mayo 3, 2024

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Cifras de asesinatos y ejecuciones van al alza en México

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asesinatos y ejecuciones

Debido al aumento en cifras de asesinatos, se espera la participación de elementos federales en 17 regiones clave para combatir los índices delictivos 

Por: El Saxofón

En los últimos doce años ha quedado comprobado que el Estado, poco puede hacer para controlar la violencia que asola grandes regiones del país en la mayoría de las 32 entidades que integran la federación.

La criminalidad disminuye en algún punto de la geografía nacional, pero aumenta en otro, desciende la comisión de un delito, pero sube la de otro. Los homicidios se ven con normalidad, los feminicidios son como gotas que derraman el vaso cada tanto.

Las masacres se suceden unas a otras:

El pasado viernes 17 de mayo, por ejemplo, personal militar aseguró una finca en el estado de Jalisco, en la cual fueron rescatadas tres personas que permanecían privadas de su libertad, pero además hallaron al menos 18 bolsas con restos humanos.

En el lugar, un número -hasta ese momento- indeterminado de personas fueron asesinadas y mutiladas, como parte de la estrategia de horror y crueldad con la que el crimen organizado se ha hecho con el monopolio de la violencia en el país.

Este hecho se suma a otros que han ocurrido en el país en los últimos meses, demuestran que al Estado Mexicano necesitará más que buenas intenciones y el despliegue de elementos de la Guardia Nacional para controlar los niveles de violencia que asolan distintos puntos de la República.

El 10 enero un enfrentamiento entre civiles armados dejó 21 muertos en la comunidad Refugio de Hinojosa, perteneciente al municipio de Miguel Alemán en Tamaulipas.

El 20 de enero, siete jóvenes fueron asesinados cuando celebraban una fiesta en un domicilio particular en Cancún, Quintana Roo.

El 15 de febrero, otra vez en Cancún, cinco personas fueron asesinadas en el Bar La Kuka. El ataque dejó además varias personas lesionadas.

El 9 de marzo, 15 personas fueron asesinadas en un ataque armado en un bar de Salamanca, Guanajuato.

El 19 de abril, 13 personas fueron asesinadas durante una fiesta en Minatitlán, Veracruz.

Un comparativo basado en datos oficiales, realizado por el Semanario Zeta, revela que “El despliegue territorial ordenado por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como parte de la estrategia de seguridad que consiste en enviar 600 elementos federales a las zonas de mayor incidencia para que instalen retenes, hagan patrullajes y coadyuven con las autoridades locales en zonas de alta incidencia delictiva en los estados, ha tenido resultados contradictorios en las 17 regiones prioritarias, ubicadas en los estados de Baja California, Nuevo León, Jalisco, Colima, Guerrero, Guanajuato, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Sinaloa, Quintana Roo y Chihuahua“.

Concretamente, Zeta señala que el número de homicidios se redujo en 11 regiones pero en otras siete aumentó.

En paralelo, mientras se redujo la violencia homicida, aumentaron otros delitos como el robo y las lesiones dolosas.

Las regiones en que los homicidios aumentaron fueron Benito Juárez (Cancún) Quintana Roo, donde antes del despliegue federal, se cometieron 99 asesinatos, y después de la llegada de las fuerzas, el pasado 13 de febrero se cometieron 106.

En Ciudad Juárez, Chihuahua antes de la llegada de las fuerzas federales se cometieron, en 69 días se cometieron 148 asesinatos, después de su arribo, en el mismo periodo, ocurrieron 203.

En Coatzacoalcos, Veracruz, previo al operativo federal murieron asesinadas 29 personas; y ya con la presencia federal, fueron 30 los homicidios registrados.

En Reynosa, Tamaulipas los asesinatos pasaron de 29 a 67, luego de la implementación del operativo de fuerzas federales.

En Guadalajara, Jalisco, los homicidios crecieron de 81 a 87.

En Celaya, Guanajuato pasaron de 30 a 48, en un periodo comparado de 42 días; y en Guerrero subieron de 13 a 16.

Recobrar la seguridad y poner fin a la violencia fue promesa de campaña de todos los candidatos, a todos los niveles de gobierno en las pasadas elecciones del 1 julio de 2018.

En el caso de los candidatos presidenciales, los cuatro que llegaron al final de la contienda establecieron como prioridad recuperar la tranquilidad de las familias mexicanas ante el embate de la violencia que a estas alturas ya no distingue posición o clase social. Sin embargo, a estas alturas, ya deberíamos saber que las promesas en materia de seguridad, así como las críticas a quienes ostentan el poder por los magros o nulos resultados, son pura demagogia y un uso político del problema más complejo que afecta al país.

La decisión mayoritaria de los electores otorgó el triunfo al candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y ahora, el tabasqueño, como titular del Ejecutivo Federal, es el responsable de todo lo que ocurre en el país.

Sin embargo, es ingenuo pensar que si hubiera ganado alguien distinto a quien hoy ocupa la titularidad del Ejecutivo la realidad sería distinta.

No hace falta ser adivino, ni un experto, para concluir que ganara quien ganara, el escenario que estamos viendo actualmente en materia de seguridad sería exactamente el mismo.

Si hubiera ganado José Antonio Meade, Ricardo Anaya, o Jaime Rodríguez El Bronco, la violencia tampoco hubiera cesado, y el reclamo sería el mismo.

Sin duda México atraviesa por un oscuro periodo en el que el homicidio es considerado una solución a los problemas internos o entre los grupos criminales. Podrá bajar el número de homicidios, pero no mengua la crueldad, ni la sensación de impunidad que lleva al crimen organizado a producir masacres cada tanto, a cobrar el mayor número de víctimas, con la plena seguridad de que no serán juzgados ni castigados por ello.

A estas alturas, lo más seguro es que Andrés Manuel López Obrador llegue a su primer informe de gobierno, que ha anunciado para el próximo 1 de julio, día de su triunfo en las urnas, con un saldo negativo en materia de seguridad.

Ejecutado en la UPA

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AMLO visitó SLP para supervisar avances de supercarretera Valles-Tamazunchale

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El presidente de México y el gobernador Ricardo Gallardo constataron los avances de este proyecto de 102 km

Por: Redacción

Este viernes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y el titular del Poder Ejecutivo del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, supervisaron este viernes los avances de la construcción de la Supercarretera Ciudad Valles-Tamazunchale, que beneficiará directamente a 374 mil habitantes y a miles de turistas que en cada temporada vacacional visitan esta región.

Luego del recorrido, el gobernador agradeció el respaldo del presidente López Obrador para este proyecto de más de 102 kilómetros, que es muestra de la relación con el Gobierno Federal, para continuar transformando la calidad de vida de las familias, al dotar a la región de una vialidad gratuita, que detonará, aún más, el turismo regional, nacional e internacional, al acortar tiempos de traslado y al brindar más seguridad.

El mandatario potosino resaltó el impacto en la conectividad y movilidad, pues la supercarretera de la Huasteca, conecta eficientemente a esta región con los estados de Tamaulipas, Hidalgo, Querétaro y Veracruz

, posicionando a la entidad como un punto clave en la red de transporte del país, reduciendo el tiempo de traslado a sólo una hora 10 minutos, desde Ciudad Valles a Tamazunchale y viceversa, es decir, la mitad de tiempo que antes.

Actualmente están operativos 69 kilómetros de la supercarretera y se encuentran en proceso de construcción otros 39, lo que generará un impacto positivo en nueve municipios directamente y fortalecerá el turismo y el desarrollo económico. Este proyecto federal, se suma a las múltiples obras de infraestructura que el Gobierno del Estado ha emprendido en la región Huasteca luego de tantos años de abandono de la herencia maldita.
Esta información es pública, ajena a cualquier interés particular o de algún partido político.

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Y usted, ¿ya escuchó la 103.5? Nosotros tampoco

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Una estación de radio pública concesionada a un pequeño municipio de Jalisco debería sonar entre las frecuencias de la entidad potosina, pero no lo ha hecho y no se sabe por qué

Por: Bernardo Vera

El pasado 21 de junio de 2023, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) otorgó nueve concesiones de radio y ocho de televisión de uso social a una sola asociación civil, para operar en diferentes estados de la República Mexicana.

Estas concesiones fueron entregadas a la asociación “RYTSM A.C.” –con sede en el municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco– y le permiten la operación en diferentes puntos del país; una de estas señales de radio, de acuerdo a información compartida en medios de comunicación nacionales y por el propio IFT, debería sonar en los aparato radiofónicos de San Luis Potosí… pero no lo ha hecho.

De acuerdo a lo publicado en el suplemento “Extra” de El Sol de México, las 17 concesiones fueron otorgadas a la asociación RYTSM A.C. en un plazo comprendido entre 2022 y 2023; dichos permisos serían para uso de señales de radiodifusión y televisión digital terrestre por un plazo de 15 y hasta 30 años, con la finalidad de divulgar contenidos con propósitos culturales, científicos o educativos y sin fines de lucro.

Sin embargo, para el caso de San Luis Potosí, a casi un año desde que el IFT emitió la resolución P/IFT/210623/289, esta señal (cuyo código sería el XHCSGC-FM y que aparece en el mismo decreto) no ha sonado en ningún aparato radiofónico de la capital potosina y sus alrededores.

En este documento se señala que se cuenta con la capacidad para prestar el servicio de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada, y la instalación de una estación de radio clase “A” (estación de mediana potencia), en las coordenadas geográficas de referencia Latitud Norte 22°31’38” y Latitud Oeste 101°01’42”.

Estas coordenadas corresponden a la ranchería “Maravillas”, una comunidad a 1.4 kilómetros al norte de la delegación de Bocas, en la capital potosina.

Además, según sitios web especializados en radio en México, la estación perteneciente a estas concesiones en San Luis Potosí, operaría en la frecuencia de 103.5 megahertz (MHz), con sede en la ranchería Maravillas, pero se mantiene en estatus de próxima operación

Para conocer más acerca de la instalación de una estación de radio, así como de este caso particular, La Orquesta consultó a Juan Manuel Gordoa Moreno, ingeniero en radiocomunicaciones autorizado por el IFT y uno de los expertos en instalación y mantenimiento de estaciones de radio y televisión en San Luis Potosí.

Él nos comentó que previo a la designación de una frecuencia, debe existir “libertad de espectro” en el Sistema Nacional de Radiofrecuencia, que es la capacidad técnica para que opere una radiodifusora, televisora, o cualquier otro medio de comunicación que se valga del uso del espectro radioeléctrico, propiedad del Estado mexicano, y cuyas “liberaciones” son dadas a conocer por el propio IFT cada año.

En este caso, al tratarse de una concesión otorgada con carácter de uso social, la asociación civil debe justificar el objetivo para el uso de esta concesión y su metodología para llevarla a cabo. Una vez validado, el IFT otorga un plazo de 180 días para su instalación, periodo que puede prorrogarse.

“Ya que hiciste todo el proceso de licitación, el IFT te otorga tal frecuencia, con determinada potencia, cobertura y tienes 180 días hábiles para instalarla. Los 180 días están calculados precisamente para eso, y se pueden convertir en más porque te dan la oportunidad de prórrogas. Son tres prórrogas que pueden ser por dificultades en la instalación, en la entrega de equipos, por muchas causas; la última instancia de las sanciones sería el retiro de esta concesión; es decir, si no te pudiste instalar, se procede a volver a licitar, o a que salga a espectro libre”, explicó.

En el caso del 103.5, al tratarse de una estación de uso social, la licitación le autoriza solamente la operación de mil watts en transmisor y tres mil radiados –equivalente a una cobertura de hasta 30 kilómetros–. Suficiente para el objetivo que se busca con las concesiones de esta naturaleza en comunidades pequeñas, rancherías, pueblos indígenas, etcétera.

Por otra parte, al ubicarse en la frecuencia de 103.5 en San Luis Potosí, estaría entre dos estaciones de radio comercial que operan actualmente. Para ello, el ingeniero Gordoa explicó que la estación de uso social a operar próximamente, debe cumplir dos condiciones: uno, que no opere cerca de la mancha urbana;

 y dos, que no sea colocada en un sitio elevado. Ya que, en el primer caso, podría interferir con las frecuencias comerciales existentes. Mientras que en el segundo, de instalarse en un cerro o con una antena de gran altura, pese a contar con poca potencia, su cobertura podría llegar hasta Querétaro, o incluso, la Ciudad de México. Lo cual es una prohibición del IFT.

No puede tener más de 100 metros arriba del promedio de terreno que te indica, es decir, con 40 o 50 metros de altura de una torre vas a cubrir esa restricción y vas a quedar dentro de la cobertura local, porque con los cerros y las interferencias que puede haber, no vas a salir del terreno donde te autorizaron”, detalló. 

Otro de los aspectos a considerar es la entrega de 17 concesiones a una sola asociación del municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco. Una demarcación con menos de 10 mil habitantes, y cuyas concesiones, al ser de uso social, no les permiten lucrar de ningún modo, pero sí tienen derecho a recibir el uno por ciento del presupuesto de Comunicación Social de las dependencias de la Administración Pública Federal.

A casi un año de que se emitiera el decreto P/IFT/070623/239 (que otorga las concesiones a RYTSM), no ha podido escucharse en la entidad potosina, sin que haya una explicación aparente, puesto que existe poca información sobre la asociación, no hay información emitida por el IFT sobre el estatus de esta operación, o de un contacto de esta asociación civil para conocer su desarrollo.

Una de las hipótesis planteadas por el ingeniero Juan Manuel Gordoa sobre el retraso de la instalación en San Luis Potosí, es la capacidad financiera para la instalación de una estación de radio, tanto por la infraestructura, mobiliario y personal. Pero especialmente, la adquisición de equipo técnico, ya que los transmisores y otros elementos, deben cumplir ciertos parámetros impuestos por la Norma Oficial Mexicana dictada por el IFT. Y por ello, su precio en el mercado es mayor.

Ahora bien, si eso es con una sola estación, lo mismo podría ocurrir con las ocho restantes. Y ni hablar de las concesiones de televisión, donde los equipos elevan aún más su costo.

“Los aparatos y los costos de instalación, por muy pequeños que sean, es bastante dinero. Televisión es caro, y radio es menos caro, pero requiere una gran inversión. Porque tienes que comprar equipos que estén dentro de la Norma Oficial Mexicana, que cubran los las características técnicas y no son cualquier equipo. No le puedes poner uno de los que venden en Mercado Libre, o de los que son chinos y me cuestan 50 pesos. No. Tienes que cubrir lo que te está exigiendo el Instituto Federal de Telecomunicaciones”.

Las concesiones de radiodifusión y televisión digital terrestre que obtuvo mla asociación RYTSM AC, son para ciudades de Nuevo León, Sonora, Puebla, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, Tamaulipas, Coahuila, Guerrero, Campeche y Ciudad de México.

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Tres candidatos panistas han solicitado seguridad adicional

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El presidente del partido dijo que las peticiones se han hecho ante el Ceepac y al menos una ha sido del municipio de Ébano

Por: Bernardo Vera

Enrique Dahud Uresti, secretario en funciones de presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en San Luis Potosí, dio a conocer que hasta el momento hay tres solicitudes de candidatos del instituto político que requirieron protección y seguridad por las autoridades estatales.

Estas solicitudes fueron presentadas al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) con el acompañamiento del partido en el estado. Agregó que estas solicitudes fueron por el entorno que se vive en las respectivas demarcaciones.

Dahud Uresti evitó mencionar nombres o cargos de los involucrados, para no comprometer su integridad. Sin embargo, manifestó que uno de ellos es el relativo al municipio de Ébano, quien dio a conocer el caso de manera pública y por su cuenta.

“Tres de nuestros candidatos, a través del partido, hicimos solicitud ante el Ceepac para que pudieran tener seguridad, por el entorno municipal que están teniendo ellos. Quiero omitir nombres porque no lo han hecho público ellos, pero específicamente, uno de ellos, es del municipio de Ébano”.

Finalmente, sobre la solicitud hecha por Vero Rodríguez, candidata al Senado de la República por la coalición “Fuerza y Corazón por México” para formular un debate entre las candidatas al mismo cargo, mencionó que es un ejercicio ciudadano, deberían participar, para que la sociedad conozca sus propuestas. Además, de que el Instituto Nacional Electoral todavía se encuentra a tiempo de realizar este ejercicio.

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