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De un cañonazo, AMLO gana la Sierra de San Miguelito | Columna de Jorge Saldaña
TERCERA LLAMADA.
Y retiemble en sus centros la tierra. Andrés Manuel López Obrador hizo sonoro el rugir de su mandato en 111 mil hectáreas de tierra potosina.
Ayer lo adelantaba en mis apuntes, hoy cumplo con mi “crónica de guerra”: El comandante en jefe de la Cuatro Te, ganó la primer batalla de forma contundente con el cañonazo que ordenó a la generala Albores en San Luis al presentar el plan de manejo del Área Natural Protegida (ojo, presentar apenas… que lo acepten y adopten 35 núcleos agrarios será otro cantar) en la Sierra de San Miguelito.
Se consumó y rapidito, por parte del gobierno federal, y se blindó por parte del gobierno del estado el acuerdo que protege una porción tan enorme de territorio potosino que la ciudad cabría dos veces en el mismo.
¡Bravo! Lo celebro sin ser socarrón y sin sarcasmo. La Sierra tenía que ser protegida, fue una promesa presidencial y un compromiso del gobierno de Ricardo Gallardo que ambos cumplieron.
Se destacó que se dejaron fuera a los “intereses inmobiliarios” y hasta se hizo comparativa la declaratoria de territorio potosino con la protección al Lago de Texcoco, justo “donde el águila paró”, lugar donde los neoliberales querían poner un aeropuerto… que romántico, en serio, que bonito.
El tema se celebra a nivel nacional y con justicia, no hay duda. Que era absolutamente necesario e inaplazable, por supuesto que sí.
Ganó la justicia contra la avaricia, parece ser el mensaje enviado a todo el país ayer desde la capital potosina y lo festejo.
Hasta aquí vamos muy bien y los voceros, activistas y periodistas empapados del asunto (que en su envoltorio es bastante popular, pero en su contenido es algo más que denso) se palmean unos a otros por una declaratoria que parece (repito, parece) ya inapelable.
Sin embargo, quien esto escribe, asumiendo y siendo consciente del riesgo de ser bastante impopular, ser tachado de imprudente, Ecoloco, odia la naturaleza, vendido, fifí, chayotero, neoliberal, y cuanto quieran agregar, se permite enlistar algunas posturas, preguntas y reflexiones que ni la declaratoria general ni el acuerdo ayer signado me responden y que con su permiso comparto:
1) Dejemos fuera, porque ya lo están, a los inversionistas específicamente del proyecto Cañadas, al casi centenar de empresarios encabezados por el Chato López que se convirtió a momentos en la figura visible tras apellidos como Tamayo, Mahbub, Valladares, Del Valle y docenas y docenas más de familias adineradas que tuvieron el interés de urbanizar una franja de la Sierra. Ese negocio ya se les acabó, ni modo, apostaron y perdieron. No podrán urbanizar un solo metro cuadrado de las 2 mil hectáreas que pretendían convertir en oro.
2) El amparo 1364/2021-VIII interpuesto en el juzgado cuarto de distrito existe y no debe ser minimizado. Personalmente me ofende la opinión ligera de un activista que desdeñó el instrumento porque, según dijo, lo interpusieron “unos comuneros muy pobres” y yo me pregunto: señor Hernández, ¿desde cuándo un juicio de amparo solo puede ser promovido por señores “ricos”? No jodan. Lo mismo vale un amparo interpuesto por el más paupérrimo que por el más adinerado, hasta donde yo entiendo…
3) El recurso del amparo fue reconocido, aunque socarronamente, por la propia secretaria Albores ayer cuando ofreció su rueda de prensa en Palacio de Gobierno y salió a flote con la clásica de “me enteré por medios, pero no hemos sido notificados”.
4) El amparo, si bien no “tumba” la declaratoria ni el acuerdo, si mete una vez más el asunto en litigio, uno que no se resolverá de la noche a la mañana ni de un mes a otro, quizás ni de un sexenio a otro, es decir, el asunto va para largo en el terreno jurídico y mientras tanto, aunque parece que el compromiso está cumplido, el “prietito en el arroz” del amparo no puede ser desacreditado ni suprimido.
5) ¿Por qué se amparan las comunidades, ejidos y demás núcleos agrarios? ¿No se supone que serían los primeros interesados en estar protegidos? Pues no, evidentemente no están de acuerdo en el tamaño de la declaratoria federal por una sencilla razón: con el terreno público, la nación puede ordenar lo que le venga en gana, pero de todo ese territorio, resulta que una buena porción tiene dueños, mismos que se sienten (porque así lo manifestaron ayer) agraviados y desprotegidos por no ser tomados en cuenta en el destino que se le dará a SU propiedad y con el siguiente ejemplo espero pueda ser más explicativo:
6) Usted es dueño de su casa, no obstante, el gobierno federal decreta que su casa por ser tan bonita y tener características específicas, tendrá que ser museo. No le van a quitar su casa, seguirá siendo suya, sin embargo no la podrá usted usar como su hogar porque pues a partir de un decreto presidencial, pasará a ser muse 
7) ¿Estaría usted de acuerdo en que su propiedad tenga limitaciones, regulaciones y condicionantes impuestas por alguien más?
8) Las opciones para los inconformes son pocas: continuar interponiendo amparos y alargar así las certezas. Comenzar con marchas y manifestaciones rumbo a la Ciudad de México (a ver cuándo llegan), delimitar sus comunidades y no permitir acceso de ningún tipo a sus tierras (aunque sociales, son muy sus tierras); en una asamblea repartirse parcelas, lotes o lo que sea, dividir a como Dios les dé a entender y tener a tiro de piedra de la ciudad, un territorio de nadie, desordenado, sin servicios, sin certezas jurídicas, e inaugurar un cinturón de miseria en forma de gallineros, establos, vulcanizadoras, casas, lotes abandonados, porquerizas o residencias sin luz ni drenaje. En otras palabras, poner la primera piedra para un problema social enfermizo y exponencial.
9) ¿Dónde quedó entonces el Plan de Desarrollo Urbano que llevó años en elaborarse, consultar y publicar?
10) Quizás el punto más importante. ¿Para dónde va a crecer la ciudad? Aquí le dejo el mapa que en exclusiva pude obtener de la delimitación de la Área Natural Protegida. De acuerdo al mismo hay dos opciones: desarrollar rumbo al norponiente del aeropuerto (con sus asegunes de acuerdo a los usos de suelo) o hacia Soledad. No hay más y si acaso como alternativa construir privadas en parcelas en Villa de Zaragoza, Jassos y anexas. Ah… se me olvidaba, si hay una opción más: comprar el desarrollo libre de protección ambiental del Grupo México. Mire qué casualidad.
11) Las alternativas se agotan, por eso en la capital no hay más de unos 2 mil lotes disponibles en 25 desarrollos, casi todos a las orillas de la ciudad con precios que van desde los 4 mil 100 el más barato metro cuadrado, hasta de 12 mil 500 el más caro, con una ciudad que suma 20 mil autos nuevos al año y una Vía alterna que inicia y regresa a la misma carretera 57 a la que alivia en solo un tramo.
12) ¿Fue buena la declaratoria? Por supuesto, fue espléndida. El gobierno ya cumplió y como lo dijo la secretaria ayer, los comuneros tendrán acceso a recursos de la Conafor, de la Conagua y de la Semarnat… lo que no dijo es que esos recursos… pues son muy pocos, son de los que se recortaron y casi “ya no hay”, pero de que se cumplió, ni quién lo dude. El problema que venga, pues que lo resuelva la capital y el gobierno del estado. ¿Qué fácil no?
13) Mención aparte lleva el municipio de Villa de Reyes. Prácticamente no tiene un metro para dónde crecer. Todo es ANP. ¿Se convertirá entonces en un municipio exclusivo de sembrar piñones? Mire usted el mapa…
14) Solo como aclaración pertinente para los mal pensados: No, no estoy ni nunca estuve a favor de la urbanización de la Sierra, si un medio de comunicación fue crítico al proyecto Cañadas fue La Orquesta y hasta una demanda millonaria fue interpuesta en contra de quien esto escribe y contra de esta empresa por dar seguimiento al tema, no obstante eso no me limita a pensar en las consecuencias, daños o bondades colaterales así como reflexionar, acertada o equivocadamente, lo que, con permiso suyo, aquí he expresado.
Por supuesto que igual que la mayoría de los potosinos, deseo un futuro verde, una ciudad con agua, una capital con recursos, proteger al ambiente, su flora y su fauna, pero también quiero desarrollo, conectiviAdad, movilidad, prosperidad y orden en la ciudad, y eso nada más, porque 111 mil hectáreas fue un exceso y creo que vale la pena darle una pensada, ¿usted?
Hasta la próxima, Culto Público.
Atentamente,
Jorge Saldaña, el senderista en potencia.
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El Naranjo recibe 1,558 dólares de remesas por habitante al año, el nivel más alto de los 20 municipios de la Huasteca potosina, y al mismo tiempo la asignación más baja del fondo federal destinado a infraestructura social
Por: Carlos Ruíz
En 2025, los migrantes de El Naranjo enviaron a sus familias el equivalente a 626 millones de pesos. El Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), el instrumento federal creado para financiar obra básica en municipios de alta marginación, le asignó ese mismo año 21.9 millones. Por cada peso de ese fondo, los migrantes pusieron 28.
Las dos cifras describen la misma realidad desde lados opuestos. De los 20 municipios de la Huasteca potosina, El Naranjo es el que más remesas recibe por habitante —1,558 dólares al año por cada uno de sus 20,959 residentes, según el cruce de los datos del Banco de México con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI— y también el que menos recibe del FISM.
El Naranjo tiene el segundo porcentaje más alto de viviendas que reciben remesas de toda la Huasteca: 11.44%, solo detrás de Tamasopo, según el Consejo Nacional de Población (CONAPO), que clasifica su grado de intensidad migratoria como Alto.
La distribución del fondo se mueve en sentido contrario a la migración
El contraste no es exclusivo de El Naranjo. En la Huasteca, los municipios que reciben más FISM son precisamente los de menor intensidad migratoria.
Tamazunchale, el mayor receptor de la región, recibió 208.1 millones de pesos en 2025 y tiene el índice migratorio más bajo del grupo: 2.05% de viviendas con remesas. Aquismón recibió 201.4 millones con 2.33%. Xilitla, 158 millones con 7.17%. En el otro extremo, Tamasopo —el de mayor porcentaje de viviendas con remesas de la región, con 15.70%— recibió 66.8 millones, y El Naranjo, con 11.44%, apenas 21.9 millones.
Aquismón recibe 9.2 veces más FISM que El Naranjo, y sus habitantes reciben 16 veces menos remesas por persona: 97 dólares al año contra 1,558.
La explicación está en la fórmula. El FISM se distribuye conforme a la Ley de Coordinación Fiscal con base en indicadores de pobreza y carencias sociales —rezago educativo, acceso a servicios de salud, calidad de la vivienda, servicios básicos, alimentación—, no en función de la migración ni de la dependencia de las remesas. Un municipio puede tener a una parte importante de su población trabajando en el extranjero y sostener a sus familias desde allá, y eso no modifica lo que le corresponde del fondo. En los casos donde las remesas han mejorado indicadores de vivienda, el efecto sobre la fórmula puede ser incluso el inverso.
Los dos flujos no son equivalentes ni se sustituyen entre sí. Las remesas son ingreso privado que llega a los hogares y se destina sobre todo al gasto corriente; el FISM financia obra que ninguna familia puede costear por su cuenta: agua potable, drenaje, electrificación, caminos, vivienda. Es precisamente por eso que el contraste importa. En el municipio de la Huasteca donde más hogares dependen del dinero que llega de fuera, el fondo destinado a construir esa infraestructura es el más pequeño de la región.
El fondo se redujo en toda la región
La asignación de El Naranjo en 2025 fue 4.6% menor que la del año anterior. La reducción no es exclusiva de ese municipio: el FISM del conjunto de la Huasteca bajó de 1,555 a 1,483 millones de pesos entre 2024 y 2025. El ajuste coincide con la incorporación de Villa de Pozos como el municipio 59 del estado, que en 2025 recibió 24.9 millones de pesos del mismo fondo, más de lo que se asignó a El Naranjo.
Los montos por municipio están publicados en el Periódico Oficial del Estado “Plan de San Luis” del 11 de septiembre de 2025. Los datos trimestrales de remesas por municipio están en el cuadro CE166 del Banco de México, de consulta pública y sin necesidad de solicitud de transparencia.
También lee: 341 millones en remesas: el banco paralelo de la Huasteca potosina
La cifra del INEGI representa una reducción cercana al 28% respecto al año anterior
Por: Ana G Silva
San Luis Potosí registró durante 2025 un total preliminar de 369 defunciones por presunto homicidio, la cifra más baja de los últimos diez años y una reducción cercana al 28 por ciento respecto a 2024, cuando se contabilizaron 511 casos, de acuerdo con las Estadísticas de Defunciones Registradas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Además de la disminución en el número de víctimas, la entidad también presentó una mejora en su tasa de homicidios. Mientras que en 2024 San Luis Potosí registró 18 homicidios por cada 100 mil habitantes, para 2025 la tasa descendió a 13 por cada 100 mil, ubicándose muy por debajo del promedio nacional, que fue de 21.4 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Los datos del INEGI muestran que la entidad ha mantenido una tendencia descendente desde los niveles más altos de violencia registrados durante la pandemia. En 2020 se documentaron 803 homicidios, cifra que prácticamente duplica los casos registrados en 2025. Posteriormente se contabilizaron 797 homicidios en 2021, 759 en 2022, 560 en 2023, 511 en 2024 y ahora 369 en 2025, consolidando una reducción sostenida en los últimos años.
La cifra preliminar de 2025 también representa el nivel más bajo para San Luis Potosí desde 2015, cuando el estado registró 266 homicidios. Desde entonces, la incidencia creció hasta alcanzar su punto máximo en 2020 y, posteriormente, comenzó una trayectoria descendente que se mantiene por quinto año consecutivo.
En el contexto nacional, México registró de manera preliminar 27 mil 989 defunciones por presunto homicidio durante 2025, una disminución respecto a las 33 mil 550 reportadas en 2024. La tasa nacional pasó de 25.8 a 21.4 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo que confirma una reducción generalizada; sin embargo, la disminución observada en San Luis Potosí fue proporcionalmente mayor.
En comparación con entidades vecinas, San Luis Potosí también se ubicó en una posición intermedia. Su tasa de 13 homicidios por cada 100 mil habitantes fue inferior a la de Zacatecas (16) y muy distante de Guanajuato (51), uno de los estados con mayor incidencia, aunque permaneció por encima de Querétaro (7), Tamaulipas (8) y ligeramente arriba de Nuevo León (12).
A nivel nacional, el INEGI informó que el 70.8 por ciento de los presuntos homicidios fueron cometidos con arma de fuego, mientras que las agresiones con objetos punzocortantes representaron el 9.4 por ciento del total. Asimismo, los hombres continuaron siendo las principales víctimas, con una tasa de 38.4 homicidios por cada 100 mil hombres, frente a 4.7 por cada 100 mil mujeres.
También lee: Actividad económica a la baja en SLP: INEGI
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Golpe al huachicol en SLP: FGR asegura dos centros clandestinos de procesamiento de hidrocarburos
En los operativos aseguraron cientos de miles de litros de combustible, tanques industriales, maquinaria, líneas de producción y documentación relacionada con las operaciones
Por: Redacción
San Luis Potosí fue el principal escenario del operativo federal más reciente contra el robo y procesamiento ilegal de hidrocarburos, luego de que autoridades desmantelaran dos presuntos centros clandestinos donde fueron asegurados cientos de miles de litros de combustibles, infraestructura industrial y maquinaria especializada utilizada para procesar petrolíferos.
Las acciones fueron encabezadas por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y PEMEX Logística, como parte de la Estrategia Nacional contra el Robo de Hidrocarburos.
De acuerdo con la dependencia federal, los cateos derivaron de trabajos de inteligencia, intercambio de información entre instituciones de seguridad y denuncias ciudadanas que alertaron sobre movimientos inusuales de autotanques y posibles actividades ilícitas.
El primer operativo se realizó en una nave industrial ubicada en el municipio de San Luis Potosí, donde las autoridades localizaron una infraestructura de gran escala presuntamente destinada al procesamiento clandestino de combustibles.
En el inmueble fueron asegurados ocho tanques con capacidad aproximada de 80 mil litros cada uno, ocho cilindros horizontales sin identificación, seis cilindros verticales y 894 contenedores tipo tótem con capacidad para mil litros cada uno.
Además, fueron decomisados entre 500 mil y 600 mil litros de petrolífero, una máquina asfaltadora, un generador eléctrico de diésel, una máquina roscadora para tuberías, equipo de cómputo, una camioneta tipo pick up, documentación diversa y alrededor de 40 cinchos de seguridad para escotillas de pipas, utilizados comúnmente en el transporte de combustibles.
En un segundo cateo, realizado en la comunidad de Laguna de San Vicente, también en territorio potosino, la FGR aseguró otro inmueble donde presuntamente operaba un centro de procesamiento ilegal de hidrocarburos.
Ahí fueron encontrados 18 tanques verticales, dos líneas completas de producción para hidrocarburos, alrededor de 40 mil litros de petróleo crudo y diésel, además de muestras de ácido sulfúrico, hidrocarburos y diversa documentación relacionada con la operación del sitio.
Las investigaciones también permitieron ejecutar cateos en Tizayuca, Hidalgo, y Cuautla, Morelos.
En Hidalgo fueron asegurados más de 456 mil litros de un líquido que podría corresponder a hidrocarburos o productos químicos utilizados para su procesamiento, mientras que en Morelos se localizaron documentos, talones de cheques y muestras obtenidas de diversos contenedores.
La Fiscalía General de la República informó que estos operativos forman parte del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, cuyo objetivo es combatir los delitos de alto impacto, entre ellos el robo y procesamiento ilegal de hidrocarburos.
Según la institución, el desmantelamiento de estos centros clandestinos representa un golpe a las estructuras logísticas y financieras dedicadas al mercado ilícito de combustibles, una actividad que genera pérdidas millonarias para el Estado y representa riesgos para la infraestructura energética nacional.
Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan para identificar a las personas responsables de operar estos inmuebles, así como las posibles redes criminales relacionadas con el procesamiento y distribución ilegal de combustibles.
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