A partir del 5 de marzo de este año, el organismo operador metropolitano de agua, Interapas, dejó de pagar 15 millones 547 mil 587 pesos al banco Banorte

Por: Redacción

(PRIMERA DE DOS PARTES)

Sin justificación que se conozca, a partir del 5 de marzo de este año, el organismo operador metropolitano de agua, Interapas, dejó de pagar 15 millones 547 mil 587 pesos al banco Banorte por concepto de crédito contingente por las obras de la presa El Realito y otras. La falta de pago, primera en más de ocho años del crédito, pone en riesgo las participaciones federales de San Luis Potosí, Soledad y Cerro de San Pedro, de acuerdo a los decretos ejecutivos 563 y 184, pero lo más grave es que también expone a la falta inminente del servicio a 372 mil potosinos.

La última carta del grupo financiero Banorte, llegó ayer 9 de abril a la tesorería de los tres ayuntamientos que forman parte de la junta de gobierno del organismo, y en la misma se expone que fue desde el pasado 5 de marzo que se dejó arbitrariamente de depositar a la cuenta ligada al crédito y por lo tanto la institución financiera no ha podido realizar los cobros correspondientes.

Al respecto, la semana pasada el alcalde de la capital, Xavier Nava Palacios, manifestó que fueron administraciones anteriores las responsables de llegar a una situación de falta de pago, sin embargo, su declaración contradice al documento oficial de Banorte, firmado por sus apoderados legales, quienes afirman que los únicos pagos pendientes corresponden a la administración 2018-2021, específicamente a los meses de marzo y abril de este año.

LOS ANTECEDENTES

Desde el año 2008, tanto el Interapas como los municipios de San Luis y Soledad quedaron comprometidos a través del decreto ejecutivo 563, votado y aprobado por el Congreso del Estado, para aportar poco más de 560 millones de pesos de los 2 mil 169 que se supone costó a los tres niveles de gobierno el proyecto de la presa El Realito y 300 millones de pesos por la construcción y mantenimiento del acueducto de conducción a la zona metropolitana de San Luis Potosí.

A partir de esa fecha y durante 8 años más, San Luis Potosí y Soledad aportaron cada año 60 y 10 millones de pesos anuales, respectivamente, pero además, también por decreto, el número 184, actualizado en el año 2010, se comprometió a los ayuntamientos a ser los deudores solidarios del crédito bancario que garantiza el pago total de la contraprestación de la presa, acueducto, mantenimiento, accesorios y el malogrado programa de mejoramiento integral MIG.

A partir de entonces, las administraciones de Victoria Labastida, Mario García Valdez y Ricardo Gallardo Juárez, hicieron frente a dichos compromisos financieros, lo mismo que el gobierno federal y el gobierno del estado en turno.

Para 2015, la presa fue inaugurada por el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, no obstante que no se terminaron los seis tanques de entrega y regulación ni el acueducto estaba terminado en su totalidad.

Las deficiencias, las obras pendientes y hasta la inflación incrementaron en 300 millones más las obras, según lo manifestó el entonces secretario de Finanzas, José Luis Ugalde, en febrero de 2018.

La carga financiera total, la adquirieron entonces los ayuntamientos por 22 años, y estaría garantizada por el crédito contingente autorizado por Banorte en el año 2010 que se encarga de garantizar el pago a la empresa que realizó la infraestructura, de nombre Aquos El Realito.

SI LA GENTE SIGUE PAGANDO… ¿POR QUÉ NO PAGA EL INTERAPAS?

Conforme al decreto y los contratos con Banorte, a cuya copia tuvo acceso LaOrquesta.MX, los pagos mensuales de dicho crédito están garantizados en parte por la recaudación que hace el Interapas en los tres municipios, es decir, una sola cuenta de un fideicomiso que, hasta marzo de este año, concentraba la mayor parte de los pagos de los usuarios y de la cual el banco realizó por más de ocho años los cargos correspondientes mes con mes.

“Como si fuera tu crédito de nómina”, explicó un especialista consultado: “el banco toma los recursos para el pago de tu deuda de la misma cuenta a la que te pagan”. 

De la misma forma el banco cobró por más de 8 años entre 12 y 20 millones de pesos mensuales al Interapas, hasta que en marzo pasado el banco no encontró recursos para realizar el cargo.

Hasta el momento no hay explicación del director del Organismo, Ricardo Purata Espinoza, respecto al destino que se le está dando a esa cantidad de recursos y el por qué se dejó de depositar en la cuenta ligada al crédito comprometido por el banco.

Ante el impago, las participaciones federales de los dos municipios más grandes se verían afectadas, pues son obligados solidarios de la deuda, en un porcentaje de 88 por ciento la capital y 12 por ciento Soledad de Graciano Sánchez.

¿POR QUÉ UN COMPLOT?

Como se recordará, en diciembre del año pasado, la administración municipal sufrió un revés por parte del Congreso del Estado al bajar de los temas de votación de los diputados, el aumento pretendido por el alcalde de subir el 40 por ciento las tarifas del agua potable.

La reacción del alcalde no se hizo esperar y advirtió entonces que de ser desechada (como lo fue) su solicitud a la Comisión Federal de Electricidad para que suspendiera temporalmente el cobro del servicio, “no se podrá garantizar el servicio a los potosinos”.

Un nuevo intento para que los diputados discutan y aprueben la iniciativa del Interapas para el aumento a las tarifas se encuentra latente, de acuerdo a las declaraciones del director del organismo, sin embargo, la impopular solicitud no ha encontrado eco en la agenda del Poder Legislativo.

La reciente suspensión del pago implica una fuerte y casi inmediata responsabilidad para los obligados solidarios, no obstante es también una salida cómoda al problema, pues Banorte ante la falta de pago tendría que iniciar un juicio en contra de cada una de las administraciones que se negasen a pagar, lo que generaría que el Interapas pudiera ganar tiempo, pero sobre todo, pudiera disponer libremente de un recurso de entre 12 y 20 millones de pesos mensuales que hasta el momento no se sabe qué destino se les esté dando.

Al final, por tratarse de un tema tan delicado, la quiebra inminente del organismo por insolvencia financiera, obligaría a algún otro nivel de gobierno, ya sea federal o estatal a “rescatar” al Interapas, no obstante que éste por más de 8 años pudo hacer frente a sus compromisos.

Otro escenario a corto plazo en la ruta en la que el presidente municipal y también presidente de la junta de gobierno del organismo, es que, ante la aparente “crisis” generada desde la misma junta por no pagar al banco, se acuda a la contratación de deuda o se regrese a la idea original: el aumento a las tarifas.

Entre tanto, la suspensión del servicio aparentemente justificado por la quiebra financiera, sería la moneda de cambio e injusta medida para presionar a los ciudadanos.

No obstante, grandes fraccionadores y hasta concesionarios del agua pública, mantienen una deuda calculada de más de 300 millones de pesos.

Seguiremos informando.

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