“Es alarmante que SLP tuviera alguna participación relevante en estos hechos”, señaló tras el hallazgo de 7 cuerpos en el límite con Zacatecas

Por: Redacción

La senadora panista Verónica Rodríguez Hernández hizo un enérgico llamado al Gobierno federal y a las autoridades competentes para reforzar la seguridad y deslindar responsabilidades tras el hallazgo de siete cadáveres en los límites de Zacatecas y San Luis Potosí, incidente que derivó en la detención de cuatro policías estatales potosinos por su presunta participación.

“Es alarmante que San Luis Potosí pudiera tener alguna participación relevante en estos hechos. Por eso es fundamental que las autoridades correspondientes actúen de inmediato y esclarezcan responsabilidades”, declaró en entrevista desde San Lázaro.

Rodríguez Hernández lamentó que el gobierno de Morena haya destruido la paz y la tranquilidad de millones de mexicanos, condiciones que se construyeron durante gobiernos panistas. “Hoy pareciera que la única intención de Morena es no solo dañar al país, sino también destruir la tranquilidad de las familias mexicanas”, expresó.

La senadora panista reiteró su exigencia al Gobierno de México para atender sin excusas la crisis de inseguridad en el país. “El llamado es a que este Gobierno federal enfrente el problema de seguridad sin lavarse las manos y reconociendo que, incluso, pudiera haber vínculos que permitan que casos como éste ocurran tan cerca de nuestras familias en San Luis Potosí”, concluyó.

Leticia Gómez indicó que el recurso fue trasladado a una bolsa federal que aún se analiza cómo será operada

Por: Redacción

Leticia Mariana Gómez Ordaz, titular de la Secretaría de Salud en San Luis Potosí, confirmó que el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASA) sufrió un recorte del 53% para todas las entidades federativas que firmaron convenio con el Gobierno Federal. Sin embargo, sostuvo que estos recursos no desaparecieron, sino que fueron trasladados a una bolsa federal distinta que será operada directamente por la Federación.

Gómez Ordaz explicó que el Estado ya inició mesas de trabajo con autoridades federales para conocer el funcionamiento del nuevo fondo y la forma en que se administrarán los recursos, particularmente tras la transición del sistema estatal al IMSS-Bienestar. Señaló que una parte del personal ya fue transferida y otra continúa comisionada, por lo que se presume que el recurso recortado podría encontrarse etiquetado para esa nómina.

La funcionaria enfatizó que el principal interés del Gobierno estatal es que se garanticen los sueldos

“Ese personal está contratado, está trabajando, y esperamos que los sueldos estén totalmente garantizados”, afirmó.

Gómez Ordaz insistió en que el presupuesto no fue eliminado, sino reubicado bajo un nombre diferente dentro de una bolsa controlada por la Federación. Una vez que la Secretaría obtenga claridad sobre su operación, —dijo— se informará públicamente cómo se administrará y cómo impactará en San Luis Potosí.

Las declaraciones se dieron en respuesta al señalamiento de la diputada local Frinné Azuara, quien alertó sobre posibles afectaciones severas al pago de nómina, compra de medicamentos y programas como salud materna ante el recorte federal.

Por ahora, la Secretaría estatal sostiene que permanece en coordinación con el Gobierno Federal y revisará que los recursos sigan fluyendo hacia el personal que sostiene la operación del sistema de salud.

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La catedrática de la Facultad de Derecho denunció que la encargada de Derechos Universitarios se negó a recibir su queja por carteles ofensivos colocados en su contra

Por: Redacción

Luz María Lastras Martínez, catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), solicitó formalmente la destitución de la encargada del despacho de la Defensoría de Derechos Universitarios, Olivia Salazar Flores, a quien acusa de omisión en el ejercicio de sus funciones al negarse a recibir una queja por agresiones en su contra.

La académica interpuso un procedimiento sancionatorio ante el Consejo Directivo Universitario (CDU) y remitió también un oficio al rector Alejandro Zermeño Guerra, donde expone que el pasado 20 de noviembre, al interior de la Facultad de Derecho, fueron colocados carteles con su fotografía alterada —con rayones que simulaban cuernos y bigotes— acompañados de frases ofensivas como “ex priista” y “fracaso político”.

Según su relato, al percatarse de las imágenes acudió a la Defensoría para solicitar la intervención de la titular en funciones. Sin embargo, afirma que Salazar Flores se negó a levantar la queja, pese a acudir al edificio y observar directamente los carteles.

Lastras sostiene que la funcionaria no cumplió con su obligación de certificar los hechos ni de brindar atención a una integrante de la comunidad universitaria que denunció haber sido vulnerada en su integridad personal y profesional.

En sus oficios, la catedrática argumenta que dicha negativa constituye una violación a los derechos universitarios, además de contravenir la Constitución, la Ley Orgánica de la UASLP, el Estatuto Orgánico, el Reglamento Interno de la Facultad de Derecho y el Código de Ética Universitario.

También advierte que la omisión deja a la víctima “en estado de indefensión”, afecta la confianza en los mecanismos de protección y genera un precedente grave para la atención de casos similares.

Por ello, solicitó que el procedimiento sancionatorio para la remoción del cargo sea incluido en la próxima sesión ordinaria del Consejo Directivo Universitario, programada para el 28 de noviembre.

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