Los diputados indicaron que los resultados de la fiscalización de la cuenta pública 2020 no fue realizada con apego a las disposiciones legales aplicables

Por: Redacción

Por mayoría de 24 votos a favor, una abstención y un voto en contra, la LXIII Legislatura acordó no aprobar el Informe General y los Informes Individuales de Auditoría emitidos por la Auditoría Superior del Estado como resultado de la fiscalización de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2020 de 114 entes auditables.

Los dictámenes respectivos fueron presentados por la Comisión de Vigilancia, para su votación en Sesión Ordinaria, en los que se establece que “Con fundamento en lo establecido por el artículo 54, párrafo tercero de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí y en términos de la parte considerativa de este instrumento, se determina que el Informe General y los Informes Individuales de Auditoría emitido por la Auditoría Superior del Estado como resultado de la fiscalización de la cuenta Pública del ejercicio fiscal 2020, no fue realizado con apego a las disposiciones legales aplicables”.

Los informes de auditoría corresponden a las cuentas públicas de los 58 ayuntamientos del estado; de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública; de la Fiscalía General del Estado; Tribunal Electoral del Estado; Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; y Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Además, de los Sistemas DIF Municipales de: Ahualulco, Aquismón, Charcas, Ciudad Fernández, Ciudad Valles, Matehuala, Mexquitic, Rayón, Rioverde, Salinas, San Vicente Tancuayalab, Santa Catarina, Soledad de Graciano Sánchez, Tamuín, Tanlajás, Venado, Villa de Arista, Villa de Arriaga, Villa de Guadalupe, Villa de la Paz, Villa de Reyes, y Villa Hidalgo.

De los organismos operadores de agua potable de: Axtla de Terrazas, Cárdenas, Cedral, Cerritos, Charcas, Ciudad del Maíz, Ciudad Fernández, Ciudad Valles, Ébano, El Naranjo, El Refugio Ciudad Fernández, Matehuala, Rayón, Rioverde, San Ciro de Acosta, Tamazunchale, Tamuín, Tanquián de Escobedo, Villa de Arista, Villa de la Paz, Villa de Reyes e INTERAPAS; y del Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí, y el Instituto Municipal de Vivienda de Soledad de Graciano Sánchez.

De acuerdo a la información presentada por la Auditoría Superior del Estado en el Informe General, así como del análisis a los informes individuales se concluye que el monto observado para la Cuenta Pública del ejercicio 2020, ascendió a la cantidad de $1,597,807,974.00, que resultan de la suma de del importe reflejado como pliego de observaciones por la cantidad de $976,896,279.00, más el importe de las solicitudes de aclaración por $620,911,695.00.

En el dictamen respectivo se indica que la Comisión de Vigilancia, con el auxilio de la Unidad de Evaluación y Control, llevó a cabo una revisión aleatoria de 14 expedientes de auditoria con el objeto de verificar en forma puntual y específica, el cumplimiento y observancia de la normatividad especializada en materia de fiscalización, de los principios fundamentales de auditoría gubernamental, así como el adecuado funcionamiento y conducta profesional de la Auditoría Superior del Estado en la examinación de las cuentas públicas.

Los expedientes revisados fueron: Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamazunchale; Matehuala; Poder Judicial; Xilitla; Tanquián de Escobedo; Cedral; Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas; Tamuín; Tampamolón Corona; INTERAPAS; Soledad de Graciano Sánchez; San Luis Potosí; y Servicios de Salud en sus auditorías de recursos federales, y recursos fiscales e ingresos propios.

Indica que el personal auditor que fue entrevistado y cuestionado sobre una diversidad de circunstancias, motivos, dudas, y observaciones en relación con los resultados de la auditoría, hizo evidente la ausencia del escepticismo profesional que debe prevalecer en todos los trabajos de auditoría, en donde el auditor debe planear y realizar un trabajo de atestiguamiento con una actitud de escepticismo profesional, reconociendo que pueden existir circunstancias que hagan que la información del objeto en cuestión tenga errores, significativamente.

De tal manera podemos concluir, que ante la falta de información, de claridad en los procesos y acciones realizados y en los resultados obtenidos e informados por la Auditoría Superior del Estado, no existen elementos de conocimiento y convicción suficientes que den certeza al Congreso del Estado, sobre el trabajo y actuaciones realizadas por su órgano técnico fiscalizador, de ahí que no se puedan acompañar, compartir, validar y/o respaldar sus actuaciones y resultados, pues en caso contrario estaríamos ante un flagrante incumplimiento del mandato soberano del pueblo que constitucionalmente encomendó a sus representantes populares, a diputadas y diputados, lo que se traduce en un ineficaz control y revisión del gasto público que debió ejercer, lo que pone en duda la razón de ser de este órgano Legislativo respecto a una de las funciones más importantes que tiene a su cargo que es la de ejercer el control y fiscalización de los recursos públicos, atribución ésta que dimana directamente del principio de división de poderes que se sustenta en un sistema de contrapesos y equilibrios.

En su intervención, la diputada Martha Patricia Aradillas Aradilla, presidenta de la Comisión de Vigilancia indicó que la supervisión a los trabajos y actuaciones de la Auditoría Superior del Estado no terminan con la revisión a los informes finales de auditoría, pues a lo largo del año se estará revisando el desempeño del órgano fiscalizador y de sus integrantes.

En la votación, los diputados Eloy Franklin Sarabia, Rubén Guajardo Barrera, Mauricio Ramírez Konishi, Ramón Torres García, y Alejandro Leal Tovías solicitaron excusa para la votación en los dictámenes relacionados con los informes del ayuntamiento de San Luis Potosí, del Poder Legislativo, del ayuntamiento de Rioverde y del Poder Ejecutivo, debido a haber formado parte de los mismos durante el ejercicio fiscal 2020.

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