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32 años de cárcel, la sentencia para el Cayeyo Jr
El Cayeyo Jr tendrá qué pagar además una sanción por 245 mil pesos, 230 mil a la familia de la víctima y todos los gastos funerarios
Por: Redacción
Ayer lunes, Eduardo N, “el Cayeyo Jr”, fue sentenciado a 32 años de prisión por el delito de homicidio calificado, con las agravantes de ventaja y traición.
Además, el tribunal dispuso que el homicida pague una sanción pecuniaria de 245 mil pesos, cantidad a la que se suma el pago por la reparación del daño a la familia de la víctima, en este caso 230 mil pesos.
El Cayeyo Jr también tendrá que amortizar el pago correspondiente a los servicios funerarios de su víctima.
La audiencia de ayer fue la penúltima del juicio oral, cuya duración se alargó por más de un mes, que la Fiscalía General del Estado promovió contra el joven por el homicidio de su amigo Eugenio, el 5 de mayo del 2017.
La defensa de Cayeyo Jr dijo ayer en entrevista, al finalizar la audiencia de individualización de la pena, que están inconformes con el proceso, según mencionó el abogado Rafael Aguilar Hernández. “Realmente esta es una consecuencia de lo que se resolvió respecto del delito que se le atribuye a Eduardo N. Vamos a impugnar el fallo, el término se empieza a correr en la audiencia de próximo lunes, en que se va a dar lectura a la sentencia completa.
El tribunal de juicio oral que determinó la pena para Cayeyo Jr explicó que los 32 años de prisión eran impuestos dado que fue encontrada sobre Eduardo N una culpabilidad media, a lo que Aguilar Hernández dijo “tampoco es acorde a lo que hay en el expediente. El juez relator menciona que como no se supo el motivo o el móvil del homicidio, entonces por eso le decretaban una culpabilidad media”.
El vocero del equipo de abogados de Eduardo N explicó que la defensa confía en que el caso se termine resolviendo en favor de su cliente: “Esto es algo que teníamos presupuestado desde que inició el juicio oral, sin embargo, hubo muchas expectativas de nuestra parte de que se le decretara la libertad absoluta en la sentencia, por todos los errores en la integración de la carpeta de investigación. Sin embargo, analizando el asunto y las circunstancias que todo esto envuelven, estábamos seguros que nos íbamos a tener que ir hasta el amparo indirecto, allá estamos seguros que esto se tiene que revertir”.
Rafael Aguilar Hernández dijo que Cayeyo Jr “está triste, ustedes lo vieron, vieron la actitud de él en la audiencia. Obviamente, a nadie le gusta ser señalado y sentenciado por un delito que no ocurrió como la Fiscalía lo planteó y mucho menos con una sentencia tan larga”.
Por su parte, Eduardo Castañón 
Castañón además dijo que “siempre me quedará un mal sabor de boca por la posición de la defensa, más porque alguno de ellos formó parte del Poder Judicial de este estado. La verdad es increible cómo pueden cambiar la postura, cómo pueden haber sido parte del Poder Judicial y haber participado en juicios en donde los mismos peritos, utilizando las mismas pruebas, en ese momento eran válidas y ahora su única defensa es que los peritajes habían sido llevados a cabo por gente que no tenía la capacitación. Eso es gravísimo, porque al menos habrá 800 presos dentro el penal que fueron condenados con las pruebas periciales”.
EL CASO
La madrugada del 5 de mayo de 2017, Eduardo N, “Cayeyo Jr”, asesinó -en su casa del Fraccionamiento Campestre– a Eugenio Castañón, y dos años después, apenas el lunes 13 de mayo de este año, un tribunal de juicio oral en el Centro de Justicia Penal ubicado junto al Cereso de La Pila, declaró culpable a “Cayeyo” de homicidio calificado con las agravantes de ventaja y a traición.
Este caso resultó relevante debido al lazo que tienen las familias de ambos jóvenes, tanto Cayeyo como Eugenio Castañón, con el fiscal general del Estado, Federico Garza Herrera. Por un lado la víctima sostenía una relación sentimental con la hija de Garza Herrera, mientras, Eduardo N en su declaración del 13 de mayo pasado, sostuvo que el fiscal era el abogado de su padre, un empresario ganadero.
“Me abstengo de contestar, lo único que sí les puedo decir es que no soy padrino de quien se me dice que soy padrino y nunca fui ni he sido abogado de quién dicen”, había dicho Garza Herrera a La Orquesta en mayo de 2015, acerca de sus supuestos nexos con Cayeyo Jr.
Activista busca que se sancione a Arquidiócesis después de declaraciones homofóbicas
Familiares o terceros que actúen como titulares aparentes de bienes también podrían ser sancionados
Por: Redacción
La diputada María Dolores Robles Chairez presentó la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de fortalecer las medidas contra quienes evadan deliberadamente sus obligaciones alimentarias y sancionar la participación de terceras personas que colaboren para impedir su cumplimiento.
La reforma busca cerrar espacios de impunidad mediante la incorporación de disposiciones que permitan identificar y sancionar conductas encaminadas a colocar de manera intencional al deudor alimentario en una situación de insolvencia, así como aquellas acciones realizadas con apoyo de terceros para ocultar o transferir bienes.
Explicó que la propuesta se desarrolla en dos vertientes principales: establecer de manera objetiva determinadas conductas evasivas del deudor alimentario y penalizar la coparticipación de terceras personas que, con conocimiento de la obligación existente, contribuyan a impedir su cumplimiento.
La diputada María Dolores Robles Chairez destacó que la modificación busca brindar mayores herramientas jurídicas para proteger el derecho de niñas, niños y demás personas acreedoras alimentarias, evitando que maniobras de carácter patrimonial sean utilizadas para obstaculizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad judicial.
Señaló que existen casos en los que los deudores alimentarios recurren a actos jurídicos o materiales que aparentemente pueden ser lícitos, pero que tienen como finalidad eludir sus responsabilidades. Entre estas prácticas se encuentran la renuncia voluntaria a empleos estables, la solicitud de licencias sin goce de sueldo durante periodos relacionados con procesos familiares y la transferencia de bienes a familiares o personas de confianza que actúan como titulares aparentes.
Con esta iniciativa se busca establecer que comete el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar quien se coloque intencionalmente en estado de insolvencia con el propósito de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias establecidas por la ley.
La legislación establecerá que, salvo prueba en contrario, se presumirá dicha intención cuando el deudor, sin causa justificada, renuncie a su empleo o solicite licencia sin goce de sueldo, cuando este constituya su único o principal medio para obtener ingresos.
Asimismo, se establecen sanciones para quienes, durante un proceso judicial o existiendo una resolución firme, enajenen intencionalmente de manera parcial o total sus bienes con la finalidad de eludir obligaciones alimentarias.
De igual manera, se sancionará a quienes, teniendo conocimiento de la existencia de una obligación alimentaria o de un proceso judicial en curso, ayuden al deudor a ocultar bienes, acepten figurar como titulares aparentes de estos o realicen actos jurídicos simulados con el propósito de evitar que se cumplan las obligaciones alimentarias.
Para estas conductas se contempla una sanción de seis meses a tres años de prisión, además de una sanción pecuniaria de 60 a 300 días del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
La iniciativa fue turnada a la Comisión Primera de Justicia para su análisis y dictamen correspondiente.
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Ayuntamiento de SLP
SSPC de la Capital implementa operativo vial para agilizar accesos y salidas de la FENAPO 2026
Durante la feria habrá modificaciones en avenida de las Torres, Simón Díaz y Francisco Martínez de la Vega, con rutas específicas para entrar y salir del recinto
Por: Redacción
Con el objetivo de agilizar la movilidad y facilitar el acceso de las familias a la Feria Nacional Potosina (FENAPO) 2026, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la Capital, a través de la Dirección General de Policía Vial y Movilidad, implementa un operativo especial de circulación vehicular durante el desarrollo del evento.
Para el acceso de vehículos, se realiza cambio a un solo sentido de circulación en la avenida de las Torres, de norponiente a suroriente, por lo que los vehículos que ingresen a la zona de la FENAPO deberán hacerlo desde Calzada de Guadalupe, utilizando esta vialidad como acceso principal. Como alternativa, se contará con un acceso secundario por avenida Simón Díaz, proveniente de avenida de la Constitución.
Para la salida del recinto, el flujo vehicular se distribuirá principalmente hacia Circuito Potosí, mediante la incorporación desde avenida de las Torres. Como salida secundaria, los automovilistas podrán continuar por esta misma vialidad para incorporarse a avenida Simón Díaz, con dirección a avenida de la Constitución y el fraccionamiento Simón Díaz.
Como parte de la estrategia de movilidad, la avenida Francisco Martínez de la Vega, en el tramo comprendido entre avenida de las Torres y avenida Simón Díaz, permanecerá cerrada al tránsito vehicular. El primer tramo, de avenida de las Torres al callejón peatonal América del Sur,
La SSPC de la Capital exhorta a las y los asistentes a la FENAPO a planificar sus traslados, respetar la señalización y las indicaciones del personal de Policía Vial, así como considerar el uso de transporte público para facilitar la movilidad en los alrededores del recinto.
Estas medidas buscan mantener un flujo vehicular ordenado y seguro durante la feria, privilegiando tanto la movilidad de quienes acuden al recinto como la seguridad de peatones, usuarios del transporte público y habitantes de las zonas aledañas.
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Ángel “N” buscó prisión domiciliaria por tener mas de 70 años; el juzgado federal rechazó la petición
Por: Roberto Mendoza
El exgobernador de Guerrero, Ángel “N”, recibió el dictado de prisión preventiva oficiosa en el penal de máxima seguridad del Altiplano, imputado por los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia. La Fiscalía General de la República (FGR) sustentó la acusación señalando la instrucción directa para desaparecer los videos del Palacio de Justicia de Iguala.
Durante la audiencia inicial, el imputado ingresó a la segunda sala del Centro de Justicia Penal Federal en una silla de ruedas tras presentar alteraciones en su presión arterial que retrasaron la diligencia. La defensa legal solicitó al juez de control la medida cautelar de prisión domiciliaria, argumentando la edad de 70 años del exfuncionario y un cuadro clínico conformado por diabetes, hipertensión y una infección reciente
El equipo legal del exgobernador se acogió a la duplicidad del término constitucional, por lo que la resolución sobre su vinculación a proceso se definirá la próxima semana. En su intervención frente a la autoridad judicial, el exmandatario estatal manifestó su postura ante los señalamientos del Ministerio Público de la Federación: “Ayer fui detenido a las 10 de la mañana después de 12 años de la desaparición de los normalistas… Nunca me he escondido“.
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