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10 años después, la FGR atrajo el caso de “los 4 desaparecidos de Toranzo”
Las autoridades potosinas fueron omisas y negligentes para investigar el caso de “los desaparecidos de Toranzo”, desaparición ocurrida en 2009
Por: Marcela del Muro
“Hija Perla Guadalupe… mi corazón nunca estará completo hasta que no regreses al hogar. Resiste mi niña, yo te encontraré” se podía leer bajo la ficha de búsqueda de Perla Guadalupe Padrón Castillo y José Alberto Gallegos Torres, durante el volanteo que realizó el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros en el municipio de Matehuala, San Luis Potosí.
Tere, mamá de Perla Guadalupe, busca a su hija y yerno desde hace seis años: el 14 de junio del 2013, mientras Perla y su familia dormían, un comando irrumpió violentamente en su casa en el municipio de Ríoverde, San Luis Potosí. Iban por José Alberto, pero Perla lo defendió y también se la llevaron. Los dos hijos de la pareja y la suegra de Perla fueron testigos.
Desde entonces, el miedo ha invadido a Tere, pero no ha parado. Los primeros años no hubo avances en la averiguación y ella comenzó la investigación por su cuenta: preguntando a todos los que se topaba en la calle, buscando en internet, pegando volantes. Han pasado los días, meses y años, ahora, se siente más cobijada y su búsqueda continúa.
El año pasado, trasladaron el caso a la Unidad Especializada de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, en la capital del estado, reconociendo que la desaparición forzada es una línea muy clara y contundente en la investigación.
La Desaparición Forzada se define como el arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado, o de personas o grupos de personas que actúan con la autorización, apoyo o complicidad del Estado. Es un delito negado, silencioso, encubierto que en México empezó con la guerra sucia, en la década de los setentas, pero para el 2006 se disparó con más fuerza por la “guerra contra el narcotráfico”.
En San Luis Potosí, existen dos casos donde se señala la desaparición forzada como línea de investigación.
El 31 de mayo, el caso de los “cuatro desaparecidos de Toranzo” pasó a la Fiscalía General de la República (FGR) como desaparición forzada. El 11 de octubre del 2009, en la colonia Jardines del Oriente, San Luis Potosí, fue la última vez que vieron a Moisés Gámez Almanza, Marco Antonio Coronado, Julio Cesar Coronado y Luis Francisco Medina Rodríguez; quienes colaboraban en la campaña, del entonces candidato, Fernando Toranzo Fernández.
Según la definición de este delito, la desaparición forzada va seguida de la negación en el reconocimiento de la privación de la libertad, así como, la negligencia para la investigación por parte del Estado. Cuando la familia de Moisés Gámez acudió a poner la denuncia por la desaparición de su hijo de 23 años, la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) les negó el servicio, tenían que esperar 72 horas. Regresaron al tiempo indicado, interpusieron la denuncia y, entonces, comenzaron las llamadas de extorsión para el rescate de Moisés. La familia no tardó en avisar al agente encargado de la investigación, quien sugirió entregar el dinero a los extorsionadores, además, de mantenerse al margen para no perjudicar el rescate de Moisés, el cual fue falso.
Para Carmelita, mamá de Moisés, este fue el primero de muchos actos de omisión, encubrimiento y revictimización que vivieron. “Se nos negaba todo. Donde d esaparecieron hay cámaras de seguridad, pero no servían. Pedíamos audiencia con Toranzo, era el gobernador y mis hijos (Carmelita es madre de Moisés, pero también busca a sus tres compañeros desaparecidos y los llama hijos en esta lucha) trabajaron en su campaña, pero nunca nos ayudó, ni nos recibió, no quiso darnos la cara 
Hasta la fecha, se han realizado dos búsquedas referentes a la carpeta de investigación: la primera en el municipio de Soledad, la cual fue negativa; y la segunda en el Ejido Matanzas, Moctezuma, San Luis Potosí, que ha sido positiva y continúan trabajando en el predio.
Madres, padres, esposas, hermanas, hermanos, sobrinos, hijos e hijas buscan de muchas formas a su familiar desaparecido. El 30 de agosto, también, buscaron, mediante un volanteo en la plaza Juárez en el municipio de Matehuala, San Luis Potosí. Sabían que no los hallarían físicamente, pero pedían empatía de la ciudadanía para encontrar rastros que los ayuden con la investigación de su ser querido.
Varios cientos de fichas de búsquedas impresas se repartieron en las calles colindantes a la plaza. La ciudadanía se inquietó, se impactó, se quedaron mudos al recibir las hojas. No era un papel cualquiera, es la esperanza de todo un comunidad por encontrarlos.
El colectivo Voz y Dignidad estuvo acompañado de la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Comisión Estatal de Búsqueda. Luz María Montes, titular de la Unidad de Búsqueda, comentó que es esencial sensibilizar a la ciudadanía y los servidores públicos para la cooperación con los familiares de personas desaparecidas, además, comentó su compromiso para la pesquisa y poder llevar a todos a casa, preferentemente, con vida.
El sol sofocaba pero los familiares marcharon por las calles cercanas a la plaza: “¿Por qué los buscamos? porque los amamos” se escuchaba repetidas veces mientras caminaba por las calles, “ahora, ahora, se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables” los familiares mostraban carteles con fotografías de sus desaparecidos, “aquí, allá, los vamos a encontrar”.
Seis personas se presentaron en las carpas de la plaza para dar datos de sus familiares desaparecidos en el municipios, dos de las cuales no contaban con denuncia. José Joaquín Martínez Aguilar, Coordinador Estatal de Búsqueda Inmediata, comentó la importancia de denunciar una desaparición y perder el miedo a las instituciones. El Licenciado Martínez Aguilar fue el encargado, dentro de la Comisión Estatal de Búsqueda, de investigar y encontrar al bebé Luis Fernando Perales Alonso.
La reciente conmemoración del Día Internacional de la Víctima de Desaparición Forzada nos acerca a la realidad de un país con más de 40 mil personas desaparecidas y donde ninguna familia está exenta de sufrir este mal.
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El alcalde afirmó que la licitación de El Saucito lleva detenida desde marzo y acusó exceso de burocracia en la Contraloría estatal
Por: Redacción
El alcalde Enrique Galindo Ceballos respondió a las declaraciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quienel día de ayer lo llamó “niño berrinchudo” por las quejas relacionadas con el retraso en la liberación de licitaciones de obra pública.
Galindo aseguró que las declaraciones del mandatario estatal se hicieron “sin información” y defendió que el retraso de al menos 20 obras municipales se debe a trámites atorados dentro de la Contraloría estatal, particularmente en el caso del paso a desnivel de El Saucito.
“Voy a seguir siendo berrinchudo por las obras de San Luis”, respondió el alcalde, al señalar que el expediente del proyecto fue ingresado desde el 21 de marzo y que, pese a que la normatividad obliga a responder en un máximo de cinco días, la Contraloría tardó más de un mes en emitir nuevas observaciones.
El edil capitalino explicó que actualmente solo dos proyectos han sido liberados para licitación: la Unidad Básica de Rehabilitación Maravillas y el puente de Jacobo Payán sobre Río Españita, mientras que el resto continúa en revisión administrativa.
La polémica comenzó luego de que el gobernador Ricardo Gallardo acusó al Ayuntamiento de no entregar documentación completa en algunas obras y c alificó como “política barata”
“Eso pareciera un niño berrinchudo estar pidiendo todo en entrevistas”, declaró Gallardo, quien afirmó que la Contraloría únicamente solicita información faltante y negó que exista bloqueo político contra el municipio.
En respuesta, Galindo rechazó hablar de mala fe o sabotaje, aunque sí criticó lo que calificó como “exceso de burocracia” dentro de la plataforma estatal de validación de licitaciones.
El alcalde detalló que uno de los nuevos requerimientos para el proyecto de El Saucito consiste en documentar fachadas e inmuebles cercanos mediante notario público, además de un acompañamiento del INAH, pese a que —afirmó— el instituto ya había emitido sus dictámenes correspondientes.
Galindo insistió en que su preocupación radica en cumplir los tiempos comprometidos con vecinos del sector, especialmente porque la obra debe concluir antes de las tradicionales fiestas de febrero en El Saucito.
Además, negó temer auditorías o revisiones estatales y recordó que las obras municipales ya son supervisadas por distintas instancias federales, estatales y municipales.
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El gobernador afirmó que las corporaciones viales concentran la mayoría de los señalamientos del Inegi
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, atribuyó la mayor parte de los casos de corrupción reportados por el Inegi a presuntas “mordidas” cometidas principalmente por corporaciones policiacas municipales.
Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) colocara a San Luis Potosí entre los estados con mayor percepción de actos de corrupción en la función pública, el mandatario estatal aseguró que cerca del 80 por ciento de las denuncias están relacionadas con pagos ilegales exigidos durante revisiones o infracciones de tránsito.
“Si los paran por un semáforo les piden 200 pesos, si se estaciona mal otros 200, si lo agarran borracho 5 mil… el 80 por ciento retribuye a eso”, declaró.
Gallardo sostuvo que la mayoría de estos señalamientos recaen en autoridades municipales, ya que —afirmó— son las corporaciones encargadas de aplicar infracciones de tránsito.
“El problema va abajo, donde nosotros no tenemos infracciones. ¿Quién infracciona? Pues las municipales”, señaló.
El gobernador reconoció que también existen áreas que corresponden al Estado y aseguró que en la Guardia Civil Estatal se han tomado medidas para combatir actos indebidos dentro de la corporación.
Como parte de ello, informó que durante la actual administración han sido dados de baja 275 elementos de seguridad pública por presuntos malos manejos o conductas irregulares.
Además, indicó que se han incorporado alrededor de mil 500 nuevos elementos egresados de academias policiales para fortalecer y renovar la corporación estatal.
Gallardo afirmó que la intención es evitar que los índices de corrupción se mantengan o incrementen dentro de la Guardia Civil Estatal, aunque insistió en que gran parte del problema sigue concentrado en las corporaciones municipales.
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Salud reconoció que el Hospital del Niño y la Mujer es el principal centro para interrupciones legales del embarazo en la entidad
Por: Redacción
La Secretaría de Salud de San Luis Potosí confirmó que actualmente se mantienen cinco muertes maternas en la entidad, mientras que el Hospital del Niño y la Mujer concentra la mayoría de los procedimientos de interrupción legal del embarazo realizados en el estado, con un registro de 115 casos.
La titular de la dependencia estatal, Leticia Mariana Gómez Ordaz, señaló que uno de los principales retos continúa siendo garantizar que las mujeres embarazadas reciban atención prenatal constante para evitar complicaciones graves durante el embarazo o el parto.
La funcionaria destacó que programas como “Visitando Corazones” han permitido detectar casos de mujeres que no llevan seguimiento médico y canalizarlas a los centros de salud correspondientes, ya sea del IMSS, ISSSTE o servicios estatales.
“Es muy importante el cuidado prenatal y el seguimiento constante durante el embarazo”, expresó.
Respecto al tema de la interrupción legal del embarazo, Gómez Ordaz indicó que el Hospital del Niño y la Mujer es el centro médico donde más procedimientos se realizan en San Luis Potosí, debido a que cuenta con personal especializado y
La secretaria precisó que actualmente se contabilizan 115 procedimientos, aunque aclaró que no corresponden únicamente a adolescentes, sino a mujeres de distintas edades que ejercen este derecho dentro del marco legal.
“Lo importante es que las mujeres puedan acercarse y recibir atención médica segura para evitar riesgos o fallecimientos”, señaló.
Añadió que, de forma paralela, la Secretaría de Salud mantiene campañas de prevención del embarazo adolescente y aseguró que ya se observa una disminución respecto a años anteriores.
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