El empresario Carlos “El Chato” López Medina presentó el Plan Municipal de Desarrollo de la administración navista para obtener la opinión de la Procuraduría Agraria sobre sus planes en San Miguelito

Por: Redacción

El proyecto inmobiliario de Carlos “El Chato” López Medina solicitó, una vez más, la opinión de la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional acerca de la obtención de tierras en la Sierra de San Miguelito entre los meses de abril y mayo pasados, previo a que la asamblea comunal de San Juan de Guadalupe aprobara asociarse con el empresario a través de una figura conocida asociación en participación.

Para obtener la opinión favorable, López Medina entregó documentación que incluye un avalúo del terreno realizado en febrero por Banregio y el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 de la administración de Xavier Nava Palacios, presentado igualmente en el mes de febrero.

El avalúo de Banregio no solo incluye las 2 mil 69 hectáreas para las que se aprobó la asociación entre comuneros de San Juan de Guadalupe y López Medina, sino otra porción de terreno en la Sierra de San Miguelito.

Para la realización del avalúo, se utiliza como documentación un contrato de usufructo entre la comunidad de San Juan de Guadalupe y Alejandro Tamayo Ibarra, firmado el 20 de febrero de este año. Tamayo Ibarra es un empresario inmobiliario de Monterrey, Nuevo León, socio de López Medina en el proyecto Espacios en el Horizonte, que busca aprovechar 2 mil hectáreas de la Sierra de San Miguelito.

Según el avalúo de Banregio, el objetivo de ese estudio era obtener la autorización del Registro Agrario Nacional para la aportación del terreno a un fideicomiso.

En la parte de uso de suelo, el avalúo explica que se trata de una zona de restauración y conservación de vida silvestre, de acuerdo al plan de uso de suelo de la Dirección de Planeación y Desarrollo del municipio de San Luis Potosí. Además describe al terreno como “en breña”, es decir, poblado de maleza, que está considerado reserva territorial.

El avalúo fue la base sobre la que Carlos “El Chato” López Medina y Alejandro Tamayo Ibarra ofrecieron a comuneros de San Juan de Guadalupe apenas 1.34 pesos por metro cuadrado, a cambio de las 2 mil 68 hectáreas consideradas en la inversión en participación, según consta en un contrato del proyecto inmobiliario al que tuvo acceso La Orquesta.

El contrato presenta en su cláusula cuarta inciso “a” el avalúo realizado por Banregio, donde se estipula que se pagarían 23 mil 880 pesos por comunero titular a modo de enganche y luego otros 59 mil 701 pesos, cuando se adquiriera el dominio pleno y se entregue la propiedad al empresario. Si se esperaba pagar esta cantidad a los 335 propietarios involucrados en la asamblea comunal, la cifra proyectada equivaldría a desembolsar un aproximado de 1.34 pesos por metro cuadrado, considerando las 2 mil 68 hectáreas que “El Chato” buscaba conseguir.

La solicitud de opinión enviada por López Medina a la Procuraduría Agraria y el Registro agrario además incluyó el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, de la administración del alcalde Xavier Nava Palacios.

Al alcalde se le ha ligado al proyecto inmobiliario de López Medina desde el mes de enero, cuando anunció su primer paquete de obras en la presidencia municipal.

Del paquete de 82 obras públicas declaradas por el gobierno de Nava Palacios, que se iniciaron entre octubre y diciembre del año pasado, 29 fueron en Tierra Blanca, lo que representa más de la tercera parte del total de los proyectos que inició el Ayuntamiento en todo el municipio. 

Para obras en la zona de Tierra Blanca, que corresponde a la comunidad de San Juan de Guadalupe, la administración que encabeza Xavier Nava Palacios ha invertido 13 millones 397 mil 69 pesos con 60 centavos.

El 22 de enero de este año, La Orquesta publicó una nota en la que se explica que la Dirección de Catastro y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de San Luis Potosí aceptó, de acuerdo con un documento en poder de este medio, que el Instituto Municipal de Planeación (Implan) está revisando y elaborando planes parciales de Desarrollo Urbano para las delegaciones de La Pila, Villa de Pozos y Bocas; además de la Zona Norte, el Centro Histórico de la capital y la comunidad de San Juan de Guadalupe.

La revisión y elaboración de esos planes da seguimiento al oficio S/386/2013 de la Secretaría General del Ayuntamiento, con fecha del 6 de marzo de 2013, durante el gobierno de Mario García Valdez. En los documentos firmados por la directora de Catastro municipal, Patricia Rodríguez Álvarez, el pasado 14 de enero, se menciona a la Comunidad de San Juan de Guadalupe como Delegación de San Juan de Guadalupe, pese a que esa zona de la capital no tiene el rango de delegación.

Según fuentes consultadas en aquel momento por La Orquesta, el plan parcial de desarrollo urbano busca cimentar el cambio a delegación para la comunidad de San Juan de Guadalupe, Tierra Blanca y San Miguelito, lo que favorece los planes inmobiliarios del “Chato” López.

En cambio, el secretario general del Ayuntamiento, Sebastián Pérez García, descartó “rotundamente”, según un boletín de prensa enviado ayer por la Presidencia Municipal de San Luis Potosí, que el Ayuntamiento analice o vaya a cambiar el uso de suelo de la Sierra de San Miguelito.

Pérez García subrayó que la autoridad municipal respetará tajantemente -según el boletín de prensa- lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, donde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en coordinación con la Secretaría de Ecología estatal (Segam), deberán acreditar que esta acción no se dé, al ser un terreno incendiado. Por su parte, el alcalde Xavier Nava Palacios afirmó ese mismo 9 de mayo que no se tiene ningún interés inmobiliario o de negocio en la Sierra de San Miguelito. 

Al respecto, el asesor legal de comuneros de San Juan de Guadalupe, Carlos Covarrubias Rendón, dijo a La Orquesta que esas declaraciones del alcalde Xavier Nava y el secretario general Sebastián Pérez solo buscan hacer tiempo “pues la crítica social es enorme”.

En junio, el alcalde Xavier Nava Palacios presentó Alianza por la Ciudad, un convenio en el que asegura que compartirá las decisiones que lleven a un nuevo Plan de Centro de Población Estratégico con universidades y cámaras de comercio e industriales. En ese evento, activistas de la asociación Cambio por San Luis y comuneros de San Juan de Guadalupe se manifestaron para pedir la protección a la Sierra de San Miguelito.

Carlos Covarrubias Rendón, activista y asesor legal de comuneros de San Juan de Guadalupe, dijo en la presentación de ese evento que la Alianza por la Ciudad es solo una cortina de humo para simular una consulta ciudadana acerca de los cambios de uso de suelo en la Sierra de San Miguelito, cuyos espacios -dijo- ya están dispuestos por las autoridades para los desarrollos inmobiliarios de Carlos “El Chato” López Medina, en 2 mil 69 hectáreas de San Juan de Guadalupe y sus anexas Tierra Blanca y San Miguelito.

El 31 de julio, La Orquesta publicó que un amparo otorgado por un juez federal exigió una respuesta del alcalde Xavier Nava respecto a la actuación que tuvo la Dirección General de Seguridad Pública Municipal en la asamblea comunal de San Juan de Guadalupe del pasado 21 de julio, cuando fue aprobada la asociación de esa comunidad con Carlos “El Chato” López Medina para el aprovechamiento de 2 mil 69 hectáreas.

La presencia de la policía municipal en esa asamblea violaba una suspensión de plano que había sido definida desde el 11 de marzo pasado, en la que se establecía que “no se ejecuten o se sigan ejecutando los actos que conlleven la privación de derechos agrarios sobre las tierras de uso común propiedad de la comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito, hasta en tanto se notifique a las autoridades la resolución que decida el fondo del asunto”, según consta en la página web del Consejo de la Judicatura Federal.

Daniel Alcántara, encargado de Asuntos Jurídicos en el Ayuntamiento de San Luis Potosí, informó que la autoridad federal, hasta el 1 de agosto, no había notificado a la dependencia para rendir informes sobre la participación de la Policía Municipal en la Asamblea Comunal del 21 de julio de este año.

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