directamente a 30,395 familias en el estado, lo que equivale a 15,555 hogares. En este tema, le respondió a la diputada Dolores Eliza García que de 50 unidades o expendios proyectados para este año, solo se lograron nueve y es el único programa que no alcanzó la meta, por diversas razones.

El diputado Alejandro Leal Tovías preguntó si se duplican beneficiarios de programas sociales con el gobierno federal y cómo se blindarán para que no sean política electoral de cara al 2024. Segura Morquecho, respondió que son programas separados con el gobierno federal, no se comparten beneficiarios, “acompañamos a los programas federales en algunos temas, nosotros apoyamos a adultos mayores de 60 años y ellos de 65, a quienes les dispersamos recursos en efectivo lo mismo que a las madres solteras”.

Aclaró que “en ninguna entrega de programas hacemos énfasis o promoción de algún funcionario, no hay ninguna coacción, al contrario, no hacemos ningún tema electoral sino el cumplimiento de una responsabilidad social como funcionarios. Hoy, existen 1 millón 200 mil ciudadanos que reciben un programa social, incluyendo a los niños con útiles y accesorios escolares, las clínicas rosa, tortillas y muchos de ellos van en crecimiento”.

También el diputado Edmundo Torrescano Medina abordó el tema político; preguntó por qué en algunos accesorios que se reparten se imprime el logotipo de una imagen relacionada al gobernador del estado, cómo funciona el voluntariado y por qué hay alcaldes entregando apoyos en otros municipios. El funcionario dijo que los logotipos e imagen institucional corresponden al DIF estatal y la Sedesore solo lleva programas, no mensajes, no promueve a funcionarios con un ícono y acepta la ayuda de todos los servidores públicos para dispersar los apoyos e invitó a las y los legisladores a supervisar estas tareas.

El diputado René Oyarvide Ibarra reconoció el trabajo y ofreció su respaldo para incrementar el presupuesto de la Sedesore en 2024; la diputada Yolanda Josefina Cepeda Echavarría coincidió en el reconocimiento y destacó el apoyo al distrito que representa; el secretario Juan Ignacio Segura dijo que se han repartido 53 mil becas alimentarias en esa zona.

La legisladora Cecilia Senllace Ochoa preguntó sobre los métodos para implementar los programas y el funcionario señaló que todo tiene expediente, control y organización y nunca se anteponen los anhelos personales a los programas sociales, no hay una finalidad electoral sino una solución a la demanda social; no hay distinción por partido o color, es una política social que el gobernador Ricardo Gallardo ha proclamado desde hace mucho tiempo.

La diputada Gabriela Martínez Lárraga planteó la necesidad de conocer información sobre los programas que suman 12 mil millones de pesos; el funcionario respondió que la Sedesore es una dependencia que realiza planeación y entrega de recursos, no contrata proveedores, no ejecuta compras y por lo tanto, toda la información está en la Dirección General de Compras de la Oficialía Mayor; también dijo que cada Clínica Rosa atiende a 20 mil personas y son operadas por una empresa externa al gobierno que no tiene capacidad de arrendamiento ni personal médico especializado incluso, para la atención de alguna persona con discapacidad.

La problemática de la falta de agua fue un tema abordado por el diputado Eloy Franklin Sarabia; el titular de la Sesore indicó que para apoyar a las personas afectadas, se repartieron 6 mil cisternas y al 31 de diciembre se entregarán 4 mil más, para cumplir la meta de 10 mil. Lo ideal es llevarle el agua a la gente a través de la red, a su llave, pero esa es una tarea en la que ya se trabaja de manera paralela.

Al diputado Salvador Isaís, el secretario Ignacio Segura le dijo que próximamente habrá datos oficiales del Coneval sobre los índices de pobreza extrema, con una medición al 2022; actualmente se trabaja en base a las cifras de 2020. A la diputada Claudia Tristán Alvarado le respondió que la Sedesore  no suplanta responsabilidad de otras dependencias como SEGE, Salud o DIF en la entrega de apoyos, simplemente se les apoya en esa tarea y se trabaja de la mano.

La legisladora Martha Patricia Aradillas preguntó sobre el funcionamiento de las Clínicas Rosa; respondió que funcionan porque 5 de cada 10 mujeres no tienen derechohabiencia en el IMSS, ISSSTE o cualquier otro sistema de salud e incluso, los varones pueden ser beneficiados, pero son las mujeres las que llevan a los hijos al doctor.

La diputada Emma Idalia Saldaña planteó el tema de las despensas y la necesidad de que su contenido sea nutricional; el secretario respondió que se diseñaron en base a estudios nutrimentales propuestos por el DIF nacional y en la quinta entrega, que es la actual, no llevan frijol porque subió el precio y hay escasez debido a la falta de lluvias, pero se suple con frijol en lata; son productos de la canasta básica y por ejemplo, en la huasteca no quieren el frijol bayo o peruano porque quieren el negro, pero no se pueden hacer despensas por región o municipio, se trata que su contenido sea general.

La diputada Bernarda Reyes Hernández preguntó por obras en Tamazunchale y el funcionario estatal dijo que están proyectadas, como el puente a la comunidad de San Francisco e inversiones de 70 millones de pesos que benefician a más de 9 comunidades y abonan al compromiso social.

 

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Congreso del Estado

Congreso propone atención a salud mental en universidades de SLP

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Sara Rocha Medina presentó una iniciativa para reformar la Ley de Educación del Estado y obligar a las instituciones de educación superior a contar con personal especializado y estructura organizacional dedicada a la atención de la salud mental de los estudiantes

Por: Redacción

La diputada Sara Rocha Medina presentó una iniciativa de decreto que propone reformar la Ley de Educación del Estado para que las instituciones de educación superior garanticen la atención a la salud mental, con personal especializado y estructura organizacional con funciones específicas en la materia.

La propuesta sostiene que es fundamental atender en etapas tempranas cualquier padecimiento, por lo que resulta necesaria una estructura en los planteles de educación superior que permita prevenir, atender y encauzar a los estudiantes que requieran atención especializada.

Rocha Medina señaló que en México el interés en la salud mental se encuentra desestimado, pese a que la ansiedad y la depresión se han convertido en dos de las enfermedades con mayor prevalencia y causantes de discapacidad en el mundo.

La legisladora advirtió que la etapa universitaria conlleva retos importantes: las exigencias académicas y, en muchos casos, la necesidad de trabajar para solventar los gastos universitarios generan situaciones de estrés que afectan directamente la salud mental y emocional de los jóvenes.

Los problemas de salud mental entre los estudiantes pueden convertirse en un obstáculo para continuar con sus estudios, con consecuencias emocionales, económicas y sociales que pueden dejar secuelas permanentes.

“La salud es un derecho humano que, por supuesto, incluye a la salud mental. Como todo derecho humano, el Estado tiene que garantizarlo y las universidades públicas son espacios en los que se puede brindar otras posibilidades a poblaciones que han sido históricamente muy vulneradas”, sostuvo la diputada.

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Congreso del Estado

Personas que cometan o encubran delitos contra la libertad sexual ya no podrán usar “excusas legales excluyentes”

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Leticia Vázquez explicó que actualmente, el Código Penal incluye en el caso del delito de encubrimiento, excluyentes de responsabilidad

Por: Redacción 

Con el objetivo de establecer la restricción de excluyentes de responsabilidad penal en el delito de “encubrimiento”, respecto a los delitos contra la libertad sexual, la seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual, el Pleno del Congreso del Estado aprobó reformar el artículo 283 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí.

 

La diputada Leticia Vázquez Hernández, presidenta de la Comisión Primera de Justicia, explicó que actualmente, el Código Penal del Estado incluye en el caso del delito de encubrimiento, excluyentes de responsabilidad para que no se imponga sanción alguna al cónyuge, concubina, concubinario, ascendientes o descendientes consanguíneos del delincuente o colaterales hasta en segundo grado, quienes sin haber participado en un hecho considerado como delictuoso, alberga, oculta o proporciona ayuda al inculpado de un delito con el propósito de que se sustraiga a la acción de la justicia.

 

Sin embargo, es importante incluir expresamente que estos excluyentes de responsabilidad para familiares, no surtirán efecto cuando se trate de delitos de feminicidio, homicidio de persona menor de edad; o de los delitos contra la libertad sexual, la seguridad sexual, y el normal desarrollo psicosexual.

 

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Congreso del Estado

Congreso busca incorporar concepto de “líneas moradas” para ordenamiento territorial

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Con ello, se busca otorgar certeza jurídica y reconocimiento normativo a este tipo de infraestructura estratégica

Por: Redacción

La diputada Nancy Jeanine García Martínez presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado para incorporar el concepto de líneas moradas, que es el conjunto de obras e infraestructura hidráulica destinadas a la conducción, distribución y aprovechamiento de agua residual tratada para usos no potables.

 

Con ello, se busca otorgar certeza jurídica y reconocimiento normativo a este tipo de infraestructura estratégica, permitiendo su consideración dentro de la planeación territorial, urbana e hidráulica de los municipios y del Estado; también plantea fortalecer el contenido de los programas de desarrollo urbano para que incorporen estrategias orientadas al aprovechamiento sustentable del agua.

 

Se incluye la infraestructura para el reúso de aguas residuales tratadas y líneas moradas, promoviendo así esquemas de gestión hídrica más eficientes y resilientes. Se prevé que los programas municipales y de centros de población puedan contemplar este tipo de infraestructura dentro de sus acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento urbano, favoreciendo el uso racional del agua potable y el aprovechamiento de recursos hídricos alternativos para actividades compatibles con usos no potables.

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