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Arreola propone sanción a diputados por desfiguros en la Jucopo
Recientemente, la diputada fue víctima de violencia política e incluso de acoso sexual por parte de dos legisladores
Por: José Luis Vázquez
La diputada del Partido del Trabajo, Paola Arreola Nieto, presentará el día de mañana, una iniciativa que busca reformar el reglamento interno del Congreso del Estado de San Luis Potosí, para obligar a los legisladores a guardar compostura no solamente durante sesiones del Pleno, sino también durante las reuniones de comisiones y de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), de no ser así serán sancionados.
Cabe señalar que aunque la legisladora no ha realizado señalamientos directos en contra de ningún diputado por violencia política de género, fue mediante un boletín de prensa que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) condenó la conducta y expresiones de violencia por parte del congresista de Conciencia Popular, Oscar Carlos Verá Fábregat hacia Arreola Nieto y demás compañeros; también trascendió que interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en contra del diputado Mario Lárraga Delgado por realizar tocamientos sexuales en su persona.
En ese sentido, la diputada justificó su iniciativa y señala que durante las reuniones de la Jucopo “se atienden asuntos netamente administrativos, y que en los más de los casos redundan en materia de recursos económicos, lo que de no coincidir alguno o algunos de sus integrantes en la toma de los acuerdos que se aprueban por la mayoría, ocasiona que aquellos legisladores que no coincidan con esos acuerdos, pierdan la compostura y le falten el respeto a aquellos que votaron en un sentido diverso a sus intereses”.
En su documento, la diputada también dejó entrever que existen diputados que “escudándose en su investidura, se sobrepasan con sus pares, o inclusive con las empleadas del Congreso, y que disfrazan esa falta de respeto con palabras o tocamientos como si hubiesen sido sin querer”.
Además, agregó: “Si bien es cierto, contamos con instrumentos legales que protegen a todas las mujeres, también es cierto que en este Poder Legislativo es uno donde con mayor rigor se debe observar La ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de San Luis Potosí, por lo que ninguna disposición es suficiente cuando se trata de protegernos”.
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El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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