noviembre 3, 2026

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¿Quiénes son los perfiles que podrían dirigir a Morena SLP?

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A poco menos de tres semanas de la elección de su nuevo líder, nos adelantamos a conocer a los interesados en suceder a Sergio Serrano

Por: Ana G Silva

El próximo 7 de agosto se llevará a cabo la renovación de la Dirigencia Estatal de Morena San Luis Potosí, la cual actualmente encabeza Sergio Serrano Soriano. La guerra por el cambio de presidente estatal de Morena inició en agosto del 2021, cuando algunos integrantes del partido expresaron su inconformidad por el papel que ha tenido Serrano, a quien no consideraron un perfil idóneo, incluso Edson Quintanar y Marite Hernández, entonces diputados locales, exigieron su renuncia.

A solo unas semanas de la renovación de la dirigencia de Morena en el estado, La Orquesta recopiló algunos perfiles que podrían ocupar dicho cargo, varios de ellos quedarán fuera si no cumplen los requisitos de no tener cargos públicos, ser consejeros del partido y no haber contendido con otros partidos en el proceso electoral del año pasado:

 

Rita Ozalia Rodríguez Velázquez

Rodríguez Velázquez es la delegada del Comité Ejecutivo Nacional del partido para San Luis Potosí. Se le vincula con la fracción morenista que impulsa la posibilidad de que Claudia Sheinbaum sea la candidata presidencial en 2024 y es hermana de Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Rita Ozalia ha operado para el movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador en la Huasteca y en la Ciudad de México, ha sido colaboradora cercana de la dirigencia nacional de Morena.

Rodríguez Velázquez fungió como coordinadora de uno de los Centros Moreno de Vinculación Social A.C. del ex senador morenista Primo Dothé, organización que presume tener un enfoque social y “no político”. Y que intentó ser una plataforma para Mónica Rangel.

Fue contratada en 2018 por parte de la Cámara de Senadores. Además de ser coordinadora de enlace de diputados federales en esta zona de ese partido.

Rodríguez Velázquez se ha visto envuelta en varias polémicas, pues en 2019 personal que labora en las oficinas del Bienestar en Ciudad Valles denunció públicamente a Rita Ozalia de irrumpir de manera prepotente en esas instalaciones, gritándoles y exigiendo de mala manera que se atendiera a algunas personas.

 

Guillermo Morales

Guillermo Morales fue subdelegado de la Secretaría del Bienestar y ex coordinador de la Secretaría del Bienestar en Santa María del Río.

Ha militado en Morena desde que se fundó, por lo que está plenamente identificado con la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En 2020 se autonombró como dirigente de la Promotora Estatal de la Consulta Popular para enjuiciar a los expresidentes.

Edson Quintanar, ex líder de bancada de Morena en el Congreso del Estado del periodo 2018-2021, y Leonel Serrato, secretario de Comunicaciones y Transportes y ex precandidato de Morena a la gubernatura, propusieron a Morales para ocupar la dirigencia de Morena en San Luis Potosí.

 

Eli César Cervantes Rojas

Estudió la licenciatura en educación primaria en la Escuela Normal de San Luis Potosí, la maestría en educación primaria e intervención pedagógica en el Instituto Estatal de Investigación, y la maestría en docencia en educación superior en la Universidad Tangamanga.

Cervantes Rojas es consejero nacional y estatal de Morena. En las elecciones federales de 2015 fue postulado por Morena como candidato a diputado federal. En 2018 fue postulado como suplente de Primo Dothé, candidato a senador de la república.

El 12 de mayo de 2021 Cervantes Rojas asumió el cargo de senador después de que Dothé pidió licencia indefinida al escaño.

 

Moisés Cedillo Rodríguez

Es el secretario general del comité estatal de Morena San Luis Potosí y secretario de la Comisión Estatal de Honestidad y Justicia en Morena estatal.

Es licenciado en derecho.

Ha ocupado otros cargos en Morena, tales como: secretario de ética partidaria, representante ante el INE y asistente de defensa electoral.

En las elecciones del 2021 fue candidato del partido a la diputación local del distrito VIII; sin embargo, perdió contra Patricia Aradillas, representante de la coalición Juntos Haremos Historia.

 

Cuauhtli Badillo

Es diputado plurinominal del Congreso de San Luis Potosí.

Desde 2016 se desempeñó como auxiliar en la Secretaría de Jóv enes de Morena en San Luis Potosí

. De 2015 a la fecha ha sido asesor fiscal en Hermosillo Consultores.

Es pasante de la licenciatura en Contaduría Pública y fue instructor en diversos talleres sobre formación política y defensa del voto.

 

Roxana Hernández

Es miembro fundador de Morena en San Luis Potosí y fue precandidata a la diputación por el Séptimo Distrito Federal del estado. Es originaria de Tamazunchale.

Durante el proceso de elecciones 2021 en San Luis Potosí, manifestó su rechazo hacia la candidatura de Mónica Liliana Rangel, ya que insistió que fue una imposición del PRI y el gobierno del estado, lo mismo que ocurrió con algunas figuras que contendieron por las presidencias municipales, señalando como ejemplo a Matlapa y Tamazunchale, en donde acusó que hay injerencia del PRI.

 

Marite Hernández

La congresista fue la primera en reconocer abiertamente su interés para dirigir Morena San Luis Potosí. Es originaria de Axtla de Terrazas, San Luis Potosí, licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP); además tiene la Maestría en Antropología Social por el Colegio de San Luis.

La mayor parte de su vida la ha dedicado a la docencia en la Ciudad de México donde obtuvo varios reconocimientos y también fue profesora de la UASLP e investigadora en temas de derechos humanos.

Fue diputada local del II distrito local en el periodo 2018-2021 donde impulsó la iniciativa para la despenalización del aborto en San Luis Potosí; votó a favor de iniciativas como la tipificación de crímenes de odio en contra de la comunidad LGBT+, sanciones contra el acoso callejero y de campañas de esterilización animal en los distintos municipios.

Marite Hernández se posicionó para que se designara un Área Natural Protegida en la Sierra de San Miguelito y evitar su urbanización.

La ex diputada ha sido una de las morenistas más activas en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador.

 

Felipe Aurelio Torres

Aunque no tiene un vínculo directo con el movimiento de López Obrador, se le ha considerado debido a que pertenece al grupo político conocido como Los Macabeos, el cual encabeza Juan Ramiro Robledo, diputado federal por Morena, que ha trascendido tiene intenciones de tomar el control del partido de cara a la elección del 2024.

Torres tiene una maestría en Administración de Justicia, por el Instituto de Estudios Judiciales, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos del Poder Judicial de San Luis Potosí y es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la UASLP. Además cursó diversos diplomados en temas de justicia.

Es actualmente el fiscal Anticorrupción de San Luis Potosí para el periodo 2021-2028. En 2020, cuando se llevaba a cabo la entrega de la terna para elegir al fiscal Anticorrupción Torres Zúñiga fue señalado como el candidato impuesto por el ex gobernador Juan Manuel Carreras para proteger a sus funcionarios acusados de corrupción durante su gestión.

En 2020, se convirtió en magistrado Supernumerario adscrito a la Primera Sala (Penal) del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Se desempeñó como secretario Ejecutivo de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; también fue juez de Control y de Tribunales de Juicio Oral adscrito al Centro de Justicia Penal Regional, magistrado Supernumerario adscrito a la Tercera Sala (Civil) del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Fue juez de Control y de Tribunales de Juicio Oral adscrito al Centro de Justicia Penal Regional.

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Alcalde de San Vicente Tancuayalab, presuntamente captado disparando al aire

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Varios medios difundieron imágenes en las que el presidente municipal aparecería accionando un arma de fuego en la vía pública

Por: Redacción

Imágenes difundidas en redes sociales por varios medios de comunicación muestran, presuntamente, al presidente municipal de San Vicente Tancuayalab, Gilberto González Zumaya, realizando detonaciones de arma de fuego al aire durante un supuesto festejo en la vía pública.

En el video, la persona señalada como el edil acciona el arma en un sitio donde se encuentran habitantes. Disparar al aire implica un riesgo para quienes están cerca, pues el proyectil puede caer y causar lesiones.

El hecho se suma al contexto de seguridad que atraviesa el municipio. El 21 de octubre, la Guardia Civil Estatal detuvo a dos hombres que se identificaron como policías municipales, Pascual “N”, de 43 años, y Nicasio “N”, de 56. Se les imputa portación de arma sin licencia, una pistola calibre 9 milímetros

con 15 cartuchos, y presunto “halconeo”, es decir, vigilancia de los recorridos de los agentes estatales. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), uno de ellos estaba contratado formalmente y el otro no; ambos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Dos días antes, el 19 de octubre, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que la Fiscalía General del Estado y la FGR investigan la actividad de grupos criminales en Tanquián de Escobedo y San Vicente Tancuayalab. El 26 de octubre, la SSPC señaló que ambos municipios se encontraban en calma, con presencia de las corporaciones de seguridad y del Ejército.

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Ayuntamiento contrata 100% de obra con constructores potosinos, dijo Galindo

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Dijo que el dinero se queda en la economía local y que las obras tienen garantía de tres años

Por: Redacción

Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, informó que en el segundo periodo de su gobierno el 100 por ciento de la obra pública del Ayuntamiento se contrata con constructores potosinos, y que en los cinco años el promedio fue de entre 96 y 98 por ciento. El resto corresponde a obra muy especializada que se contrata fuera.

Explicó que el dinero se queda en el estado, porque la mano de obra, los directores de obra y los materiales son potosinos, y que en algunas colonias se contrató a personal de la propia colonia. Añadió que una parte pequeña de cada contrato se destina al DIF Municipal.

Dijo que en cinco años el Ayuntamiento ha realizado más de 240 obras y que ninguna constructora le ha fallado. Indicó que pidió a los constructores una garantía de 36 meses, cuando la ley obliga a año y medio, y que aceptaron. Como ejemplo, mencionó que el constructor de la avenida Chapultepec, que se deslava por las bajadas de agua, la sigue reparando mientras dure la garantía.

Al plantearle la contratación de empresas foráneas por el gobierno estatal, respondió que cada gobernante tiene sus propios criterios y que no quiere opinar sobre su motivación. Afirmó que él lo hace por San Luis Potosí, porque la obra pública es un detonador económico y el dinero que se invierte en el estado “derrama tres o cuatro veces”, además de dar empleo.

Recordó que obras como el distribuidor Juárez y las de la avenida Salvador Nava las hicieron constructores potosinos, y que ingenieros de la UASLP construyen en el mundo, entre ellos en un túnel de Santiago de Chile. “¿Por qué traer gente de fuera si aquí tenemos capacidad técnica, experiencia, compromiso?”, cuestionó.

Galindo opinó que quien llegue a la alcaldía debe mantener esta política: “Claro que debe seguir como política pública”, dijo.

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Costó a potosinos 66 mil pesos cada solicitud a la CEGAIP

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El organismo además reportó que en 2024 ninguno de los 254 entes obligados mereció recibir sanción alguna

Con un presupuesto de 25.9 millones en 2024 a la CEGAIP en SLP apenas le alcanzó para atender 392 solicitudes (poco más de una al día)

Por: Ana G Silva

Cada solicitud de información que recibió en 2024 el organismo garante de transparencia de San Luis Potosí equivale a cerca de 66 mil pesos de su presupuesto. En todo el año, no impuso una sola sanción por incumplimientos.

La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) ejerció 25.9 millones de pesos durante 2024 y recibió 392 solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales. Así lo reporta el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Estatal (CNTAIPPDPE) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicado el 28 de octubre.

Al dividir el presupuesto ejercido entre las solicitudes recibidas, cada una equivale a 66 mil 71 pesos. Es una proporción: el presupuesto también cubre la resolución de recursos de revisión, la vigilancia de las instituciones obligadas y la capacitación, tareas cuyo costo el censo no desglosa.

Ese mismo año, la CEGAIP tenía bajo su vigilancia a 254 sujetos obligados: dependencias, ayuntamientos, organismos y otros entes que reciben recursos públicos. Reportó no haber sancionado a ninguno por incumplir sus obligaciones de transparencia.

Solo cinco entidades aplicaron sanciones en 2024: Hidalgo, Nuevo León, Nayarit, Aguascalientes y Sinaloa. Entre todas sumaron 349, de las cuales 305 fueron económicas y 44 administrativas, y Hidalgo concentró 41.5 por ciento. En 2022, los organismos garantes del país habían impuesto 1 mil 494.

Más caro por solicitud en otros estados

La proporción no es exclusiva de San Luis Potosí. El organismo del Estado de México ejerció 240.8 millones de pesos y recibió 1 mil 498 solicitudes, alrededor de 160 mil pesos por cada una. En la Ciudad de México, con 153.8 millones y 1 mil 754 solicitudes, fueron unos 87 mil pesos.

En conjunto, los organismos garantes estatales ejercieron 1 mil 506 millones de pesos y recibieron 13 mil 173 solicitudes en 2024, en promedio unos 114 mil pesos por solicitud.

Lo que el censo no mide

El informe no indica cuántas respuestas a solicitudes en San Luis Potosí fueron declaraciones de inexistencia, es decir, cuando la institución responde que “no cuenta con la información”. Tampoco dice cuántas fueron negativas ni cuántos recursos de revisión se presentaron contra ellas.

A escala nacional, 90.6 por ciento de las solicitudes que respondieron los organismos garantes se atendió en el plazo legal. El censo no ofrece ese dato por entidad.

Las cifras retratan el último año completo del modelo anterior. La reforma constitucional publicada en diciembre de 2024 eliminó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y a los organismos garantes locales, entre ellos la CEGAIP.

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Opinión

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