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Guardia Nacional: ¿solución o escape para los gobiernos locales?
En San Luis Potosí aún no hay fecha para que comience a operar la Guardia Nacional, que incumplió el compromiso de implementar un mando civil
Por: El Saxofón
A contrapelo de sus partidos, la mayoría de los gobernadores de los estados del país, aceptaron sin chistar la creación de la Guardia Nacional, propuesta por el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y tampoco dijeron nada cuando se incumplió el compromiso de dotar a la nueva corporación de un mando civil, y se impuso a un militar en retiro.
Ningún gobernador hasta ahora, ha hecho eco de las advertencias de las Organizaciones de la Sociedad Civil que señalan el riesgo para los derechos humanos que implica esta nueva forma de militarización.
Los mandatarios se han replegado, y han asumido tácita o expresamente la debilidad e incapacidad de sus cuerpos policiacos para controlar la violencia y la criminalidad.
Para los gobiernos estatales, que el Gobierno Federal vuelva a asumir en sus manos la agenda de seguridad les quita un peso de encima.
Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la administración federal buscó delegar responsabilidades en materia de seguridad a los gobernadores. Fueron numerosos los “respetuosos” llamados desde la Secretaría de Gobernación a los gobiernos locales, a que hicieran su parte en el trabajo.
A la luz de las cifras y de los hechos, falló el gobierno federal, pero también fallaron los gobiernos locales, y eso se sabe en cada estado. La inseguridad creció más que en el sexenio anterior. Las entidades que recibieron apoyo, algunas mejoraron, otras siguen igual. Pero mientras se apoyaba a unas, en otras la delincuencia iba creciendo hasta llegar a casos graves como el de Guanajuato.
Otras entidades, como Tamaulipas, siguen estando igual que en años anteriores. Tal parece que allí no pasa sino lo que la delincuencia quiere que pase.
El 18 de abril de 2018, el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong hizo el enésimo llamado a las autoridades a fortalecer las instituciones de seguridad municipales y estatales, y asumir una labor de corresponsabilidad para enfrentar con mayor eficacia a la delincuencia. Osorio Chong, lamentó que los intereses electorales y partidistas frenaran la depuración de las corporaciones policiales y manifestó su rechazo a un eventual mando mixto, que por entonces se discutía en el Congreso de la Unión.
Este fue uno de los últimos llamados a los gobiernos estatales a hacer su parte en el tema de la inseguridad, pero antes hubo varios.
El 21 de diciembre de 2016 Osorio Chong, urgió a los estados y municipios a fortalecer sus instituciones de seguridad y justicia, así como a potenciar sus capacidades operativas para hacer frente a la inseguridad.
En esa ocasión, durante la 41 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, advirtió que la función que desempeñaban las fuerzas federales debía ser complementaria y concurrente a la labor que realizan las autoridades locales.
“Es indispensable fortalecer las capacidades del Estado, particularmente las locales, en donde la debilidad institucional ha cedido espacios de acción y expansión al fenómeno delictivo”, manifestó.
En presencia del entonces presidente Enrique Peña Nieto y los gobernadores, Osorio Chong destacó que la Federación había otorgado recursos, brindado capacitación y asistencia técnica, y compartido tecnología e información con entidades y municipios.
El 2 de febrero de 2017, el titular de la Segob, encabezó junto con el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, la reunión de seguridad en esa entidad, donde aseveró que era fundamental fortalecer las instituciones de seguridad local para combatir con mayor eficacia la delincuencia.
El 5 de mayo de ese mismo año, justificó que el incremento de inseguridad en el país era debido a la debilidad de instituciones policiales en estados y municipios. Además se refirió a la desarticulación de bandas del crimen organizado que se quedaron sin sus líderes y la falta de legislación en materia de seguridad, como otros factores importantes.
Por esa misma época, en una entrevista con Ciro Gómez Leyva en su espacio de Radio Fórmula, Osorio Chong subrayó que ante la falta de un marco legal adecuado para atender el tema de la inseguridad en el país, la Federación tiene que actuar. Sin embargo, añadió, el problema era que estados y municipios no habían cumplido con el fortalecimiento de sus instituciones de policía, y advirtió que se les condicionaría el apoyo.
“Si nos piden (estados y municipios) renovación de convenio para que las Fuerzas Armadas estén en sus estados, sí lo vamos a firmar a partir del compromiso de formación de instituciones. Si no hay compromiso, no firmamos. No es un acto de irresponsabilidad, sino al contrario”, dijo.
En suma, la segunda mitad del sexenio pasado se fue en repartir culpas: cuando se recrudecía la violencia en alguna entidad, el gobierno estatal en turno tenía dos opciones: o pedía ayuda, o acusaba el abandono del gobierno federal.
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El gobierno de López Obrador, que apenas arranca, se ha mostrado consciente de lo mal que siguen estando las corporaciones locales. En este sentido, el Gobierno Federal ha retomado en sus manos la responsabilidad de recuperar la seguridad en las entidades federativas; igual que ocurrió en el sexenio de Felipe Calderón, o en los primeros años del sexenio de Enrique Peña Nieto; lo que presuntamente difiere, son las formas y la estrategia.
Hubo algunos cambios, se quitó a la Secretaría de Gobernación su responsabilidad en este tema y se creó la Secretaría de Seguridad.
Hasta hace unas semanas, la Secretaría de Seguridad, al mando de Alfonso Durazo Montaño, tenía identificadas a 21 regiones del país que requerían atención urgente; sin embargo, el pasado 13 de marzo, se dio a conocer que dichas regiones habían aumentado a 45, y que incluso podrían aumentar a 70.
Sin embargo, por ahora, la Guardia Nacional recién creada y al mando del General Luis Rodríguez Bucio, actuará en 21 regiones, mientras que para las 24 restantes, entre las que se incluye San Luis Potosí, aún no hay fecha para que inicien las operaciones de la nueva corporación federal.
Se trata de 24 ciudades en 16 estados del país, entre las que destacan: Cuernavaca, Morelia, Uruapan, Puerto Lázaro Cárdenas, Oaxaca capital, Hermosillo, Ciudad Nezahualcóyotl, Querétaro capital, San Luis Potosí capital, La Paz, Fresnillo, Tlaxcala capital, Puebla capital y Villahermosa.
Alfonso Durazo reconoció que hay 50 regiones que necesitan atención urgente, sin embargo, también dijo que no hay personal suficiente para cubrirlas, por lo que hay que esperar.
Como se puede ver, en el discurso es notorio que el gobierno federal ha asumido la responsabilidad de la seguridad en dichas regiones. Si bien se sigue haciendo alusión a la coordinación que debe haber con las autoridades locales, esta no se nota en los hechos.
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A más de diez años del inicio de la guerra contra el narco, el Estado luce cansado, descompuesto. Años de “combate”, miles de millones de pesos destinados a la seguridad en estados y municipios, hasta hoy, no se traducen en un solo saldo favorable. Nuevo León por ejemplo, que vivió una época de terror y logró controlar el problema durante unos años, hoy vuelve a vivir tiempos violentos.
Nuevo León vive una ola de violencia, principalmente en los municipios de la zona metropolitana de Monterrey que comprende Cadereyta, Santiago, Guadalupe, San Nicolás de los Garza, Apodaca, Santa Catarina, Santiago y San Pedro Garza García. Robo y homicidio son los principales delitos.
El caso de Nuevo León, o el aumento sostenido de la incidencia delictiva en San Luis Potosí en los últimos años, prueban que la criminalidad está sin control y que, por más estrategia que apliquen los gobiernos, la violencia siempre está a un tris de estallar.
La nueva manera de enfrentar la delincuencia apenas empieza a cobrar forma, por ahora el gobierno federal ha podido ponerse de acuerdo con la mayoría de los gobernadores, habrá que ver qué pasa cuando la estrategia se aplique de lleno y empiece a generar resultados, sean estos cuales fueren, positivos o negativos.
Sin duda alguna, en los últimos 12 años, el Estado ha perdido el monopolio de la violencia, y éste ha quedado en manos de los criminales.
Llevamos doce años invirtiendo dinero en las corporaciones locales. Para eso se crearon programas como el Subsemun (Subsidio para la Seguridad Municipal), el Fortaseg (Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad), el FASP (Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública) y no hay resultados.
En los últimos 3 años, de 2016 al 2018, la criminalidad aumentó en varias regiones del país, y se sigue diciendo que las policías estatales y municipales carecen de equipamiento y formación; incluso muchas autoridades locales consideran que enfrentarse a los grupos de crimen organizado es imposible.
De esta manera recursos y discurso han ido concentrando la responsabilidad de la seguridad pública cada vez más en el nivel federal.
El gobierno de López Obrador ha decidido apoyar su estrategia en el Ejército y la Marina, las únicas corporaciones que mantienen un nivel alto de credibilidad, pese a los atropellos que sus elementos han cometido, algunos de los cuales han sido de conocimiento público.
El cuadro que nos han pintado en los últimos años, le hacen pensar a cualquiera que no hay otra opción. Algunos han planteado qué hacer para evitarlo: fortalecer a las policías estatales y municipales, pero no han planteado el cómo. Llevamos 12 años en eso y no hemos logrado fortalecer nada.
Ante este panorama cualquiera diría que sacar al Ejército de las calles y devolverlo a los cuarteles sería una decisión descabellada, aún aquellos que se oponen a la militarización.
https://laorquesta.mx/2017-ano-mas-robos-violentos-homicidios-violaciones/
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Se sabía, se avisó y nadie hizo nada: evaluación judicial, el camino para depurar la base trabajadora | Columna de Víctor Ezequiel
SERENDIPIA
Por: Víctor Ezequiel
X: @MrVictorHdz
Culto público, amanecimos con tremendo golpe al personal operativo del PJF. Este 5 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Acuerdo General que fue aprobado por unanimidad el 28 de octubre por el Pleno del Órgano de Administración Judicial. Su supuesto objeto es “regular la evaluación del desempeño del personal de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación”.
Su justificación oficial es fortalecer la profesionalización, mejorar la impartición de justicia, identificar necesidades de capacitación y establecer parámetros objetivos para valorar el desempeño. Hasta ahí, nadie podría oponerse a que el servicio público sea evaluado. El problema comienza cuando revisamos cómo se hará y qué consecuencias puede tener.
¿A quiénes alcanza?
La evaluación comprende las categorías de: secretarios de tribunales y juzgados, proyectistas, asistentes de constancias y registro, secretarios instructores y de acuerdos de tribunales laborales, actuarios y oficiales judiciales, entre otros. Se excluye al personal adscrito a la Suprema Corte y al Tribunal Electoral. También puede evaluarse al personal que tenga al menos seis meses ininterrumpidos en el mismo órgano y categoría, independientemente de que cuente o no con nombramiento de base.
Esto último merece atención: no se trata únicamente de quienes tienen una plaza definitiva. El acuerdo alcanza a un universo amplio de personas que realizan funciones de carrera judicial.
¿Cómo se evaluará?
El modelo combina conocimientos y rendimiento. El 60% corresponde a habilidades y competencias: 40% mediante un examen y 20% por capacitación. El 40% restante se distribuye entre productividad (10%), calidad del trabajo conforme al perfil (5%), trabajo en equipo y clima organizacional (5%), ética (5%), servicio a la ciudadanía (5%) y comportamiento y ejercicio profesional (10%).
Para integrar los resultados se utilizarán exámenes, cuestionarios contestados por titulares o administradores, cuestionarios confidenciales aplicados a compañeros y reportes institucionales. También se tomarán en cuenta antecedentes disciplinarios, administrativos y laborales, así como informes desfavorables de revisiones técnicas, bajo las condiciones previstas en el acuerdo.
Aquí aparece una preocupación evidente: ¿cómo se evitará que las diferencias personales, los conflictos internos o las relaciones de poder dentro de cada órgano influyan en una evaluación que pretende ser objetiva? El documento ordena utilizar información verificable y establecer controles metodológicos contra posibles sesgos, pero una declaración normativa no garantiza, por sí sola, que estos no ocurran.
Las consecuencias no son menores.
Los resultados se clasifican en cinco niveles: sobresaliente, de 90 a 100 puntos; satisfactorio, de 80 a 89; regular, de 70 a 79; suficiente, de 60 a 69; e insuficiente, de 0 a 59.
Quienes obtengan resultados satisfactorios o sobresalientes recibirán una constancia de permanencia por dos años. Los niveles regular y suficiente tendrán una constancia por un año y deberán cumplir acciones de fortalecimiento. El resultado insuficiente se traduce en un estándar de desempeño no alcanzado y abre la posibilidad de un examen extraordinario o un recurso de revisión, según el origen de la calificación. Si el resultado queda firme, el asunto se remite al Pleno para los efectos previstos en la Ley de Carrera Judicial, incluida la posible separación en los supuestos legales.
El recurso de revisión debe interponerse en diez días hábiles y el Pleno cuenta con un plazo máximo de cuatro meses
¿Y qué sucede durante 2026?
El acuerdo establece expresamente que la evaluación de este año será diagnóstica: no contará como periodo ordinario ni producirá consecuencias individuales de permanencia o separación. Sin embargo, la participación será obligatoria y sus resultados servirán para diseñar programas de capacitación que también serán obligatorios y considerados en la primera evaluación ordinaria.
El calendario ya está definido: del 11 al 13 de noviembre se cargará información a la plataforma; el 17 y 18 se notificará y publicará el temario; del 4 al 15 de diciembre se aplicarán cuestionarios. Los exámenes serán el 4 de diciembre para secretarios, el 8 para actuarios y los días 14 y 15 para oficiales judiciales. De enero a marzo de 2027 se analizarán resultados y se elaborarán informes y acciones de fortalecimiento. La primera evaluación con consecuencias se realizará después de concluir la capacitación correspondiente.
La memoria de 2024 no puede borrarse.
Durante el paro nacional de trabajadores del PJF en 2024, una de las principales preocupaciones fue precisamente la posible afectación a los derechos laborales. En aquel momento, se sostuvo que la reforma buscaba combatir el nepotismo y la corrupción, particularmente respecto de las personas titulares, y que el personal no tendría por qué resultar perjudicado.
Hoy, con un nuevo “modelo de evaluación” que alcanza a oficiales, actuarios y secretarios, resulta difícil separar las piezas. Entre 2024 y 2026 se impulsaron numerosos concursos abiertos de oposición para integrar listas de personas habilitadas; ahora existe un universo amplio de aspirantes disponibles, mientras el personal que construyó su trayectoria dentro de la institución queda sujeto a un sistema que puede comprometer su permanencia.
La lectura política es inevitable: la reforma no solamente cambió quiénes ocupan los cargos de juzgadores; también está reconfigurando las condiciones bajo las cuales permanece el personal que sostiene la operación judicial. La evaluación puede convertirse en una herramienta de profesionalización, pero también en un mecanismo de depuración si sus criterios se aplican de manera sesgada o se utilizan para favorecer la sustitución de personal de carrera por perfiles alineados con el nuevo proyecto político. No es una preocupación que deba despacharse con el argumento de que todo se hace por eficiencia.
El acuerdo dice que la evaluación será objetiva, imparcial y diagnóstica. Ahora corresponde demostrarlo. La independencia judicial también se construye con trabajadores que puedan desempeñar sus funciones sin temor a perder su empleo por criterios discrecionales. La transformación del Poder Judicial no puede convertirse en una puerta para sustituir experiencia, antigüedad y carrera por obediencia institucional.
Lee también: Poder Judicial: ¿austeridad o incertidumbre laboral?
El gobernador dijo que hay una gran sincronización con la Guardia Nacional para vigilar las carreteras desde el aire y recibir a los paisanos
Por: Redacción
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció que la vigilancia de las carreteras para recibir a los migrantes potosinos se hará este año también por vía aérea, en coordinación con la Guardia Nacional.
Gallardo dijo que habrá “una gran caravana de migrantes” y que los paisanos serán recibidos “en próximos días”. Aseguró que existe una gran sincronización con la Guardia Nacional para vigilar las carreteras desde el aire y poder recibirlos “con los brazos abiertos”.
La Caravana del Migrante Potosino de este año traerá de regreso a entre 5 mil y 7 mil paisanos desde Estados Unidos, de acuerdo con el Instituto de Migración y Enlace Internacional de San Luis Potosí. Será la última de la administración 2021-2027 y más de 36 alcaldes
El Gobierno del Estado informó que unos 2 mil vehículos participarán en la caravana, que entrará a México el 20 de diciembre por Matamoros, Tamaulipas, con el apoyo de unas 40 dependencias que darán atención médica, asesoría jurídica y auxilio vial. La llegada a San Luis Potosí está prevista entre el 18 y el 21 de diciembre.
El Instituto recomendó a quienes regresan por su cuenta que se unan a la caravana oficial para viajar acompañados y con menos riesgo, pues desde septiembre muchos paisanos llegan al estado por separado.
También lee: Gallardo presume cero observaciones financieras en auditoría de 2025
Las noches de hotel en la capital bajaron 13% aunque la feria superó los 10 millones de visitas
Por: Ana G Silva
Los hoteles de la capital potosina ocuparon 53.96% de sus cuartos en agosto de 2026, el mes de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), frente a 61.16% en agosto de 2025. La caída fue de 7.2 puntos, de acuerdo con el Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México (DataTur), de la Secretaría de Turismo federal.
Los hoteles de la capital mantuvieron su oferta de 6,181 cuartos, pero en agosto vendieron 103,106 noches de habitación, 11.7% menos que un año antes. Llegaron a los hoteles 88,823 turistas, 8.9% menos que en agosto de 2025.
Antes de la feria, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, titular de la Secretaría de Turismo del Estado, anticipó que los hoteles “se van a abarrotar” con la Fenapo. El gobernador Ricardo Gallardo Cardona afirmó que la derrama económica de esta edición “va a superar todo” lo registrado en 2025.
Más visitas a la feria, menos noches de hotel
Al cierre de la feria, en la que se incluyó el concierto gratuito de Katy Perry, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí reportó una ocupación hotelera de 80% en la capital. Esa cifra correspondió a los últimos días de la Fenapo; el promedio de todo agosto quedó 26 puntos
En septiembre, el gobierno estatal informó que la Fenapo rebasó los 10 millones de visitas en 24 días, más de tres millones por encima de su propia proyección.
Ese aumento no se reflejó en el hospedaje. Los turistas noche en hoteles de la capital, que suman las noches de cada huésped, bajaron de 191,979 en agosto de 2025 a 166,574 en agosto de 2026, una caída de 13.2%.
La Secretaría de Turismo del Estado reportó para todo el estado un incremento de poco más de 5% en la ocupación hotelera del verano, del 10 de julio al 30 de agosto. En la capital, julio y agosto juntos promediaron 55.3%, contra 60.6% en 2025.
El año también va abajo
De enero a septiembre de 2026, la ocupación promedio en la capital fue de 50.88%, contra 53.40% en el mismo periodo de 2025. Solo enero y mayo superaron el nivel del año anterior.
Septiembre, con 45.19%, fue el mes más bajo de 2026, siete puntos debajo de septiembre de 2025.
En nueve meses llegaron 694,483 turistas a los hoteles de la capital, 2.5% menos que un año antes. Los visitantes nacionales bajaron 7.9%, mientras los extranjeros subieron 71.6%, hasta 82,622, sin compensar la caída.
También lee: Katy Perry, seguridad reforzada y hoteles llenos marcan la Fenapo
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