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Cuando el gobernador nos falte, que lo supla el secretario general, propone diputado
El diputado Martín Juárez propondrá que, con el fin de evitar vacíos de poder ante la falta temporal o absoluta del gobernador constitucional, el secretario general de gobierno se haga cargo del despacho del titular del Poder Ejecutivo
Por: Redacción
El diputado Martín Juárez Córdova dijo que propondrá reformar el artículo 77 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí a fin de establecer que en las ausencias temporales que no excedan de 30 días, el secretario general de gobierno se hará cargo del despacho del titular del Poder Ejecutivo del Estado, esto con el fin de evitar vacíos de poder ante la falta temporal o absoluta del gobernador constitucional.
Señaló que durante ese tiempo, el secretario general se encontrará impedido para remover o nombrar secretarios de estado, debiendo rendir un informe por escrito al Congreso del Estado de las actividades más importantes llevadas a cabo durante el lapso en el que se haga cargo del despacho.
Con esta reforma se establecería que para cubrir las faltas temporales del gobernador del estado, mayores a 30 días, el Congreso o, en su caso, la Diputación Permanente nombrará de inmediato, en un plazo que no exceda de cinco días naturales, al gobernador provisional.
En los casos de la falta absoluta del gobernador Constitucional del Estado, el Congreso del Estado nombrará un gobernador provisional, interino o substituto, según el caso, en un plazo que no exceda de cinco días naturales; en las ausencias temporales que no excedan de 30 días, el secretario general de Gobierno se hará cargo del despacho del titular del Poder Ejecutivo del Estado.
El gobernador constitucional del estado podrá ausentarse de la entidad hasta por siete días, comunicando al Congreso del Estado o a la Diputación Permanente, según sea el caso, el motivo de su ausencia. En ausencias que sobrepasen los siete días, requerirá el permiso del Congreso del Estado o de la Diputación Permanente, el cual deberá ser aprobado por mayoría simple.
En la exposición de motivos de la iniciativa, que se presentará ante el pleno del Congreso del Estado durante su sesión ordinaria de este jueves, se señala que el pasado 25 de diciembre de 2018, el país entero se consternó tras el desplome de la aeronave en que viajaba la gobernadora del estado de Puebla, acompañada de su esposo y senador de la República por la misma entidad federativa.
Acontecimientos como éste han ocurrido en otro momento, “recordemos el 4 de noviembre de 2008 cuando una aeronave se desplomó después de una gira de trabajo por San Luis Potosí, en la que viajaba Juan Camilo Mourinho, secretario de gobernación del gabinete encabezado por el entonces presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Años después algo similar ocurriría durante el mismo sexenio y cobraría la vida a otro secretario de gobernación, José Francisco Blake Mora. En el primer caso citado, el cual es el más reciente, implicó a la gobernadora de un stado, que conllevó una causal evidente de su falta definitiva. En los dos casos anteriores, se trató del encargado de la política interna del país”.
“Estos acontecimientos tan lamentables son ejemplo claro del riesgo inminente y constante que tienen los funcionarios que, en el ejercicio de sus labores, están expuestos a este tipo de situaciones y con ello a la falta definitiva en el cumplimiento de las funciones para las cuales fueron elegidos”.
El escrito señala que debido a lo anterior “debe ser un precedente en la generación de conciencia, para prever desde nuestra legislación, un mecanismo que dé cobertura a la gobernabilidad, preservación del estado de derecho y evitar en todo momento “vacíos de poder”, que ante un hecho que implique una falta definitiva o temporal, el despacho del Poder Ejecutivo en nuestra entidad no quede a la deriva o que pueda generar una crisis o un estado de ingobernabilidad y que, en todo momento, dicho despacho se encuentre cubierto”.
Además en los motivos, el diputado agrega: “Nos hemos percatado que nuestro texto constitucional local es muy subjetivo en lo referente a la regulación de lo que ocurriría ante la falta definitiva del gobernador Constitucional del Estado, que es el depositario único del Poder Ejecutivo del Estado, y por tanto quien encabeza la administración pública de nuestra entidad, por lo que es conveniente, tomando como referencia inmediata lo ocurrido en Puebla, que dio margen a incertidumbre y un vacío de poder, y contemplando lo establecido por nuestra Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, se debe prever que sea el secretario general de Gobierno, quien se haga cargo del despacho del titular de la administración pública del estado, en tanto el Congreso del Estado logra consolidar el consenso que permita determinar el nombramiento respectivo a un gobernador provisional, interino o sustituto, lo cual es entendible que no ocurre de inmediato, que es lo que establece nuestro pacto estatal, debido a la complejidad de decisión que representa nombrar a un gobernador provisional, interino o sustituto, y que la subjetividad a la que hemos hecho alusión radica en el término”.
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Con experiencia como diputada federal, funcionaria municipal y perfil técnico, llega a uno de los cargos clave en la operación del gobierno de Enrique Galindo
Por: Ana G Silva
En sesión de Cabildo, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre tomó protesta como nueva secretaria general del Ayuntamiento de San Luis Potosí, integrándose al equipo del alcalde Enrique Galindo Ceballos en la recta final de la administración municipal.
Rodríguez Aguirre cuenta con una trayectoria política y administrativa vinculada principalmente al Partido Acción Nacional (PAN), al que se afilió en 1996. Es ingeniera en alimentos por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), donde egresó en 1992.
En el ámbito legislativo, se desempeñó como diputada federal por el quinto distrito de San Luis Potosí de 2015 a 2018. Además, ha ocupado distintos cargos dentro de la administración pública, entre ellos su paso por la Secretaría de Desarrollo Social, donde participó en labores institucionales durante varios años.
En el ámbito interno del PAN, fue consejera estatal en 2008, consolidando su presencia dentro del partido.
En el gobierno municipal capitalino, su experiencia reciente incluye su desempeño como directora de Catastro y posteriormente como directora general de Gestión Territorial y Catastro, cargo que asumió en 2025, donde fue reconocida por impulsar estrategias para atender el crecimiento urbano de la ciudad.
También cuenta con experiencia académica, ya que en 1997 impartió clases en el Instituto de Estudios Superiores, además de contar con un diplomado en gestión de gobierno local.
Con este nombramiento, el Ayuntamiento busca dar continuidad operativa y fortalecer la coordinación interna, en un momento clave de la administración municipal.
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Centros Libres pasan de 22 a 33 en el estado; la cobertura alcanzará los 58 municipios
Por: Redacción
Gloria Serrato, titular de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (Semujeres), informó que para este 2026 se gestionaron casi 40 millones de pesos en recursos federales destinados a fortalecer la atención integral a mujeres en el estado, particularmente en el marco de las acciones relacionadas con la Alerta de Violencia de Género.
Explicó que, a diferencia de años anteriores, los fondos ahora son administrados a través de la Secretaría Nacional de las Mujeres, donde los estados deben concursar mediante proyectos para acceder al financiamiento, dependiendo de su viabilidad y evaluación.
En este contexto, destacó que uno de los principales logros será la ampliación de los llamados Centros Libres, espacios destinados a la atención integral de mujeres en situación de violencia.
“Este año logramos gestionar recursos para abrir 11 centros más, p asando de 22 a un total de 33 en todo el estado”,
Con esta expansión, detalló que se alcanzará cobertura en los 58 municipios, mediante esquemas de atención directa e itinerante.
Serrato explicó que estos centros brindan servicios especializados a través de un equipo multidisciplinario conformado por psicóloga, abogada, trabajadora social, promotora de redes y promotora de derechos humanos, lo que permite atender de manera integral las distintas formas de violencia.
Asimismo, indicó que el modelo de operación es tripartita, ya que: El Gobierno Federal cubre el pago del personal especializado, el Gobierno Estatal aporta equipamiento y los municipios proporcionan los espacios físicos.
Entre los municipios donde ya operan o se fortalecerán estos centros destacan Soledad, Tamuín, Ciudad Valles y Tamazunchale, mientras que este año se sumarán nuevos puntos en Santa María del Río, Villa de Arriaga, Catorce, San Ciro de Acosta, San Vicente y San Martín, entre otros.
Finalmente, la funcionaria subrayó que estos espacios no solo atienden casos de violencia, sino que también forman parte de una estrategia preventiva que busca garantizar el acceso de las mujeres a sus derechos.
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José Guadalupe Torres Sánchez plantea debate sobre delitos graves y responsabilidad de padres o tutores
Por: Redacción
José Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno de San Luis Potosí, consideró necesario abrir un debate “con mucha responsabilidad” sobre la posibilidad de imponer sanciones más severas a menores de edad que cometan delitos graves, aunque advirtió que el análisis debe contemplar múltiples factores legales y sociales.
El funcionario estatal señaló que este tema no puede resolverse de manera simplista ni a partir de declaraciones aisladas, sino mediante una revisión integral del marco jurídico y sus implicaciones.
“Es un debate que hay que tener con mucha responsabilidad y no únicamente expresarlo en una entrevista”, afirmó.
Torres Sánchez explicó que uno de los elementos centrales en esta discusión debe ser el nivel de violencia ejercida en los delitos, al referirse a casos recientes en el país donde menores han cometido actos de extrema gravedad.
“Tendría que tener como origen el grado o la brutalidad que algún adolescente o niño comete en contra de otro”, sostuvo.
Como ejemplo, mencionó un caso ocurrido en Michoacán, donde un menor de edad agredió a dos maestras, provocándoles la muerte, hecho que calificó como una “brutalidad” y que, dijo, evidencia la necesidad de revisar los alcances de la legislación actual.
“Por supuesto que es una brutalidad y frente a ello parecieran demasiado flexibles”, expresó en referencia a las sanciones vigentes.
No obstante, el secretario general de Gobierno subrayó que cualquier modificación legal debe contemplar también la responsabilidad de los adultos a cargo de los menores, particularmente padres o tutores.
“La responsabilidad debe de abrazar e incluir a sus tutores o a sus padres”, indicó, al señalar que en muchos casos estos actores no son considerados dentro de las consecuencias legales.
Torres Sánchez recordó que, a diferencia de los menores, los padres sí están sujetos a la legislación penal ordinaria, lo que abre la posibilidad de establecer mecanismos de corresponsabilidad más estrictos.
“Estos no olviden que sí son sujetos de una ley ordinaria o común que inclusive permite la reclusión”, apuntó.
En ese sentido, insistió en que el debate debe analizar todas las aristas antes de plantear cambios legales, especialmente ante propuestas impulsadas a nivel federal sobre el endurecimiento de sanciones para menores que cometan delitos de alto impacto.
“Cualquier idea que tienda o sume para poder erradicar este tipo de prácticas es bienvenida”, afirmó.
Finalmente, el funcionario estatal señaló que será necesario esperar a que se formalicen las iniciativas desde el ámbito federal para poder fijar una postura más concreta en San Luis Potosí, aunque adelantó que el estado se mantendrá atento a cualquier propuesta que busque fortalecer la seguridad y la justicia.
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