febrero 12, 2026

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Firmas falsas y hasta “muertos vivientes” acabaron con La Maroma en SLP

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La Maroma

Los ejidatarios que estaban en contra del proyecto La Maroma señalaron varias irregularidades como falsificación de firmas y construcción sin permisos

Por: Redacción 

Luego de documentarse una serie de discrepancias en información técnica del proyecto de construcción de la presa La Maroma ─sobre el Río Jordán, en el Municipio de Catorce, San Luis Potosí─, la Subdirección General Técnica de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de las Gerencias del Consultivo Técnico y Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos, determinó dejar sin efectos la autorización interna para la construcción de la obra. 

Esto implica que la presa, un proyecto promovido por la administración de Enrique Peña Nieto con una inversión de 200 millones de pesos, no contaría con la aprobación para seguirse construyendo.

Dicha decisión fue tomada una vez que, tras una revisión exhaustiva en la que se ubicaron diferencias entre el proyecto ejecutivo ingresado en la solicitud de autorización interna para la ejecución de la obra y lo plasmado en el proceso de licitación para su construcción, misma que fue adjudicada mediante licitación nacional a un consorcio conformado por tres empresas constructoras potosinas.

El desarrollo de dicha obra fue planteado originalmente para suministrar agua al municipio de Matehuala y a 20 localidades del municipio de Villa de Guadalupe; sin embargo, en diversas visitas técnicas realizadas en 2018 y en el presente año, personal de Conagua ─tanto de su Dirección Local en San Luis Potosí como de sus oficinas centrales─ documentó una serie de conclusiones y recomendaciones que no fueron atendidas de forma precisa por las unidades ejecutoras en su momento, así como la omisión de reportes mensuales de avance de obra como lo estipula la autorización interna.

Por lo anterior, las Gerencias de Aguas Superficiales y del Consultivo Técnico de Conagua decidieron dejar sin efecto la autorización que esta Comisión emitió el 20 de diciembre de 2017 para la construcción de la Presa.

Esta medida no implica, aseguró la Conagua, que se dejen de atender a futuro las necesidades de agua de la población de los municipios de Matehuala y Villa de Guadalupe, sino que serían exploradas otras opciones que permitan dotarles del servicio de abasto mediante alternativas más seguras, confiables, de calidad y apegadas a criterios técnicos respaldados con estudios exhaustivos.

Falsificación de documentos y hasta uso de firmantes muertos, ya habían sido denunciados por ejidatarios

Pese a que el comunicado oficial de la Comisión Nacional del Agua no lo admite de inicio, desde el arranque de la obra, habitantes del ejido “La Presa”, quienes residen en la zona donde se construiría el macroproyecto, denunciaron una serie de graves irregularidades.

Teodoro Cárdenas, comisariado ejidal, informó en enero de este año que la Conagua presentó documentos falsos para concretar la autorización para comenzar la obra, incluso con su firma, donde supuestamente autorizaba la realización del proyecto. 

“Me falsificaron la firma a mí, al tesorero y a mi secretario, es un poder falso”, dijo; además, pese a que se interpuso una denuncia en la Fiscalía General del Estado, dicha dependencia no ha concretó consecuencia alguna para los acusados, entre ellos el entonces delegado de la Conagua en San Luis Potosí, Manuel Téllez Bugarín. 

Los ejidatarios, por cierto, también denunciaron que la Comisión Estatal del Agua y, consecuentemente con las denuncias, la delegación de la Comisión Nacional del Agua desoyeron sus exigencias para que se hiciera justicia en torno a los delitos que identificaron. 

Con el apoyo de la Clínica de Litigio Estratégico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, los ejidatarios promovieron un juicio de amparo para lograr la suspensión del proyecto; sin embargo, en el proceso se continuaron los trabajos e, incluso, se realizaron detonaciones, sin autorización de la Sedena, en una zona donde sería construido un camino para arribar a la presa. 

Residuos de dichas detonaciones fueron identificados en el Río Jordan, un caudal que abastece a las comunidades de la zona y que permite el riego de más de mil hectáreas, cuyo futuro, tras construirse la presa, era incierto. 

En julio de este año, finalmente, los ejidatarios aprovecharon una visita del presidente de México al Altiplano, para entregarle una carta en la que se detallaron las inconsistencias e ilegalidades presuntamente cometidas, tanto por las autoridades como por las empresas inmiscuidas en la construcción. 

En el expediente se incluyeron “la falta de permisos para explosivos que otorga la Sedena y no tiene la obra, la falta de permiso para explotación de materiales pétreos que da la Segam y no lo ha otorgado, la irregularidad con la que se promovió la Manifestación de Impacto Ambiental, y sobre todo la falsificación de documentos que implican directamente al delegado de la Conagua Manuel Téllez Bugarín y está en la Fiscalía la denuncia de los ejidatarios donde se exhibieron documentos que falsifican su firma, se falsificó un acta de asamblea donde aparecen firmas de personas muertas”, declaró el abogado Guillermo Luévano a medios de comunicación. 

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Ladrilleras, un problema social sin solución integral en SLP

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La Segam reconoce que clausuras y detenciones no han sido suficientes para frenar la contaminación generada por estos hornos

Por: Haniel Valdés

La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) reconoció que la operación de ladrilleras en San Luis Potosí representa un problema social y ambiental de larga data, para el cual no ha existido una solución integral, a pesar de las clausuras, inspecciones y acciones de vigilancia realizadas por las autoridades.

La titular de la dependencia, Sonia Mendoza Díaz, explicó que durante el último año se realizaron alrededor de 370 inspecciones a industrias, chatarreras y ladrilleras en distintas zonas del estado; sin embargo, admitió que cerrar estos establecimientos de manera aislada no ha resuelto el conflicto, ya que muchos reanudan actividades poco tiempo después.

El problema de fondo es el combustible que utilizan”, señaló la funcionaria, al explicar que los hornos tradicionales emplean materiales altamente contaminantes, lo que impacta directamente en la calidad del aire y en la salud de las comunidades cercanas.

Mendoza Díaz indicó que la situación es compleja debido a que muchas ladrilleras forman parte de tradiciones familiares con décadas de antigüedad, por lo que las medidas punitivas, como clausuras o detenciones en flagrancia, resultan insuficientes si no se acompañan de alternativas económicas y sociales.

La secretaria subrayó que la responsabilidad de este tema recae en buena medida en los ayuntamientos, ya que son las autoridades municipales las encargadas de otorgar permisos y licencias de uso de suelo. No obstante, reiteró la disposición del gobierno estatal para sentarse a la mesa y buscar soluciones conjuntas.

En este contexto, informó que ya se elaboró una norma ambiental específica para las ladrilleras, desarrollada con la participación de la academia y especialistas en materia ambiental, la cual se encuentra por publicarse. Dicha norma será presentada públicamente en los próximos días como parte de una estrategia para regular la actividad y reducir su impacto ambiental.

Finalmente, Mendoza Díaz sostuvo que el reto es atender el problema desde su origen, mediante programas de apoyo que permitan a los productores cambiar el tipo de combustión y modernizar sus procesos, al tiempo que se protege el medio ambiente y se evita un conflicto social mayor.

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Incendios en febrero, un fenómeno atípico en SLP: SGG

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El siniestro en Santo Domingo quedó bajo control total con 90% de liquidación; en Rioverde y Mexquitic ya fueron controlados al 100%

Por: Redacción

Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), calificó como atípica la intensidad y el número de incendios registrados en San Luis Potosí, al señalar que formalmente la temporada de incendios forestales aún no inicia y ya se enfrentan siniestros de consideración en distintos municipios.

“El fenómeno es algo atípico. Apenas estamos entrando en febrero y la temporada formal de incendios todavía no inicia”, expresó el funcionario estatal, quien destacó que desde el primer momento se activaron los protocolos de respuesta.

Torres Sánchez informó que, por instrucciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se mantiene coordinación permanente con autoridades federales y municipales. Detalló que el general de la zona militar activó el Plan DN-III-E en el municipio de Santo Domingo, donde encabezó directamente las labores de combate al fuego junto con brigadistas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Protección Civil Estatal y Municipal, así como voluntarios.

Asimismo, explicó que el gobernador ordenó a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) desplegar maquinaria pesada para la apertura de brechas cortafuego, a fin de aislar las llamas y evitar su propagación.

Aunque inicialm ente el incendio en Santo Domingo presentaba un avance cercano al 50 por ciento en su control, al cierre de operaciones del miércoles se reportó bajo control total y con un 90 por ciento de liquidación,

resultado del despliegue coordinado entre los tres órdenes de Gobierno.

Las brigadas permanecen en la zona realizando labores de liquidación y vigilancia para prevenir reactivaciones.

En cuanto a otros incendios registrados de manera simultánea en Rioverde, Mexquitic y Villa de Zaragoza, se informó que los de Rioverde y Mexquitic ya se encuentran controlados al 100 por ciento y se prevé su entrega a las autoridades locales.

Sobre la posible causa del incendio en Santo Domingo, Torres Sánchez indicó que será un tema que se investigará posteriormente, aunque subrayó que, por ahora, la prioridad es sofocar completamente el fuego.

Finalmente, Protección Civil reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar quemas y reportar cualquier emergencia al 911, como parte de las acciones preventivas para proteger el entorno y la seguridad de las familias potosinas.

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Senado avala reducción de la jornada laboral a 40 horas

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La reforma establece aplicación gradual hasta 2030 y mantiene esquema de horas extra

Por: Roberto Mendoza

El Senado de la República aprobó la reforma al artículo 123 de la Constitución para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. El dictamen se avaló por unanimidad en lo general y, en lo particular, obtuvo 103 votos a favor y 15 en contra, con 118 sufragios emitidos. La minuta fue turnada a la Cámara de Diputados para continuar el proceso legislativo.

El proyecto establece una aplicación gradual que prevé alcanzar las 40 horas en 2030 y ordena la adecuación de las leyes secundarias. En materia de tiempo extraordinario, mantiene el pago al doble dentro del límite permitido y al triple cuando se exceda.

Durante el debate, legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano plantearon ajustes relacionados con días de descanso y la eliminación de la gradualidad

, mientras que el Partido Verde y el Partido del Trabajo manifestaron su respaldo al dictamen.

En entrevista, el coordinador de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, explicó que el texto constitucional establece que de la hora 41 a la 51 se paga al doble y de la 52 a la 56 al triple, lo que permite hasta 16 horas adicionales, con un máximo de 56 horas laborales semanales considerando tiempo extraordinario. La reforma deberá ser aprobada por la Cámara de Diputados y por la mayoría de los congresos estatales antes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

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