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Ford: el terreno de la polémica
El gobierno de Juan Manuel Carreras lo compró con un sobreprecio de 600 millones de pesos a un compadre del gobernador, pero desde entonces no se le ha encontrado uso
Por: Bernardo Vera
En abril de 2016 se dio la noticia de que Ford Motor Company, la empresa armadora de automóviles de origen estadounidense, instalaría una de sus plantas en San Luis Potosí. La armadora estaría dentro del parque industrial Logistik y el espacio adquirido para su instalación fue resultado de una donación de 60 hectáreas hecha por el municipio de Villa de Reyes, y de la compra que hizo el gobierno estatal de otras 220 hectáreas propiedad de un empresario cercano al entonces gobernador Juan Manuel Carreras López. Sin embargo, para el 3 de enero de 2017, la armadora anunció que cancelaría la inversión que oscilaba los mil 600 millones de dólares (mdd). Una vez anunciado esto, se dio a conocer que 700 mdd se canalizarían a su planta de Flat Rock, Michigan. Esta decisión se dio en un momento polémico de la política estadounidense: Donald Trump, recién electo presidente de Estados Unidos, había amenazado a las armadoras de autos, y a otras empresas manufactureras, con imponerles impuestos más elevados por invertir en otros países y vender sus productos en Estados Unidos.
El 6 de julio de 2017, Ford Motor Company pagó 65 mdd (equivalentes a mil 169 millones de pesos) al gobierno del estado de San Luis Potosí como indemnización por cancelar la instalación de su planta. El gobernador declaró en ese entonces que con este monto, la entidad habría recuperado los 500 millones de pesos que ya había pagado por la adquisición del terreno, de 220 hectáreas, al parque industrial, mientras que los 669 millones de pesos restantes serían para liquidar el costo de dicho predio.
Gustavo Puente Orozco, entonces secretario de Desarrollo Económico, habló de dos opciones: que el gobierno conservara el terreno para alguna inversión futura, o solicitar al parque industrial el reembolso del pago hecho por el terreno. Esto, debido a que la cancelación del contrato con Ford y la disposición final del terreno eran procesos que “no se resuelven inmediatamente”.
Puente Orozco mencionó en octubre de 2019 que los terrenos a disposición podrían ser ocupados por dos empresas, aunque seguían las negociaciones y sin advertir cuáles serían las compañías interesadas.
El 11 de mayo de 2020, en el contexto de la pandemia por covid-19, Carreras López presentó la estrategia para reiniciar las actividades económicas en el estado de manera escalonada, entre las que destacaba la venta del terreno donde se instalaría la planta de Ford y contratar un crédito por 700 millones de pesos. De acuerdo a su valoración, la venta del terreno para Ford cubrirá aproximadamente el 50 por ciento del crédito por 700 millones de pesos y permitirá la ampliación de programas de reactivación económica. Mientras que el crédito que contrataría, habría servido para financiar equipo médico y la instalación de infraestructura que ayude a la reactivación económica de la entidad.
El congreso del Estado de San Luis Potosí analizaba entonces la posibilidad de subastar el terreno. Mauricio Ramírez Konishi, diputado local, señ aló que los recursos obtenidos de la venta de dicho predio permitiría al Gobierno del Estado hacerle frente a los impactos de la pandemia de covid-19, en lo que se refiere a la reactivación económica de la entidad:“Es una salida que se tiene y se debe analizar con toda responsabilidad, porque definitivamente es un terreno que se pudo rescatar como parte de una negociación entre el Gobierno y la empresa norteamericana”. Sin embargo, el 25 de agosto de 2021, Ricardo Villarreal Loo, ex diputado local de la LXII Legislatura, mencionó que debería ser la próxima administración, quien determinara el destino del inmueble. Esto, luego de que en el análisis realizado por las comisiones legislativas, no se contó con la suficiente información para avanzar en la revisión de la desincorporación del mismo.
El 23 de febrero de 2022 se dio a conocer en este medio que el terreno donde se pretendía instalar la fallida planta de Ford fue adquirido por el gobierno de Juan Manuel Carreras a un precio de mil 600 millones de pesos, cuando su costo debió rondar un máximo de mil millones. Aunado a ello, ese predio además era propiedad de Jorge del Valle, amigo cercano y compadre del ex mandatario, lo que suponía un conflicto de intereses. Además, ex trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), confirmaron que el resto de opciones de espacios para regalar a Ford fueron descartados bajo el argumento de “no cumplir con los requerimientos de la armadora”.
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador actual de San Luis Potosí, declaró que el valor fue encarecido debido a que la administración de Carreras “subsidió cosas”. Además, calificó el movimiento entre Carreras y Del Valle como un fraude, toda vez que el terreno se encuentra ubicado en una zona que tiene una única vía de acceso, misma que es de cuota, por lo que los trabajadores de las empresas que se pudieran instalar deberían pagar peaje diariamente. Por lo que instruyó a Juan Carlos Valladares Eichelmann, secretario de Desarrollo Económico, a traer empresas “interesadas en quedarse con dicho espacio”. Además, el gobernador mencionó que presentarán las denuncias correspondientes contra Juan Manuel Carreras López por el supuesto fraude, debido a que “dejaron una deuda de 100 millones de pesos de mantenimiento además de una serie de irregularidades”.
Gallardo mencionó que el terreno que iba a ser utilizado por la empresa Ford, será fraccionado para la instalación de cuatro empresas, o más. De ellas, una empresa de origen japonés ya habría confirmado su participación. Mencionó también que actualmente no hay una empresa que pueda pagar el costo de la superficie en total, que asciende a mil 800 millones de pesos, por eso la estrategia del ejecutivo es fraccionarlo, en cuatro o cinco empresas que generen dos mil empleos bien pagados cada una.
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FGR cierra oficialmente investigación contra Gallardo
El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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David Menchaca usó dinero de la Cegaip para banquetes, pedas y viajes
A pesar de que ganaba más de 75 mil pesos al mes, el ex comisionado del organismo tomó una tarjeta empresarial para viajes a Colombia y lujosos restaurantes
Por: Redacción
La organización Ciudadanos Observando dio a conocer un abuso de recursos públicos en la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Indormación Pública (Cegaip) de San Luis Potosí por parte de David Enrique Menchaca Zúñiga, ex comisionado presidente, quien contaba con un sueldo mensual neto de 75 mil pesos, más bonos por 16 mil 850 pesos.
David Menchaca utilizó su puesto para costear su vida de excesos y lujos personales, pues durante el periodo de enero de 2023 a abril de 2024, uso el dinero público en costosos banquetes, bebidas en bares de lujo y viajes de primera clase.
De acuerdo a información oficial, obtenida a través de solicitudes de información y datos publicados en la Plataforma Estatal de Transparencia, Menchaca uso una tarjeta empresarial de la Cegaip, asociada a una cuenta bancaria institucional, para pagar sus gastos personales, entre los que destacan:
- $12,506.00 en el restaurante Mochomos.
- $19,457.00 en un restaurante de Chetumal.
- $5,386.00 en Cantina La 20 en Polanco.
- $4,261.00 en el bar Panteón Taurino.
- $3,839.00 en La Gran Vía.
- $3,222.00 en el restaurante-bar La Culpa.
- $490 por botella en El Mayorista La Loma, compradas de manera reiterada.
- Retiros constantes del cajero automático en efectivo que al terminar los plazos legales no pudo comprobar.
En las solicitudes de información destacan que Menchaca prefería viajar en vuelos de clase premier, con boletos pagados con recursos públicos. Entre sus viajes se encuentra una visita al país de Colombia en mayo de 2024, con un costo de 30 mil 256 pesos, bajo el pretexto de asistir a un evento cuya necesidad jamás justificó.
Al concluir su periodo, Menchaca se otorgó un “bono de marcha” de 96 mil 879 pesos, algo inédito en la historia de la Cegaip. Todo esto mientras mantenía una pésima gestión, dejando inconclusos mil 680 recursos de queja y sin dar seguimiento a procedimientos judiciales esenciales.
La Auditoría Superior del Estado (ASE) identificó un daño patrimonial por al menos 125 mil 977 pesos en gastos no comprobados solo en 2022. Sin embargo, su deuda total, se presume ya asciende a 220 mil pesos, que prometió pagar sin cumplir hasta el momento.
Será obligación del Instituto de Fiscalización del Estado y del organismo de control interno de la Cegaip, proceder para aclarar este claro abuso de recursos públicos.
Otros gastos en bares y restaurantes:
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SLP crearía cementerios forenses para restos no identificados
Guadalupe Torres, titular de la SGG, aseguró que este fue uno de los temas que se abordó durante su reunión con Rosa Icela Rodríguez
Por: Redacción
José Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG) de San Luis Potosí, anunció planes para la creación de cementerios forenses donde se almacenarán restos de personas no identificadas. Este proyecto fue discutido durante una reunión con Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría General del Gobierno de México, que busca mejorar la gestión y localización de personas desaparecidas.
Torres Sánchez destacó que San Luis Potosí, junto con Coahuila, es uno de los pocos estados que cuenta con un laboratorio forense especializado en el análisis de muestras como saliva, sangre y restos óseos; además, el estado cuenta con más de 60 funcionarios dedicados a estos temas y sedes regionales en sus cuatro regiones geográficas.
El funcionario mencionó que se están identificando espacios para edificar los cementerios forenses y que la inversión será compartida con subsidios federales.
Durante la reunión también se discutieron estrategias para la depuración del padrón de personas desaparecidas y la gestión de casos donde las personas se ausentan voluntariamente de su entorno familiar o laboral.
Nota completa: Gobiernos estatal y federal refrendan compromiso en materia de protección de derechos
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