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El silencio de Juan Manuel Carreras ante las acusaciones de corrupción
Analistas y políticos piden que el ex gobernador comparezca y que los integrantes del gabinete de Enrique Galindo presuntamente involucrados en las irregularidades sean separados de sus cargos
Por: Ana G. Silva y Bernardo Vera
La Auditoría Superior del Estado (ASE) dio a conocer que durante el gobierno de Juan Manuel Carreras López fueron gastados 2 mil 403 millones de pesos en los cuales se observa algún tipo de irregularidad, siendo los Servicios de Salud, dirigidos por Mónica Rangel, ex candidata de Morena a la gubernatura, ex secretaria de Salud y recientemente liberada de prisión tras pagar 22 millones desviados, la que acumulan más observaciones con un total de mil 97 millones 936 mil 506 pesos. La revelación llegó solo un día después de que la Contraloría General del Estado dio a conocer que que comenzará una investigación contra ex funcionarios de la administración carrerista por la compra de insumos de computo como memorias USB y cartuchos de tóner a sobreprecio, en contratos por 189 millones de pesos a una empresa de outsourcing durante el periodo de contingencia sanitaria, cuando la mayoría del personal burócrata se encontraban bajo la modalidad de trabajo desde casa, en un caso que ya fue bautizado como el “Rey del Tóner”.
Dentro de los posibles involucrados figuran nombres como el de Alejandro “Caco” Leal Tovías, ex secretario general y hoy diputado por el PRI; Elías Pesina Rodríguez, actual regidor capitalino y ex oficial mayor; y Jorge Daniel Hernández Delgadillo, ex secretario de Gobernación y hoy secretario general en el gabinete del alcalde Enrique Galindo.
La Orquesta conversó con Antonio Lorca Valle, diputado local de Morena; y a Israel LM Elizondo, analista político, sobre las implicaciones que pudiera tener este tema y ambos coincidieron en que es obligación del gobierno de Ricardo Gallardo llevar las investigaciones hasta sus últimas consecuencias y de Juan Manuel Carreras comparecer ante la opinión pública para deslindar responsabilidades. Además ambos entrevistados coincidieron en que Enrique Galindo debe separar de sus cargos a los señalados para que sean investigados.
Israel LM ELizondo dijo que esta información evidencia que se cometieron diferentes actos de corrupción durante la administración de Juan Manuel Carreras López; a pesar de ello, el ex mandatario priista ha guardado silencio en todos los casos que han involucrado a ex funcionarios de su gabinete, por lo que se abre la posibilidad de que existan más áreas que deban investigarse:
“No recuerdo ni una sola declaración desde que hubo cambio de gobierno en el 2021, prácticamente ha sido un año de silencio, sin ni siquiera manifestarse, por lo que sería oportuno que aclarara, ya sea ante la autoridad correspondiente o ante los medios”.
El analista dijo que las revelaciones dejan de manifiesto la existencia de una doble moral en la administración carrerista, tanto por cometer abusos del erario a través de la simulación, y por haberlo realizado en el periodo de contingencia sanitaria (en el caso de “El Rey del Tóner”); “Se supone que los burócratas habían sido enviados a su casa por el tema de la pandemia, no tiene lógica que se hicieran esas cosas. Uno pensaría que ese dinero se debió haber redireccionado a la compra de equipamiento sanitario o apoyos a los potosinos”.
LM Elizondo mencionó que el señalamiento de ex funcionarios de Carreras en este caso, que ahora están en el Ayuntamiento de San Luis Potosí, no debería representar un rompimiento de las relaciones entre Ricardo Gallardo Cardona, actual gobernador del estado y Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis Potosí:
“No es que el Verde vaya a investigar al PRI. Si hay una simulación en las compras, es el Gobierno Estatal el que tendría que proceder contra los exfuncionarios de la administración 2015-2021, indudablemente sería otra rayita más en el tigre para todos los negativos de corrupción del PRI, Pero no quiere decir que sea un rompimiento directo con Galindo, son dos equipos distintos de trabajo”.
Israel LM dijo que aunque Enrique Galindo habría llegado a la candidatura para la alcaldía con algunos compromisos con Juan Manuel Carreras, es tiempo de romper con el ex gobernador priista.
Antonio Lorca Valle, diputado integrante de la Comisión de Vigilancia, propuso separar a Elias Pesina y Jorge Daniel Hernández de sus actuales cargos mientras se concretan las investigaciones y agregó que alcalde Enrique Galindo no sabía la información que actualmente ha salido a la luz sobre el posible involucramiento de sus funcionarios:
“Hay muchos funcionarios de la administración pasada priista que hoy están en el municipio. Tienen lógica porque es una administración del PRI, pero creo que el presidente municipal no coincide con estas formas de trabajar”.
Lorca Valle apuntó que desde el grupo parlamentario de Morena han exhortado para que continúen las investigaciones para que se penalice a quienes hayan desviado recursos, que no se quede en un destape mediático, sino que exista una investigación formal dentro de la Fiscalía.
El diputado mencionó que este hecho abre una nueva posibilidad de investigar a la administración de Juan Manuel Carreras, además no se debe agotar ninguna vía de investigación hasta que se esclarezca el destino del dinero que le pertenece a los potosinos.
También lee: Diputados del PAN y Verde piden que se aclare el caso del “Rey del Tóner”
Ciudad
Denuncian a sacristán por abuso de niñas en iglesia de SLP
El movimiento Abejita Vuelve a Casa reporta unas ocho carpetas de investigación abiertas. Pidió al obispo ayudar a localizarlo y exige prisión preventiva
Por: Redacción
El movimiento Abejita Vuelve a Casa informó que existen alrededor de ocho carpetas de investigación contra un sacristán señalado de abusar sexualmente de niñas en una iglesia de la colonia Prados.
Su fundadora, Marilú González Martel, pidió este miércoles al obispo ayudar a ubicarlo, pues el hombre habría huido.
González Martel dijo que las víctimas serían alrededor de diez. Una de las carpetas corresponde a dos hermanas. La activista no descartó que haya más, porque el hombre llevaría más de 15 años trabajando en cinco o seis capillas de la zona metropolitana.
Dijo que las menores tendrían entre 5 y 13 años y que ya han recibido denuncias anónimas que involucran a niños.
Según la activista, el hombre aprovechaba su papel en la parroquia para llevar a las menores a un cuarto dentro del templo. Una madre, cuya identidad se omite para proteger a su hija, relató que la niña le contó una noche, tras el rosario, que el hombre la tocó y la besó. Otras niñas le refirieron tocamientos similares y dijeron que las amenazaba con dejar de llevarlas como monaguillas.
La madre contó que el sacristán fue detenido al día siguiente, señalado por una de las víctimas, pero lo liberaron a las 24 horas
porque aún no se tenía su nombre completo. Después, dijo, huyó de noche con maletas junto con su esposa.Las denunciantes afirman que no saben si existe orden de aprehensión.
Tras reunirse con el obispo, González Martel dijo que este se comprometió a entregar la lista de capillas donde trabajó el hombre. También se comprometió a mantener localizable al párroco y a pedirle que coopere.
La activista aseguró que el sacerdote sabe dónde está el sacristán, y las denunciantes dijeron que la Diócesis conoció el caso por redes sociales.
González Martel afirmó, además, que un familiar del acusado con un cargo en la Fiscalía habría influido en su liberación y que se habría pagado dinero. También dijo sospechar que el hombre grababa a las menores.
El movimiento pidió al gobernador Ricardo Gallardo Cardona y a las autoridades prisión preventiva contra el sacristán. Advirtió que, de no lograrla, habrá manifestaciones y cierres de calles.
La Comisión Estatal de Víctimas ya brinda abogados gratuitos a las familias. Las citas con psicólogas en la Fiscalía fueron programadas para el 27 de noviembre y principios de diciembre.
También lee: Presunto abuso contra ocho niñas sacude nuevamente a la Iglesia potosina
Ciudad
SSPC: vuelta continua a la derecha no se prohíbe, se limita
La maniobra solo podrá hacerse en cruces con señal que la autorice, y con precaución aun con semáforo en rojo
Por: Redacción
La vuelta continua a la derecha en la capital potosina solo podrá hacerse en los cruces que tengan un señalamiento que la autorice, de acuerdo con las modificaciones al Reglamento de Tránsito del municipio, publicadas en el Periódico Oficial del Estado.
El artículo 125, fracción VII, establece que los conductores podrán incorporarse de manera continua hacia la derecha solo donde exista una señal que indique “vuelta a la derecha continua”. Si el semáforo está en rojo y no hay esa señal, deberán esperar la luz verde.
Aun donde la señal exista y el semáforo esté en rojo, los conductores deberán extremar precauciones y permitir preferentemente el paso a los vehículos que tengan luz verde.
Juan Antonio Villa Gutiérrez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Ayuntamiento, explicó que la medida no es una prohibición generalizada: la maniobra se retira únicamente en los cruces donde no hay una señal que la autorice. Dijo que el cambio responde a estudios de siniestralidad y condiciones de circulación, pues incorporarse con el semáforo en rojo representaba un riesgo por la afluencia de vehículos y peatones.
Como ejemplo, Villa Gutiérrez mencionó el cruce de avenida Venustiano Carranza y Uresti, donde la vuelta continua ya no está permitida.
El funcionario dijo que el reglamento ya fue aprobado por el Cabildo, publicado oficialmente y está vigente. El Ayuntamiento contempla seis meses para dar a conocer los cambios y orientar a automovilistas y motociclistas, con una campaña que incluye la entrega de ejemplares del reglamento. En ese periodo se dará prioridad a la concientización y la difusión.
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Destacadas
Juicio político pone en duda comparecencia de Giovanna Argüelles
El Congreso podría pedir por escrito los expedientes de quejas de comunidades indígenas si no recibe a Giovanna Argüelles
Por: Redacción
La solicitud de juicio político presentada ante el Congreso del Estado contra Giovanna Itzel Argüelles Moreno, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), puso en duda su comparecencia ante los diputados, programada para el lunes 23 de noviembre.
Marco Antonio Gama Basarte, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, informó que se valora si la comparecencia se realiza o no. “Tenemos que analizar los alcances del proceso”, afirmó.
El juicio político es el procedimiento con el que el Congreso revisa si un servidor público cometió faltas graves en el ejercicio de su cargo y, en su caso, puede destituirlo o inhabilitarlo.
Si la comparecencia no se lleva a cabo, el Congreso podría solicitar directamente a la CEDH información sobre los expedientes y las quejas de comunidades indígenas que acudieron a los legisladores para denunciar falta de atención del organismo.
La comparecencia de la titular de la CEDH estaba prevista desde octubre, cuando el Congreso anunció que la citaría una vez concluida la Glosa del Quinto Informe de Gobierno
, la revisión que hacen los diputados del informe anual del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.Los reclamos por quejas sin respuesta ya habían llegado al Congreso. En octubre, grupos sociales cuestionaron que la CEDH emitiera una recomendación a favor de Héctor Serrano Cortés, diputado del PVEM, mientras hay víctimas que llevan años esperando una resolución.
Serrano dijo entonces que la presidenta del organismo era quien tenía que responder por los casos pendientes y se comprometió a preguntarle directamente por qué otras quejas no habían tenido respuesta.
Antes del 23 de noviembre, el Congreso deberá definir si recibe a Argüelles o si pide los expedientes por escrito.
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