Congreso del Estado
Impulsan punto de acuerdo para evitar cobro doble en casetas de la carretera Valles-Ríoverde
La diputada Liliana Flores hizo un llamado a las dependencias correspondientes a realizar revisiones y mantenimiento contantes de los dispositivos de cobro electrónico
Por: Redacción
La diputada Liliana Flores Almazán, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, para que se tomen las medidas necesarias para evitar el doble cobro en las casetas de la carretera Valles – Ríoverde.
El Punto de Acuerdo surge en respuesta a las múltiples denuncias recibidas por parte de los usuarios de la autopista que han experimentado el doble cobro al pagar con dispositivos electrónicos en las casetas de la carretera mencionada.
Específicamente, se han reportado casos de doble cobro en la Caseta La Pithaya a Tamasopo, así como en la Caseta de Tambaca y en el tramo de la autopista 57 a Ríoverde, para aquellos usuarios que ingresan a la carretera a Cerritos.
La diputada Liliana Flores Almazán hizo un llamado a las dependencias correspondientes a realizar revisiones y mantenimiento constantes de los dispositivos de cobro electrónico, así como a implementar sistemas de monitoreo y alerta temprana para detectar cualquier problema que pueda ocasionar el doble cobro a los usuarios de la autopista.
“Es de suma importancia garantizar un servicio eficiente y transparente en nuestras casetas de peaje. El doble cobro afecta económicamente a los usuarios y genera una sensación de injusticia y falta de confianza en las instituciones”, expresó la diputada Liliana Guadalupe Flores Almazán.
El Punto de Acuerdo busca salvaguardar los derechos de los usuarios de la carretera Valles – Ríoverde y promover la mejora continua en los sistemas de cobro electrónico. Se espera que las autoridades competentes tomen las medidas necesarias para resolver esta situación y brindar una solución efectiva a los usuarios afectados.
La Diputada Liliana Flores reafirmó su compromiso con la ciudadanía y señaló que continuara trabajando en favor de mejorar la infraestructura vial y garantizar un tránsito seguro y eficiente en la entidad.
El Punto de Acuerdo fue turnado a comisiones para su análisis correspondiente.
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Congreso del Estado
Congreso busca sancionar pesca ilícita y combatir contaminación
En la Zona Huasteca es escenario de métodos depredatorios de pesca y el río Axtla sufre de contaminación indiscriminada
Por: Redacción
La diputada Frinné Azuara Yarzábal, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado a fin de dotar al Estado de instrumentos penales específicos y reforzados para combatir la contaminación, la modificación ilícita de cauces y la pesca ilícita en ríos y cuerpos de agua interiores, con énfasis en la Huasteca potosina y en particular en la cuenca del río Axtla, sin perder de vista el conjunto de ríos y sistemas acuáticos que bañan a los municipios de la región.
Con esta reforma, se busca desalentar el uso de métodos de pesca depredatorios, promover el respeto a las vedas establecidas para especies como la acamaya, proteger la biodiversidad acuática y garantizar la continuidad de actividades económicas y culturales vinculadas al agua, en beneficio de las generaciones presentes y futuras del Estado de San Luis Potosí.
La legisladora presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social manifestó que la región huasteca es reconocida a nivel nacional e internacional por sus ríos de aguas claras, cascadas y atractivos ecoturísticos, entre los que sobresalen los sistemas de los ríos Axtla, Tampaón, Gallinas y Moctezuma, que constituyen un patrimonio natural fundamental para el Estado y para el país.
Dentro de este sistema hídrico, la cuenca del río Axtla se ha convertido en un caso emblemático por la creciente presión que enfrenta, no solo por descargas y contaminación, sino también por prácticas de pesca indiscriminada y métodos depredatorios empleados por particulares en sus márgenes y afluentes. Diversas notas periodísticas y reportes ciudadanos recientes han documentado mortandad de peces, deterioro de la calidad del agua y preocupación social por las afectaciones al río Axtla, lo que ha motivado incluso la instalación de comités de cuenca e intervenciones de autoridades ambientales para atender la problemática.
La iniciativa contempla incorporar un tipo penal de pesca ilícita dentro del Capítulo relativo a los delitos contra el ambiente, como artículo 295 Bis, a continuación del actual artículo 295 que ya tutela cuerpos de agua, humedales y cauces. Asimismo, se propone una reforma al artículo 295 para visibilizar de forma expresa la protección reforzada que merecen los ríos, lagunas, humedales y cuerpos de agua de la región Huasteca Potosina, sin alterar el catálogo de conductas punibles ya previstas en dicho artículo.
Las sanciones propuestas en el nuevo artículo 295 Bis —uno a cuatro años de prisión y trescientos a dos mil días multa en su tipo básico; tres a ocho años de prisión y mil quinientos a cuatro mil días multa en los supuestos agravados— guardan proporcionalidad con el resto de los delitos ambientales previstos en el Código Penal estatal y con el estándar federal para delitos contra la biodiversidad.
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Congreso del Estado
Congreso y Tecnológico de Valles firman convenio de colaboración
Esto permitirá impulsar intercambio de información, la generación de publicaciones y la implementación de esquemas de educación dual
Por: Redacción
Con el objetivo de fortalecer la vinculación interinstitucional y sentar las bases para el desarrollo de programas académicos y tecnológicos; y proyectos de investigación conjunta, el Congreso del Estado llevó a cabo la Firma del Convenio de Colaboración Interinstitucional con el Instituto Tecnológico de Ciudad Valles.
Esto permitirá impulsar proyectos de interés común, intercambio de información especializada, la generación de publicaciones conjuntas y la implementación de esquemas de educación dual, en beneficio del fortalecimiento institucional.
En representación del Congreso del Estado, el diputado Roberto García Castillo, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), señaló que este acuerdo permitirá impulsar acciones de investigación y conocimiento para fortalecer la formación académica de las y los jóvenes.
“Hoy no solo firmamos un convenio, sino que damos un paso firme hacia la construcción de un mejor San Luis Potosí. Este acuerdo representa la suma de voluntades entre el ámbito legislativo y el académico, con el objetivo de fortalecer la formación de las y los jóvenes, impulsar el conocimiento y traducirlo en soluciones reales para nuestra sociedad”, expresó.
Congreso del Estado
Multas y suspensiones: así castigarán la violencia en eventos deportivos en SLP
Las multas irán desde los mil a 5 mil UMA, mientras que la suspensiones de 1 a 5 años para organizar eventos
Por: Redacción
A propuesta del diputado Cuauhtli Badillo Moreno, el Pleno del Congreso del Estado aprobó el dictamen que reforma diversos artículos de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de fortalecer la seguridad y prevenir la violencia en eventos deportivos.
El incumplimiento de las obligaciones establecidas por parte de los organizadores de eventos deportivos o de espectáculos, para evitar la violencia y salvaguardar la seguridad en general, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, administrativas o penales que resulten, generará multas de 1000 a 5000 unidades de medida de actualización vigente que corresponda al momento de cometer la infracción, así como suspensión de uno a cinco años en la organización de eventos deportivos masivos o con fines de espectáculo.
La violencia se puede ver reflejada en cualquier evento deportivo, entre jugadores, aficionados, directivos, según sea la situación, que inicia desde un simple insulto verbal, hasta el lanzamiento de objetos y a una agresión física seria o causar la muerte.
Afirma que los sucesos violentos en eventos deportivos y de espectáculo disminuyen la confianza de los asistentes, por lo que se busca brindar solución a esta problemática con una suspensión temporal o definitiva del uso de instalaciones oficiales de cultura física y deporte, y otras sanciones administrativas para las personas involucradas de forma directa en actos de violencia y sancionar a quienes organizan.
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