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Secretaría de Cultura de SLP habría malversado recursos públicos
Elizabeth Torres y Antonio de Rabinal Gamboa habrían recibido dinero, no considerado en la Ley de Ingresos 2022, en la cuenta de un particular por la renta de espacios para la Procesión del Silencio
Por: Ana G Silva
La Procesión del Silencio 2022 tuvo un cambio en su logística, debido a que Tradiciones Potosinas, la asociación civil encargada de este evento, no participó en su organización, sino que esta corrió a cargo de la Secretaría de Cultura (Secult) del gobierno de Ricardo Gallardo, la cual obtuvo ingresos por la renta de sillas, recursos que no están considerados dentro de la Ley de Ingresos 2022, por lo que la dependencia y sus funcionarios Elizabeth Torres Méndez, secretaria, y Antonio de Rabinal Gamboa López, director general de Fomento Artístico, habrían incurrido una malversación de recursos públicos.
Judy Leura, presidenta de Tradiciones Potosinas, confirmó a La Orquesta que no querían realizar la Procesión del Silencio este año, aunque Antonio de Rabinal Gamboa López se acercó a la asociación para manifestar su interés en llevarla a cabo desde el espacio oficial y señalaron al final fue la Secretaría de Cultura la que realizó el evento y realizó el trato con la boletera Ticketmania, la cual, según fuentes consultadas por este medio, depositó en una cuenta particular de Gamboa López la parte de las ganancias que correspondió a Secult, acción que sí misma también podría caer en una ilegalidad.
Oswaldo Ríos Medrano, abogado, analista político y ex coordinador de asesores en el Congreso de San Luis Potosí durante el periodo 2009-2012, calificó como “delicado”, el hecho de que una dependencia reciba dinero no considerado dentro de la Ley de Ingresos ya que podría ser un delito de peculado (malversación de recursos) según el Código Penal del Estado.
El analista detalló que las implicaciones sobre este delito serían para los funcionarios involucrados, pues es una responsabilidad personal de quien haya realizado este tipo de actividades, como es la renta de espacios públicos para presenciar determinados espectáculos, en este caso la Procesión del Silencio, y encuadra en el supuesto que dice que cometen el delito de peculado por servidores públicos que para usos propios o ajenos distrae de su objeto, dinero, valores, tintas, o cualquier otra cosa que pertenece al estado por razón de tu cargo.
“Me parece que podríamos estar en presencia del delito de peculado y que si se trata de un servidor público sería muy grave, porque pone en predicamento al gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, genera una mala imagen para toda la dependencia y de inmediato ese funcionario tendría que ser sustituido y tendría que explicar públicamente cuál fue el destino que le dio al dinero”.
El ex coordinador de asesores señaló que las consecuencias para los funcionarios de Secult pueden ser enfrentar un procedimiento de sanción administrativa interno, que puede llegar a la destitución, pero también habría responsabilidad penal que implicaría privación de la libertad por prisión preventiva oficiosa.
Ríos Medrano comentó que el delito debe ser denunciado por Tradiciones Potosinas si se sienten agraviada y que históricamente tenían una licencia, la cual le retiraron 
“Por su puesto que podrían denunciar penalmente a los funcionarios que no dicen qué hicieron con ese dinero, porque además no había en la Ley de Ingresos ningún supuesto jurídico para que pudieran realizar un cobro de esa naturaleza, entonces si cobraron no tenían facultades legales para hacerlo; y segundo, si obtuvieron un beneficio económico directo de la utilización de la renta de un espacio público que le quitaron a un particular, deben explicar qué hicieron con él”.
La Orquesta solicitó por la vía de transparencia la información correspondiente a lo erogado por el Gobierno Estatal para la organización de la Procesión, así como el convenio realizado con la boletera, sin embargo, Secult negó tener cualquier intervención en el evento y aseguró que tampoco tenía trato alguno con Ticketmanía, esto pese a la confirmación de Tradiciones Potosinas.
El área de prensa de la Secult, a cargo de Ruth Ramírez, ignoró la peticiones de este medio para tener un posicionamiento de parte de la titular Elizabeth Torres.
Finalmente, Oswaldo Ríos indicó que parece que Elizabeth Torres “piensa que tiene más autoridad que el gobernador”, ya que es una funcionaria que no obedece ninguna línea ni instrucción de Gallardo:
“El gobernador ha sido enfático en que se les exige a sus funcionarios tener un comportamiento ejemplar, que no se tolerarán abusos de poder o escándalos de los funcionarios, que como en el caso del caso del ex director del Archivo Histórico dijo que no se iba a aceptar acciones de esa naturaleza, y en la Secretaría de Cultura los abusos ocurren un día sí y otro también. Estamos viendo es que la titular de la dependencia se siente tan segura de que no le va a pasar nada, que se atreve a llevarle la contraria al gobernador, es decir aquí ya es sistemático, cada semana vemos un escándalo de la secretaria de cultura y deja de manifiesto que a ella las críticas le hacen lo que el viento a Juárez”.
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La aún dirigente estatal externó su voluntad de diálogo con Lidia Argüello, pues confía en que también busca lo mejor para el partido
Por: Bernardo Vera
Veronica Rodríguez Hernández dio a conocer que se mantiene como presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en San Luis Potosí. Esto tras la reposición del proceso de dirigencia estatal, ordenada por la sentencia emitida en la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
La aún presidenta del PAN dijo que no ha tenido contacto con Lidia Argüello Acosta, militante, aspirante a la dirigencia estatal del partido y la figura principal que ha señalado las irregularidades en el proceso de renovación de dirigencia panista en San Luis Potosí.
En el mismo sentido, Rodríguez Hernández dijo que confía en tener un acercamiento con Argüello Acosta, pues ambas aspirantes buscan lo mejor para el partido.
“Reitero mi respeto y admiración para la licenciada Lidia Argüello. Sé que ella como yo, está muy interesada en qué Acción Nacional tenga una dirigencia fuerte, sólida y sé que ambas queremos la unidad del PAN. Yo la invito, como lo he hecho en público y en privado, a que juntas construyamos un Acción Nacional fuerte”.
Lidia Argüello Acosta, por su parte, reconoció que no ha tenido acercamiento con Rodríguez Hernández desde el 15 de noviembre, cuando solicitó licencia al cargo de la secretaría general adjunta del partido.
Agregó que Rodríguez Hernández ha repetido un discurso de respeto y reconocimiento hacia ella, cuando lo que requiere es el respeto a los estatutos del partido.
“Yo no necesito que me respete, necesito que respete los principios de doctrina, los estatutos y las resoluciones que emiten los tribunales. Dice que quiere la unidad del partido, pero lo único que hace es desviar la atención: dice ‘a Lidia la respeto, pero está manipulada por X o Y’ y eso no se vale, eso es violencia política de género”.
Señaló que este proceso de reposición es el inicio de un rescate del PAN, y volver a uno de sus principios fundamentales, que es el respeto a la dignidad de la persona.
“El panista tiene que volver a sentirse panista, no se tiene que sentir como un militante más, como alguien más que tiene una credencial y que solamente lo utilizan para ciertas cosas y después lo botan como si nada”.
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La impugnación ante el TEESLP ha generado división entre grupos de comunidades originarias, que buscan esta representación en el Ayuntamiento capitalino
Por: Redacción
El Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP), ordenó al Ayuntamiento de la capital potosina la reposición del proceso de elección para elegir a una persona a cargo de la Dirección de la Unidad Especializada en Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas del Ayuntamiento de San Luis Potosí.
La sentencia otorga seis meses para reponer esta elección, tras señalar que en las constancias proporcionadas por el Ayuntamiento capitalino, no detectaron algún extracto de dicha convocatoria –para elección de director o directora de esta unidad– en las lenguas maternas mazahua, mixteca baja, xiou’i, pames y huachichil. Por lo que en ese sentido, no se cumplió con la normativa de la ley local en materia de consulta indígena.
Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de la capital potosina, afirmó que su administración no tiene más que acatar la sentencia emitida por el TEESLP, y que su administración no interferirá en dicha elección.
Lamento que la elección de Palmira Flores haya sido impugnada, debido a que transcurrieron más de dos años de estabilidad en esta materia con los con las comunidades indígenas establecidas en la capital potosina. Además que la administración no podrá invertir recursos etiquetados desde la Federación para trabajar en favor de estos pueblos y comunidades.
Este proceso ya ha sido revertido en otra ocasión, pues durante el primer periodo de la administración de Enrique Galindo Ceballos, se propuso un modelo de junta directiva para representar diversas comunidades, y evitar que el liderazgo recayera en una sola persona. De esa manera, resultaron electos Palmira Flores, Vicente y Narciso Mendoza en diferentes cargos de representación de esta dirección en el ayuntamiento de la capital
Sin embargo, en septiembre de 2023 se llevó a cabo otra elección que el TEESLP volvió a anular en marzo de 2024.
En esta ocasión, el Tribunal también argumentó la falta de traducción de la convocatoria a lenguas indígenas, lo que provocó la reacción de Palmira Flores, tras señalar violencia política en su contra y que su destitución se debía a cuestiones administrativas. Mientras que los pueblos y comunidades indígenas de la capital potosina –representadas por Zenón Santiago– se han manifestado en múltiples ocasiones, ante lo que señalan una indiferencia por parte de las autoridades municipales.
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El presidente del Poder Judicial indicó que solo se contratará a personal esencial en los juzgados, pues se deben ajustar al presupuesto asignado para el 2025 y generar ahorros
Por: Redacción
Arturo Morales Silva, presidente del Poder Judicial, informó que, a pesar de las vacantes generadas por el proceso electoral extraordinario para la elección de jueces y magistrados, las contrataciones serán mínimas y solo se realizarán para cubrir necesidades esenciales en los juzgados.
Lo anterior responde a la necesidad de ajustarse al presupuesto asignado para 2025 y generar ahorros.
Explicó que, aunque han surgido espacios dentro del Poder Judicial, la prioridad es optimizar los recursos disponibles, por lo que la contratación de nuevo personal será limitada y enfocada en lo estrictamente necesario para garantizar el funcionamiento del sistema judicial.
Por otro lado, Morales Silva reconoció el desafío que representa el proceso de elección de jueces y magistrados, destacando la importancia de que la ciudadanía conozca a los candidatos antes de emitir su voto el próximo 1 de junio. En este sentido, exhortó a los órganos correspondientes a reforzar la difusión de los perfiles de los aspirantes, con el objetivo de que los votantes puedan tomar una decisión informada y elegir a quienes consideren los mejores impartidores de justicia.
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