Destacadas
900 millones extraviados son responsabilidad de hermano de Octavio Pedroza
El ex secretario general asegura que el encargado de explicar dónde está el dinero retenido por concepto de Impuesto Sobre la Renta es Daniel Pedroza, ex secretario de Finanzas
Por: Karina González
Alejandro Leal Tovías, diputado local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y quien fue secretario general del gobierno de Juan Manuel Carreras por casi seis años, dijo no tener injerencia en el tema de los 926 millones 743 mil 295 pesos con 45 centavos que se encuentran desaparecidos de las arcas del estatales y que fueron descontados de las nóminas de los trabajadores de la administración por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR), los cuales el Sistema de Administración Tributaria (SAT) intenta cobrar a la administración de Ricardo Gallardo.
El funcionario señaló que es un tema que únicamente le corresponde a la Secretaría de Finanzas, que estuvo a cargo de Daniel Pedroza Gaitán, hermano de Octavio Pedroza, ex candidato a gobernador por el PRIAN, y argum entó: “yo no podría opinar al respecto porque no sé exactamente en qué consistiría el asunto”.
Leal Tovías insistió en que este tema no se abordó nunca en la Secretaría General porque no era su área, sino que la Secretaría de Finanzas es la que se encarga de los pagos de nómina, retenciones y pagos de impuestos: “es lo único que te puedo comentar en el tema”, dijo.
Guadalupe Torres Sánchez, actual secretario general en la administración de Ricardo Gallardo Cardona, dio cuenta del recurso faltante, que no se pagó al SAT y tampoco se encuentra retenido en otra área, ni se conoce en qué se aplicó; por lo que aseguró que se mandará llamar a los exfuncionarios carreristas para que brinden información sobre el tema, además de que se interpondrán denuncias ante la Fiscalía General del Estado para que se deslinden responsabilidades sobre estos hechos.
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Destacadas
Gallardo exige sanciones por desvío millonario del proyecto de la Red Metro
Pidió a la Fiscalía acelerar procesos y aplicar la ley a ex funcionarios del sexenio de Carreras
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, exhortó a la Fiscalía General del Estado (FGE) a actuar con firmeza en las investigaciones sobre el presunto desvío de 360 millones de pesos del proyecto de la Red Metro, financiado originalmente por Banobras durante el sexenio de Juan Manuel Carreras López.
El mandatario afirmó que el caso “va muy adelantado” y que ya hay responsables señalados, como Leopoldo “N”, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (Seduvop), procesadó por 180 millones de pesos, quien, según Gallardo, debería estar bajo arraigo domiciliario, pero “se le ha visto en tiendas, normal, como si nada”.
“La Fiscalía debe empezar ya a apretar un poquito, de no ser tan omisa y no permitir que si están en arraigo domiciliario, lo cumplan. Si no, que los regresen al centro de reinserción”, expresó.
Gallardo recordó que el proyecto de la Red Metro nunca se concretó pese al uso de recursos públicos y criticó al ex gobernador Carreras por “simular” una inauguración poco antes de dejar el cargo.
“Fue una burla lo que hizo al subirse a un camioncito rentado una semana antes de irse, simulando que arrancaba la Red Metro. Es un cinismo con el que muchos potosinos ya no podemos”, agregó.
El gobernador calificó el caso como parte de “la maldita herencia”, expresión con la que resume las irregularidades de administraciones pasadas.
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Ciudad
Se detectan fiestas clandestinas cada fin de semana en la capital: Galindo
Ciberpolicía rastrea redes sociales para ubicar convocatorias; los eventos se realizan en casas o locales rentados sin permisos ni medidas de seguridad
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, alcalde de la capital potosina, reconoció que las fiestas clandestinas se han convertido en un problema recurrente en San Luis Potosí, con reportes prácticamente cada fin de semana.
De acuerdo con el edil, se han detectado entre dos y tres eventos de este tipo por semana, organizados principalmente en casas, terrenos o locales rentados con otros giros comerciales para evadir la supervisión de las autoridades.
“Después de lo que sucedió con el Rich, hice un compromiso: eso no se debería repetir. Y aunque ya no pasa en lugares establecidos, sí ocurre en sitios clandestinos, lo que es aún más grave”, señaló Galindo.
El alcalde advirtió que estos espacios son especialmente peligrosos porque carecen de medidas básicas de seguridad: no cuentan con baños, planes de emergencia ni permisos de Protección Civil; tampoco hay control sobre el acceso de menore s ni garantía sobre el tipo de alcohol que se consume.
Para su detección, el Ayuntamiento ha recurrido a la ciberpolicía, que monitorea redes sociales y plataformas donde circulan las invitaciones. Con ello se busca anticipar la venta y el consumo de bebidas alcohólicas antes de que los eventos comiencen.
Finalmente, Galindo lanzó dos llamados: A quienes rentan inmuebles, para que verifiquen quién contrata los espacios y con qué propósito. A los padres de familia, para que supervisen las actividades y horarios de sus hijos, sobre todo si son menores de edad, pues muchas de estas fiestas se prolongan hasta la madrugada.
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Destacadas
No más mesas de dialogo con Uber, SCT busca sancionar a plataforma
Araceli Martínez Acosta busca garantizar transporte seguro tras una agresión sexual perpetrada por un conductor de aplicación
Por: Redacción
Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de San Luis Potosí, anunció que no habrá más mesas de diálogo con Uber. Explicó que lo fundamental ahora es legislar para sancionar a las empresas que incumplen con las leyes locales de transporte.
“Lo que nosotros estamos buscando es una reforma que sancione a las empresas por el incumplimiento o por la falta de registro. Así como está la ley, primero deben registrarse las empresas y después registrar a sus conductores o socios”, precisó.
Martínez Acosta señaló que la dependencia debe tener la facultad de autorizar el número de personas que podrán brindar el servicio bajo esta modalidad. Para ello, la SCT requiere realizar un estudio de factibilidad que garantice que el número de vehículos autorizados no afecte la economía ni el trabajo de los concesionarios del servicio de taxi.
Asimismo, aclaró que los taxistas no se oponen a las plataformas digitales, sino que su inconformidad radica en el número desmedido de vehículos que operan sin control. Agregó que ya existe un diálogo avanzado con el gremio de taxistas y algunos grupos de operadores de plataformas
.Como ejemplo, mencionó el caso reciente de una mujer víctima de violación por parte de un conductor de plataforma. Destacó que la autoridad no tenía registro del vehículo ni del agresor, lo que evidenció la falta de controles sobre los operadores, como verificaciones psicométricas o toxicológicas.
Finalmente, la funcionaria indicó que la regulación de las plataformas se realizará en coordinación con el Congreso del Estado, con la posibilidad de modificar las leyes locales o generales para sancionar a las empresas internacionales sin domicilio legal en la entidad.
Por ahora, no se tiene un número exacto de vehículos de plataformas digitales que circulan en San Luis Potosí, ya que operan con placas particulares, fuera del registro estatal.
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