La diputada lamentó que las personas tengan que recurrir a la iniciativa privada para acceder a los medicamentos

Por: Redacción

La diputada local Frinné Azuara Yarzábal aseguró que “es cruel” la situación de la salud pública en México, señalando que es inaceptable que las personas tengan que adquirir medicinas mediante la iniciativa privada ante la falta de suministro en los centros públicos.

La congresista lamentó la falta de presupuesto que tienen las instituciones de salud en México, indicando que ni en IMSS, IMSS-Bienestar o ISSSTE se ha podido alcanzar un 80% del abasto de medicamentos.

Comentó que las personas están gastando alrededor del 41% de sus ingresos en la compra de estos insumos en la iniciativa privada, siendo que éstos se deberían cubrir con el pago de los impuestos.

Ante esta situación, declaró que el Congreso aprobó la semana pasada el “esquema de reembolso”,

mediante el cual, los potosinos tienen derecho a que la institución les regrese el dinero que se hayan gastado en la compra de estos “kits médicos”.

Azuara Yarzábal también se manifestó en contra del proceso con el que el IMSS asumirá la titularidad de seis centros médicos en el estado que eran administrados por IMMS-Bienestar,

recalcando que si el instituto no tenía dinero antes, será muy complicado que pueda cubrir los gastos de estos centros médicos.

Además, resaltó que la situación de estas unidades serán doblemente difíciles, pues no solo se deberá prestar servicio a los derechohabientes, sino también a la población en general a la que no pueden dejar sin atención.

Finalmente, volvió a cargar contra la estrategia del gobierno en esta materia, declarando que solo les interesa buscar la manera de reelegirse, siendo que lo mínimo que deberían hacer es garantizar el acceso a la salud.

Cuestionó cómo se planea cubrir este asunto si no hay ni presupuesto ni crecimiento económico, asegurando que “ya usaron la tarjeta de crédito” para poder cubrir con los programas sociales.

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El joven ingresó armado a su escuela y fue detenido; el caso desata alarma por violencia y redes sociales

Por: Redacción

Circulan en redes sociales videos e información sobre un adolescente que asesinó a dos maestras con un arma larga dentro de la preparatoria “Anton Makárenko”, ubicada en la zona Centro de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

De acuerdo con los reportes, el menor —identificado como Osmar “N”— fue sometido por trabajadores del plantel y algunos estudiantes, quienes lograron contenerlo hasta entregarlo a las autoridades.

El caso ha generado una fuerte reacción en redes sociales, donde usuarios cuestionan cómo el joven logró ingresar al plantel con un arma larga, cuyo tamaño haría difícil ocultarla.

Horas antes del ataque, el adolescente habría compartido en su cuenta de Instagram videos en los que aparece portando el arma frente a un espejo, así como publicaciones con referencias a contenidos violentos.

Entre los elementos señalados por usuarios se encuentran menciones a comunidades en línea asociadas a discursos de odio, como los llamados “incels”, término utilizado para describir a grupos que, en algunos casos, promueven narrativas violentas, particularmente contra las mujeres.

Incels, célibes involuntarios, es un término acuñado en los 90s con el que se define a una comunidad de hombres violentos que culpan a las mujeres de su fracaso sexual, se auto perciben incapaces de poder tener una relación y en muchos casos cometen actos de violencia, como feminicidios y violación.

La difusión de estos contenidos previo al ataque ha abierto cuestionamientos sobre la supervisión en redes sociales, el papel del entorno cercano del menor y la posibilidad de detectar señales de alerta antes de hechos de esta naturaleza.

El caso también ha puesto sobre la mesa el acceso de menores a armas de alto calibre y las condiciones de seguridad en entornos escolares, sin que hasta el momento las autoridades hayan informado de manera oficial el móvil del ataque.

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Estamos hablando con nuestros pares, con nuestros aliados para construir dice Enrique Inzunza

​Por: Roberto Mendoza

​Los senadores Enrique Inzunza Cázarez y Óscar Cantón Zetina, presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, anunciaron en conferencia de prensa la postergación de la sesión de las comisiones del Senado de la República diseñada para discutir la iniciativa de reforma electoral.

​El aplazamiento responde a la recepción de observaciones técnicas escritas por parte del Instituto Nacional Electoral y a la inasistencia de sus consejeros a una reunión previa de trabajo. Sobre esta modificación en la agenda legislativa, el senador Óscar Cantón Zetina indicó: “Entonces no hay nada oculto por eso venimos a informarles por qué no vino la presidenta del INE pero que envió un documento y por qué se canceló esa reunión”.

​Respecto a los tiempos para la emisión y aprobación del dictamen, los legisladores descartaron una suspensión definitiva del proceso en comisiones. Ante el cuestionamiento sobre la reanudación de los trabajos, Cantón Zetina precisó: “Hay la posibilidad de hacerlo esta semana y si no, lo haremos de manera posterior a esta. Pero no está definido todavía”. El legislador justificó la pausa operativa: “Nos ha tomado un poco de tiempo porque estamos revisando con mucho cuidado todos los elementos que se dan

, pero también estamos escuchando a partidos políticos, a miembros de la academia, a quienes han mostrado interés en darnos sus comentarios, sus opiniones”.

​La reconfiguración del calendario legislativo coincide con las mesas de diálogo sobre la fecha de la revocación de mandato, proceso en el cual el Partido del Trabajo solicita evitar la concurrencia con las elecciones intermedias.

Frente a estas negociaciones, el senador Enrique Inzunza Cázarez señaló: “Nuestras compañeras y compañeros del Partido del Trabajo son nuestros aliados y nuestras aliadas. Son nuestros pares. Y con ellos, de iguales a iguales, estamos construyendo la decisión técnica del dictamen“.

Para que las modificaciones electorales tengan validez legal y sean aplicables en los comicios de 2027, el Congreso de la Unión tiene como límite constitucional de aprobación y promulgación el 31 de mayo de 2026.

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