El programa estará vigente del 17 de noviembre al 16 de diciembre del presente año, y se dispondrán de tres puntos de pago

Por: Redacción

 

Juan Manuel Navarro Muñiz, alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, anunció la implementación del nuevo programa de incentivación fiscal “Arranca el 2027 sin Multas”, cuyo objetivo es apoyar a las familias en la eliminación de adeudos pendientes por infracciones de tránsito, iniciativa que brindará descuentos del 60 por ciento en multas generadas en los últimos cinco años a partir del comienzo del programa; este beneficio se impulsa como parte de las políticas de cercanía y bienestar familiar de este Gobierno Municipal.

El edil reconoció a las y los integrantes del Cabildo, quienes aprobaron por unanimidad la propuesta, al reconocer necesario el acompañamiento a la población en la recuperación de sus documentos personales, facilitándole que pueda seguir actualizando trámites en otras instancias y servicios. Agregó que, actualmente, se otorga el 50 por ciento de descuento al pago de multas de tránsito si se realiza en los 10 días siguientes de que se genera, y que este programa representa una nueva oportunidad para ponerse al corriente.

Detalló que el programa estará vigente del 17 de noviembre al 16 de diciembre del presente año, y se dispondrán de tres puntos de pago con un horario corrido de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, en:

– Unidad Administrativa Municipal. Avenida San Pedro #1860, colonia Valle de San Isidro

– Oficina de Catastro. Calle Blas Escontria #832, Cabecera municipal

– Oficina de Catastro. Calle Negrete 106-A, Cabecera municipal

El INE obliga a cada partido a postular al menos nueve mujeres en las 17 gubernaturas en juego en el proceso 2027

Por: Redacción

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó en sesión que cada partido político nacional deberá postular al menos nueve mujeres en las 17 gubernaturas que se elegirán en 2027. Con los perfiles que hoy encabezan las preferencias internas del Partido Acción Nacional (PAN), el blanquiazul tendría que pasar de hombre a mujer en al menos cuatro estados.

El Consejo General del INE aprobó el acuerdo el 29 de octubre por nueve votos contra uno. La obligación cuenta igual si el partido va solo, en coalición o en candidatura común, y no se reduce si decide no competir en alguna entidad.

Cada partido deberá informar qué género postulará en cada estado y justificar sus criterios de competitividad. El acuerdo se apoya en precedentes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), entre ellos el SUP-RAP-116/2020 y el SUP-RAP-327/2023, y todavía puede impugnarse ante ese tribunal.

Cinco mujeres y 12 hombres

La medición de Statistical Research Corporation (SRC) de abril de 2026 preguntó en cada estado quién debería ser la candidata o el candidato del PAN a la gubernatura. Los punteros son cinco mujeres y 12 hombres. No son candidaturas aún porque el PAN no ha definido ninguna.

Las punteras de la medición son Ivideliza Reyes en Nayarit (53.2%), Nelly Márquez en Campeche (33.2%), Adriana Dávila en Tlaxcala (31.6%), Mayuli Martínez en Quintana Roo (23%) y Gu adalupe González

en Guerrero (17%).

Para llegar a nueve, el PAN tendría que postular mujeres en al menos cuatro entidades más, en donde hoy encabezan las preferencias al género masculino.

Caso Galindo:

En San Luis Potosí el puntero en la medición es el alcalde Enrique Galindo Ceballos, con 43.7%. Entre los 12 hombres, cuatro tienen menos preferencia que él: Eduardo Ortiz en Sinaloa (22.7%), Carlos de la Fuente en Nuevo León (26.7%), Felifer Macías en Querétaro (30.2%) y Alfonso Martínez en Michoacán (36.5%).

Si el ajuste cambiará necesariamente por lo menos cuatro de esas probables postulaciones.

El alcalde de la capital potosina no es militante panista, pero fue el partido que lo respaldó en 2021 y 2024, y el senador Mauricio Vila Dosal lo mencionó el 22 de octubre como posible abanderado de Acción Nacional a la gubernatura.

Verónica Rodríguez, la carta panista

Si el PAN tuviera que postular a una mujer en San Luis Potosí, destaca el nombre de Verónica Rodríguez Hernández, quien se mantiene por el momento buscando la candidatura a la alcaldía capitalina.

La Ley electoral potosina permite postular a cualquier género en 2027, luego de que en septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidara la alternancia obligatoria para la gubernatura. Esa libertad local ahora tendrá que caber dentro del mínimo nacional de nueve mujeres.

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ACENTO AJENO

Por: Haniel Valdés Velázquez

Dice Shakira, “tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena”. Nombre de flor, pero actuar de mala hierba. Mientras el Estado amplía las rutas gratuitas y de calidad, para los potosinos, las empresas que operan el otro, el caro y de pésima calidad, dicen que no les alcanza y necesitan duplicar el precio del pasaje.

Margarito Terán, representante del sector camionero, que nunca ha usado el transporte público para moverse, solo para llenar sus bolsillos, por eso no sabe el pésimo servicio que prestan, pide tarifa récord y dinero público sin explicar qué pasó con el aumento de este año ni con los camiones nuevos que el Estado ya entregó al sector.

En enero, Margarito Terán pidió subir el pasaje de 12.50 a 15 pesos. El Estado le autorizó 13.50. Nueve meses después vuelve con una cifra que ya no es petición sino ultimátum: 23 pesos por viaje, 2,797 millones del erario y la amenaza de que el sistema “va a colapsar por inercia”.

Veintitrés pesos son 70% más que la tarifa vigente y 53% más que los 15 que el propio Terán decía indispensables hace diez meses. Si 15 eran la salvación en enero, ¿qué cambió para que ahora cueste ocho pesos más?

Hay un dato que Terán omite. Ese mismo enero, el 12, el gobernador Ricardo Gallardo entregó 100 camiones nuevos con una inversión de 266 millones de pesos en financiamientos. Son 2.66 millones por unidad. Al ritmo de ese precio, renovar las 768 unidades de la iniciativa costaría unos 2,043 millones. Faltarían casi 750 millones para llegar a los 2,797 que piden. El resto cubriría déficits de operación, un margen de 15% de utilidad para los concesionarios y las pérdidas de la pandemia. Es decir: dinero público para garantizarles ganancia.

Tampoco está claro qué pasó con los camiones ya entregados. El Gobierno presumió 100 en enero; en octubre, la SCT habló ante el Congreso de “más de 70 unidades urbanas” renovadas. Nadie ha dicho cuántos circulan, en qué rutas ni quién paga el financiamiento. Antes de pedir más, habría que rendir cuentas de lo que ya se dio.

Yo, usuario del transporte público de la capital, debo ser un desafortunado, solo una vez subí a una unidad de las nuevas, al parecer las rutas 53, 21, 30, 27, 10 y 5, que son las que utilizo con frecuencia, no recibieron la dicha de contar con los nuevos camiones, porque he conocido autos clásicos más modernos que los camiones que suelen llevarme por la ciudad.

La flota vieja no es una sorpresa. Terán dice que 882 unidades

ya debieron salir de circulación. La Ley de Transporte Público no permite camiones de más de 10 años, y renovarlos es obligación de quien tiene la concesión, no del usuario. En 2015 el padrón registraba mil 174 unidades; hoy hay mil 203. Once años después, el parque casi no creció, y tampoco se renovó. Y en mayo, el propio Terán reconoció que de mil 200 unidades autorizadas solo circulaban unas 800.

Hay una concentración que pesa. Cuatro empresas controlan 36% del padrón y diez, 61%. El dinero público llegaría sobre todo a quienes ya tienen más peso. Una de ellas, Tangamanga, enfrenta una denuncia de Ciudadanos Observando por mantener suspendidas tres rutas de su concesión.

El diputado Héctor Serrano lo dijo claro: las concesiones “son potestad del Estado, no propiedad de los concesionarios”. Quien explota un bien público no puede presentarse a pedir rescate cuando el negocio le sale mal.

Terán tiene razón en algo: los costos de operar suben. Pero una industria que pide más tarifa, más subsidio y más tiempo, sin ofrecer metas, plazos ni auditoría, no pide apoyo: pide un cheque en blanco.

Los costos suben, pero el respeto a la vialidad, la buena educación y atención por los conductores de las unidades, la limpieza de las mismas y el respeto a sus horarios y paradas, disminuyen.

La SCT debería preocuparse más por velar que las unidades de transporte urbano cumplan con aquello por lo que reciben dinero público, ofrecer un transporte de calidad. Pero primero y más fácil, cerrarle la boca y pararle los pies a este señor que ya parece alcancía, solo pidiendo dinero para guardar y no para emplear en lo que se necesita. O mínimo, salir con urgencia a desmentir sus falacias y exigirle resultados.

Lo mínimo que el usuario merece antes de pagar un peso más es saber cuántos de los 100 camiones nuevos circulan, un plan de renovación con fechas, rutas que realmente operen y cuentas abiertas sobre qué se hizo con el aumento de este año. Sin eso, los 23 pesos no son un precio. Son una factura sin desglose.

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