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32 años de cárcel, la sentencia para el Cayeyo Jr
El Cayeyo Jr tendrá qué pagar además una sanción por 245 mil pesos, 230 mil a la familia de la víctima y todos los gastos funerarios
Por: Redacción
Ayer lunes, Eduardo N, “el Cayeyo Jr”, fue sentenciado a 32 años de prisión por el delito de homicidio calificado, con las agravantes de ventaja y traición.
Además, el tribunal dispuso que el homicida pague una sanción pecuniaria de 245 mil pesos, cantidad a la que se suma el pago por la reparación del daño a la familia de la víctima, en este caso 230 mil pesos.
El Cayeyo Jr también tendrá que amortizar el pago correspondiente a los servicios funerarios de su víctima.
La audiencia de ayer fue la penúltima del juicio oral, cuya duración se alargó por más de un mes, que la Fiscalía General del Estado promovió contra el joven por el homicidio de su amigo Eugenio, el 5 de mayo del 2017.
La defensa de Cayeyo Jr dijo ayer en entrevista, al finalizar la audiencia de individualización de la pena, que están inconformes con el proceso, según mencionó el abogado Rafael Aguilar Hernández. “Realmente esta es una consecuencia de lo que se resolvió respecto del delito que se le atribuye a Eduardo N. Vamos a impugnar el fallo, el término se empieza a correr en la audiencia de próximo lunes, en que se va a dar lectura a la sentencia completa.
El tribunal de juicio oral que determinó la pena para Cayeyo Jr explicó que los 32 años de prisión eran impuestos dado que fue encontrada sobre Eduardo N una culpabilidad media, a lo que Aguilar Hernández dijo “tampoco es acorde a lo que hay en el expediente. El juez relator menciona que como no se supo el motivo o el móvil del homicidio, entonces por eso le decretaban una culpabilidad media”.
El vocero del equipo de abogados de Eduardo N explicó que la defensa confía en que el caso se termine resolviendo en favor de su cliente: “Esto es algo que teníamos presupuestado desde que inició el juicio oral, sin embargo, hubo muchas expectativas de nuestra parte de que se le decretara la libertad absoluta en la sentencia, por todos los errores en la integración de la carpeta de investigación. Sin embargo, analizando el asunto y las circunstancias que todo esto envuelven, estábamos seguros que nos íbamos a tener que ir hasta el amparo indirecto, allá estamos seguros que esto se tiene que revertir”.
Rafael Aguilar Hernández dijo que Cayeyo Jr “está triste, ustedes lo vieron, vieron la actitud de él en la audiencia. Obviamente, a nadie le gusta ser señalado y sentenciado por un delito que no ocurrió como la Fiscalía lo planteó y mucho menos con una sentencia tan larga”.
Por su parte, Eduardo Castañón 
Castañón además dijo que “siempre me quedará un mal sabor de boca por la posición de la defensa, más porque alguno de ellos formó parte del Poder Judicial de este estado. La verdad es increible cómo pueden cambiar la postura, cómo pueden haber sido parte del Poder Judicial y haber participado en juicios en donde los mismos peritos, utilizando las mismas pruebas, en ese momento eran válidas y ahora su única defensa es que los peritajes habían sido llevados a cabo por gente que no tenía la capacitación. Eso es gravísimo, porque al menos habrá 800 presos dentro el penal que fueron condenados con las pruebas periciales”.
EL CASO
La madrugada del 5 de mayo de 2017, Eduardo N, “Cayeyo Jr”, asesinó -en su casa del Fraccionamiento Campestre– a Eugenio Castañón, y dos años después, apenas el lunes 13 de mayo de este año, un tribunal de juicio oral en el Centro de Justicia Penal ubicado junto al Cereso de La Pila, declaró culpable a “Cayeyo” de homicidio calificado con las agravantes de ventaja y a traición.
Este caso resultó relevante debido al lazo que tienen las familias de ambos jóvenes, tanto Cayeyo como Eugenio Castañón, con el fiscal general del Estado, Federico Garza Herrera. Por un lado la víctima sostenía una relación sentimental con la hija de Garza Herrera, mientras, Eduardo N en su declaración del 13 de mayo pasado, sostuvo que el fiscal era el abogado de su padre, un empresario ganadero.
“Me abstengo de contestar, lo único que sí les puedo decir es que no soy padrino de quien se me dice que soy padrino y nunca fui ni he sido abogado de quién dicen”, había dicho Garza Herrera a La Orquesta en mayo de 2015, acerca de sus supuestos nexos con Cayeyo Jr.
Activista busca que se sancione a Arquidiócesis después de declaraciones homofóbicas
Varios medios difundieron imágenes en las que el presidente municipal aparecería accionando un arma de fuego en la vía pública
Por: Redacción
Imágenes difundidas en redes sociales por varios medios de comunicación muestran, presuntamente, al presidente municipal de San Vicente Tancuayalab, Gilberto González Zumaya, realizando detonaciones de arma de fuego al aire durante un supuesto festejo en la vía pública.
En el video, la persona señalada como el edil acciona el arma en un sitio donde se encuentran habitantes. Disparar al aire implica un riesgo para quienes están cerca, pues el proyectil puede caer y causar lesiones.
El hecho se suma al contexto de seguridad que atraviesa el municipio. El 21 de octubre, la Guardia Civil Estatal detuvo a dos hombres que se identificaron como policías municipales, Pascual “N”, de 43 años, y Nicasio “N”, de 56. Se les imputa portación de arma sin licencia, una pistola calibre 9 milímetros
Dos días antes, el 19 de octubre, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que la Fiscalía General del Estado y la FGR investigan la actividad de grupos criminales en Tanquián de Escobedo y San Vicente Tancuayalab. El 26 de octubre, la SSPC señaló que ambos municipios se encontraban en calma, con presencia de las corporaciones de seguridad y del Ejército.
También lee: Ayuntamiento contrata 100% de obra con constructores potosinos, dijo Galindo
Dijo que el dinero se queda en la economía local y que las obras tienen garantía de tres años
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, informó que en el segundo periodo de su gobierno el 100 por ciento de la obra pública del Ayuntamiento se contrata con constructores potosinos, y que en los cinco años el promedio fue de entre 96 y 98 por ciento. El resto corresponde a obra muy especializada que se contrata fuera.
Explicó que el dinero se queda en el estado, porque la mano de obra, los directores de obra y los materiales son potosinos, y que en algunas colonias se contrató a personal de la propia colonia. Añadió que una parte pequeña de cada contrato se destina al DIF Municipal.
Dijo que en cinco años el Ayuntamiento ha realizado más de 240 obras y que ninguna constructora le ha fallado. Indicó que pidió a los constructores una garantía de 36 meses, cuando la ley obliga a año y medio, y que aceptaron. Como ejemplo, mencionó que el constructor de la avenida Chapultepec, que se deslava por las bajadas de agua, la sigue reparando mientras dure la garantía.
Al plantearle la contratación de empresas foráneas por el gobierno estatal, respondió que cada gobernante tiene sus propios criterios y que no quiere opinar sobre su motivación. Afirmó que él lo hace por San Luis Potosí, porque la obra pública es un detonador económico y el dinero que se invierte en el estado “derrama tres o cuatro veces”, además de dar empleo.
Recordó que obras como el distribuidor Juárez y las de la avenida Salvador Nava las hicieron constructores potosinos, y que ingenieros de la UASLP construyen en el mundo, entre ellos en un túnel de Santiago de Chile. “¿Por qué traer gente de fuera si aquí tenemos capacidad técnica, experiencia, compromiso?”, cuestionó.
Galindo opinó que quien llegue a la alcaldía debe mantener esta política: “Claro que debe seguir como política pública”, dijo.
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El organismo además reportó que en 2024 ninguno de los 254 entes obligados mereció recibir sanción alguna
Con un presupuesto de 25.9 millones en 2024 a la CEGAIP en SLP apenas le alcanzó para atender 392 solicitudes (poco más de una al día)
Por: Ana G Silva
Cada solicitud de información que recibió en 2024 el organismo garante de transparencia de San Luis Potosí equivale a cerca de 66 mil pesos de su presupuesto. En todo el año, no impuso una sola sanción por incumplimientos.
La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) ejerció 25.9 millones de pesos durante 2024 y recibió 392 solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales. Así lo reporta el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Estatal (CNTAIPPDPE) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicado el 28 de octubre.
Al dividir el presupuesto ejercido entre las solicitudes recibidas, cada una equivale a 66 mil 71 pesos. Es una proporción: el presupuesto también cubre la resolución de recursos de revisión, la vigilancia de las instituciones obligadas y la capacitación, tareas cuyo costo el censo no desglosa.
Ese mismo año, la CEGAIP tenía bajo su vigilancia a 254 sujetos obligados: dependencias, ayuntamientos, organismos y otros entes que reciben recursos públicos. Reportó no haber sancionado a ninguno por incumplir sus obligaciones de transparencia.
Solo cinco entidades aplicaron sanciones en 2024: Hidalgo, Nuevo León, Nayarit, Aguascalientes y Sinaloa. Entre todas sumaron 349, de las cuales 305 fueron económicas y 44 administrativas, y Hidalgo concentró 41.5 por ciento. En 2022, los organismos garantes del país habían impuesto 1 mil 494.
Más caro por solicitud en otros estados
La proporción no es exclusiva de San Luis Potosí. El organismo del Estado de México ejerció 240.8 millones de pesos y recibió 1 mil 498 solicitudes, alrededor de 160 mil pesos por cada una. En la Ciudad de México, con 153.8 millones y 1 mil 754 solicitudes, fueron unos 87 mil pesos.
En conjunto, los organismos garantes estatales ejercieron 1 mil 506 millones de pesos y recibieron 13 mil 173 solicitudes en 2024, en promedio unos 114 mil pesos por solicitud.
Lo que el censo no mide
El informe no indica cuántas respuestas a solicitudes en San Luis Potosí fueron declaraciones de inexistencia, es decir, cuando la institución responde que “no cuenta con la información”. Tampoco dice cuántas fueron negativas ni cuántos recursos de revisión se presentaron contra ellas.
A escala nacional, 90.6 por ciento de las solicitudes que respondieron los organismos garantes se atendió en el plazo legal. El censo no ofrece ese dato por entidad.
Las cifras retratan el último año completo del modelo anterior. La reforma constitucional publicada en diciembre de 2024 eliminó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y a los organismos garantes locales, entre ellos la CEGAIP.
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