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José Martínez Vázquez fue ratificado como magistrado en SLP
José Armando Martínez Vázquez tenía derecho a ser ratificado en su cargo como magistrado numerario en 2011, pero diputados locales no lo hicieron
Por: Redacción
Diputados locales aprobaron la ratificación de José Armando Martínez Vázquez como magistrado numerario Numerario del Supremo Tribunal de Justicia del Estado en sesión de Pleno celebrada este jueves. 25 diputados votaron a favor de la ratificación y hubo además un voto nulo.
Durante la discusión, algunos congresistas aseguraron que, de no darse la ratificación, enfrentarían consecuencias desde multas hasta la inhabilitación del cargo, pues un juzgado federal determinó que Martínez Vázquez fuera reinstalado en su puesto.
Martínez Vázquez tenía derecho a ser ratificado para un segundo periodo; sin embargo, los legisladores locales declararon vacante el cargo y Dora Irma Carrizales Galles fue electa para ocupar su lugar, tras lo cual se inició un procedimiento legal para reinstalar a Martínez Vázquez en sus funciones.
A pesar de contar con amparos a su favor, el magistrado numerario no fue ratificado en su cargo en febrero de 2015; en 2016 el gobernador envió un dictamen donde se negó la ratificación y todavía en diciembre de 2018, con la Legislatura actual, fue rechazada la ratificación de José Armando Martínez en su cargo.
Debido a ello, el amparo promovido ordenó a los diputados locales exponer sus razones y fundamentos que justificaran su voto en la sesión de hoy.
La resolución del tribunal colegiado afirmó que el hecho de que los diputados expongan sus razones y fundamentos no implica que queden sujetos a emitir su voto en un sentido determinado, además de que no sería violatorio de la libertad, autonomía y el principio de secrecía por el cual se rigen los congresistas.
Los congresistas podrán emitir su voto mediante una cédula, pero deberán adjuntar dentro del acta la justificación, por escrito, de cada uno de los votos: “Lo anterior, a fin de que tanto el interesado como la sociedad pueda formarse un criterio adecuado sobre los aspectos que se valoraron para emitir el voto razonado”, señala la resolución.
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El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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