septiembre 25, 2026

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Estado

Protestan contra rector de UASLP; Villar responde que ha atendido acoso

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Por: Redacción

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de un boletín, anunció que mantienen estrategias para evitar el acoso dentro de las instituciones, esto luego de que en la facultad de Derecho se pegaran en los baños de mujeres mensajes donde acusan al rector de provocar esta situación.

En dichos carteles argumentan que el rector, Manuel Fermin Villar Rubio, ha dicho que las alumnas son quienes provocan a los profesores para que sean acosadas gracias al tipo de ropa que utilizan.

Ante esto, Villar Rubio aseguró que le ha hecho frente al acoso con “acciones contundentes”.

En el boletín manifestó lo siguiente:

La UASLP implementa de forma permanente acciones contundentes para prevenir situaciones de acoso y otras 

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, durante la gestión del Mtro. en Arq. Manuel Fermín Villar Rubio ha hecho frente al tema del acoso con acciones contundentes; la elaboración y aprobación por parte del Consejo Directivo Universitario del Protocolo que sólo cinco universidades en el país lo tienen;  la creación de instancias institucionales que atienden, orientan y protegen a la comunidad universitaria; como la Dirección de Fortalecimiento Humano, el Observatorio Universitario de Equidad y Género y la Defensoría de los Derechos Universitarios.

En reiteradas ocasiones, el rector ha señalado que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en ningún caso permitirá que ocurran hechos de acoso, abuso o situaciones de esta naturaleza al interior de la institución, su responsabilidad además de formar profesionistas de calidad, generar ciencia y tecnología y difundir la cultura, es cuidar la integridad de todos sus alumnos, maestros y administrativos.

La implementación de diversas acciones, principalmente la aplicación del Protocolo de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación del Acoso y el Hostigamiento, de la UASLP es una muestra institucional de que se ha tomado la decisión de no permitir que este tipo de actos se den dentro del ambiente universitario.

Dentro de sus programas institucionales, la Universidad está trabajando todos los días a través de la Defesoría de Derechos Universitarios y de sus Departamentos de Seguridad, Protección Civil y la División de Servicios Estudiantiles y con las propias autoridades de cada entidad académica para supervisar la aplicación de acciones y protocolos que prevengan situaciones de acoso o abuso. Además el Observatorio Universitario de Equidad y Género continuamente difunde campañas para el rescate y recuperación de los valores universales y cada semestre se organizan conferencias, cursos, talleres y actividades diversas sobre protocolos de seguridad, de prevención, equidad, sexualidad, relaciones sociales, compromiso educativo, respeto, tolerancia, entre otros temas.

El Observatorio Universitario de Equidad y Género OUEG dentro de sus actividades de difusión y capacitación e investigación, supervisa la situación que guarda la relación entre hombres y mujeres en la Universidad. Y La perspectiva de género en los servicios universitarios es un elemento fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades, la equidad y la tolerancia al interior de la universidad.

Además, todas las entidades universitarias está promoviendo estrategias que buscan construir una cultura institucional con perspectiva de género en sus planes, programas y proyectos. Y sobre todo de vigilancia para que el respeto y la tolerancia prevalezca en todos los campus universitarios.

Y,la información que arroje el análisis de la situación de hombres y mujeres en la universidad está generando indicadores que son tomados en cuenta en los planes operativos anuales a fin de cerrar brechas de desigualdad al interior de la universidad.

En últimas fechas el observatorio de equidad y género de la UASLP realizó 14 estudios de investigación, capacitó a casi 6 mil personas, realizó 8 campañas, la generación de un acervo de 1775 libros distribuidos en el Centro Integral de Aprendizaje de Matehuala, el Centro Integral de Aprendizaje Huasteca Sur y el Centro de Información en Investigación y Posgrado.

Esta dependencia de la UASLP también forma parte de la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior “Caminos por la Equidad”, que agrupa a 40 Instituciones de Educación Superior (IES) de México, donde la UASLP es coordinadora de la línea de Conciliación de la vida laboral y familiar.

También lee: Alejandro Zermeño, director de Medicina, se destapó para rector de la UASLP

Estado

Abogadas piden reforzar juzgados familiares ante rezago de hasta cuatro meses

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Una de las activistas dijo que niñas y niños esperan hasta cuatro meses para regularizar una convivencia

Por: Redacción

Abogadas postulantes que acompañan a los colectivos Espacios Seguros y Libres de Violencia y Red Libres pidieron al Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) reforzar con personal a los juzgados familiares o abrir uno nuevo, ante un rezago que retrasa hasta cuatro meses los acuerdos de convivencia y de pensión alimenticia.

Alejandra Rivera, abogada postulante, dijo que niñas, niños y adolescentes esperan hasta tres o cuatro meses para que se regularice una convivencia en el centro de convivencia familiar, y que lo mismo ocurre con los alimentos. “Tengo un acuerdo desde abril que no me sale y son alimentos”, señaló.

Explicó que, para destrabar los casos, los litigantes han tenido que recurrir a la justicia federal. En los juzgados de distrito obtienen la suspensión de plano en beneficio de los menores, lo que obliga a la primera instancia a acordar de inmediato. “Sin embargo, no tendríamos que utilizarlo”, dijo.

Rivera aclaró que la petición “no es un golpeteo al tribunal” y atribuyó el rezago a la falta de personal frente al número de demandas y acuerdos que se presentan cada día. Los más afectados, afirmó, son los menores y los padres que no pueden tener acceso a las visitas, además de niñas y niños que viven una vida judicializada.

Otra de las abogadas señaló que los juzgados dictan acuerdos hasta uno o dos meses después de presentada la promoción, pese a los plazos que fija el Código de Procedimientos, y recordó que existen tesis aisladas que obligan a resolver con celeridad.

Dirigió el reclamo a los jueces electos tras la reforma judicial: “Sobre todo a estos nuevos jueces que prometieron que iban a cambiar el sistema de acceso a la justicia, que hagan su trabajo”.

Este mes, la magistrada presidenta del STJE, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, defendió que el rezago no se debe a una falta de autonomía financiera del Poder Judicial y citó más de 25 mil resoluciones familiares como parte del primer informe tras la reforma.

 

Violencia vicaria, cada 25 de mes

Los colectivos anunciaron que se manifestarán cada 25 de mes y señalaron que lo que viven las mujeres a las que acompañan “se llama violencia vicaria“. Pidieron a los abogados conducirse con ética en los procesos de convivencia y buscar el interés superior de la niñez, conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño.

En agosto, Zarazúa Martínez reconoció que la violencia vicaria es la que menos se logra acreditar ante los juzgados del estado.

 

Congreso desechó iniciativa escolar

Claudia Elizabeth Cuellar Ochoa, abogada y defensora de derechos humanos, integrante de Red Libres, informó que el Congreso del Estado desechó la iniciativa de los colectivos para crear unidades de prevención, atención y detección de la violencia en escuelas de educación básica.

De acuerdo con las opiniones técnicas, explicó, las escuelas ya cuentan con comités de seguridad que cubren esa función, y no había presupuesto para aplicarla. Cuellar sostuvo que esos comités existen, pero tienen otras funciones y no la de prevenir la violencia.

“¿Por qué hay dinero para todo menos para lo que es urgente?”, cuestionó. Recordó que 33 por ciento de la población de San Luis Potosí son niñas, niños y adolescentes, y afirmó que hay “aviadores” en el gobierno cuyo sueldo podría destinarse a prevenir la violencia contra las infancias. Calificó la decisión de los diputados como “un adultocentrismo total”.

Los colectivos preparan una tercera iniciativa, que prevén presentar al Congreso en noviembre, para fortalecer los comités de seguridad escolar y capacitarlos en la detección, prevención y atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes.

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Estado

Gallardo anuncia segunda etapa de vialidad hacia la Zona Industrial

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La obra de cinco kilómetros conectará el Eje 122 con el Eje 140

Por: Redacción

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció la segunda etapa de la Vía Alterna Sur, una obra de cinco kilómetros que conectará el Eje 122 con el Eje 140 para ampliar las opciones de acceso y salida de la Zona Industrial, la principal zona productiva del estado. Dijo que la conexión beneficiará a más de 500 mil usuarios.

El gobernador explicó que esta etapa se suma a la transformación del antiguo Periférico, hoy Circuito Potosí, y a los puentes, pasos a desnivel y vialidades que ya mejoraron la conexión hasta el Eje 122. Dijo que la obra busca distribuir de mejor manera el flujo vehicular que hoy se concentra en las principales rutas hacia la Zona Industrial.

A estas acciones se suma el Puente La Familia, que mejorará la circulación en el sector surponiente del Circuito Potosí y facilitará los desplazamientos hacia fábricas, empresas y centros de trabajo al sur de la capital.

Gallardo Cardona dijo que mejores vialidades también generan condiciones más favorables para la actividad económica, al facilitar el traslado de personal, mercancías y servicios, y acompañar el crecimiento de la Zona Industrial.

También lee: Gallardo confirma arranque de Vía Alterna Eje 122-140 esta semana.

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Presupuesto federal 2027: SLP recibirá 45 millones más para salud

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Desde enero, las clínicas públicas no podrán rechazar a nadie por no ser derechohabiente

Por: Carlos Ruíz

El gobierno federal propone gastar 1 billón 105 mil 963 millones de pesos en salud durante 2027, 10.9% más que este año ya descontada la inflación. Aun con ese aumento, el dinero equivale a 2.8% de todo lo que produce el país en un año, el llamado Producto Interno Bruto (PIB).

Dicho de otra forma: de cada 100 pesos que genera la economía mexicana, poco menos de 3 irían a la salud pública. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomienda que sean al menos 6, según su agenda regional de salud 2018-2030.

Las cifras vienen del Paquete Económico 2027, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó a la Cámara de Diputados el 8 de septiembre. Es una propuesta: los diputados tienen hasta el 15 de noviembre para aprobarla o modificarla.

Qué significa “10.9% más”

Cuando Hacienda habla de un aumento “en términos reales”, ya le quitó el efecto de la inflación, es decir, lo que suben los precios de un año a otro. Sin descontar la inflación, el gasto en salud crece 140 mil 300 millones de pesos.

El aumento llega después de un año de ajuste: en el presupuesto aprobado para 2026, el gasto en salud había bajado 3.2% en términos reales respecto a 2025. Desde 2020, su peso en la economía se ha mantenido entre 2.5 y 2.8% del PIB según Hacienda.

Quién recibe el dinero

El presupuesto de salud no está en una sola bolsa. La Secretaría de Salud, que opera los institutos nacionales y los hospitales federales, tendría 72 mil 306 millones de pesos, 4.8% más en términos reales.

El aumento mayor es para el IMSS-Bienestar, el sistema que atiende a quienes no tienen IMSS ni ISSSTE por su trabajo. Recibiría 193 mil 987 millones de pesos, 8.9% más que en 2026.

El programa de atención y medicamentos gratuitos que se entrega a los estados pasa de 88 mil 850 a 91 mil 718 millones de pesos. Descontada la inflación, se mantiene en el mismo nivel de este año.

“Cero rechazos” desde enero

La novedad del paquete es el Servicio Universal de Salud, que arrancará el 1 de enero de 2027; el presupuesto del IMSS-Bienestar incluye para ello un programa nuevo de 2 mil 500 millones de pesos. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, planteó en la carta con la que envió el presupuesto la regla de “cero rechazos”: ninguna persona podrá ser rechazada en una unidad médica pública por no ser derechohabiente.

En la primera etapa, el IMSS, el IMSS-Bienestar, el ISSSTE y Pemex intercambiarán servicios en urgencias, partos de emergencia, infartos, cáncer de mama e insuficiencia renal, entre otros casos. La credencialización empezará con las personas de 85 años y más.

Qué le toca a San Luis Potosí

San Luis Potosí firmó en agosto de 2022 el acuerdo con el gobierno federal para ampliar el IMSS-Bienestar en el estado, por lo que la atención de las personas sin seguridad social se paga, sobre todo, desde ese sistema.

Lo que sí llega etiquetado al estado es el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), dinero federal que se entrega a los gobiernos estatales para salud. Para 2027, a San Luis Potosí le tocarían 670 millones de pesos, 45 millones más que los 625 millones de este año.

Con la inflación que estima Hacienda para 2027, el aumento real para el estado ronda 3.9%, por encima del 2.7% que crece el fondo a nivel nacional.

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Opinión

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