Seguridad
Fiscalía detiene a mujer por probable abuso sexual y lesiones a su hijo
La detención se realizo en el estado de Nuevo León por parte de agente potosinos
Por Redacción:
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) a través de convenio de colaboración con autoridades de Nuevo León, cumplimentó una orden de aprensión en contra de una mujer de 30 años, por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual y lesiones en contra de su hijo en Ciudad Valles.
Los hechos fueron denunciados por el padre del menor quien indicó que se separó de María Isabel “N”, llegando a un acuerdo sobre la convivencia con su hijo de tres años de edad y que, en una ocasión en el año 2013, la madre del menor lo llevó a su domicilio para que pasara unos días con él y al quererle colocar la pijama se percató que el menos presentaba varios golpes en el cuerpo, además de una lesión en sus partes íntimas.
Al cuestionarlo sobre el motivo, el pequeño manifestó que su mamá le hacía tocamientos insanos, y como se negaba, la mujer lo golpeaba con un cinturón causándole dichas lesiones; de inmediato el padre del menor se dirigió a las autoridades de la fiscalía para relatar lo ocurrido, afirmando que era su deseo proceder en contra de su ex esposa como lo marca la ley.
Después de presentarse ante el agente del Ministerio Público, se realizaron las investigaciones correspondientes, solicitando al Juez obsequiará el mandamiento judicial.
Por lo anterior, agentes investigadores adscritos a la Primera Coordinación de Aprehensiones de la PDI, iniciaron con las indagaciones correspondientes para dar con el paradero de la presunta, por lo que se aplicó un operativo con el cuál se obtuvo información que ubicaban a la mujer en el municipio de Juárez en Nuevo León.
Al tener conocimiento de esto, implementaron vigilancia estática a distancia y cuando la tuvieron a la vista pie tierra, la abordaron en el fraccionamiento Valle Sur, identificándose plenamente como agentes activos de la Policía de Investigación de San Luis Potosí (PDI), notificándole sobre el mandamiento en su haber, dándole lectura a sus derechos.
Posteriormente, se realizó el traslado vía terrestre hasta la Capital potosina, para realizar los trámites correspondientes, e ingresándola a los separos preventivos de la Dirección General de Métodos de Investigación.
Después fue llevada al centro de reinserción social de Ciudad Valles, a efecto de que sea presentada ante el juzgado que la requiere.
Autoridades ambientales detectan intento de traslado ilegal de especies protegidas a través de una empresa de paquetería
Por Redacción
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró un total de 73 biznagas piedra y dos ejemplares de fauna silvestre sin vida, durante una inspección realizada en una empresa de paquetería ubicada en San Luis Potosí
El operativo se originó a partir de dos reportes realizados por la empresa Estafeta, que alertó sobre el contenido sospechoso de dos paquetes distintos, enviados en días consecutivos.
El primer caso, registrado el 16 de julio, involucró un paquete que contenía una caja de cartón con decenas de plantas protegidas, específicamente 73 ejemplares de biznaga piedra, sin documentos que acreditaran su origen legal. Debido a ello, las autoridades procedieron a su aseguramiento, conforme a la legislación ambiental vigente.
Esta especie está clasificada como en peligro de extinción de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010 y forma parte del Apéndice I de la CITES, que regula el comercio internacional de especies amenazadas. Los ejemplares fueron trasladados al Jardín Botánico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Al día siguiente, el 17 de julio, se recibió otro aviso sobre un segundo paquete que contenía dos recipientes de plástico. En su interior se hallaron una araña del género Acanthophrynus y un escorpión Diplocentrus aff mexicanus, ambos ya sin vida. Como en el caso anterior, no se presentaron documentos de procedencia legal, lo que llevó también a su aseguramiento oficial.
Los dos ejemplares fueron entregados a la Facultad de Derecho de la UASLP, específicamente al área de Criminalística, donde serán identificados y conservados con fines académicos.
La Profepa informó que dará seguimiento al caso mediante el procedimiento administrativo correspondiente, incluyendo el emplazamiento a las personas cuyos nombres aparecen en las etiquetas de envío, hasta emitir una resolución conforme a la ley.
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La Fiscalía de SLP informó que se dictó esta sentencia por el atentado a ex regidor de Valles en 2020; se trata del mismo homicida de César Galindo, ocurrido en 2021
Por: Redacción
En 2021 se dio a conocer que Julio César Galindo Pérez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de San Luis Potosí, fue baleado por sujetos desconocidos y más tarde perdió la vida en un hospital.
Este 24 de julio, se dio a conocer que un juez penal en San Luis Potosí otorgó una sentencia condenatoria de 26 años y tres meses de prisión en contra de Rudy “N”, por el delito de homicidio calificado, tras hechos suscitados en la Huasteca potosina.
Los hechos ocurrieron en octubre de 2020, cuando el ahora sentenciado, en compañía de otras personas, privó de la vida a la víctima mediante disparos de arma de fuego a un ex regidor y líder cañero en la Delegación El Pujal, del municipio de Ciudad Valles. Por este delito, en la audiencia de individualización de sanciones, la autoridad judicial determinó la pena privativa de libertad de más de dos décadas de prisión.
No obstante, el sujeto hallado culpable habría sido el mismo responsable del homicidio de Julio César Galindo Pérez
El crimen, ocurrido en 2021, conmocionó al sector empresarial y a la sociedad potosina. Tras una investigación por parte de las autoridades estatales, se logró la identificación, captura y proceso judicial del implicado, quien ahora enfrentará más de dos décadas en reclusión como castigo por su responsabilidad penal en los hechos.
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí confirmó la resolución judicial y detalló que, además de la pena privativa de libertad, el sentenciado deberá cubrir la reparación del daño a los familiares de la víctima, conforme a lo establecido por la ley.
El caso representa uno de los fallos más relevantes en materia de justicia para líderes del sector privado en San Luis Potosí, y marca un precedente en la lucha contra los crímenes de alto impacto en la entidad.
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El secretario de Seguridad Estatal descartó construir nuevos penales; hay acciones para dignificar la reinserción social y evitar el hacinamiento
Por: Redacción
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí (SSPCE), Jesús Juárez Hernández, informó que, derivado del incremento en las detenciones por narcomenudeo en la entidad, la dependencia a su cargo trabaja en estrategias para evitar una sobrepoblación en los centros penitenciarios.
Entre estas acciones, explicó, se contemplan programas de preliberación para los denominados “primo-delincuentes” (personas que cometen un delito por primera vez), así como la modificación de medidas cautelares por suspensiones condicionales del proceso. Además, se llevan a cabo mejoras en infraestructura, como el fortalecimiento de servicios básicos (alimentación, áreas médicas y estancias especializadas).
Juárez Hernández subrayó que estas acciones buscan garantizar un proceso de reinserción social correcto, positivo y productivo.
Ante la pregunta sobre si sería necesaria la construcción de un nuevo centro penitenciario, el funcionario descartó esta opción, argumentando que también es un tema de derechos humanos, ya que cualquier traslado debe ser revisado por el Poder Judicial del Estado
“A través del área de infraestructura se realizan diseños para mejorar las instalaciones. Cada mes se nos entregan nuevas estancias para albergar a más personas privadas de su libertad. Tenemos áreas especializadas como el geriátrico, donde se atiende a personas de la tercera edad”, señaló.
Asimismo, informó que existen zonas especiales para personas inimputables, es decir, aquellas que tienen problemas de salud mental y están bajo proceso legal. También se cuenta con un área médica que permite garantizar condiciones adecuadas para seguir su proceso judicial.
Finalmente, aclaró que en las áreas mencionadas no existe sobrepoblación y que la alimentación está garantizada y supervisada por personal capacitado.
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